CONTENIDO DEL PROGRAMA IU-PODEMOS
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50 PASOS PARA
GOBERNAR JUNTOS
Las próximas elecciones generales no
serán unas elecciones más. Dada la trascendencia política que tendrán,
concurrimos con un amplio acuerdo. Las fuerzas políticas que hemos participado
en este acuerdo acudiremos a las elecciones generales del próximo 26 de Junio
de 2016 con los mismos programas electorales con los que nos presentamos a las
elecciones del 20D.
No
obstante, hemos elaborado un documento programático común destinado a comunicar
a la sociedad española los principales espacios de intersección de los
distintos programas electorales y, sobre todo, las principales líneas de
actuación del gobierno de progreso y cambio que aspiramos a liderar tras el 26J.
Se trata de una ruta en cincuenta pasos con los que responderemos a los grandes
problemas de nuestra sociedad en el corto y en el mediano plazo.
El
texto se titula “Cambiar España: 50 pasos para gobernar juntos” y está
organizado en torno a cinco ejes temáticos: económico, social, político-institucional, medioambiental e
internacional.
Hoy
nada es más urgente que poner en pie un gobierno capaz construir un nuevo
futuro para nuestro país. Un nuevo futuro para los millones de trabajadores
precarios y para los cientos de miles de jóvenes que han tenido que marcharse
por falta de un futuro. Nada es más urgente que ayudar a las familias que han
perdido su casa, a los que han tenido que cerrar su negocio, a quienes lo han
pedido todo durante esta crisis. Nada es más urgente que proteger a quienes
echan horas que nadie les paga por salarios de miseria, a quienes quieren
formar su propia familia y no tienen ni para empezar, a los enfermos que a
duras penas llegan a pagarse sus medicamentos y a los jubilados que han tenido
que volver a sostener a sus familias, esta vez con su pensión. Nada es más
urgente que recuperar los inversión sustraída a la sanidad pública y a la
educación pública; a los servicios sociales y a las personas dependientes; a la
I+D+i, a las infraestructuras, a la cultura y al deporte. Nada más urgente que
poner fin al robo sistemático de dinero público que unas élites políticas
corruptas han llevado a cabo durante décadas con total impunidad.
Hoy
nada es más urgente que poner en pie un gobierno que trabaje para defender unas
condiciones de vida y trabajo dignas para las grandes mayorías de nuestro país
y garantice que los corruptos se sentarán en los banquillos de los juzgados y
no en los consejos de administración de las grandes empresas estratégicas del
país.
Estos
son nuestros objetivos y estas nuestras propuestas.
CAMBIAR ESPAÑA:
50
PASOS PARA GOBERNAR JUNTOS
I.
DEMOCRACIA ECONÓMICA
1. Plan nacional de transición energética (PNTE)
El desarrollo de este PNTE tiene como objetivo la
modernización económica, la eficiencia empresarial y un sistema energético
totalmente descarbonizado para 2050, en consonancia con el acuerdo climático de
París. Debe ir encaminado a mejorar la eficiencia energética de nuestro modelo
productivo y de consumo, y a reducir su consumo global de energía, reducir el
coste del factor energía para empresas y hogares, disminuir las emisiones de
CO2 así como la factura importadora de combustibles fósiles. Debe estar estructurado
alrededor de dos ejes:
1) Plan Nacional de
Ahorro Energético: orientado a la mejora de la eficiencia energética y a la
reducción de consumo energético en edificios, pero también en el transporte, la
industria y los sistemas de distribución eléctrica. La columna vertebral de
este plan será la rehabilitación energética de viviendas y edificios de la
Administración, que debería permitir recolocar parte de las personas paradas
que vienen del sector de la construcción.
2) Plan Nacional de
Energías Renovables: centrado en tecnologías como la solar fotovoltaica y
térmica, eólica, geotérmica, pequeña hidroeléctrica y biomasa de baja emisión.
Este plan debe incluir todos los eslabones en la cadena de investigación,
desarrollo, fabricación e instalación.
El PNTE estará
acompañado por una reforma en profundidad del sistema eléctrico que incluirá:
●Una auditoría de la
deuda acumulada por el déficit de tarifa y una auditoría de costes de todo el
sistema (además, se reclamará ante la Justicia la cantidad cobrada en exceso
por las eléctricas en concepto de Costes de Transición a la Competencia).
●El establecimiento de
controles efectivos para impedir prácticas oligopólicas y específicamente la
integración vertical.
