miércoles, 7 de septiembre de 2016

AL GOBIERNO DEL PP NO LE GUSTA LA GASEOSA, PREFIERE EL TRINQUE

Los abusos más flagrantes del fondo buitre al que Ana Botella vendió 1.860 viviendas sociales

kaosenlared
Por eldiario.es
06.09.2016
Alquileres más altos, precios del agua disparados y desahucios sin alternativa son algunas de las consecuencias de la venta de pisos protegidos a Blackstone

 La expulsión de su casa de la presidenta de afectados por la venta de la EMVS, pese a que tiene los pagos al día, se suma a la lista

La macrooperación inmobiliaria puesta en marcha por el anterior Gobierno municipal del PP ha acabado en los tribunales
Pancartas colgadas en la urbanización de Julia y Paloma el día de su desahucio. \ C.
Pancartas colgadas en la urbanización de Julia y Paloma el día de su desahucio. \ C.
Los inquilinos de las 18 promociones de casas que el equipo de Ana Botella vendió al fondo buitre Magic Real Estate-Blackstone por 120 millones de euros han visto cómo sus viviendas, de origen social, se han convertido en pisos sometidos a las exigencias del libre mercado más feroz, en el que se mueven sus nuevos caseros: los fondos de inversión.
A Arancha Mejías, presidenta de la plataforma de afectados por la venta, el trabajo de destapar los comportamientos del fondo buitre y las  dudosas condiciones del proceso de venta –cercadas ahora por un informe de la Cámara de Cuentas– le ha costado caro. Le ha costado su casa. Fidere (filial de Blackstone) le ha remitido un burofax en el que le informa de que no le renueva el contrato. Recopilamos algunas de las situaciones denunciadas por los afectados en estos años.

Desahucios sin alternativa

José se fue antes de que lo echaran. Julia resistió y consiguió frenar su desahucio, pero al final tuvo que irse, igual que Mari Carmen. Todos ellos fueron desahuciados de su casa por Blackstone. Los precios del alquiler los asfixiaron y el fondo buitre los expulsó sin ofrecerles una alternativa habitacional.
Ahora, José, que empezó a pagar el alquiler con opción a compra de la empresa municipal de la vivienda (EMVS) pensando que esa vivienda algún día sería suya, vive en casa de sus padres. A Julia, de 80 años, el Ayuntamiento de Madrid le adjudicó una vivienda de una red solidaria en la que tuvo que ir realojando a los desahuciados de los fondos a los que vendió sus casas. Perdió a su hija, enferma, en el proceso.
Este modus operandi de realojo era habitual y se llevaba a cabo para e vitar el ruido mediático que supone un desahucio de este tipo. Blackstone se ahorraba así “asumir el coste social” de echar a las familias de sus casas con la ayuda del consistorio, a quien pasaban listas con los futuros desahuciados.

Subidas del 40% en los alquileres

Las condiciones de venta obligaron a Fidere, filial de Blackstone en España, a subrogar el precio del alquiler a las familias cuyo contrato con la EMVS aún estuviera vigente. Pero solo hasta la siguiente renovación. A partir de ese momento, el fondo es libre de subir las cuotas mensuales de sus inquilinos, con aumentos progresivos de hasta el 43% acumulado en tres años.
Recordamos que el perfil de los adjudicatarios de estas viviendas es el de personas que, por sus condiciones económicas y/o familiares, no pueden permitirse una vivienda en el mercado libre.

Precios del agua disparados

Fidere no solo tiene en propiedad pisos de la EMVS. Durante estos años ha ampliado su cartera comprando viviendas públicas en otras zonas de la Comunidad, como en Torrejón de Ardoz. En esta localidad, el fondo adquirió al Banco Popular unos 200 pisos de alquiler público procedentes del Plan de Vivienda de la Comunidad de Madrid que la entidad había ganado por sorteo y aplicó a sus inquilinos subidas en los suministros de más del 100%.
El cambio de la empresa contratada por Fidere para la gestión energética del edificio  cargó a las familias con subidas de precio por metro cúbico de agua caliente (de 0,9 a 3,25 euros) y de la calefacción (de 0,04 a 0,07 euros por Kw/h). Además, en el caso del agua los inquilinos tienen que asumir dos nuevos importes extra: un “depósito de garantía” de 50 euros y una cuota de 8,55 euros a cada vivienda.

Miles de inquilinos en sus manos

Desde 2014, Blackstone se ha ido haciendo  con un buen puñado de promocionesinfiltrándose en las empresas que recibieron –en el marco de planes públicos de vivienda– el encargo de sacar adelante los bloques de pisos. La cartera del fondo se compone hoy  por más de 1.900 casas distribuidas por toda la Comunidad de Madrid en las que viven miles de inquilinos sujetos a sus condiciones.

