sábado, 13 de febrero de 2021
viernes, 12 de febrero de 2021
¿Cómo se paraliza el robo a la sanidad pública que muchos denominan privatización? Pregunta más chuli, tío, y además me sé la respuesta: el robo a la sanidad pública que algunos denominan privatización se paraliza paralizándola. ¡Ahí queda eso! Pero claro, ya la tenemos otra vez liada, y ¿quién le pone el cascabel al gato? Y vuelta la burra al trigo, ya estamos otra vez con preguntas. Yo así la verdad es que con ustedes no puedo. Yo lo siento mucho, pero así no vamos a ninguna parte, hombre que esto ya cansa, joder, pregunta, pregunta, pregunta… ¿No es el cascabelero el que le pone los cascabeles al gato? –que yo también se hacer preguntas-, pues más claro agua, el cascabel al gato se lo pone el cascabelero. Punto. Y vamos a cambiar de tema que no me quiero cabrear. Se imaginan por un momento el cascabeleo que podríamos formar los trabajadores mandando un millón, dos, cinco.., nueve millones de cascabeles electrónicos al Congreso de los diputados, diciendo a nuestros representantes: stop, queridos, que derogación de la ley que permite el robo privado a la sanidad público queremos, repetimos, queridos: que derogación de la ley que permite el saqueo a la sanidad pública queremos, que eso queremos, queridos, que no nos roben más de la sanidad pública. Y que no nos gusta repetir las cosas, queridos, que lo que queremos es que no nos roben más de la sanidad pública, pero que a una mala vamos a estar repitiendo los mismo de seis a quince años, queridos, y por el momento nada más. Qué, ¿captan ahora lo del cascabeleo? Pues eso mismamente, ni más ni menos, es lo que yo quería decir: millones de correos electrónicos o firmas al Congreso.
Contra la privatización, la mejor
vacuna: Derogación de la ley 15/97 y del artículo 90 de la Ley General de
Sanidad.
DIARIO OCTUBRE / 11.02.2021
la
privatización, la mejor vacuna: Derogación de la ley 15/97 y del artículo 90 de
la Ley General de Sanidad.
“Durante
décadas, los gobiernos apenas han financiado, ni dotado de personal suficiente
y han privatizado los sistemas de salud en todo el mundo. Y estas tendencias
han agravado el impacto de la pandemia”1.
Estamos
asistiendo a una serie de movilizaciones contra los partidos de derechas que
están privatizando la sanidad, pero no te están contando todo.
¿Por
qué ocurre esto? ¿Por qué pueden privatizar la sanidad?
La
privatización es legal en base a dos leyes de ámbito estatal: los artículos 67
y 90 de la Ley General de Sanidad, que permiten derivar a los pacientes a la
privada mediante conciertos y convenios singulares; y la Ley 15/97, que permite
que un centro público sea gestionado por empresas privadas.
¿Quién
aprobó y/o mantiene estas leyes?
Todos
los partidos políticos del arco parlamentario aprobaron o defienden mantener
dichas leyes.
¿Qué
garantías hay de que si cambian los gobiernos no privatizarán?
Ninguna.
Cuando las “izquierdas” están en la oposición prometen derogarlas, pero cuando
llegan al poder, olvidan sus promesas.
·
En 2009 presentamos 500.000 firmas en el
Congreso pidiendo que derogase la ley, cuando el PSOE tenía mayoría para
derogarla, y ni siquiera tuvo la decencia de recibirnos.
·
Pero, en el 2012, ya en la oposición, el
PSOE presentó una proposición no de ley para derogar la 15/97 -el PP tenía
mayoría absoluta y era imposible que saliera adelante-.
·
Unidas Podemos defendía derogarla hasta
2015 cuando estaba en la oposición. Incluso Irene Montero participó con
nosotrxs en las movilizaciones en aquella época por la derogación. Hoy guarda
silencio.
¿Es
posible blindar la sanidad en una sola CCAA?
No.
Todas las leyes de ordenación sanitaria autonómicas son subsidiarias de las
leyes estatales (Ley General de Sanidad y Ley 15/97), y han introducido también
la gestión privada en sus territorios. Sólo la derogación de las estatales
permitirá blindar la sanidad en todas las autonomías.
¿Por
qué estamos en contra de la sanidad privada?
Los
hospitales privados tienen mayor mortalidad. La evidencia demuestra que la
mortalidad se incrementa al ser atendido en un hospital con ánimo de lucro: un
9,5 % en recién nacidos, un 2% en adultos2, y un 8 % en crónicos3.
Esto es así porque los hospitales privados emplean menos personal y … para
repartir beneficios entre sus accionistas (los inversores esperan un 10%-15% de
retorno de su inversión).
¿Qué
se puede hacer?
Explicar
que la privatización es legal, y que detrás de ella se esconde el trasvase de
miles de millones de euros todos los años a empresas privadas, lo que ha
desmantelado el sistema público.
Convencer a nuestros vecinos de que la única posibilidad es la movilización en
la calle contra todos los partidos políticos que defiendan la gestión y el
lucro privado de la sanidad.
¿Qué
alternativas hay?
Es
posible una sanidad pública que atienda a toda la población, independientemente
de su situación administrativa, con gestión democrática, centrada no en lo
curativo y el hospitalcentrismo, sino que actúe contra los determinantes
sociales y económicos de la enfermedad.
Ello
implica:
·
Potenciar la atención
primaria y la salud pública.
·
Prohibir el ánimo de
lucro en el sistema sanitario, derogando las leyes privatizadoras.
·
Acabar con las redes
sanitarias paralelas que se nutren del dinero público.
·
Reforzar el sistema
sanitario con más plantillas.
Sábado 27 febrero 2021,
movilizaciones estatales.
jueves, 11 de febrero de 2021
Pensiones. ¿Quién mejor que el Estado puede garantizar las pensiones? Mire usted, señor privado, usted con su dinero se la puede privatizar, reprivatizar y machacar privadamente con dos piedras cuantas veces quiera. Pero si usted señor privado, me quita a mí el dinero, que es que es mío, señor privado, se lo mete usted en su bolsillo privado, señor privado, y hace usted negocio privado que es para usted, pero con mi dinero, señor privado, lo que resulta es que con mi dinero, que también es privado porque es mío, y además es mío porque me lo he ganado yo con mi trabajo no porque se lo haya quitado a nadie que es lo que usted pretende hacer con el mío, resulta digo, que su negocio se hace con mi dinero financiando lo que usted no puede financiar o si lo puede financiar no tiene cojones de financiarlo y los beneficios se los queda usted, ¿sabe usted, señor privado?, aprovechando además toda una estructura política que también se financia con mi dinero, pero que está puesta a su servicio porque lo que hace es favorecer sus planes de robi-privi-quitarme mis dineros para meterlo en sus bolsillos privados, señor privado. Y además que lo sepa, señor privado, que usted y su familia vive tan riqui privadamente porque yo trabajo y justito, justito llego a final de mes, por supuesto, comiendo mucho peor que usted y su familia, ¿estamos o no estamos?, señor privado. A robar al monte, señor privado, si tiene tuviere o tuviese cojones para echarse al monte a robar, y si no, quieto mi dinero en mi bolsillo, señor privado, que no es necesario que me haga ninguna pensión privada que ya tengo una, la pública, que es el dinero privado de todos los trabajadores puesto en manos del Estado. Bacalao que te´calao.
