II. Democracia social
11. Renta Garantizada
Creación de un programa de renta complementaria a los
ingresos existentes para todos los ingresos por debajo del umbral de la pobreza
monetaria. La cuantía inicial será de 600 euros mensuales para las unidades de
convivencia de un sólo miembro, y aumentará progresivamente en función del
número de miembros (35% adicional para el segundo miembro, y 20% por cada uno
de los siguientes) hasta un máximo de 1290 euros.
12. Suministros básicos
Establecimiento de una tarifa por tramos sociales para
combatir los cortes de agua y la pobreza energética que afecta a 1,4 millones
de hogares. Un mínimo vital básico de suministro eléctrico garantizado cuya
tarifa se fijará en función de la renta. El mínimo vital de suministro de agua
es 60 litros al día según la Organización Mundial de la Salud. Creación de un
bono con una tarifa gratuita para todas aquellas personas que no tengan
ingresos y otra súper reducida para las que se encuentren en situación de
pobreza y/o exclusión social.
13. Vivienda
Paralización de los desahucios por motivos económicos
probados. Derecho a la dación en pago con carácter retroactivo y a la
reestructuración de la deuda hipotecaria en los términos señalados en el punto
7 del capítulo de Democracia económica. Conversión de la Sareb en un
instrumento de gestión de un parque público de vivienda en alquiler. Se
regulará por ley el concepto de alquiler social, que no podrá superar el 30 %
de la renta familiar (incluidos gastos de suministros). Regulación de la
Función social de la vivienda, sancionando a las entidades financieras y
sociedades de gestión de activos que posean viviendas deshabitadas.
14. Nueva Ley de
Educación
Derogación de la LOMCE y desarrollo de una nueva Ley de
Educación basada en el documento Por otra política
educativa,
elaborado con la comunidad educativa. Educación pública, gratuita, laica e
inclusiva mediante la ampliación de centros de titularidad pública, hasta
cubrir todas las necesidades de escolarización de Educación Infantil (0-6
años). Recuperación de la inversión en educación hasta alcanzar la cota del
4,6% del PIB los primeros dos años de legislatura, que se ampliará
progresivamente para alcanzar la media europea (6,2%). Moratoria de conciertos
educativos, junto a un plan para su supresión progresiva mediante la
integración voluntaria de centros privados-concertados en la red de centros
públicos.
Se acordará con la
comunidad universitaria una Ley de Universidad e Investigación pública al
servicio de la sociedad, que incluya la mejora de su financiación y asegure la
gratuidad de la enseñanza universitaria como objetivo, fijando mientras tanto
tasas mínimas y un sistema de becas-salario para garantizar el acceso
universal. Rechazo del “3 + 2” y propuesta de un gobierno democrático en las
universidades. Desarrollo de Programa Nacional de
Introducción
a la Investigación, orientado a fortalecer la carrera investigadora en sus
fases iniciales.
15. Sanidad
Acceso universal a la tarjeta
sanitaria, también para los inmigrantes y personas con nacionalidad española
que residen en otros países, quienes pierden el acceso a la cobertura sanitaria
universal noventa días después de su salida del país. Estudio y evaluación de
la cartera de medicamentos financiados por el sistema sanitario para después
proceder a su ampliación. Rechazo de la implantación del repago farmacéutico.
Incremento del presupuesto público en sanidad hasta alcanzar la cota de 6,8%
del PIB en 2019. Potenciación de la Atención Primaria como alternativa a los
recortes para salir de la crisis, incrementando sus recursos para mejorar su
capacidad diagnóstica y terapéutica. Defensa del carácter público del sistema
nacional de salud.
*++
No hay comentarios:
Publicar un comentario