La situación en los tribunales

El Ayuntamiento de Madrid quería sanear sus endeudadas arcas públicas y para ello se embarcó en una macrooperación inmobiliaria sobre la que hoy planean indicios de ilegalidad por saltarse la ley de concursos públicos en el proceso de adjudicación, según un informe de la Cámara de Cuentas. Este informe, que reveló en exclusiva este medio, sostiene que el consistorio vulneró las “más elementales reglas de buena gestión” al facilitar información privilegiada a cuatro empresas –una de ellas la adjudicataria final– sobre las condiciones de la venta antes de anunciar el proceso públicamente.
Los afectados se querellaron sin éxito contra el Ayuntamiento por este proceso, que permitió comprar a Blackstone 18 promociones de vivienda a un precio más que atractivo. También lo hizo el PSOE, aunque ambas causas se archivaron. Ahora, el actual consistorio de Ahora Madrid, tras explorar la vía de iniciar una comisión de investigación sobre la deuda del Ayuntamiento, quiere intentar reabrir la causa como querellante avalado por los argumentos del citado documento de la Cámara de Cuentas y el informe jurídico de un despacho de abogados.
http://www.eldiario.es/sociedad/flagrantes-Ana-Botella-viviendas-sociales_0_555745117.html
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martes, 6 de septiembre de 2016

¿FRAUDE ELECTORAL? CON MARIANO RAJOY Y SUS ACÓLITOS DE POR MEDIO NO NOS PODEMOS FIAR NI DE NUESTRA SOMBRA

Una corporación armamentista contando los votos de Unidos Podemos

Por Diego Herchhoren
Kaos en la red
05.09,2016

El líder de Podemos, durante la opinión que realiza habitualmente para introducir el debate de su programa Fort Apache, excluyó la hipótesis del fraude porque, dice, “es impensable en un país como España”. Esto se traduce inevitablemente en que la opacidad del sistema va a continuar. En el caso de Alberto Garzón, todavía esperamos alguna reflexión.
Gracias a Podemos, el sistema puede tirar unos años más.


Se trata de un sistema que ya ha dado serias muestras de falta de veracidad. El grupo de trabajo británicoOpen Rights Group recordó que desde hace años los sistemas de voto o recuento electrónico no auditadosson una auténtica “caja negra de votos”, parafraseando así a la investigación realizada por el consultor Bev Harris sobre los riesgos de fraude en la intervención de las empresas IT en procesos electorales.El sistema de e-counting patentado por Indra es según sus desarrolladores una solución basada en el reconocimiento óptico de caracteres (OCR) que permite el “recuento automático de papeletas o actas electorales, basado en la digitalización de las imágenes e interpretación de las mismas“. La inexistencia de una fiscalización o auditoría tecnológica de un sistema de e-counting permite a la empresa proveedora alterar todos los resultados electorales.
La frase de Pablo Iglesias que afirmaba que el riesgo de pucherazo en España es materialmente imposible no solo es incierta, sino que deja en bandeja que los administradores del sistema electoral electrónico hagan y deshagan sin que los electores se enteren.

Sin auditoría, el sistema es alterable

Todos los usuarios de un ordenador tienen en mente los riesgos de seguridad que existen en la transmisión de los datos que pasan por él. Los sistemas de votación y de cómputo electrónico no son diferentes. Una de las características propias del robo de datos o su alteración por medio de artificios informáticos parte de la premisa de que el usuario o víctima no debe enterarse de esta operación. El hackeo de servidores o de almacenes informáticos se practica mediante un problema de seguridad que el usuario o responsable del ordenador no ha podido detectar.
Esto ocurre principalmente en las empresas que utilizan software patentado. El uso de software no sujeto a auditorías públicas normalemente se hace en función de la necesidad de la empresa de que otras competidoras no copien o reproduzcan ilegalmente el software de su invención. Aplicada esta lógica a los procesos de recuento electrónico de votos supone que cualquier fallo o alteración del código fuente que afecte a los resultados electorales no será percibido correctamente por los usuarios del sistema, esto es, partidos políticos, votantes, candidatos, etc.

El e-counting es un instrumento de fraude

Amy Goodman, editora de Censored Project, una iniciativa que estudia las noticias más censuradas por las corporaciones mediáticas norteamericanas, decía: “George Bush pudo ganar las elecciones presidenciales cabalgando sobre un fabuloso fraude tecnológico de las corporaciones que fabrican las máquinas electrónicas de votación, que a la vez proveen al gobierno -vía Pentágono- con lucrativos materiales y equipos para su guerra en Iraq. Lo que hasta ayer parecía ciencia ficción, hoy se presenta más real que nunca: las computadoras están habilitadas para elegir ellas en vez de los ciudadanos, en una doble jugada en favor de las ganancias corporativas y el poder político, o sea, “la democracia”. Ésta fue la sexta noticia más censurada por el gran tinglado mediático corporativo y detectada sólo en algunos medios alternativos por el Proyecto Censurado de la Universidad Sonoma State de Santa Cruz, California.
España es sin duda un país en el que el poder económico ha dedicado enormes esfuerzos en borrar la memoria. En el año 2010, una consulta realizada por el Ayuntamiento de Barcelona sobre las obras de ampliación de la Diagonal, fue adjudicado a INDRA. En aquella ocasión, las juventudes de Esquerra Republicana de Catalunya demostraron con un irónico vídeo cómo pudieron suplantar la identidad de la Infanta Cristina en la votación.