LOS FONDOS PRIVADOS DE EMPRESA: EL MODELO ESCRIVÁ
El Viejo Topo
11 febrero, 2021
El modelo de
pensiones del País Vasco (las denominadas EPSV o Entidades de Previsión Social
Voluntarias) es una apuesta personal de José Luis Escrivá, actual ministro de
Inclusión, Seguridad Social y Migraciones. Es el proyecto de pensiones privadas
que pretende impulsar. Se apoya en las recomendaciones del Pacto de Toledo,
especialmente la número 16.
El sistema de
pensiones que el ejecutivo de Pedro Sánchez tiene en la cabeza tiene tres
patas: una, pública (como la actual pero con un carácter progresivamente
residual); una segunda articulada en torno a las Pensiones Privadas de
Empresa y una tercera alrededor de las Pensiones Privadas. En
estos días José Luis Escrivá está concretando sus propuestas: quiere que en el
período 2021-2025 hayan suscrito estos planes 9.000.000 de trabajadores y para
el 2050 pretende que la mayoría de los asalariados tengan como referencia esos
Planes Privados de Empresa. El objetivo enunciado estos días de reducir la
cuantía de las pensiones en 30.000 millones de euros va en esa dirección.
¿Que son las EPSV?
Las EPSV son un
modelo de pensiones privadas de empresa que sólo existe en el País Vasco. Esas
EPSV habrían de ser el núcleo de un sistema propio de pensiones que se
implementaría definitivamente una vez conseguida la independencia. En su
momento, se publicitó que sería el propio gobierno autonómico quien aseguraría
su supervisión y control. Las buenas palabras han quedado en eso; en la
práctica se ha ido desnaturalizando de forma tal que los gestores tienen una
gran capacidad para decidir dónde invierten. La filosofía neoliberal que
destilan estos fondos privados empuja a reducir el control público a la mínima
expresión; para hacerlo, entre otros métodos, se recurre al cambio de estatutos
si es necesario. La representación en el caso del País vasco se canaliza a
través de los sindicatos (CCOO, UGT, LAB, ELA…), la patronal y el
ejecutivo autonómico. Sabemos del escaso o nulo control que ejercen estas
instituciones sobre sus representantes en las mesas de negociación. En el
escándalo de las tarjetas Black, de Bankia, vimos como algunos representantes
sindicales estaban tan implicados en el fraude y la corrupción como los demás.
El ejecutivo,
con José Luis Escrivá al frente, pretende generalizar este modelo. Se introduce
de esta forma un factor de ruptura en la solidaridad intergeneracional. El
modelo público de reparto y de prestación definida (modelo de pensiones
públicas actual), aún con todas sus deficiencias, pretende no dejar a nadie
atrás; promueve una salida colectiva, cosa que no hace el modelo de Fondo
Privado de Empresa (modelo de capitalización individual) donde cada uno mira
para sí exclusivamente.
Este modelo se
publicita como la fórmula para “compensar” la futura bajada de las pensiones
creando una “bolsa individual” ligada a los convenios de empresa que, en
el caso actual y a pesar de su nombre (Entidades de Previsión Social
Voluntarias o EPSV), serían obligatorias. Curiosamente, y nos volvemos a
remitir a las declaraciones del ministro Escrivá, las empresas podrán
voluntariamente adherirse o no al protocolo; los trabajadores no podrán
escoger.
¿Como se organizan en el País Vasco?
En el País
vasco existen unos 77 Fondos Privados de Empresa. Por número de socios, aunque
no por capital gestionado, el primero sería GEROA; el segundo Lagun Aro; el
tercero, Hazia Elkarkidetza (para los funcionarios y trabajadores de las
tres diputaciones vascas y los ayuntamientos); y el cuarto, Itzarri
(trabajadores del Gobierno vasco, donde están incluidos por ejemplo la
Ertzaintza y los trabajadores del Servicio Vasco de Salud). El negocio de las
EPSV es importante y ha representado una fuente de financiación para el propio
gobierno: a 31 de diciembre del 2019[1] las
EPSV acumulaban 25.939 millones de euros. De esta cifra, el 60% correspondería
a Planes de Empleo colectivos y el resto, hasta un 40%, son Planes de Pensiones
Individuales. Los Fondos Privados de Empresa existen en otros países pero junto
a la figura de la autoafiliación, como en Reino Unido, Italia o Polonia:
en esos países los trabajadores pueden decidir si quieren ser socios o no de
esos fondos. No parece ser esa la idea del señor José Luis Escrivá.
GEROA
La EPSV vasca
GEROA copia su modelo del Reino Unido, Noruega y Suecia. Nace un año después de
la firma del Pacto de Toledo (1996) y coincide con una de sus recomendaciones.
Fue creada por la patronal vasca y los sindicatos (ELA, LAB, CCOO y UGT).
Curiosamente, y es una crítica que se hace desde los afectados por la crisis de
esta EPSV, los problemas financieros de GEROA no han provocado una reacción
sindical, bien al contrario estas fuerzas sindicales que están representadas en
el Consejo de Administración han preferido hacer “mutis por el foro” y ponerse
de perfil.
En GEROA, que
hace de gestora de esos fondos, el poder en ese órgano de dirección está
dividido al 50% entre sindicatos y patronal. La crítica más común es la
opacidad en la toma de decisiones y los cambios de estatutos como hemos
señalado.
Las Entidades
de Previsión Social Voluntarias tienen un peso considerable en la economía del
País Vasco. Si hacemos caso a sus datos, se acogen a alguna de las modalidades
de previsión social más o menos el 31% del total de trabajadores activos,
aunque el porcentaje llega al 61% en Guipúzcoa. Otra singularidad, como hemos
señalado, es que no son voluntarias: si el trabajador realiza su actividad en
alguno de los veinte sectores adheridos queda incluido de forma obligatoria en
este Plan. Las empresas pueden entrar o salir a voluntad, los trabajadores no.
Se da el caso de que alguna gran multinacional, para presionar a los sindicatos
en la negociación colectiva, ha llegado a amenazar con retirar sus
aportaciones.
GEROA cuenta en
este momento con unos 113.298 socios (las cifras lógicamente pueden fluctuar)
estructurados en 9.294 empresas y 20 sectores productivos. En 2018 recibió por
parte de sus aportantes unos 92,34 millones de euros y gestionó un patrimonio
de 2.028 millones. Ese mismo año pagó en prestaciones complementarias de
jubilación 52,98 millones de euros a 2.597 jubilados, con un importe mínimo
mensual de 173 euros y una media de 182,47 euros/mes.
Lo que hace
diferente a GEROA es que las aportaciones a la EPSV se realizan al 50% entre la
empresa y el trabajador. En otras EPSV no se funciona así. Los trabajadores de
esos 20 sectores presentes entran automáticamente en GEROA en el momento en el
que firman un contrato laboral aportando según indique el convenio
colectivo; no se pueden realizar aportaciones voluntarias. El aporte máximo,
más o menos, ronda el 4,60% del sueldo bruto, al 50% el trabajador y la
empresa. Lo define el sector del metal (que es el que creó GEROA) y el mínimo
el 0,4% del sector de oficinas o despachos y el comercio general.
Cada trabajador
percibirá a la hora de jubilarse una cantidad complementaria en función del
dinero aportado. En estos momentos, la aportación media de un trabajador del
metal es de 109,99 €/mes, lo que supone una expectativa de complemento de
pensión en torno a los 250 €/mes (tras haber cotizado 40 años o más y haber
acumulado en la hucha cerca de 50.000 euros) siempre y cuando las inversiones
que realice el fondo sean rentables. Un trabajador del comercio, en cambio,
apenas aporta para su plan 4,58 €/mes y su expectativa futura sería de 10,5
euros.
