Para la Coordinadora Estatal por la Defensa del Sistema Público de las Pensiones (COESPE) y para todas aquellas Plataformas o Asociaciones de Pensionistas que no tengan como fin la servidumbre y el chalaneo político. Las Pensiones públicas son SOSTENIBLES. Lo insostenible son otras cosas que se silencian para que no sean percibidas por la inmensa mayoría de la población, en la que se hallan incluidos los trabajadores. En 2019 las clases trabajadoras del Estado, porque las clases sociales existen, a pesar del mamporreo político que se empeña en ponerle puertas al campo para negar la realidad social, produjeron un valor total de 1,24 Mm de euros. Tres dígitos que presentados tal cual parecen no decir mucho, pero que desplegados para que se vea más claramente y para una mejor comprensión se convierten en: 1.240.000.000.ooo millones de euros. Estos tres dígitos con diez ceros detrás constituye el Producto Interior Bruto (PIB), o sea, lo producido por todos los trabajadores en un año de trabajo. De este valor producido por los trabajadores se paga el 1,5% a la OTAN (Organización del Tratado del Atlántico Norte), o lo que es lo mismo, se pagan 18.600.000.000 millones de euros. ¡Esto sí es insostenible!, además de injusto. ¿Para qué vale la OTAN? Pues para mantener y sostener por la fuerza la política de los grandes grupos capitalistas alineados con los capitales USA. Sí, sí, pero ¿para qué vale? Pues para hacer valer el neoliberalismo como verdad absoluta e intocable, es decir, dejándonos de eufemismos vale para hacer posible que los grandes grupos de capital dominantes puedan apropiarse del patrimonio acumulado por los trabajadores durante generaciones, y vale, para saquear y expoliar las riquezas y recursos naturales propiedad de otros pueblos, que esta es la base y sostén del neoliberalismo, o dicho sin dulzuras, del modo de producción capitalista. ¡Esto sí es insostenible!, además de injusto. Que sí, pero ¿para qué vale la OTAN? Que está usted dando más vueltas que un trompo y no lo acaba de decir claramente. Pues vale, por citar solamente unos nombres propios, para que Telefónica; Endesa; Repsol; Banco de Santander; BBVA y otros bancos, junto a otras grandes empresas de la construcción, seguros, etc., conectadas o ligadas entre si y a los grandes capitales puedan asegurar sus respectivos crecimientos, y para ello tenemos que pagar los trabajadores a la OTAN todos los años el 1,5% del PIB, o sea, que para eso pagamos los trabajadores en 2019 18.600.000.000 millones de euros. ¡Esto sí es insostenible!, además de injusto. A quienes interesa mantener como verdadera la falacia de que las pensiones públicas no son sostenibles es a este mismo grupo de empresas, entre otras, que son las mismas que mediante sus agentes, representantes o comisionados están peloteando en los Pactos de Toledo para apropiarse por completo de los fondos públicos de la Seguridad Social aportados por los trabajadores. Para presentar esta falacia y mantenerla como verdadera entre la población juega un papel destacadísimo la prensa, radio y televisión, salvo rarísimas excepciones, también ligas o conectadas a los grandes grupos de capitales. ¿Quién mejor que el Estado tiene más capacidad y más solvencia para mantener un sistema de pensiones digno? ¿Quizá la banca que de cuando en cuando para no quebrar necesita que se le quiten unos 60.000.000.000 millones de euros a los trabajadores para entregárselos gratuitamente a ella como en 2008. O como ahora, que para mantener su tasa de ganancia vuelve a necesitar que se le regalen otros 20.000.000.000 millones de euros con Bankia? Quien no quiera verte esto pues no lo verá, pero que lo comencemos a ver los trabajadores con estos ojitos que Dios no ha dado es de vital y urgente importancia, porque es que nos estamos jugando, ni más ni menos, que la vida. Los trabajadores que todavía no están jubilados también.

 

UNA VEZ MÁS, LAS PENSIONES

Vicenç Navarro

sinpermiso

08/02/2010

Una vez más estamos viendo una avalancha liberal alarmando a la población diciéndole que el sistema de pensiones no es sostenible y tiene que sufrir cambios profundos que significan, todos ellos, una disminución de las pensiones. Entre estos cambios se incluye el retraso obligatorio de la edad de jubilación de 65 a 67 años. La mayor justificación para esta medida es que la esperanza de vida de la población española ha crecido cuatro años en el periodo 1980-2005, pasando de 76 a 80 años. Por lo tanto, los pensionistas están gozando de sus pensiones cuatro años más ahora que hace 25 años, lo cual –se nos dice– hará insostenible el sistema de pensiones al aumentar el periodo de beneficio cuatro años más cada 25.