El caso de Iniciativa Internacionalista en 2009

La ausencia total de una auditoría independiente de estas empresas convierte el resultado de las elecciones en un acto de fe en la autoridad que los proclama. En el año 2009, la candidatura Iniciativa Internacionalista-La Solidaridad entre los Pueblos impugnó los resultados de aquellas elecciones europeas donde su denuncia estaba vinculada a la intervención de esta empresa. En aquella ocasión se registró un aumento significativo del voto en blanco, esto es 125.165 votos blancos más que en las elecciones europeas de 2004, cuestión sin duda anormal ya que ninguna fuerza política había hecho un llamamiento en ese sentido.
Las anomalías más graves que esta candidatura pudo detectar fundamentalmente en el País Vasco, donde también se percibía un aumento anormal respecto a los  votos nulos, siendo que en el año 2004 se registraron 154.209 votos nulos, de los cuales 113.000 pertenecen a los atribuidos para la candidatura ilegalizada Herritarren Zerrenda, opción que impulsó la izquierda abertzale. Es decir, existieron 42.000 votos nulos que no correspondían con HZ y que podríamos decir que son votos nulos técnicos. En 2009 se registraron 98.079 votos nulos, 50.000 votos más de lo normal.
La conclusión que planteó en aquel momento la portavoz de la candidatura, la abogada Doris Benegas, era que había una parte del proceso de recuento que, de manera automatizada, había asignado votos de Iniciativa Internacionalista a otras formaciones.

Una corporación armamentista contando los votos de Unidos Podemos

Igual que en EEUU muchas empresas del lobby armamentista han contribuido, financiado e instrumentado las máquinas de votación que han permitido victorias electorales de los partidos a los que contribuían a su financiación, en España la situación no es muy diferente.
INDRA, empresa concesionaria del sistema de e-counting de las elecciones del 26 de junio, es sin duda un hermano menor de los escándalos que otras empresas del rubro protagonizaron en el país norteamericano. Al igual que las contratistas de Defensa Election Systems & Software (ES&S), Diebold y Sequoia son las compañías primariamente involucradas en poner en marcha las nuevas tecnologías de votación en EEUU, INDRA es una empresa investigada por la Audiencia Nacional por pagar mordidas a cambio de contratos públicos, estableciendo una relación de enorme complicidad entre ésta y los diferentes gobiernos de turno. Si bien últimamente se ha vinculado a INDRA con la trama de financiación ilegal del PP, el PSOE tampoco está libre de pecado.
A esto hay que sumar que la empresa tiene la certificación PECAL, que es la acreditación como proveedor armamentista de la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN) y por tanto sus perspectivas de negocio están vinculadas inexorablemente a que la política exterior y de defensa española siga igual que antes.

La parte lamentable: Iglesias y Garzón se comen el guiso

Unos mimbres como estos deberían alarmar a todos los militantes y simpatizantes de Podemos e Izquierda Unida. Debería ser motivo de profundos debates y preguntas que permitieran poner en duda la validez de un sistema que no controlan y que, al igual que ocurre con prácticamente con todos los ámbitos de la política española, no deciden absolutamente nada (siendo éste precisamente el motivo que los impulsó a militar y votar a Unidos Podemos).
Pero nada de eso ha ocurrido. El líder de Podemos, durante la opinión que realiza habitualmente para introducir el debate de su programa Fort Apache, excluyó la hipótesis del fraude porque, dice, “es impensable en un país como España”. Esto se traduce inevitablemente en que la opacidad del sistema va a continuar. En el caso de Alberto Garzón, todavía esperamos alguna reflexión.
Gracias a Podemos, el sistema puede tirar unos años más.
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SI RAJOY NO PUDIERA FORMAR GOBIERNO, QUÉ MADARIAN SUS AMOS QUE HICIERA, ¿CAPRILIZAR, VERSUS CAPRILES, LA POLÍTICA ESPAÑOLA?



Las motivaciones económicas detrás del golpe neoliberal en Brasil

Rebelión
CELAG
05.09.2016

Semana aciaga para la democracia en Brasil y en toda la región. Se consumó el golpe contra el gobierno de Dilma Rousseff. Es un golpe contra la democracia. Es un golpe contra los gobiernos del “Partido dos Trabalhadores” (PT) que consiguieron reducir la pobreza extrema en más de un 63%. Es indudablemente un golpe motivado por fuertes razones económicas, pero también es un “golpe racista, misógino y homofóbico” como la propia mandataria reflejó en su discurso ante el Senado. Es un golpe de la élite contra las mayorías. 

Brasil, ese gigante que durante tantas décadas padeció el hambre, la miseria y las desigualdades heredaras del inefable pasado colonial, que comenzó a despertar de su pesadilla en 2003 con la llegada al poder del PT, y que ahora ve truncarse su sueños de poder cerrar sus venas abiertas por culpa de la voluntad egoísta de unas élites ligadas al capital transnacional.

