Reforma de la Ley Mordaza:
¿esta vez sí se puede?
Rebelion / España
16/12/2024
Fuentes: El
Salto
Una de las mayores deudas de toda la izquierda del Estado español parece
que está a punto de saldarse. Un proyecto mejorado con respecto a hace dos años
puede salir adelante aunque dependerá de la pinza Junts-Podemos. El grito
exasperante de las derechas, los complejos del PSOE y las diferencias entre los
socios marcan las últimas horas.
“Sí, parece
que esta vez sí”, comentaba esta semana un influyente diputado del Partido
Socialista, preguntado por El Salto sobre el destino final de la reforma a la
ley de Seguridad Ciudadana. El legislador, del grupo de confianza de Pedro
Sánchez, opinaba que al parecer se están dando todos los condimentos para que
la llamada Ley Mordaza no tenga su décimo cumpleaños el año que viene.
Una
década después de su entrada en vigor en julio de 2015 (aprobada con la mayoría
absoluta del Partido Popular para contener a los movimientos sociales y las
protestas que reaccionaba al ajuste feroz), esta hipoteca para la democracia va
a sufrir el tercer intento de ser borrada del Código Penal.
Este jueves ha
tenido su segundo trámite parlamentario en positivo: una mayoría legislativa
ajustada de 176 diputados rechazó las enmiendas a la totalidad registradas por
el PP y Vox. La proposición impulsada por Génova sumó 169 escaños (los ultras
decidieron apoyar su enmienda a pesar que sus socios se abstuvieron para la
suya) lo que demuestra que el margen para la aprobación sigue exiguo y todos
los socios de investidura harán falta, sea en positivo o abstención.
Un camino pedregoso
La promesa de
campaña para derogar la ley en su totalidad fue dicha por el Sánchez candidato
de 2016 y repetido en los dos procesos electorales de 2019. Podemos y los
soberanistas (incluyendo a PNV y Junts) también aseveraban la misma voluntad.
El primer intento fallido de cumplir la promesa fue hace cinco años. El segundo
fue en marzo de 2023 tras un largo trámite parlamentario y un desacuerdo final
que hizo a la izquierda soberanista vasca y catalana tumbarlo.
Contra las
cuerdas para obtener apoyos parlamentarios, el PSOE ha tenido que ir cediendo
tanto en éste como en muchos otros temas. Hace meses de hecho Ferraz tenía en
la nevera el acuerdo con Bildu. Una fuente de Sumar lo admitía en el verano:
“Ellos tienen para cada grupo algo para darles el gusto. A Bildu le tienen
reservado lo de Mordaza”. Así fue: semanas después se comunicaba un acuerdo
entre el grupo de la izquierda abertzale y el PSOE.
El equilibrismo
de Ferraz (que merece un aplauso, todo sea dicho) consiguió que la nueva
proposición de ley de comienzos de octubre lleve la firma de los dos rivales
acérrimos: EH Bildu y PNV, junto con Sumar y Esquerra Republicana (que en
Barcelona también son hostiles rivales con la marca de los ‘comuns’). El tercer
intento se echaba a andar.
El debate del
jueves ha retratado a los grupos, sus miedos, sus tácticas y sus
contradicciones. Es una ley, cabe recordarlo, profundamente ideológica: aquí no
hay dinero ni presupuestos en juego, sino que está en juego la visión del
Estado, del poder de policía y de las libertades.
Algunos pasajes
discursivos merecen atención, especialmente en tiempos cercanos de tener
respuestas a mano para el cuñado reaccionario de Navidades: la desnudez
argumental de las derechas quedaba en evidencia por la virulencia de su
narrativa, empezando por el portavoz de Vox, Ortega Smith, quien dijo que la
proposición era apoyada por “golpistas, filoetarras y comunistas….siempre los
comunistas”, cuya “acción política está basada en el odio al orden, a la
libertad y el apoyo de siempre al crimen”. También los tachó de “gentuza” y
dejó caer que “muchos” de quienes apoyaban la reforma “son consumidores habituales
de droga”. La naturalización de las barbaridades hace que los exabruptos ya no
sean ni abucheados en el hemiciclo.
Ana Vázquez
Blanco, la portavoz del PP en este tema, no se quedó atrás. Llamó “ley Otegi” a
la proposición, además de “ley de la kale borroka”, “ley del caos” y hasta el
cómico “ley de los que odian a la policía”. Mirando al grupo de Bildu, se
permitió cruzar otra línea roja: “Ustedes lo que quieren es que haya un
muerto”. Al PSOE también le envió sus dardos inconexos: “La seguridad de los
españoles les importa un bledo, solo les importa la de una persona, del número
1”. Eso sí, hay que admitir que hurgó en una contradicción cierta: les recordó
a los socialistas que, según los propios datos de Interior, “el 65% de las
sanciones (basadas en la ley Mordaza) las hizo este Gobierno, fue masivamente
usada”.