El órgano de
gobierno de GEROA es paritario entre la patronal, 13 miembros, y los
sindicatos, otros 13. El fondo que gestiona Geroa invierte en activos
financieros de renta fija y variable en todo el mundo y se publicita afirmando
que obtiene más rentabilidad que los Planes Privados. Afirman que desde su
creación en 1996 la media de rentabilidad ha sido del 6,5%. Según la
publicidad, los trabajadores que “ahorran” en GEROA tienen de media un
patrimonio de 36.479 euros (el 42% son beneficios generados y el resto
aportaciones).
Los Problemas de GEROA
Al margen de la
publicidad, los problemas de GEROA han aflorado, como no podía ser otra forma,
en medio de la Pandemia. La primera cuestión es la rentabilidad, que se ha
hundido. GEROA invierte en mercados financieros. Las inversiones en bolsa o
depósitos, en una situación de marasmo económico, se han desplomado haciendo
caer la rentabilidad. El segundo problema es que según los estatutos solo se
puede dedicar ese dinero acumulado para pagar pensiones. Los trabajadores con
largos años de cotización que se ven empujados al paro, aunque por edad aún no
puedan jubilarse, no pueden utilizar esos ahorros para solucionar una situación
que en muchos casos es angustiosa.
Según los
estatutos sólo por debajo de 11.280 euros de aportación es posible recuperar el
dinero en forma de capital o de renta. Si el importe supera los 45.210 euros
sólo se podrá recuperar en forma de renta mensual que puede ser temporal o
vitalicia, en función de la edad y del importe exacto. Los casi 1.600
trabajadores que, de momento, se han organizado en contra de estas políticas
exigen a GEROA cambiar los estatutos para poder retirar su capital; la cantidad
que se reclama es modesta (unos 65 millones de euros en total) y GEROA presume
de solidez financiera; aun así la entidad se niega a cambiar los estatutos. Los
trabajadores descontentos también señalan situaciones dramáticas. Por ejemplo,
la viuda o viudo de un/a aportante no puede retirar todo el capital de su
cónyuge fallecido sino que sigue recibiendo esa compensación mensual; lo mismo
pasa en el caso de los huérfanos. Pero más sangrante es que los trabajadores
afectados por un ERE o ERTE[2] no
pueden compensar la reducción de ingresos con los ahorros que se tienen en el
Fondo Privado de Empresa porque no pueden rescatarlo; cosa que otros fondos de
pensiones sí han permitido.
Las consecuencias del proyecto Pedro Sánchez.
Las propuestas
de José Luis Escrivá y el gobierno de coalición contribuirán a debilitar las
pensiones públicas. Fueron los cuatro sindicatos mayoritarios quienes apoyaron
el proyecto desde el inicio. Aunque hubo oposición sindical, ésta no prosperó.
La gran contradicción la ofrecen los grandes sindicatos que por la mañana
hablan de defender el sistema Público de Pensiones y por la tarde firman las
EPSV. La posición sindical no deja de ser incómoda; unos días actúan como
“brokers” en bolsa buscando la rentabilidad a cualquier precio, incluso con
inversiones especulativas en fondos buitre, y por la tarde se ponen la banda
roja reivindicativa.
También es una
anomalía que las propias Administraciones Públicas participen de un sistema
privado que debilita al Sistema Público de Pensiones. Al detraer dinero de la
contribución de los trabajadores y entregarlos a entidades financieras, estas
aumentan sus beneficios a costa del Estado. El gobierno progresista recorre una
vía ya explorada por la derecha, la de ayudar al sector privado con los
recursos públicos, puesto que los ingresos de la SS vienen de los impuestos y
cotizaciones que pagamos todos.
El objetivo a
medio plazo, como estamos viendo en Europa, es debilitar el sistema público
recortando los gastos. Si la pensión pública disminuye hasta llegar a ser
meramente asistencial, se querrá imponer a continuación un sistema de
capitalización a través de las EPSV y de los planes privados. La reforma de
José Luis Escrivá es insolidaria, elitista y sobre todo regresiva ¿Qué tiene
eso de transformación progresista como dicen algunos?
Notas
[1] https://revistas.eleconomista.es/pais-vasco/2020/abril/las-epsv-podran-complementar-las-prestaciones-de-afectados-por-la-crisis-CA2570141
[2] https://revistas.eleconomista.es/pais-vasco/2020/abril/las-epsv-podran-complementar-las-prestaciones-de-afectados-por-la-crisis-CA2570141
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Pensiones: fondos propios de los trabajadores dejados al Estado para que este se los devolviera a los trabajadores cuando llegaran a la edad de jubilación. Eso son las pensiones, y lo demás chufletillas al aire para engañar al trabajador. Y quien quiera que sea que lance chufletillas al aire para engañar al trabajador, pues será eso: chufletillas lanzadas al aire por quien quiera que sea para engañar al trabajador, aunque esto podría ser dicho de mil y una maneras sin que cambie su naturaleza. Las cosas serias son cosas serias y las cosas complejas son cosa complejas nos pongamos como nos pongamos, y las pensiones son una cosa seria y compleja, a lo que hay que añadir además que de las pensiones depende que la vida sea más o menos llevadera para millones de personas, a los que hay que añadir que estos millones son trabajadores que por razón de edad ya no pueden trabajar, pero que se han pasado toda la vida trabajando, creando riquezas que ellos no disfrutan (que cosas, ¿verdad?), pero que si disfrutan muchos de los que ni han trabajado ni tienen muchas ganas de trabajar y además, ¡jodete Manuela!, son quienes están maquinado cómo quitarle a los jubilados el dinero que tenían de las pensiones , ¿o el pasti pasto de los Pactos de Toledo son para otra cosa? Y, ahora ya a lo que iba, que siempre empiezo hablando de una cosa pero no sé que hacen ustedes que siempre me despistan y termino liándome. Decía, quiero decir, que yo quería haber empezado diciendo, que una quita que te quita y que te vuelvo a quitar de 30 mil millones de euros de los dineros de las pensiones (con el apoyo de los votos de VOX que es el Ivan El Terrible contra el gobierno social comunista-separatista-terrorista de España), a petición del personal de la Unión Europea, que dejándonos de chistes la forman los gobierno europeos, incluido el gobierno de España, como condición previa para que la susodicha Unión Europea ponga a disposición del Estado español 140 mil millones de euros, a los que se les aplicará la ley de la chupi bamba que consta de tres artículos: yo chupo, yo chupo, yo chupo, de modo que la mayor parte de ese dinero vía tipo regaliz irá a las grandes empresas, con gracia adjunta, porque si no tuviera gracia no sería gracioso: de que la mayor parte de esos 140 mil millones que se van a llevar los mismos grandes capitales, también correrán a cargo de los trabajadores que tenemos que pagar la deuda pública que origine. Tengamos la fiesta en paz, a ver si ahora va a salir un gracioso diciendo que esto no tiene gracia.