El siglo XXI supuso para la región un nuevo aroma que hacía demasiado tiempo que no se respiraba. La larga y oscura noche neoliberal acababa. Venezuela, Argentina, Brasil, Bolivia, Ecuador, Uruguay, Paraguay… una ola de cambio recorría la región. Esto se tradujo en avances indudables en los indicadores sociales (sanidad, educación, pobreza, desigualdad…) y en muchos casos también institucionales. Los cambios eran urgentes, porque el paciente entraba en el nuevo siglo en estado de coma. Las recetas muy diferentes de aquellas aplicadas por el Fondo Monetario Internacional (FMI) o el Banco Mundial (BM). Aquellas siempre se han mostrado efectivas para el beneficio de las élites y el empobrecimiento de las mayorías.

Pero no es objeto de este texto hacer un mapa del estado de situación en la región y debatir sobr la tesis del supuesto cambio de ciclo. El objeto es centrarnos en Brasil, y concretamente en la propuesta económica que empuja hacia el golpe en Brasil y nos ayuda a entenderlo. Para esto tenemos que volver la mirada atrás un poco hacia atrás.

En primer lugar, como ya se ha dicho, los logros sociales y económicos de los gobiernos del PT son incuestionables. Estos logros sociales se fundamentaron en un aumento de la capacidad redistributiva del Estado, esto a través de una gran cantidad de programas sociales y el fuerte aumento de la inversión social. Sin embargo, la distribución primaria del ingreso no se modificó, pero como el pastel era cada vez más grande, aunque el Estado sacara una buena parte del mismo y lo destinara para mejorar las condiciones de vida de la mayoría, las élites económicas también veían aumentar sus ingresos sin ver en peligro sus privilegios. Así funcionaba el pacto interclasista con el beneplácito del Estado.

En segundo lugar, la ruptura de este pacto se produce con el segundo mandato de Dilma, donde el desencadenante fue la menor disponibilidad presupuestaria. Esta reducción de recursos se presenta en forma de dilema dicotómico. A menores recursos caben dos opciones: 1) quitar a las grandes mayorías y que sean ellas las que soporten el peso de la restricción presupuestaria al más puro estilo neoliberal, o 2) apostar a que sean las élites privilegiadas y adineradas las que soporten con mayor fuerza el ajuste.

¿Por qué salida apostó la presidenta Dilma Rousseff? Pues en un primer momento intentó alargar el pacto con las élites y fruto de ello, entre otras cuestiones, fue la designación como Ministro de Economía de Joaquim Levy, que entró en el gabinete el 1 de Enero de 2015. La prensa opositora lo tomó bien porque esa entelequia que son los mercados decían estar contentos con la apuesta. El resultado tras conocerse esta designación fue la fuerte subida de la bolsa brasilera (la mayor en los tres años anteriores) y el fortalecimiento del Real frente al Dólar estadounidense. Por su parte, en este momento, el lobo con piel de cordero del PMBD celebraba esta reorientación y su recompensa en el Gabinete que pasó de 5 a 6 miembros del partido. El pacto con el diablo parecía funcionar, al menos para mantener contentas a las élites.

Sin embargo, las disputas no tardaron en saltar a la luz, ya que esta reorientación suponía romper con los postulados clásicos del PT. El pacto con la ortodoxia exigía cada vez más ajustes. El detonante se dio en la controversia entre la presidenta Dilma y Joaquim Levy con uno de los programas sociales estrellas del PT, el programa Bolsa Familiar[1]. Finalmente, a menos de un año desde su llegada, concretamente el 17 de diciembre de 2015 se hacía oficial un secreto a voces, la salida de Joaquim Levy del Ministerio de Economía. Ese día, los “mercados” mostraron su descontento. La bolsa brasilera cayó un 2,14% y el Real cayó fuertemente frente al Dólar. Aunque la salida se produjo el 17, las discrepancias venían de mucho antes por la apuesta de la presidenta por la otra salida, aquella que apostaba porque fueran los que más tienen, los que soportaran la restricción presupuestaria. Fruto de esto fue el inicio del proceso de impeachment el 2 de diciembre de 2015. Es decir, el detonante para la activación fue la elección del camino contrario a los intereses de las élites económicas. Las cartas se iban poniendo sobre la mesa. O Dilma Rousseff aceptaba el pacto (chantaje) o la sacarían por cualquier medio de la presidencia.

Para esa fecha, Joaquim Levy ya había cumplido su función. Iniciar una fase de shock económico que además de promover fuertes ajustes, elevó la inflación por encima del 10%, algo impensable un año antes. Las condiciones estaban dadas para que el FMI y el Banco Mundial se unieran al festín. Y por cierto, desde finales de 2015 Joaquim Levy también era Director General y Director Financiero del Grupo Banco Mundial.

