Auditoría pública de las cuentas de la Seguridad
Social, una exigencia democrática irrenunciable
Por Juan Miguel
Fernández Ruiz | 29/04/2022 | España
Fuentes: Rebelión
Los
pensionistas, para determinar la magnitud del saqueo perpetrado por los
diferentes gobiernos a las cotizaciones sociales y fundamentar su restitución o
compensación a la caja única de la Seguridad Social exigen al gobierno una
auditoria a las cuentas de la Seguridad Social cargo del Tribunal de Cuentas.
Esta exigencia ha tomado forma de
acción parlamentaria por parte de Salvador y Duch, Jordi (GR), Errejón Galván, Íñigo (GPlu), Ruiz de Pinedo Undiano, Iñaki (GEI Bildu), Baldoví Roda, Joan (GPlu), Pita Cárdenes, María del Carmen (GCUP-EC-GC) y Botran Pahissa, Albert (GMx), que presentaron
el 16 de febrero una solicitud a la Comisión Mixta para las relaciones con el
Tribunal de Cuentas para que se le encargue la realización de las auditoria.
EL MINISTRO ESCRIVÁ INCUMPLE LOS PLAZOS FIJADOS POR LA LEY.
En la Ley 21/2021 aprobada el 28 de
diciembre con entrada en vigor el 1 de enero de 2022, ley con la que el Sr.
Escrivá da el primer golpe a la Seguridad Social. En su disposición adicional
sexta relativa al informe de auditoria sobre la financiación de los gastos de naturaleza
contributiva y no contributiva de la Seguridad Social, recoge lo siguiente:
“En el plazo máximo de un mes desde la aprobación de esta ley, el Gobierno
encargará la elaboración de un informe de auditoría relativo a los ingresos
provenientes de cotizaciones sociales y a los gastos de naturaleza contributiva
y no contributiva de la Seguridad Social…
Dicho informe, que será realizado en un plazo máximo de seis meses (..),
comprenderá la cuantificación de dichos conceptos y su financiación durante el período
comprendido entre los años 1967 y 2019, ambos incluidos.”
Escrivá incumple el plazo
establecido de un mes para encargar el informe. Olvidó que las autoridades no
solo están obligadas a que los demás cumplan la ley, sino que también están
obligadas a cumplirlas ellas mismas. El ministro debería saber que el
incumplimiento de la lay es inexcusable y muchos más, si cabe, si se es
ministro de un gobierno.
MULTITUDINARIO APOYO A LAS PETICIONES DE LOS PENSIONISTAS.
En apoyo de la auditoría, además de
los parlamentarios que encabezan la petición en el Congreso, los pensionistas
recabaron más de 300.000 firmas individuales, centenares de apoyos de
Ayuntamientos en sesiones plenarias, de asociaciones de vecinos, de artistas,
periodistas e intelectuales, de diferentes partidos y organizaciones políticas.
A favor de la auditoría a las cuentas de la Seguridad Social se pronunciaron
también congresos sectoriales de CC.OO, el 15 Congreso de la Unión de Jubilados
y Pensionistas de UGT y el 43 Congreso Confederal de la UGT.
Una manifestación convocada por
todas las asociaciones y plataformas de pensionistas a la que asistieron 30.000
personas, que contó con la participación de numerosos agrupaciones sindicales y
organizaciones políticas invitadas, llenó las calles de Madrid el 26 de
octubre.
Frente a los mensajes catastrofistas
de la falta de recursos para las pensiones de las futuras generaciones, hoy
trabajadores activos, ha surgido la necesidad de responder a la pregunta que
miles de trabajadore se hacen:¿dónde fueron a parar nuestras cotizaciones
sociales? La propaganda desplegada por los interesados en los fondos privados
de pensiones advirtiendo de la quiebra de la Seguridad Social y la necesidad
urgente que anunciaban de nuevos recortes, rebajando el gasto el pensiones, se
ha demostrado que son una sarta de mentiras.
La AIREF, el Banco de España, la
Unión Europea, los representantes del capital financiero e incluso los
congresos de algunos partidos de izquierdas, han pretendido justificar las
reformas en la existencia de déficits estructurales del régimen de reparto de
nuestra Seguridad Social. Y ese argumentario se ha demostrado que es falso. Y
esta convicción es la que nutre las movilizaciones presentes y futuras de los
pensionistas. Que los mismos que propagan la incapacidad financiera para
atender las pensiones contributivas se nieguen a que se auditen las cuentas de
la Seguridad Social solo demuestra que no desean que pierdan fuerza sus
previsiones catastrofistas, y que, muy al contrario, pueda demostrarse que los
recursos existen pero desviados a usos impropios. Temen que la auditoria pueda
poner de manifiesto la innecesaridad de los recortes.
¿DÉFICIT ESTRUCTURAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL O SAQUEO ESTRUCTURAL Y
SISTEMÁTICO DE LAS COTIZACIONES SOCIALES?
