Negro balance de un pingüe negocio: más de 24.000
ancianos muertos
Españas, Sociedad 4
enero, 2021 Félix
Población
Casi la mitad
de los fallecidos en España por coronavirus o síntomas similares fueron
ancianos internados en las residencias. Creo que no se ha reparado lo
suficiente en este geronticidio. La cifra oficial contabiliza
24.372 personas alojadas en los 5.437 centros del país: el 48,5 por ciento del
total oficial de muertos registrados.
De nada valió
que en algunas de las comunidades autónomas donde fue mayor el número de
fallecidos se solicitara una comisión de investigación, a la que –como ocurrió
en Castilla y León– se negó el Gobierno regional, según denunciaron los
diputados de la oposición. La muerte de más de 3.500 de nuestros mayores
quedará así enterrada en la inmunidad del olvido.
Asquea esa
política. Es la misma que preserva y auspicia el negocio que se está haciendo
en España con quienes forjaron este país y nacieron y crecieron entre las
penalidades de una guerra y una posguerra. En buena medida, ese negocio se
nutre del Estado. El 41 por ciento de los 4.500 millones de euros de
facturación de las residencias en 2018 procedían de la gestión de plazas
concertadas (1.370 millones) y de la gestión privada de plaza públicas (475).
El resto (2.655 millones) se obtuvo de la gestión de plazas privadas, pagadas
íntegramente por los usuarios.
La expansión
del negocio en el sector se debe a la creciente entrada de dinero
público: en 2019 se ofertaron más de 270.000 plazas, 42.000 más que hace
diez años, según datos del CSIC. Con toda seguridad, ante estos números, la
oferta privada seguirá creciendo en el futuro, máxime si los gobiernos
autónomos de cada comunidad no intervienen para reducir el déficit de plazas
existente. España está en un 4,3 por cada cien habitantes mayores de 65 años,
por debajo del 5 que aconseja la Organización Mundial de Salud.
De las cinco
principales compañías que administran las residencias, todas con más de 45
geriátricos, dos tienen como principal accionista a fondos buitre de Jersey (Vitalia
Home y Colisée), una a un fondo inglés (DomusVi) y otra a un
fondo de pensiones canadiense (Orpea). Cinco de los ciudadanos más ricos
de España están en ello: Florentino Pérez, los ‘Albertos’ (Clece),
Modesto Álvarez Otero y Carlos Álvarez Navarro (Ballesol). Así como la
quinta fortuna de Francia: la familia Mulliez (Amavir). Dos grupos los
controlan empresarios implicados en el caso Gürtel: el ya condenado Enrique Ortiz
(Savia) y el doblemente procesado José Luis Ulibarri (Aralia).
Son datos aportados por InfoLibre en un reciente reportaje.
España es uno
de los países con más alta esperanza de vida. Las residencias son un pingüe
negocio al alza que seguirá nutriendo la desalmada codicia de quienes mercadean
con la ancianidad, el periodo más respetable de la vida en muchas viejas
culturas, y someten a la precariedad laboral más indigna a los trabajadores de
esos centros. Un maldito virus ha venido a gritarnos que a nuestros mayores se
les ha dejado morir en soledad y silencio. Hasta la fecha no hemos
percibido una reacción para que el Estado, a través de los gobiernos
autonómicos, evite o palíe que, ola tras ola, esa tragedia se repita.
¿Esperamos a la tercera?
Acabo de ver la
foto del menú de una residencia de Cáceres, gracias a la asociación de Técnicos
en Cuidados y Auxiliares de Enfermería: un grumoso puré y un par de
bocados de un minúsculo trozo de pescado reseco. Esa pudo ser la última
cena de uno de nuestros niños de la guerra y la posguerra que conocieron las
cartillas de racionamiento, antes de que el maldito virus estrangulara su
aliento en la soledad de su cuarto.
Publicado originalmente en La Última
Hora.
*++