Pero aún faltaba el toque de complot de los capitales internacionales. Para esto el FMI fue reduciendo progresivamente las proyecciones de crecimiento de Brasil hasta convertir la situación de la economía brasilera en una gran recesión que no levantaba cabeza. Cuando iniciaba el proceso de impeachment el FMI anunciaba una recesión del PIB de Brasil del 3,8%, mientras que la CEPAL decía en el mes de abril que la caída del PIB sería del 0,9%. El shock, si no es real, debe ser inducido. Sin embargo, tras la llegada provisional al poder de Temer en Abril y con la revisión que hizo en julio el FMI de la economía brasilera, corrigió la caída del PIB para este año al 3,3% debido “a que el desempeño de la economía brasileña en el primer semestre ha sido mejor de lo previsto, y con ello se prevé que la contracción anual será menos drástica de lo que se había pensado”. Además, el FMI también mejoró las previsiones de crecimiento para el 2017, pasando de un crecimiento nulo a un crecimiento estimado del 0,5%. Con esto, se quería evidenciar que el primer paquetazo de Temer tenía rápidamente efectos positivos sobre el crecimiento. Eso sí, por supuesto que obviando las condiciones de vida de las grandes mayorías, la calidad democrática, y cómo no, comparándo con las previsiones anteriores que el organismo había lanzado para desacreditar el desempeño económico del ejecutivo de la presidenta Rousseff. Si finalmente la economía brasilera cae “sólo” el 2%, incluso más de lo que auguraba la CEPAL a comienzos de año, será un supuesto éxito de las políticas temerarias del nuevo ejecutivo en comparación con las previsiones catastrofistas del FMI.

Pero ¿en qué consisten estas medidas económicas del Gobierno de Temer?. El primer paquetazo ha consistido en un fuerte impulso de las privatizaciones de todo aquello que era rentable para el Estado, y por tanto, para la sociedad brasilera. Comenzó por el sector eléctrico, donde se están privatizando más de 200 pequeñas empresas que además de rentabilidad cumplían la función social de llevar electricidad a la mayoría de lugares del país. Las privatizaciones también han llegado a las empresas de transporte y a las de gestión aeroportuaria y portuaria. Otras instituciones públicas se abren a una mayor participación privada como el Seguro de Caixa Económica Federal o el Instituto de Reaseguro de Brasil[2]. Y por supuesto, en la puja por el expolio, no podía faltar la nueva joya de la corona brasilera, los grandes yacimientos petrolíferos del presal.

No sólo están en venta los activos del país. Sino que toda la inversión social, aquella que ha conseguido los tan importantes avances sociales en términos de reducción de la pobreza y la desigualdad o acceso a la educación y la sanidad, también está sufriendo el ajuste. Desde que Temer ocupó de forma provisional la presidencia, expuso su voluntad de eliminar el fondo creado para invertir los ingresos petroleros en educación, en julio eliminó las prestaciones de la Bolsa Familia excluyendo a 10 millones de familias de dicha ayuda. Y esto sólo fueron algunas de las cosas realizadas durante el interinato antes del 31 de agosto. Ahora, ya consolidado el golpe, ha lanzado nuevos recortes en derechos laborales y pensiones, recortes para la salud, donde el ajuste para el próximo año se espera que llegue casi al 40%. Sin embargo, a pesar de todos estos recortes, el déficit público en 2016 según el propio ejecutivo de Temer será de $48.000 millones, mucho más alto que los $27.286 millones de déficit en 2015, que supuestamente era intolerable y motivado por el supuesto despilfarro del dinero público en las medidas de protección social.

Quienes son los ganadores y quienes son los perdedores con el golpe están claros. Cuales son los intereses de los ganadores también. Como dijo Dilma, “la historia será implacable con los que se creen vencedores”. Dilma Roussef sobrevivió a las torturas y vejaciones de un régimen militar, seguro no se arrodillará ante los atropellos de unas élites corruptas que para nada gozan del apoyo popular. El golpe contra la democracia en Brasil es un golpe del capital, intolerante con aquellos gobiernos que piensan en las mayorías por sobre las élites. El neoliberalismo ha vuelto en forma de golpe.

 Notas:
[1] El Programa Bolsa Familiar beneficiaba a casi 60 millones de pobres proporcionando una ayuda financiera para cubrir las necesidades básicas de las familias.
[2] Para un mayor detalle de la primera oleada privatizadora ver Serrano, A. (2016). “Brasil en rebajas” publicado en http://www.celag.org/brasil-en-rebajas/  publicado el 19 de Julio de 2016.

Fuente: http://www.celag.org/el-neoliberalismo-detras-del-golpe-en-brasil/

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lunes, 5 de septiembre de 2016

PUBLICADO EN CRÓNICA DE ARAGÓN

Gobierno del PP, tal que marrano en charco de corrupción
5. septiembre 2016 | Por Manuel Sogas | Categoria: El ojo atípico, Magazine, Opinión



No hay duda de que funcionan las medidas contra la corrupción, esas de las que los jefatones del PP se llenan la boca (y a veces, los bolsillos, pues no hay corrupción sin bolsillo colindante). Pero funcionan de guatipedi para el corrupto, que no sólo no tiene que devolver lo robado a la sociedad, sino que además se le premia. Y seguramente esto sea así, porque las medidas contra la corrupción que dice haber tomado el gobierno de Mariano Rajoy, sean medidas tomadas sin metro, aproximadamente, a ojo de buen cubero, millón arriba, millón abajo.

El caso más reciente (y que se sepa) de que las medidas anti corrupción tomadas por Mariano Rajoy funcionan para el corrupto como agua bendita (por seguir el lenguaje beático del ministro Jorge Fernández), lo podría representar el caso del exministro de Rajoy, José Manuel Soria, sujeto que se vio obligado a dejar la política por aparecer su nombre, no en ningún santo confesionario (por seguir a Jorge Fernández y amigarme con él), sino en sociedades ocultas en paraísos fiscales, el pan suyo (de los corruptos) de cada día.