●La modificación del
marco regulatorio y del mercado eléctrico de modo que todas las fuentes de
generación de electricidad reciban una retribución basada en los costes reales
de producción.
●La aprobación de una
legislación del autoconsumo de modo que a) la energía autoconsumida instantáneamente
quede libre de cualquier tipo de imposición, b) la energía vertida al sistema
eléctrico sea
justamente retribuida
por la empresa comercializadora, c) los trámites administrativos sean ágiles,
d) se permitan instalaciones compartidas
●Adopción de medidas para
la reducción del precio de la energía para la industria (especialmente las
electrointensivas) en consonancia con los principios de la transición
energética defendida (renovables, ahorro y eficiencia, cogeneración) y de
transparencia tarifaria (auditoría de costes).
●La sustitución
progresiva del uso de energías fósiles por energías renovables, garantizando en
todo caso una transición justa de los empleos hacia nuevos sectores no
contaminantes
●El cierre definitivo de
la central nuclear de Santa María de Garoña y la no extensión de los permisos
de operación para el resto de centrales nucleares en funcionamiento, de modo
que todas ellas estén cerradas en 2024
●La recuperación por
parte del Estado de las centrales hidroeléctricas cuyas concesiones a empresas
privadas caduquen.
●Se prohibirá el uso de
la técnica de fractura hidráulica (fracking) y de las prospecciones
de hidrocarburos en el litoral.
2. Nueva senda de reducción
del déficit
El próximo gobierno deberá presentar y acordar con las
autoridades europeas una nueva senda de reducción del déficit público que
resulte coherente con las prioridades de nuestra economía: apuntalar la
recuperación económica, incrementar el ritmo de creación de empleo, impulsar
inversiones públicas que modifiquen el patrón de especialización industrial y
fortalecer los servicios sociales y el Estado del Bienestar para luchar contra
las desigualdades.
Esto exige un ritmo de reducción del déficit
significativamente más paulatino que el planteado por la Comisión Europea, y
que en todo caso se produzca como consecuencia de una mejora en la financiación
del Estado y no gracias a nuevos recortes del gasto público. El ritmo de
reducción del déficit debe trasladar al final de la legislatura el cumplimiento
de los umbrales de déficit que establece el Pacto de Estabilidad y Crecimiento
de la UE, dado que un ritmo superior podría fácilmente traducirse en una nueva
asfixia económica y en la imposibilidad de fortalecer la cohesión social en
nuestro país.
Debe acordarse igualmente la modificación sustancial de
aquellos aspectos de la Ley de Estabilidad Presupuestaria que más dificultan la
aplicación de políticas fiscales adecuadas a la posición cíclica de la economía
y a las necesidades de reforzamiento del Estado de Bienestar, y debe revertirse
la reforma del artículo 135 de la Constitución.
Además, un gobierno de cambio impulsará una profunda reforma
de dicho Pacto de Estabilidad y Crecimiento, y de las reglas fiscales en la
Eurozona, flexibilizando el objetivo de equilibrio presupuestario en los
términos que plantea este acuerdo en el apartado “democracia internacional”,
para adaptarlo a las necesidades de las distintas economías nacionales.
3. Reforzar el estado del bienestar, fortalecer los servicios
públicos y reformar el artículo 135 de la constitución
La situación económica,
laboral y social exige un cambio en la política presupuestaria para la próxima
legislatura. No puede existir agenda social, ni política de inversiones, sin
una dotación presupuestaria suficiente. Sin un impulso de la actividad
económica no se creará más empleo. Proponemos por ello incrementar la ratio
ingresos/PIB para asegurar el mantenimiento de la ratio gasto/PIB en su nivel
actual (43,3%). Creemos que puede alcanzarse el objetivo de elevar la ratio
ingresos/PIB en 3 puntos porcentuales al final de la legislatura a través de
las medidas que se proponen más adelante.
●La mayor parte del
paquete de expansión fiscal iría destinada a educación y sanidad, de forma que
en los dos primeros años de la legislatura se recupere el nivel de gasto
nominal previo a los recortes, y al final del mandato se haya alcanzado el peso
sobre el PIB de 2009 (4,6% y 6,8%, respectivamente).
●El gasto en protección
social se mantendría 1,1 puntos porcentuales por encima de lo que prevé la
política diseñada por el Partido Popular. Esto permitiría poner en marcha el
Plan de Renta Garantizada, la extensión de la atención a la dependencia y la
revalorización de las pensiones propuesta.
●El desarrollo de la
inversión pública estaría centrado en financiar la transición energética
vinculada al cambio de modelo productivo.
