Inflación, Josu Jon Imaz y
pacto de rentas
Por Julen Bollain
REBELION
| 06/09/2022 | España
Fuentes: Ctxt
[Imagen: Inflación (J.R. Mora)]
El consejero de Repsol rechaza la fórmula del Gobierno para paliar la
inflación. El problema es que existen agentes con suficiente poder para impedir
que el legislativo lleve adelante las decisiones políticas que ha consensuado
de manera democrática.
En toda
economía de mercado los precios de los bienes y servicios cambian
constantemente. Mientras el precio de algunos sube, el de otros disminuye. Si
durante un periodo de tiempo determinado se diera un incremento generalizado y
sostenido de los precios, existiría inflación. La inflación, en consecuencia,
es una tasa calculada a través de la variación de los precios en un periodo
determinado que, en agosto ha sido de un 10,4%. Esto quiere decir que los
precios en agosto de 2022 son un 10,4% superiores a los de agosto de 2021.
Escuchamos a
todas horas que la inflación está desbocada y lo sufrimos en nuestras propias
carteras cada vez que vamos a comprar el pan, a llenar el depósito del coche o
a pagar una factura. Y la mayor parte de esta factura la pagan los trabajadores
y las trabajadoras. Porque no nos olvidemos que, tal y como decía el gran
economista José Luis Sampedro, la inflación es el impuesto de los pobres. El
40% de las rentas más bajas son quienes más sufren la inflación, dado que son,
mayoritariamente, quienes destinan sus ingresos a comprar productos básicos.
Con el objetivo
de paliar algunas de las consecuencias del empobrecimiento de las familias,
además de establecer el tope al precio del gas o la reducción del IVA de la
luz, el Gobierno ha generado un paquete de medidas entre las que se encuentran
la gratuidad de los abonos de transporte hasta final de año o los refuerzos en
las becas al estudiantado. Y para financiarlas ha propuesto el establecimiento
de dos prestaciones patrimoniales no tributarias a 19 empresas del sector
energético y financiero.
La semana
pasada escribía Josu Jon Imaz, expresidente del PNV y actual consejero delegado
de Repsol, que estas prestaciones patrimoniales son discriminatorias porque
caen en la doble tributación, y que los tribunales se encargarán de echarlas
por tierra. Tres pequeños apuntes al respecto: en primer lugar, no creo que
nadie se haya sorprendido por las palabras de Josu Jon Imaz, ya que a él le
pagan más de cuatro millones de euros anualmente, precisamente, para defender
los intereses de los accionistas de Repsol; en segundo lugar, ninguna política
económica es neutra, porque siempre habrá quien salga beneficiado
económicamente y quien salga perjudicado; y, finalmente, he de añadir que la
prestación patrimonial no grava los beneficios, sino los ingresos. Por lo
tanto, el Gobierno, además de agilizar el trámite parlamentario, se protege de
posibles frentes judiciales derivados de la doble imposición.
Pero, vayamos
al lío. La tensión inflacionista actual no tiene su origen en la invasión de
Ucrania por parte de Rusia. Tenemos que remontarnos hasta los finales de los
confinamientos y las aperturas de los países para ver los primeros síntomas
inflacionistas provocados por el tensionamiento de las cadenas de suministro
mundiales, los incrementos en los precios del transporte, el desequilibrio
entre la oferta y la demanda de la oligopolística industria de los
semiconductores y la gran demanda de bienes y servicios. Es decir, una tormenta
perfecta –o lo que creíamos que era una tormenta perfecta– que a principios de
2022 ya situaba la tasa de inflación alrededor del 5%. Sin embargo, era difícil
pensar que tras la superación de una pandemia global la economía sufriría otro
revés tan rápido. Entonces llega la guerra en Ucrania y presiona los precios
todavía más al alza, debido en gran parte a la crisis energética y las
tensiones geopolíticas europeas, pero también por la preocupación de una posible
alteración en el suministro futuro –no podemos obviar la importancia de Rusia
en cuanto a materias primas se refiere–.
En la
actualidad la inflación se encuentra altamente concentrada en la electricidad y
los carburantes. A pesar de ello, ya ha empezado a contaminar
significativamente toda la cadena económica, hasta el punto de que la inflación
subyacente se ha situado en agosto en el 6,3%: la más alta desde 1993. Sin
embargo, las medidas que ha llevado adelante el Gobierno de España no son
suficientes para paliarla. Y es que, a excepción del tope al precio del gas, no
están dirigidas a ello. Su objetivo es tratar de minimizar el golpe de aquellas
familias más vulnerables y que más están sufriendo.