EL PACTO DE TOLEDO Y LA FINANCIACION DE LAS PENSIONES
La mejora de
las pensiones debe estar ligada con el empleo decente y la protección de la
salud y de la vida. La pandemia de la covid-19 ha traído consigo una fuerte
caída del empleo y, con ello, del número de afiliados y afiliadas a la
Seguridad Social y a una fuerte caída de sus ingresos
KAOSENLARED
9 Feb, 2021
En un artículo anterior se
analizaban los que a mi entender son los elementos centrales de la revisión del
Pacto de Toledo de 2020 (PT 2020), mientras que este tiene por objeto analizar
la financiación de las pensiones a la vista, pero no solo, de las propuestas
recogida en este Pacto. Más allá de la literatura que destila el documento, la
preocupación básica del gobierno español, como ha afirmado muy recientemente el
ministro de Seguridad Social en declaraciones a El Mundo, al precisar que pretende reducir en
30.000 millones el gasto en pensiones y así conseguir el visto bueno para la
recepción de los Fondos Europeos de Recuperación, es contener o incluso reducir
el gasto de las pensiones, … en beneficio de las grandes empresas.
Además de la reducción del
gasto, un elemento central de las propuestas de financiación es la
llamada separación financiera según la naturaleza de las
prestaciones; es decir, establecer que las prestaciones contributivas se deben
financiar básicamente mediante cotizaciones sociales y las que
a efectos de su financiación se consideran como no contributivas, se
financiarán mediante aportaciones del Estado. Esa separación financiera, que se
aprobó inicialmente mediante la ley 24/1997, se ha ido modificando con la
introducción de nuevas prestaciones, utilizando criterios jurídicamente poco
precisos y está motivada por la voluntad de no incrementar las cotizaciones
sociales y así mantener controlado el costo del trabajo asalariado; porque si
esas prestaciones financieramente no contributivas fueran financiadas a través
de las cotizaciones sociales sería necesario aumentar la cuantía de las mismas.
En la citada ley de 1997 no se
especificó la fecha en la que el Estado debía asumir íntegramente la
financiación de las prestaciones no contributivas. La asunción estatal de la
financiación de los complementos de mínimos de las pensiones se realizó de
forma muy lenta y no fue completada hasta el 2013. Por estas razones la deuda
estatal hacia la caja de la Seguridad Social, aunque tiene la lógica derivada
de la legalidad aprobada en 1997, no tiene respaldo legal estricto, pero sí
debe ser exigible ya que responde a un compromiso no solo del Gobierno de la época,
sino del Parlamento que aprobó en su momento esa ley.
El Pacto de Toledo –tanto en
su acuerdo inicial de 1995 como en las posteriores revisiones, incluida la de
2020- y la ley de Seguridad Social, en sus sucesivas modificaciones desde 1997,
consideran que la redistribución y la solidaridad se deben limitar al nivel no
contributivo y chocan con la tradición de los sistemas públicos de reparto que,
en mayor o menor medida, incluyen esos elementos. En relación con otros
sistemas de pensiones de reparto (en el sentido de ser financiados mediante
cotizaciones sociales, sin necesidad de una acumulación previa de recursos), el
sistema español incorpora escasas reglas que atenúen la contributividad
individual entendida como la correspondencia entre cotizaciones y prestaciones.
Además, no siempre las reglas operan en un sentido redistributivo sino que
algunas son anti-redistributivas.
Así, a diferencia de otros
regímenes, hasta la fecha el sistema español no contempla la posibilidad de
poder elegir, a efectos de la base reguladora debe las pensiones, las bases de
cotización de los mejores años (fórmula que favorece a quienes
tienen carreras profesionales irregulares), sino que impone el cómputo de los
últimos años anteriores al inicio de la prestación. La Recomendación Quinta del
PT 2020 abre esa posibilidad cuando propone evaluarla en los supuestos de
carreras profesionales más inestables y precarias, al tiempo que propone
evaluar la ampliación del período necesario para alcanzar el 100% de la pensión
(37 años según la reforma legal de 2011). Así pues, una de cal y otra de arena.
No es nada seguro que esa medida vaya a ser aprobada, salvo como medida
paliativa de la ampliación del periodo de cálculo.
Finalmente, tras haber estado
incluida en varios borradores, en la documentación enviada a la Comisión
Europea para justificar que las transferencias y préstamos de los Fondos de
Recuperación van a ir acompañadas del control del gasto público y del aumento
de la competitividad de las empresas, no se ha incluido el aumento de 25 a 35
años del período de cálculo –aunque si la posibilidad de aumentarle-, si
bien la Vicepresidenta Calviño lo
habría defendido posteriormente antes los comisarios económicos
de la UE. Ello daría lugar, según las distintas versiones, a una reducción en
la cuantía media comprendida entre el 5,45% y el 6,3%, al incluir los años
iniciales de trabajo remunerado (de bajos salarios), los períodos de desempleo
o la excedencia por cuidado de hijos/as u otros familiares, que afecta
especialmente a las mujeres.
Contributividad o
redistribución y solidaridad
A partir del Pacto de Toledo
en 1995 ha devenido un lugar común en los acuerdos parlamentarios y sociales, e
incluso en los textos legales, la invocación simultánea a la contributividad y
la solidaridad. La Recomendación 11ª del PT 2020 considera que se debe
“preservar y reforzar el principio de contributividad”, mediante “una relación
equilibrada entre el importe de la prestación reconocida y el esfuerzo de
cotización previamente realizado por cada trabajador”. Las reformas actuales en
numerosos Estados europeos, y también en el Estado español, pretenden acentuar
las modificaciones ya introducidas en las últimas décadas para traspasar la
financiación de una parte creciente de los sistemas de pensiones de reparto
desde las cotizaciones a la fiscalidad. Este cambio en la financiación tiene
dos objetivos: en primer lugar, reducir al mínimo los elementos redistributivos
en los sistemas públicos de reparto, de forma que se asemejen a los de
capitalización privada, reduciendo así la defensa colectiva de los primeros; y,
en segundo lugar, que los componentes redistributivos que permanezcan se
financien extramuros de la financiación ordinaria de los sistemas de reparto de
las cotizaciones sociales, pasando a serlo mediante la fiscalidad, reduciendo
así el costo del trabajo para las empresas.
Evolución del gasto en
pensiones
Como se puede apreciar en el cuadro de abajo el peso del gasto en pensiones, incluyendo tanto el de los sistemas medido en proporción al PIB, es algo más alto que el de otros Estados de la OCDE y de la Unión Europea, tales como Canadá, Holanda y Suecia, pero netamente más reducido que el de Estados próximos
Fuente: COR; FIPECO
La evolución del gasto en
pensiones depende el número de pensiones y de su cuantía 1/.
Así, a partir de 2014, el número de pensiones contributivas ha aumentado cada
año en porcentajes comprendidos entre el 1,4% del 2014 hasta el 0% estimado en
el 2020. El 2020 ha finalizado con menos pensionistas que el año anterior
debido al aumento de los fallecimientos por la pandemia de la covid-19, en su
mayor parte pensionistas. A consecuencia de los cambios en el empleo, en las
últimas décadas ha aumentado la proporción de pensionistas del Régimen General
y ha disminuido en otros regímenes. Al ser más elevadas las pensiones en el
Régimen General, unido a que las nuevas pensiones se basan –hasta la fecha- en
carreras de cotización más largas y en salarios más elevados que las antiguas,
las nuevas pensiones son bastantes más elevadas que las que causan baja: este
es el llamado efecto sustitución.
A pesar del aumento del número
de pensionistas, como consecuencias de los recortes provenientes de las
reformas de 2011 y 2013 y de la caída salarial durante la crisis, el aumento
anual del gasto en pensiones se ha desacelerado: frente al aumento de entre el
6% y el 8% del período anterior, entre el 2014 y el 2017, el aumento fue
ligeramente superior al 3%; el incremento del 2018 y 2019 ha sido inferior al
6% y el previsto para el 2020 y 2021 es incluso inferior al de 2014-2017.