●El resto de la
diferencia con el Programa de Estabilidad se destinaría a políticas
medioambientales, vivienda y servicios comunitarios,ocio y cultura.
●El resto de partidas
(servicios públicos generales, defensa, orden público y asuntos económicos) sí
mantendrían la reducción prevista en el Programa de Estabilidad actual.
Es
decir, el peso del gasto en el PIB quedaría de la siguiente forma: Clasificación
funcional, % PIB
|
2015
|
2019
|
Prog. Estab.
|
Propuesta
|
Total
|
43.3%
|
40.1%
|
43.3%
|
Servicios públicos generales
|
6.5%
|
5.7%
|
5.5%
|
Defensa
|
1.0%
|
0.9%
|
0.8%
|
Orden público y seguridad
|
2.0%
|
1.9%
|
1.7%
|
Asuntos Económicos
|
4.2%
|
4.0%
|
3.7%
|
Protección del medio ambiente
|
0.8%
|
0.8%
|
1.1%
|
Vivienda y suministros comunitarios
|
0.5%
|
0.5%
|
0.7%
|
Salud
|
6.2%
|
5.7%
|
6.8%
|
Cultura, ocio y religión
|
1.1%
|
1.1%
|
1.4%
|
Educación
|
4.0%
|
3.8%
|
4.6%
|
Protección social
|
17.0%
|
15.9%
|
17.0%
|
4.
Plan de lucha contra el fraude fiscal
De
forma reiterada los técnicos de la Agencia Tributaria han reiterado que la
mayor parte del fraude fiscal de nuestro país se concentra en las grandes
empresas y grandes fortunas del país. Necesitamos un plan de lucha contra el
fraude que tome en
consideración esta realidad y que incluya, entre otras, las medidas siguientes:
i.Aprobar
un paquete de medidas contra los paraísos fiscales en el que se aborden los
siguientes aspectos: medidas para conocer los titulares de las cuentas
bancarias en paraísos fiscales, medidas sobre transparencia financiera, medidas
de supervisión y control, y medidas sancionadoras. Estas medidas se
desarrollarán con especial atención para el caso de los grupos multinacionales.
ii.Eliminar
pantallas tributarias. Se revisará la fiscalidad de las SICAV, las SOCIMI, las
sociedades de capital riesgo y las Entidades de Tenencia de Valores Extranjeros
(ETVE) para velar por la inversión productiva y la equidad fiscal. Se revisará
la redacción de los convenios con el fin de evitar la doble imposición para
incorporar normas antielusión.
iii.Aprobar
una Ley anual tributaria.
iv.Incrementar
gradualmente el personal de la AEAT.
v.Elaborar
un Estatuto básico de la Agencia Estatal de Administración Tributaria para
garantizar su autonomía, una dirección profesional y la erradicación del uso
partidario de la institución. El desarrollo de este Estatuto básico contemplará
que en el futuro será el Parlamento quien nombre al director de la AEAT.
5. Reforma tributaria progresiva
El objetivo de esta reforma fiscal debe ser elevar la
capacidad recaudatoria de la Hacienda española, que recordemos se encuentra a 8
puntos del PIB por debajo de la media de la UE.
Una reforma tributaria ambiciosa debería incrementar 3 puntos
porcentuales la ratio de ingresos/PIB a lo largo de la siguiente legislatura.
El mecanismo fundamental para conseguir este incremento en la recaudación debe
ser, además de la lucha contra el fraude fiscal, la ampliación de las bases
tributarias. Además, deberán acercarse los tipos efectivos a los tipos
nominales mediante la eliminación de las deducciones más regresivas, deberá
instaurarse un tipo efectivo mínimo para las grandes empresas (del 15%), habrá
que desarrollar un impuesto sobre Transacciones Financieras, recuperar y
reforzar los impuestos sobre la riqueza, sucesiones y donaciones (modificándose
además el mínimo exento en el Impuesto de patrimonio). Habrá de reducirse
además la dualidad de la tarifa entre rentas del trabajo y ahorro. Debe
instaurarse un Impuesto de Solidaridad a las entidades financieras privada con
carácter extraordinario, con el fin de recuperar parte de las ayudas públicas
recibidas por el sector.
Esta reforma debe hacerse además reforzando la progresividad
de nuestro sistema. Para ello se aplicará el tipo superreducido del 4% de IVA a
un mayor número de alimentos y productos sanitarios de primera necesidad, y el
tipo reducido del 10% a todos los suministros básicos (calefacción, gas,
electricidad) que actualmente no lo tienen.
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