Hoy es una evidencia que los
distintos gobiernos anteriores utilizaron las cotizaciones sociales para
financiar gastos que no eran propios del sistema de reparto, y al tiempo se
constata que los cuantiosos excedentes del sistema de reparto nunca
aparecieron.
Una propuesta presentada por el
Secretario General de CCOO el 28 de noviembre de 2016 en el Pacto de Toledo
explica:
“Las cotizaciones han servido en el pasado para suplir la insuficiencia
impositiva y sostener la sanidad y otras políticas públicas, por la vía de las
transferencias al Estado de los superávits del sistema de Seguridad Social que
durante décadas no se destinaron a dotar al fondo de reserva. Aunque solo sirva
como ejercicio didáctico, pues ninguna deuda ha generado, si esta utilización
de las cotizaciones sociales para fines adicionales al del pago de las
pensiones se hubiera acumulado, hoy se dispondría de un Fondo de Reserva de
519.104 millones de euros, y no habría problema para financiar el aumento del
gasto en pensiones”.
Un trabajo de Economistas frente a
la Crisis, en un periodo similar al de CCOO, capitaliza el valor del desvío
anual de cotizaciones de la Seguridad Social a la Administración Central del
Estado en más de 800.000 millones de euros.
Se trata de unas prácticas que van
contra el patrimonio de la Seguridad Social, pues las cotizaciones sociales no
pueden destinarse a fines distintos de los reconocidos en la ley. El propio
Escrivá reconoció que solo el último ejercicio cerrado, las cotizaciones
utilizadas para financiar los llamados gastos impropios superaban 22.000
millones de euros anuales.
Estos elementos han derribado la
letanía interesada que pregonaba la teoría de los déficits estructurales de la
Seguridad Social, que solo eran falsos déficits.
LOS GOBIERNOS NO ATIENDEN LAS RECOMENDACIONES DEL TRIBUNAL DE CUENTAS.
Una reciente auditoria del Tribunal
de Cuentas cuantifica los gastos no contributivos soportados por la Seguridad
Social en un importe estimado en 103.690 millones de euros, para una periodo y
conceptos delimitados, cuya financiación debió correr a cargo del Estado y no
de las cotizaciones sociales.
Pero ha sido en el análisis de los
préstamos a la Seguridad Social donde hace más tiempo el Tribunal destapó
irregularidades centrándose en la financiación de los falsos déficits, que
generó una deuda de la Seguridad Social que llega en la actualidad a los
100.000 millones de euros.
El Tribunal de Cuentas el 26 de
noviembre de 1998 con la firma de su presidente
“PROPONE a las Cortes Generales que se requiera al gobierno para que adopte
las medidas que sean necesarias para que la Cuenta General del Estado y las de
las Entidades que la conforman se ajusten plenamente a la legislación
aplicable”
En el Informe del Ministerio Fiscal
al Pleno del Tribunal de Cuentas se dice que la contrapartida de los
préstamos “no aparece
registrada en la contabilidad del Estado”, y por eso:
“Estima el Tribunal que corresponde al Estado ajustar sus cuentas para
solucionar la indicada discrepancia, a través de la condonación de los
préstamos ahora examinados, lo que equivaldría en el fondo a la concesión de
una transferencia, carácter que, a su juicio, deberían haber tenido desde un
principio estas aportaciones estatales.
En general, y en relación con las deudas de la Seguridad Social derivadas
de los préstamos recibidos por la Administración, entiende el Tribunal que
debería abandonarse la financiación a través de préstamos”.
Todas estas propuestas y
consideraciones se han ido reiterando en casi todos los informes del Tribunal
de Cuentas. No se ha atendido por los sucesivos gobiernos y la falsa deuda que
han generado los préstamos en las cuentas de la Seguridad Social sirven de un
sólido argumento para que todos los que quieren reducir las prestaciones y
dejar espacio a los fondos de pensiones, agiten la propaganda de que nuestro
régimen de reparto no tiene un futuro sostenible desde un punto de vista
financiero.
La política de recortes de las
pensiones y de endurecimiento de las condiciones de acceso a la pensión se
justifican en los falsos déficits y préstamos necesarios para cubrir el saqueo
a las cotizaciones sociales del sistema. La manipulación contable produce un
efecto distorsionador de las cuentas públicas, principalmente porque reduce el
déficit del Estado y, lo traslada a la Seguridad Social, donde figura como
déficit. Constituyendo así una aparente justificación de la necesidad de las
reformas.
Cuantificar mediante la auditoria
pública los gastos impropios asumidos por la Seguridad Social, restituir a la
caja única los recursos necesarios para reponer el fondo de reserva y anular la
falsa deuda con el Estado que luce en las cuentas de la Seguridad Social, tal
como desde hace decenios recomiendan las fiscalizaciones de las cuentas
públicas, constituyen una exigencia democrática irrenunciable.
Juan Miguel Fernández. Profesor honorifico de la Universidad Complutense,
Portavoz de CorpenMadrid.COESPE.
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