La desaceleración del conjunto
del gasto en pensiones a partir del 2014 se corresponde con la caída o aumento
muy escaso en la cuantía de las nuevas pensiones en relación con las del año
anterior. El importe de las nuevas pensiones de jubilación, las más elevadas
del sistema, también han bajado: tras un máximo de 1.460 de media en el 2015
cayeron a 1.451 en el 2016 y a 1.420 en el 2018. Esa caída también se mantiene
en el 2020, desde 1.452,84 en febrero a 1.379,9 en julio. La pensión de viudedad,
percibida en el 92% por mujeres, cuya cuantía media había aumentado hasta 2018
por el aumento del porcentaje del 52 al 60% para una parte de las mismas,
también ha empezado a disminuir: en el 2020 ha pasado de 850,5 euros en enero a
788,5 en julio.
Esa caída en la cuantía de las
nuevas pensiones, unida a la desaceleración en el aumento de nuevos y nuevas
pensionistas, está dando lugar a un aumento débil en la cuantía de la pensión
media de todo el sistema (que incluyen a las muy antiguas y que corresponden a
salarios y cotizaciones bajas): de entre el 0,48% y el 1,68% entre 2014 y 2018,
con un aumento más importante en el 2019 (aproximadamente del 3%), e inferior
en los siete primeros meses de enero de 2020 en relación con los del 2019 (1%).
Estos aumentos son mucho menores que el que ha experimentado la prestación más
importante del sistema tras las pensiones, la Incapacidad Temporal, que salvo
una leve disminución en el 2018, ha experimentado aumentos anuales superiores
al 11% y más del 26% en el 2019.
El déficit de la Seguridad
Social: sus razones y cómo se ha cubierto
La caída del empleo, el aumento del tiempo parcial y la caída de los salarios ha dado lugar a una disminución de los ingresos por cotizaciones sociales. Según el INE, el conjunto de la remuneración de las personas asalariadas solo subió el 0,08% entre 2008 y 2018. En este último año la parte salarial alcanzó el nivel más bajo desde 1989. Por su parte, el aumento de las rentas empresariales no ha sido destinado a la inversión y la creación de empleo. En el Estado español, la parte de estas rentas dedicada a la inversión es especialmente reducida. Incluso en el tercer trimestre de 2020, en medio de la pandemia, se distribuyeron 4.700 millones de euros en dividendos. Decisiones estimuladas por una imposición reducida sobre las rentas del capital, que en general van asociadas a muy altos ingresos. Los tipos de imposición efectivos sobre las rentas de capital son netamente más reducidos que los de las rentas del trabajo. En el Estado español son equivalentes a la media de la Unión Europea, pero bastante más bajos que en Francia, Italia y Bélgica, como se puede apreciar en el siguiente gráfico.
Fuente: Comisión Europea y
FIPECO.
La caída salarial, unida a la
congelación de los tipos de cotización, ha dado lugar a que en el período
2011-2020 los ingresos por cotizaciones sociales no hayan cubierto el gasto
total de las prestaciones económicas contributivas (que además de las pensiones
incluyen prestaciones como la incapacidad temporal, el desempleo, el riesgo por
el embarazo, parte de las prestaciones de maternidad y paternidad, etc.), lo
que ha generado un déficit medio de cobertura de alrededor del 15% y un déficit
total en ese período de más de 150.000 millones de euros.
Este déficit se ha cubierto de
la siguiente manera:
- Disposiciones
del Fondo de Reserva y del Fondo de Prevención y de Rehabilitación de las
Mutuas. La ley de 2003 que lo regula decía que el Fondo estará dotado del
excedente presupuestario derivado de las cotizaciones en relación con las
prestaciones contributivas, con la precisión de que la disposición de los
excedentes iría destinada a la financiación de las pensiones de carácter
contributivo y demás gastos necesarios para su gestión. El patrimonio del
Fondo de Reserva llegó a ser de 66.815 millones en el 2011, que a pesar de
su magnitud solo equivalía a nueve meses del gasto en pensiones. Conviene
señalar que, en el pasado, los excedentes de ingresos en relación con el
gasto se deberían haber dedicado a mejorar unas pensiones que en su
mayoría apenas eran superiores al salario mínimo y muchas de ellas
inferiores. Pero eso es el pasado. Durante los años 2012 a 2018 se
realizaron disposiciones del fondo por un importe global de 77.437
millones de euros (Tribunal de Cuentas, 2020, p. 50) y sus reservas
cayeron a unos dos mil millones a finales de 2019. Si no se gastó en su
totalidad fue por razones políticas: ni el gobierno del PP ni los del PSOE
querían figurar como quienes cerraban ese Fondo.
- A esa
cifra hay que añadir, en el mismo período, la utilización de 10.011
millones de euros del Fondo de Prevención y Rehabilitación de las Mutuas
de Accidentes de Trabajo y de Enfermedades Profesionales que se nutre de
los excedentes de gestión de las mismas. Esos excedentes se deben a la
manifiesta infradeclaración de un gran número de enfermedades
profesionales y su reconocimiento como enfermedades comunes, con el
consiguiente ahorro para las Mutuas y perjuicio tanto para los
trabajadores y trabajadoras afectados (que no perciben las prestaciones
superiores a que tendrían derecho) como para los servicios públicos de
salud que hacen frente a gastos que no les corresponden.
- Préstamos
del Estado a la Seguridad Social. Entre 2017 y 2020 el Estado concedió
préstamos a la Seguridad Social para que hiciera frente a sus
obligaciones, especialmente con motivo de las pagas extraordinarias de
pensiones, por un importe algo superior a los 106 mil millones de euros.
- Una
transferencia del Estado a la Seguridad Social, por importe de 1.334
millones.
Situación financiera de la
seguridad Social
Según el informe de
fiscalización fechado en julio de 2020 del Tribunal de Cuentas, el
endeudamiento del sistema de Seguridad Social con el Estado era de 52.273
millones de euros a finales de 2019, cifra que se ha aumentado con los 51 mil
millones de préstamos del 2020. El Tribunal de Cuentas expone que el Estado
tendría una deuda con la Seguridad Social por un importe estimado en, “al
menos”, 103.690 millones de euros en concepto del gasto sanitario (31.828
millones) y de los complementos de mínimos de las pensiones que fueron abonados
por la caja de la Seguridad Social entre 1989 y 2013 (71.862 millones). Esos
gastos deberían haber sido cubiertos por el Estado a través de los Presupuestos
Generales, conforme a los criterios, aprobados legalmente, de separación de las
fuentes de financiación (cotizaciones sociales y aportaciones de Estado) según
la naturaleza de las prestaciones, que se estableció en la Ley de Presupuestos
Generales del Estado para 1989 y conforme a la ley citada de 1997, que se
aplicaron tardíamente. El Tribunal de Cuentas lo expresa cuando dice: “costes
que la Seguridad Social asumió por cuenta del Estado”. Si esos fondos
se hubieran invertido en obligaciones del Estado, esos 103 mil millones,
aplicando el IPC a las cifras anuales indebidamente asumidas por la Seguridad
Social, se habrían convertido en 161 mil millones y alcanzarían la suma de 200
mil millones si se aplicara la capitalización compuesta al tipo de interés
medio de las emisiones entre 2001-2020, que fue en torno a un 5 % según
el Tesoro Público (infoLibre,
12/08/2020).