Al sujeto José Manuel Soria lo propone el gobierno de Mariano Rajoy como representante de España y como un alto ejecutivo en el Banco Mundial (¡cágate lorito!), con la bagatela añadida de 250.000 dólares anuales. Más o menos el equivalente a los dos o tres euros que ha subido las pensiones en mismísimo Mariano llegado a la Moncloa en carne mortal.

Preguntados algunos miembros del gobierno por este asunto, dicen no saber nada, lo que vendría a confirmar la rutina cotidiana de la corrupción que utiliza el gobierno habitualmente, porque mentir es el abecé de la corrupción. Lo que a su vez, pero muy inexactamente, nos podría llevar a la conclusión de que nos hallamos ante un gobierno corrupto, cuando en realidad, no es que el gobierno sea corrupto, sino que lo corrupto es el sistema, dentro del cual se halla el gobierno, la monarquía y, en general, los partidos políticos, contra cuyo sistema corrupto nos inscribimos algunos.

Al sujeto José Manuel Soria, lo propone como representante de España en el Banco Mundial, la Comisión de Evaluación de Candidatos a las Instituciones Financieras, dependiente del Gobierno y, concretamente, del ministerio de Economía y Competitividad, que se rige para ello por el criterio de idoneidad y el historial de servicio público, así como por la experiencia en las materias que le corresponden.

Visto lo visto, el sujeto José Manuel Soria, dada su experiencia en la mentira y sus conocimientos sobre paraísos fiscales, todos ellos perfectamente acreditados, resulta mucho más idóneo para representar a España en el Banco Mundial, que lo que pudieran ser Rodrigo Rato o el señor Blesa, descartando a Bárcenas, porque al haber sido las manos derechas de Rajoy y el PP, les huele mucho el aliento.


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LA CORRUPCIÓN NO LA PUEDEN ERRADICAR LOS CORRUPTOS, HOY EN A POLÍTICA, NI UN SISTEMA CORRUPTO COMO EL NUESTRO PUEDE SUBSISTIR SIN LA CORRUPCIÓN, O SEA...

La corrupción en la UCD de Suárez

La corrupción en la UCD de Suárez
Benito Sacaluga
Ecorepublicano
02.09.2016

Llevamos 40 años en democracia y no ha pasado ni un solo año sin que los casos de corrupción política hayan llenado las portadas de los periódicos. Desde el Partido Popular y desde Ciudadanos nos anuncian medidas contundentes para acabar con la corrupción en nuestro país. Medidas que se me antojan insuficientes e hipócritas, más aún si van acompañadas de una enumeración de aquellas maniobras que han de ser calificadas como corruptas.

Teniendo en cuenta que las posibilidades de hacerse con dinero público desde los partidos gobernantes son prácticamente ilimitadas, y además muchas de ellas escapan a cualquier control, eso sí, finalmente todas ellas a costa de los bolsillos de los españoles, parece razonable pensar que todo este asunto debe ser solucionado única y exclusivamente por los jueces. Ellos son los indicados y los políticos, el Legislativo y sin rechistar, deberían elevar a rango de ley las propuestas de los jueces y aprobar cuantas reformas se aconsejen. Acabar con la corrupción es un acto de justicia, y de justicia quienes entienden son los jueces..

La corrupción en la España democrática comenzó antes de que se celebraran las primeras elecciones. Los partidos, todos, necesitan dinero y deben sacarlo de donde sea y como sea. A modo de ejemplo:

(1) En la Unión de Centro Democrático, (UCD), el partido de Adolfo Suarez, instalado en el poder desde que en junio de 1977 ganase las primeras elecciones democráticas, se conocía con suficientes detalles cuales eran lasvías de financiación del PSOE desde Venezuela.

Pero los hombres de Suarez, que acababan de salir de las tinieblas de la dictadura, no serían quienes tirasen la primera piedra. Para los altos cargos de la UCD, con responsabilidades fuera y dentro del Gobierno, era preferible dejar que los socialistas se hundiera en las turbias aguas de la corrupción que se generaba en los Ayuntamientos, antes de escuchar la lengua afilada y viperina de Alfonso Guerra en el Parlamento llamando a su jefe de filas, Adolfo Suarez, "Tahúr del Misisipi".

A pesar de todas las acusaciones de corrupción hechas públicas por los dirigentes socialistas en el Congreso de los Diputados, reproducidas en titulares por la mayoría de los periódicos, lo cierto es que el PSOE no tuvo nunca, en los años en que estuvo en la oposición, datos concretos que pudieran implicar a sus oponentes en negocios de corrupción política.

Mientras Felipe González y Alfonso Guerra lanzaban todo tipo de ataques a sus oponentes, que al carecer de pruebas documentales se convertían automáticamente en meros juegos florales para la galería, la UCD había encontrado un cómodo sistema de financiación, basado en cuatro fórmulas distintas, que los socialistas nunca llegaron a descubrir.