El problema con este argumento es que es erróneo, pues ignora cómo se calcula la esperanza de vida. Supongamos que España tuviera sólo dos habitantes: Pepito, que muere al nacer, y la señora García, que tiene 80 años. La esperanza de vida promedio de España lsería (0+80)/2=40 años. Supongamos que en un país vecino hubiera también dos ciudadanos: Juanito, que tiene 20 años, y la señora Pérez, que tiene 80 años. La esperanza de vida promedio de este segundo país es (20+80)/2=50 años. El hecho de que este país tenga diez años más como promedio en su esperanza de vida que España no quiere decir (como constantemente se dice) que la señora Pérez viva diez años más que la señora García. Lo que ocurre es que Juanito vive 20 años más que Pepito. Y esto es lo que ha ocurrido en España (y en Europa). El enorme descenso de la mortalidad infantil y la mortalidad de los grupos etarios más jóvenes ha sido la mayor causa del aumento de la esperanza de vida promedio. Ni que decir tiene que la población anciana vive ahora más que hace 20 años. Pero no los famosos cuatro años que constantemente se citan. Se está exagerando (deliberadamente, en muchas ocasiones) el aumento de la longevidad (años de vida) de la ciudadanía para justificar la reducción de las pensiones.

Por otra parte, este aumento de años de vida varía considerablemente según la clase social de la persona. España es uno de los países con mayores desigualdades sociales en el mundo desarrollado. En nuestro país hay un gradiente muy marcado de mortalidad según la clase social. Exigirle, por lo tanto, a la mujer de la limpieza de la universidad (cuyo nivel de salud a los 65 años es igual al que tiene el catedrático emérito a los 75 años) que trabaje dos años más para pagar la pensión a este último es una profunda injusticia. Pero esto es, precisamente, lo que están proponiendo los que piden que se aplace obligatoriamente la edad de jubilación. Proponen que las clases menos pudientes (que vivirán menos años) trabajen más para pagar las pensiones de las clases más pudientes, que les sobrevivirán muchos más años.

Otro argumento que se utiliza para argumentar la insostenibilidad de las pensiones es que la juventud se incorpora más tarde al mercado de trabajo (antes a los 18 años, ahora a los 24) y las personas de edad avanzada se jubilan antes, con lo cual hay menos trabajadores con cuyas cotizaciones se pueda sostener a los pensionistas. Tal argumento ignora tres hechos. Uno es que la prejubiliación es algo corregible. En España las prejubilaciones se están utilizando para ayudar a los empresarios que quieren despedir a sus trabajadores de mayor edad. Esta situación debería prohibirse, como ya ocurre en varios países europeos. Si un empresario quiere disminuir su fuerza de trabajo y jubilar a sus trabajadores, debería ser la empresa la que absorbiera estos costes en su totalidad.

Otro hecho que aquel argumento ignora es que el retraso de entrada en el mercado de trabajo por parte de los jóvenes se debe a que la mayoría están educándose, adquiriendo mayor conocimiento, con lo cual, una vez se integren en el mercado de trabajo, tendrán mayor productividad, conseguirán mayores salarios y aportarán, por lo tanto, mayores cotizaciones sociales.

Lo cual me lleva al tercer hecho que aquel argumento ignora: el impacto del crecimiento de la productividad en la riqueza del país y, por lo tanto, en los recursos disponibles para pensionistas y no pensionistas. Constantemente se dice que el número de trabajadores cotizantes por pensionista será menor, derivándose de este hecho que las pensiones no se podrán pagar. Ahora bien, decir que habrá pocos trabajadores para sostener las pensiones es similar al argumento que pudiera haberse dicho hace 30 años cuando el 30% de la población trabajadora sostenía la agricultura del país. El descenso del número de trabajadores en agricultura (hoy es sólo el 4%) no quiere decir que haya disminuido la producción de alimentos, al contrario, ha aumentado la productividad enormemente. Con menos trabajadores se produce más alimento. Pues bien, sustituyan la palabra agricultura y pongan pensiones. El aumento inevitable de la productividad de un número menor de trabajadores puede sostener e incluso expandir las pensiones sin ningún problema. La ignorancia de este hecho lleva constantemente a errores mayores, como ocurre en el informe del Gobierno sobre las pensiones. Este comienza con una nota que intenta ser de alarma. Dice que hay 8 millones de pensionistas en 2010 y habrá 15 en 2040, de lo cual deduce (sin indicar por qué) que tenemos un problema grave. Pero ignora que en 2040 el PIB de España habrá crecido y será, como mínimo, más de siete veces el existente hoy. Se olvida con excesiva frecuencia que España consumía hace 40 años el 4% del PIB en pensiones y ahora más del doble, el 8,6%, y ello no ha supuesto que los no pensionistas tengan menos recursos. Todo lo contrario, tienen más, pues el tamaño de la tarta (el PIB) es 17 veces mayor.

Una última observación. La viabilidad de las pensiones no es un tema demográfico ni tampoco económico. Es única y exclusivamente político. La enorme popularidad (entre todos los grupos etarios) del sistema de pensiones público hace que la sociedad siempre pueda encontrar cómo conseguir los recursos, bien a través de las cotizaciones sociales, bien a través de los impuestos generales, para financiarlas.

Vicenç Navarro es catedrático de Políticas Públicas de la Universidad Pompeu Fabra y profesor de Public Policy en The Johns Hopkins University

Fuente:

Público, 4 febrero 2010

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