Según el mismo Tribunal de
Cuentas, es el Estado quien debiera reembolsar a la caja de la Seguridad Social
la diferencia entre la cifra de la deuda de la Seguridad Social con el Estado y
lo que este debe por haberse financiado indebidamente con cotizaciones: 50.957
millones de euros en el momento del informe del Tribunal de Cuentas. Aunque los
préstamos no se devuelvan y el Estado no exija su reembolso, la presentación de
una deuda muy elevada tiene la función simbólica de justificar la necesidad de
reducir el gasto en pensiones. Por ello es elemental que el Estado anule esos
préstamos mediante su conversión en transferencias basadas en la deuda
histórica del Estado con la Seguridad Social. Si se tomaran en cuenta el
importe de todos los gastos indebidamente abonados por la caja de la Seguridad
social entre 1989 y 2003 conforme a los criterios de la Ley 24/1997, esa deuda
ascendería a una cifra que ha sido estimada en 519.000 millones según un
estudio de Comisiones Obreras.
En los Presupuestos Generales
del Estado para 2021 se incluye una partida de 14.000 millones de euros en
concepto de los llamados gastos impropios de la Seguridad
Social. Este concepto recoge elementos heterogéneos, parte de los cuales son
efectivamente impropios, como las reducciones en la cotizaciones
para el fomento del empleo. Otros, como la prestación por nacimiento y cuidado
de hijos, el complemento de pensiones por maternidad, las medidas de apoyo a regímenes
especiales deficitarios o el costo de complementar las lagunas de cotización
para el cálculo de la pensión de jubilación, deberían formar parte de un
sistema de pensiones basado en el reparto redistributivo 2/.
Es cierto que para hacer frente a esos gastos habría que aumentar las
cotizaciones. Mientras el Estado (que debe ejercer la función reguladora) no
fije el nivel de cotizaciones suficiente para hacer frente a ese gasto, debe
asumir su costo, tal como indica la legislación en vigor y asume ahora el PT
2020. Sin embargo, el gobierno no aumenta las cotizaciones ni procede a
transferir a la caja de la Seguridad Social la totalidad del importe señalado
por el Tribunal de Cuentas. Además, el importe de la partida anual solo recoge
una parte de lo que se reconoce que debe ser asumido por el Estado, dilatando
al 2023 el pleno cumplimiento del PT 2020. Ello dará lugar al mantenimiento de
los déficits del sistema de seguridad social, aunque sea en menor cuantía.
¿Cómo equilibrar
financieramente la Seguridad Social?
Los ingresos que es necesario
prever no solo se deben basar en la derogación de los aspectos regresivos de
las reformas de 2011 y 2013, sino en la puesta en vigor de las reivindicaciones
del movimiento pensionista, que no se van a detallar por sabidas. Solo queda
subrayar dos elementos generales. El primero, es que un sistema público de
reparto debe asegurar tasas de reemplazo más altas de las pensiones de quienes
hayan trabajado en condiciones de especial penosidad e insalubridad y con
salarios más bajos, que normalmente van asociadas a esperanzas de vida más
bajas y, por lo tanto, de menor duración en el cobro de las pensiones. El
segundo, es que el gasto en pensiones, al igual que otros elementos de la
distribución monetaria de los ingresos (salarios directos y, especialmente, los
excedentes empresariales…), debe tener en cuenta el impacto ecológico y la
imperiosa necesidad de evitar el calentamiento climático. Por ello es muy
importante contener los ingresos monetarios que den lugar a un alto consumo de
bienes y desarrollar los servicios públicos y sociales basados en la gratuidad.
En el caso de la gente de más edad son especialmente relevantes todas las
prestaciones de la ley de dependencia, cuyas radicales carencias se han puesto
al descubierto de forma dramática durante la pandemia de la covid-19:
residencias de día y de noche, atención domiciliaria y otras. La gratuidad de
esos servicios, el aumento de su calidad y su publificación, permitiría moderar
el aumento del gasto en pensiones –siempre que vaya acompañado de una mayor
reducción de las rentas de capital y de los salarios más elevados- con tasas de
reemplazo más bajas para los salarios más elevados.
La Airef (2020) estima, tras
una revisión de sus previsiones demográficas, que la sostenibilidad del sistema
de pensiones exigiría que el gasto se sitúe en el 14,2% del PIB en el horizonte
del 2050. Una estimación que tenga en cuenta el aumento del número de
pensionistas, que incluya la derogación de los elementos regresivos de las
reformas de 2011 y 2013 y que estuviese acompañada de la citada política de
servicios públicos y sociales exigiría alcanzar un porcentaje comprendido
probablemente entre el 15 y el 17% del PIB. La posibilidad macroeconómica de
ese aumento del gasto se deriva de los incrementos de productividad que se han
producido durante las últimas décadas y que han ido de forma muy mayoritaria a
aumentar la parte de los beneficios en detrimento de los salarios. Ahora bien,
es incompatible si se mantiene la tendencia de las últimas décadas de aumento
del Excedente Neto de Explotación empresarial, que una vez eliminado la
devaluación del capital fijo o las amortizaciones, ha pasado del 24 % en 1980 a
un 32 % del PIB en el 2020, a costa de los salarios directos y de las
cotizaciones sociales.
Gastos que deben pasar a ser
financiados a cargo de los Presupuestos Generales del Estado
- Los
gastos de gestión del sistema de Seguridad Social.
- Exenciones
y reducciones de cotizaciones sociales por razones de política de empleo.
Las reducciones y bonificaciones de las cotizaciones sociales han
contribuido a la agravación del déficit de la Seguridad Social ya que al
instrumentarse como reducciones de cuotas se están financiando a cargo del
Presupuesto de la Seguridad Social, cuando, dado el carácter de estos
incentivos, deberían financiarse a cargo del Estado, tal como se
establecía en la Recomendación 1ª del PT 2020 sobre la separación de
fuentes de financiación, que proponía que las bonificaciones en la
cotización debían ser a cargo de la fiscalidad general. Se puede estimar
que suponen una reducción anual media de los ingresos de la seguridad social
de unos tres mil millones de euros y correlativamente de transferencia de
recursos a las empresas. La generalización de los ERTE por la pandemia de
la covid-19 ha ido acompañada de importantes exoneraciones de cotizaciones
sociales 3/,
por un importe estimado de 6.050,91 millones de euros para 2020, de la que
se han beneficiado no solo las pequeñas empresas sino también las grandes
y las transnacionales, aunque hayan tenido beneficios multimillonarios en
los últimos años. El Estado solo va a transferir en el 2021 a la Tesorería
de la seguridad social 1.779.447,58 euros correspondientes a las
reducciones de cotizaciones por razones de políticas de empleo, cifra
previsiblemente muy inferior al importe de las mismas.
Aumento de las cotizaciones
sociales
En el IEFSS 2021 (pp. 102 y
ss.) se detalla que el peso de las cotizaciones en relación con el PIB aumentó
progresivamente entre 1985 (el 9,18%) y 1994 (el 10,58%). Está previsto que
alcance el 10,2% en el 2021, lo que significa que el peso relativo de las
cotizaciones sociales es inferior al existente hace diez años y por debajo del
13% de media en la UE.