Una de las vías de acceso de dinero negro a las arcas del partido procedía de las empresas del sector eléctrico. La UCD había apoyado con la mayor voluntad del mundo la construcción de la central nuclear de Lemóniz en el País Vasco. Cuando los inversores llevaban casi dos billones de pesetas gastados, la instalación no se pudo inaugurar debido a una feroz campaña terrorista de ETA, que culminó con el asesinato de dos de los ingenieros de la central, y con varias amenazas de muerte a toda la plantilla.

El cierre de la central nuclear fue un duro golpe para las empresa del sector eléctrico y, probablemente, hubiese significado la quiebra de muchas empresas, si el Gobierno no hubiese cargado los costes de construcción de la planta a los recibos de la luz de millones de españoles.

Las negociaciones entre los altos cargos del Gobierno y los directivos de Lemóniz, que determinaron el pago e las inversiones no rentabilizadas con cargo a los recibos de la luz de los ciudadanos, aportaron una fuerte cantidad de dinero a las arcas de UCD. A partir de entonces, la práctica se institucionalizó.

Todos los años, cada vez que los responsables del sector eléctrico acudían al Ministerio de Industria a negociar la subida del canon energético, había siempre una negociación técnica en la que se ajustaba el precio del kilowatio hasta el último céntimo en beneficio del usuario.

Concluida esa negociación, intervenían los politicos redondeando las cifras con un aumento de un par de céntimos por kilowatio/hora. La operación significaba cada año un beneficio económico de unos cientos de millones de pesetas, de los cuales una parte iba a parar a las arcas de la UCD.

Otra vía de financiación eran los coeficientes bancarios, el dinero que estaba obligada a depositar la banca privada en el Banco de España procedente de los pasivos de los clientes, para sufragar las deudas del Estado.

Las personas que negociaban estos asuntos por parte de la patronal bancaria eran siempre los hombres de confianza de Rafael Termes, el presidente de la Asociación Española de la Banca Privada y los altos cargos del Banco de España. Unos y otros sabían que reducir un solo punto en el coeficiente de caja de los bancos suponía aumentar la masa de dinero circulante en muchos miles de millones de pesetas.

Por eso, tras la negociación técnica, venía la política que se celebraba en el despacho del vicepresidente económico del Gobierno. Allí se "aquilataban" las cifras al mínimo. Y la banca ese tipo de favores sabía recompensarlos convenientemente.

Una tercera fórmula empleada por la UCD para obtener dinero era la venta de excedentes agrícolas españoles que dependían del Fondo de Ordenación y Regulación de los Precios y Productos Agrarios (FORPA), del Ministerio de Agricultura.

Por último, quedaba la ayuda exterior que algunos países árabes proporcionaban a España a cambio de que el Gobierno de la UCD no reconociera el estado de Israel y permitiera a la Organización para la Liberación de Palestina (OLP) abrir una oficina de representación, con estatus diplomático en la Península.

Los "petrodólares" llegaban a Madrid a través de las comisiones establecidas en las compras de crudo que adquiría directamente el Estado a través de la empresa Hispanoil y que constituía la llamada reserva estratégica, es decir, la reserva de petróleo necesaria para que el país pudiera subsistir durante un corto periodo de tiempo, alrededor de un mes, en caso de conflicto o grave crisis mundial, con cortes de las vías de suministro de petroleo o problemas de abastecimiento.

Con esta estructura de financiación, a UCD nunca le falto dinero negro. Este llegaba a la sede del partido, en la calle Cedaceros, 11, de Madrid, de la mano de dos de los hombres de confianza de Adolfo Suarez; el vicepresidente del Gobierno, Fernando Abril Martorell, y el cuñado y secretario personal del Presidente, Aurelio Delgado, más conocido con el sobrenombre de "Lito".

Una tercera persona a la que Adolfo Suarez permitía intervenir en el tema de las finanzas era Alvaro Alonso Castrillo, a quién cariñosamente llamaban "el hombre del maletín", por sus continuas idas y venidas a la Moncloa con un maletín de cuero siempre dispuesto para llevar dinero al partido.

Alonso Castrillo, implicado en el caso Naseiro (Partido Popular), fue tal vez el único cargo de la UCD al que la desaparición del partido dejó en la ruina más absoluta, después de conocer unos años de maravillosas vacas gordas. Con el grifo de la Moncloa cortado y con deudas por todas partes, Castrillo tuvo que vender su casa y escapar al extranjero, concretamente a Miami, para no acabar en la cárcel. Algunos otros altos cargos del partido, como Aurelio Delgado o el ministro de Justicia, Iñigo Cavero, han tenido, igualmente, que responder a deudas con su patrimonio personal.

Tras el hundimiento de la UCD, las deudas del partido, estimadas en más de 4.000 millones de pesetas, se camuflaron en una de las últimas crisis bancarias, como pérdidas, y fueron amortizadas por el Fondo de Garantía de Depósitos. En todo caso las deudas fueron pagadas por el Estado con cargo al bolsillo de todos los ciudadanos españoles.