Hace pocas
semanas, altos cargos de la derecha española celebraban y animaban a Pedro
Sánchez a copiar el plan de “alivio fiscal” de Alemania, donde se rebajan
impuestos y se dan cheques por valor de 10.000 millones de euros para mitigar
los efectos de la inflación. Se olvidaban, sin embargo, de que la bajada en el
IVA de la luz y los paquetes de medidas aprobadas en el Estado español
ascienden a 9.000 millones de euros, casi triplicando el esfuerzo sobre el PIB
realizado por Alemania –0,75% del PIB de España frente al 0,27% del PIB de
Alemania. Asimismo, y como no podía ser de otra manera, tampoco recordaron que
Alemania había subido su SMI un 22% en el año 2022 hasta los 25.000 euros
anuales –frente a los 14.000 euros de España– o del diferencial de presión
fiscal entre unos y otros. Porque igualar la presión fiscal de Alemania
implicaría que, una vez descontados los 10.000 millones del plan, España
todavía tendría que recaudar 41.240 millones de euros adicionales.
Si analizamos
lo que propone la ortodoxia económica para reducir la inflación, deberíamos
reducir la masa monetaria para enfriar la economía. Es decir, subir los tipos
de interés o reducir las compras de deuda. Sin embargo, en una situación como
la actual, un incremento exorbitado de los tipos de interés sería como matar
moscas a cañonazos y una decisión que contribuiría a un empobrecimiento aún
mayor de las clases más vulnerables. Y cuidado porque, pese al riesgo de
recesión, parece que la semana que viene el Banco Central Europeo puede subir
75 puntos básicos los tipos de interés en vez de los 50 previstos.
¿Y un pacto de
rentas? Probablemente en las próximas semanas hablaremos largo y tendido sobre
el pacto de rentas, un acuerdo entre la patronal y los sindicatos para decidir
quién paga el pato. Un término biensonante y elegante, pero complicado de materializar.
Eso sí, si se hace, ha de ser un pacto de rentas de verdad. No vale que
los de siempre se aprieten el cinturón y las empresas sigan con beneficios
récord. Y con mirada amplia. Porque tampoco vale que nos olvidemos de lo que ha
ocurrido en las dos últimas décadas, en las que la productividad se ha
incrementado un 15% mientras que los salarios se han reducido un 1%.
Además, tampoco
podemos dejar de lado que, según el gabinete económico de Comisiones Obreras,
la mayoría del alza de los precios se está transmitiendo a la ciudadanía a
través del mantenimiento de los márgenes de beneficios de las empresas. Es
decir, que casi la totalidad del incremento sufrido en los costes de producción
ha sido trasladado al precio final sin incrementar, a su vez, los salarios.
Como consecuencia, las personas deben hacer frente a productos cuyo precio ha
aumentado considerablemente –al haberse trasladado la mayoría del incremento de
los costes de producción al precio final–, sin que sus ingresos apenas hayan
crecido.
El mismo
estudio afirma que el 83,4% de la subida de los precios en España durante el
primer trimestre de 2022 se debió al aumento de los beneficios empresariales.
Según los cálculos presentados, las compañías energéticas españolas dispararon
sus márgenes en dicho trimestre un 60,4% –frente al 46,5% del sector en la
eurozona– y las entidades financieras un 25,7% –frente a la caída del 0,6% del
sector en la eurozona–. En periodos de inflación las grandes corporaciones
siempre han intentado incrementar sus márgenes de beneficios, siendo las
mayores impulsoras de que la inflación siga subiendo. El porqué es sencillo:
porque tienen el poder suficiente para hacerlo.
Resulta muy
sano para la democracia que Josu Jon Imaz exprese su opinión y ponga los
intereses de Repsol encima de la mesa. El problema es cuando existen agentes
que tienen suficiente poder para impedir que el poder legislativo lleve
adelante las decisiones políticas que, democráticamente, haya consensuado.
Porque la acumulación de riqueza y las grandes desigualdades no son solo una
amenaza para la libertad de la mayoría, sino también para la propia democracia.
Sea como fuere,
y sin cerrar ninguna puerta a los diversos acuerdos que puedan darse, parece
sensato pensar que la tasa de inflación de los próximos meses será menor a la
actual –aunque se mantendrá relativamente alta durante el próximo año–, como
mínimo por cuatro motivos: moderación en el precio del petróleo, reducción del
precio de las materias primas más allá de las energéticas –sobre todo industriales
y alimenticias–, desatasco paulatino de los cuellos de botella en el comercio
global y apertura a las exportaciones de Ucrania. Veremos cómo se suceden los
acontecimientos en las próximas semanas y los próximos meses, pero es indudable
que viene un otoño caliente y un invierno que, esperemos, no enfríe demasiado
los hogares más vulnerables.
Julen Bollain es doctor
en Estudios sobre Desarrollo, profesor e investigador en Mondragon
Unibertsitatea. Acaba de publicar Renta Básica: Una herramienta de futuro (Editorial
Milenio, 2021), con prólogo de Daniel Raventós y epílogo de Guy Standing.
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