En el año 2021 se prevé una
recaudación de algo más de 125 mil millones de euros, que representarán el
72,58% del total de los recursos. Aunque los tipos de las cotizaciones
empresariales son más elevados que en la mayoría de los Estados de la UE, se
aplican sobre salarios muy inferiores al de los Estados más próximos en PIB per
cápita. En el Estado español, el costo salarial total, que incluye los salarios
brutos, las cotizaciones sociales a cargo de los empleadores, la mejora de la
protección social a cargo de las empresas y otros costos (tales como los de
formación y de reclutamiento), es muy inferior a la media europea, por lo que
hay margen suficiente para proceder a una elevación de las cotizaciones a cargo
de los empleadores.
Tras un aumento del 7% de la
base máxima de cotización en el 2019 (inicialmente el gobierno habló de un 10%)
y de la base mínima el 22,3% como resultado del aumento a 900 euros del salario
mínimo, en 2020 y 2021 las bases de cotización se han mantenido inalterables,
con la excepción de la base mínima tras el aumento a 950 euros del salario
mínimo para 2020. Así, la base máxima de cotización es desde el 1 de enero de
2020 de 4.070,1 euros mensuales o 48.841,2 anuales, de los más bajos de la
Unión Europea. El aumento del tope máximo de cotización a 80.000 euros anuales,
que seguiría siendo inferior a los que están en vigor en Estados como Francia,
Alemania, Italia o el Reino Unido, proporcionaría un aumento importante de los
recursos necesarios para hacer frente a la dignificación de las pensiones.
Según las estadísticas
del Mercado de Trabajo y Pensiones
en las Fuentes Tributarias de 2019 (último año del que existen
datos), que se basa en las declaraciones anuales (Mod. 190) para el IRPF,
aproximadamente 1.100.000 personas percibían ese año un salario superior a la
base máxima de cotización de ese año, de 48.841,2 euros, cifra que se mantiene
para el 2021, como se puede apreciar en el cuadro de abajo.
Asalariados, percepciones salariales y salarios
El aumento a 80.000 euros de
la base máxima de cotización daría lugar a que la misma cifra de 1.100.000
personas percibirán salarios comprendidos entre la actual base máxima y los
80.000 euros y el aumento de la recaudación por este concepto podría alcanzar,
suponiendo una media de 60.000 euros años, la cifra de 18.678 millones de
euros/año.Fuente: Mercado de trabajo y Pensiones en las Fuentes Tributarias.
Por otra parte, el tope máximo
de pensiones en el 2021 es de 2.707,49 euros/mes o 37.904,86 año. Ese tope da
lugar a una reducción de aproximadamente el 15% de la pensión de quienes hayan
cotizado por las bases máximas durante los 24 años que en el 2021 se tienen en
cuenta para el cálculo de la pensión y hayan cotizado los 37 años y 3 meses
necesarios para cobrar un porcentaje del 100%.
El aumento del tope máximo de
cotizaciones debería ir acompañada de un aumento del tope máximo de pensiones,
por varias razones. En primer lugar, supone una diferencia que penaliza a las
pensiones públicas de reparto en relación con las privadas de capitalización,
en las que no existe ningún tope; además, los cobros de las pensiones privadas
no se toman en cuenta para el tope máximo de la pensión pública. En segundo
lugar, el aumento de la distancia entre los salarios y las cotizaciones más
altas, empuja a la gente de mayores salarios a las pensiones privadas,
debilitando así el frente de la lucha por las pensiones públicas. En tercer
lugar, mientras que el aumento de los ingresos sería inmediato, los efectos en
el gasto se dilatarían en el tiempo ya que el acceso a la pensión de quienes
percibirían las nuevas pensiones más altas sería progresivo. Ese aumento no
tiene por qué ser de la misma cuantía sino que puede y debe ser más bajo que el
aumento de las bases máximas de cotización.
Esta redistribución desde los
salarios altos hacia los más bajos permitiría compensar la menor esperanza
media de vida y de la esperanza de vida en buena salud, de las y los
asalariados de salarios más bajos en relación con las correspondientes a los
asalariados y asalariadas de mayores salarios. En la documentación enviada por
el gobierno español a la Comisión Europea sobre los recortes laborales y de
pensiones que prevé tomar para acceder a los Fondos Europeos del Plan de
Recuperación, se abre la posibilidad de aumentar la base máxima de cotización,
acompañado de una modificación de la pensión máxima. A la vista de la
congelación de estas bases en el 2020 y el 2021, está por ver la decisión del
gobierno en este tema; decisión que solo se explica por la voluntad de no
enfrentarse con la patronal.
Aumento de los tipos de
cotización
En 1993-1994 el tipo de
cotización de contingencias comunes pasó del 29,3% al 28,3% (- 1%: 0,8% de la
cuota empresarial y 0,2% de la cuota obrera). Anteriormente había llegado a ser
casi 4 puntos más altos que en la actualidad. Pues bien, el aumento de ese
punto supondría un aumento de los ingresos de unos 3.750 millones de euros/año.
Lucha contra el fraude y
afloramiento de la economía sumergida
En materia de ingresos el fraude
se expresa mediante el incumplimiento de las obligaciones empresariales con la
Seguridad Social en la recaudación de las cotizaciones sociales. Un segundo
bloque está constituido por la infra-cotización, es decir, por la fijación en
las cotizaciones de cantidades inferiores a las percibidas o que no integran la
jornada efectivamente trabajada. Un caso de infra-cotización indirecta es
el de los llamados falsos autónomos, es decir, de aquellos trabajadores y
trabajadoras que para mantener una vinculación con una empresa se ven obligados
a darse de alta en el Régimen Especial de Trabajadores Autónomos, lo que
normalmente va acompañado de cotizaciones por la base mínima en ese Régimen,
inferiores a la retribución realmente percibida por la empresa y por la que se
debiera cotizar.
Según un estudio de Comisiones
Obreras (2018), en el segundo trimestre de 2018 se habrían trabajado en el
Estado 6,8 millones de horas extra a la semana, equivalentes a 170.600 empleos
a jornada completa (de 40h a la semana), de las que solo se habría pagado o
compensado en descanso el 56%. Esas horas extra no pagadas se han concentrado
en empleos de calidad: indefinidos, a tiempo completo, puestos
técnicos y profesionales, y han sido realizadas mayoritariamente por hombres.
Alcanzaban el 94% en el sector de actividades financieras y dos tercios de las
mismas se han realizado en cuatro comunidades (Madrid, Valencia, Cataluña y
Andalucía). Una estimación sobre el importe anual no recaudado por cotizaciones
sociales (suponiendo que se mantiene ese horario no pagado durante 47 semanas
al año y que el coste hubiera sido de 20 euros/hora), conduce a una cifra de
unos 1.276 millones de euros, cifra que contrasta con la recaudación de 319,63
millones en ese año por ese concepto.
Conforme a un estudio sobre el
País Vasco, la pérdida de recaudación por cotizaciones sociales debida a la
economía sumergida habría ascendido durante el período 2011-2014, como mínimo,
a la cantidad media de 1.415,22 millones de euros anuales, equivalentes al 37%
de la pérdida total de recursos (Zubiri, Fernández-Macho y Gallastegui, 2016,
pp. 54-58). Según otros estudios recogidos en este último, la economía
sumergida representa en el Estado español entre 5,7 y 5,5 puntos porcentuales
por encima de la correspondiente a la CAPV. Teniendo en cuenta la proporción
entre el PIB de la CAPV y el del Estado español, la falta de recaudación de
cotizaciones sociales ascendería en el Estado a una cifra de, como mínimo,
22.676 millones de euros
Es cierto que no es realista
contemplar una situación con cero de economía sumergida, que afecta no solo a
la Seguridad Social, sino también a la recaudación fiscal, al empleo digno y al
acceso justo a las prestaciones sociales, pero si la economía sumergida se
situara en los niveles de países europeos como Francia o Alemania, el impacto
sobre la recaudación de las cotizaciones sociales sería sustancial.