UCD, PSOE, Partido Popular....todos han gobernado en España y todos se han beneficiado de la corrupción política....ahora dicen que con una decena de medidas van a acabar con ella, que cosas tiene uno que oír. Si mañana ingresaran en prisión todos los implicados, a todos los niveles, en la corrupción política desde 1977 hasta hoy, me temo que las prisiones de España, Portugal y Francia juntas serían insuficientes.

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CORRUPCIÓN: DE AQUELLOS POLVOS ESTOS LODOS Y DE ESTOS LODOS AQUELLOS POLVOS, Y NO VA MÁS

Cuando el PSOE era financiado desde Venezuela y la UCD por Irán


Ecorepublicano
16.06.2016
Juan Carlos, Suárez y Felipe



Poco después de la muerte del dictador Franco, el rey Juan Carlos I de Borbón iba de pedigüeño pidiendo dinero para impulsar la candidatura de Adolfo Suárez.

En el libro de Gregorio Moran "Adolfo Suárez Ambición y destino", documenta como el rey Juan Carlos I de Borbón escribe una carta fechada el día 22 de junio de 1977, al entonces sha de Persia, Reza Pahlevi, pidiéndole 10 millones de dólares. 

La carta, advierte de la fuerza del PSOE, un partido al cual define como marxista y que ve como un riesgo para la "seguridad" de España. El rey lamenta que la derecha cuenta con el apoyo de la banca española, mientras que los socialistas cuentan con el apoyo financiero de Venezuela y otros países, lo que dejaba a su candidato, Adolfo Suárez, sin recursos suficientes para hacerles frente. Transcribimos la carta:

Mi querido hermano: 

Para empezar quisiera decirte cuan inmensamente agradecido estoy por que hayas enviado a tu sobrino, el Príncipe Shahram, a verme, facilitándome así una respuesta rápida a mi petición en un momento difícil para mi país. 

Me gustaría a continuación informarte de la situación política en España y del desarrollo de la campaña de los partidos políticos, antes, durante y después de las elecciones (parlamentarias). Cuarenta años de un régimen totalmente personal han hecho muchas cosas que son buenas para el país, pero al mismo tiempo dejaron a España con muy deficientes estructuras políticas, tanto como para suponer un enorme riesgo paja el fortalecimiento de la monarquía. 

Después de los seis primeros meses de gobierno de Arias, que yo estuve igualmente obligado a heredar, en julio de 1976 designé a un hombre más joven, con menos compromisos, a quien yo conocía bien y que gozaba de mi plena confianza: Adolfo Suárez..

Desde aquel momento prometí solemnemente seguir el camino de la democracia, esforzándome siempre en ir un paso por delante de los acontecimientos a fin de prevenir una situación como la de Portugal que podría resultar aún más nefasta en este país mío. La legalización de diversos partidos políticos les permitió participar libremente en la campaña (electoral), elaborar su estrategia y emplear todos los medios de comunicación para su propaganda y la presentación de la imagen de sus líderes, al tiempo que se aseguraron un sólido soporte financiero. 

La derecha, asistida por el Banco de España; el socialismo, por Willy Brandt, Venezuela y otros países socialistas europeos; los comunistas, por sus medios habituales. Entretanto, el presidente Suárez, a quien yo confié firmemente la responsabilidad del gobierno, pudo participar en la campaña electoral sólo en los últimos ocho días, privado de las ventajas y oportunidades que expliqué ya anteriormente, y de las que se pudieron beneficiar los otros partidos políticos.

A pesar de todo, solo, y con una organización apenas formada, financiado por préstamos a corto plazo de ciertos particulares, logró asegurar una victoria total y decisiva. Al mismo tiempo, sin embargo, el partido socialista obtuvo un porcentaje de votos más alto de lo esperado, lo que supone una seria amenaza para la seguridad del país y para la estabilidad de la monarquía, ya que fuentes fidedignas me han informado que su partido es marxista. 

Cierta parte del electorado no es consciente de ello, y los votan en la creencia de que con el socialismo España recibirá ayuda de algunos grandes países europeos, como Alemania, o en su defecto, de países como Venezuela, para la reactivación de la economía española. Por esa razón es imperativo que Adolfo Suárez reestructure y consolide la coalición política centrista, creando un partido político para él mismo que sirva de soporte a la monarquía y a la estabilidad de España. 

Para lograrlo el presidente Suárez claramente necesita más que nunca cualquier ayuda posible, ya sea de sus compatriotas o de países amigos que buscan preservar la civilización occidental y las monarquías establecidas. 

Por esta razón, mi querido hermano, me tomo la libertad de pedir tu apoyo en nombre del partido político del presidente Suárez, ahora en difícil coyuntura; las elecciones municipales se celebrarán dentro de seis meses y será ahí más que nada donde pondremos nuestro futuro en la balanza. 

Por eso me tomo la libertad, con todos mis respetos, de someter a tu generosa consideración la posibilidad de conceder 10.000.000 de dólares, como tu contribución personal al fortalecimiento de la monarquía española. En caso de que mi petición merezca tu aprobación, me tomo la libertad de recomendar la visita a Teherán de mi amigo personal Alexis Mardas, que tomará nota de tus instrucciones. 

Con todo mi respeto y amistad. Tu hermano, 

JUAN CARLOS
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