Aumento de los salarios
La caída de la parte salarial
ha sido muy elevada en la última década y se ha debido a la reducción del
empleo y la caída de los salarios reales, que han aumentado menos que la
inflación y en algún año han caído incluso en valor nominal. Según la
estadística del Mercado de Trabajo y las Pensiones en las fuentes tributarias,
la masa salarial abonada en el 2008 fue de 366.818 millones de euros (sin
contar las cotizaciones sociales). Si los salarios entre 2008 y 2019 (último
año del que se han publicado datos) hubieran evolucionado conforme a la
inflación, que fue del 13,1% entre diciembre de 2008 y diciembre del 2019, la masa
salarial hubiera sido de 414.487 millones, mientras que la cifra estimada ha
sido de 394.004 millones, es decir, 17.483 millones menos. Solo en la
cotización por contingencias comunes la cantidad no ingresada por esa caída
salarial ha sido de 4.948 millones de euros/año. Es cierto que mayores salarios
dan lugar a más pensiones y de mayor cuantía, lo que es una mejora social, pero
sus efectos en la caja de la Seguridad Social se dilatan en el tiempo, además
de reducirse los pagos para los complementos de las pensiones mínimas.
Reflexiones finales
La mejora de las pensiones
debe estar ligada con el empleo decente y la protección de la salud y de la
vida. La pandemia de la covid-19 ha traído consigo una fuerte caída del empleo
y, con ello, del número de afiliados y afiliadas a la Seguridad Social y a una
fuerte caída de sus ingresos. La débil creación de empleo público para hacer
frente a las necesidades sanitarias, educativas y de cuidado, ha contribuido a
esos resultados.
El aumento de las cotizaciones
es más adecuado que el trasvase de la financiación de las pensiones al Estado
mediante impuestos. La diferenciación en la financiación está relacionada con
el origen histórico y la actualidad de las prestaciones sociales. Así, las
prestaciones económicas, que han estado en el origen de la Seguridad Social,
siguen formando parte de la misma y, como parte de la relación salarial de la
mayoría de las personas beneficiarias, su financiación debe realizarse mediante
cotizaciones sociales. La necesaria universalización de la Seguridad Social no
requiere de la financiación mediante impuestos: la asistencia sanitaria formó
parte originariamente de la Seguridad Social y la generalización de la
población cubierta por la misma se realizó en el seno de la Seguridad Social.
La fiscalización de las
pensiones se inscribe en un contexto neoliberal que busca la reducción del
costo del trabajo, supuestamente demasiado elevado… a pesar de que cada vez es
más reducido en relación con el valor creado. Además, no existe evidencia
empírica que permita concluir que la reducción de las cotizaciones tiene una
influencia positiva en el empleo (De la Fuente Lavín y Errandonea Ulazia, 2017:
379-380). Quienes insisten en el carácter insostenible de ese aumento para el
futuro, obvian que en el Estado español hace 50 años el gasto en pensiones
equivalía al 3% del PIB, sin que se haya producido ninguna catástrofe económica
por el aumento del gasto (aunque sí por otras razones). Lo que sí se puede
producir es una catástrofe social si el Gobierno español accede a la pretensión
patronal de congelación, o incluso de reducción, de las cotizaciones sociales,
que en el próximo futuro justifique una reducción de las pensiones y, con ello,
se extienda la pobreza entre las personas mayores.
Como ha explicado Husson
(2020), las desigualdades se anudan en el corazón de la producción, por lo que
un proceso de transformación social en el que se inserten pensiones decentes
para la mayoría de la población trabajadora, exige modificar en su
origen el reparto de la riqueza creada entre capital y trabajo, que
además del salario directo incluye el salarios indirecto de las cotizaciones
sociales.
Las transferencias del Estado
a la caja de la Seguridad Social por el importe actualizado de las cotizaciones
sociales que fueron destinados a cubrir otros elementos del gasto público, es
congruente con lo que se expone en el apartado anterior. En efecto, el Estado,
al amparo de una separación financiera de las prestaciones, no
solo no ha aumentado sino que incluso ha reducido el peso de las cotizaciones
sociales en la economía (medido en proporción al PIB), por lo que debe cumplir
las reglas que ha promulgado, tal como exige el Estado de Derecho que
se invoca frecuentemente. Esas transferencias se pueden realizar anualmente
según las necesidades del sistema de seguridad social. Su importe debe ser,
como mínimo, el equivalente a lo que se deriva de la normativa sobre las
fuentes de financiación de la seguridad social.
Paralelamente a las transferencias
del Estado a la caja de la Seguridad Social para devolver cantidades
indebidamente asumidas por la misma, se debe ampliar al aumento de los recursos
mediante, entre otros elementos, la elevación del tope máximo de cotización y/o
de sus tipos y la reducción sustancial del fraude, de forma que se pueda
mejorar inmediatamente la cuantía y el acceso a las pensiones, especialmente
las mínimas y las correspondientes a los sectores más precarizados y de peores
condiciones laborales y sociales.
Notas
1/ Salvo que se especifique otra cosa los datos
citados en este artículo están extraídos del Informe Económico-Financiero a los
Presupuestos de la Seguridad Social de 2021 (IEFSS2021) (Ministerio de
Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, 2020).
2/ También se consideran como “gasto impropio”
el de los complementos de las pensiones mínimas, pero su coste –estimado en
7.064,38 millones de euros en el 2021- ya está financiado por el Estado desde
el 2.013.
3/ El 100% de las cotizaciones en las empresas
con menos de 50 trabajadores y trabajadoras y el 75 % para las que tengan 50 o
más.
Bibliografía
- Airef
(2020), La AIReF estima que el gasto en pensiones aumentará
al 14,2% del PIB en 2050 tras actualizar sus previsiones demográficas
- Comisiones
Obreras (2018), Horas extra no pagadas y absentismo. Una aproximación
por Comunidades Autónomas.
- De la
Fuente Lavín, Mikel y Errandonea Ulazia, Elisabet (2017), “Fuentes de
financiación del sistema de Seguridad Social”, en AA.VV (Monereo Pérez,
José Luis y Rodríguez Iniesta, Guillermo, Dirs.), Tratado de
Seguridad Social, Tomo 1, Ediciones Laborum, pp. 375-395.
- Husson,
Michel (2020), “Contabilizar las desigualdades no es suficiente,
hay que explicarlas”, Viento Sur.
- Ministerio
de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones (2020), Informe Económico-Financiero a los Presupuestos de la
Seguridad Social 2021.
- Tribunal
de Cuentas (2020), “Informe de Fiscalización
sobre la evolución económico financiera, patrimonial y presupuestaria del
sistema de la Seguridad Social y su situación a 31 de diciembre de 2018”,
28/07.
- Zubiri, Ignacio; Fernández-Macho, Javier y Gallastegui, M. Carmen (2016), Economía Sumergida y Fraude Fiscal en la C.A. de Euskadi, Departamento Hacienda y Finanzas del Gobierno Vasco.
vientosur.info/el-pacto-de-toledo-y-la-financiacion-de-las-pensiones/
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