El hábil Jon
Iñarritu (Bildu), entre ironías y con una sonrisa en el rostro, deconstruyó las
barbaridades previas y le hizo ver al PP su “contradicción” por el simple hecho
de que pocos días antes habían defendido una proposición sobre el gobierno de
Nicolás Maduro basándose en todos los mismos organismos internacionales que
repudian la ley Mordaza. “Sería lógico que busquen argumentos más objetivos,
los presentados no solo son contradictorios sino que no obedecen al más mínimo
de los sentidos”, remató el bizkaino.
El PSOE fue
PSOE. La portavoz Mamen Sánchez Díaz exhibió los complejos del partido con
respecto a impulsar una medida antirrepresiva que le enfrenta con los
sindicatos (escoradísimos a la derecha, en su mayoría) de las fuerzas de
seguridad. “Me quiero dirigir a la Guardia Civil y a la Policía Nacional.
Siempre que gobierna el PSOE se les refuerzan derechos, algo que no conseguirán
nunca con el PP”, señaló y antes de concluir, pidió a “los cuerpos policiales
que tengan claro que tienen que proteger garantizando su seguridad jurídica”.
Este fue el
primer match parlamentario tras la admisión a trámite del nuevo proyecto y ha
retratado también que su aprobación final dependerá especialmente de Junts y
Podemos (un recordatorio aritmética: si Podemos se abstiene, con el positivo de
Junts basta, mientras Coalición Canaria acompañe, pero si ambos se abstienen,
suma mayoría PP, Vox y UPN). Los de Puigdemont y Belarra son quienes todavía están
disconformes con la iniciativa.
Es sugestivo
que Junts haya decidido no participar del debate el jueves. Posiblemente
responda a una táctica de no querer estar en primer plano cuando va a apoyar
algo del Ejecutivo de Sánchez, por más que sea críticamente, y sí busca el foco
cuando es lo contrario. Sobre todo en la semana de su pedido de “moción de
confianza” para el presidente del Gobierno, y muy sobre todo cuando este fin de
semana son las primarias de ERC. “Qué casualidad todo…”, comentaba con sorna una
dirigente de Esquerra.
Preguntado por
El Salto al respecto, el portavoz de Junts, Josep Pagès i Massó, ha mantenido
el secretismo que caracteriza a su grupo pero ha aceptado responder que ellos
“con lo de las manifestaciones y el registro” no están de acuerdo y se remitió
a su discurso de octubre en la admisión a trámite.
En esa
oportunidad tachó de “versión light” la nueva norma, advirtió que no iban a
aceptar el “chantaje de la adhesión total o nada” y que veían “muy difícil que
llegue a buen puerto” sin modificaciones porque hay tres elementos en los que
no concuerdan: “Es una propuesta que sigue permitiendo a la policía española
disparar balas de goma, porque solo prevé una sustitución gradual, que sigue
permitiendo la criminalización de la protesta democrática trasladando la
responsabilidad de las acciones de los manifestantes a los organizadores de las
manifestaciones y da pie a un decreto de registros en actividades como
hostelería o alquiler de vehículos que supone una intromisión inaceptable en la
intimidad de la persona”.
Por su parte,
Podemos ha respondido a la consulta que durante el debate en comisiones de la
nueva reforma insistirán en el cese inmediato a la utilización de las balas de
goma y en las devoluciones en caliente, aunque no han dicho si es una línea
roja.
Desde Bildu
comentan por lo bajo que Junts “se tiene que aclarar” y dejan trascender su
sorpresa de que pongan en duda su apoyo cuando lo conseguido en el texto
pactado “es lo mismo” que votaron en otra oportunidad. ¿Pero por qué los
abertzales están tan seguros de la propuesta?
Porque ellos,
con el guiño de ERC, han removido los escollos que mantenía el PSOE hace dos
años. La nueva propuesta recoge el compromiso de la “sustitución progresiva” de
las actuales pelotas de goma por parte de las Fuerzas de Seguridad, pone fin a
la “discrecionalidad” en la imposición de sanciones administrativas por faltas
de respeto a la autoridad y desobediencia, que tendrán que ser “objetivables y
justificadas” y que pasarán a ser faltas “graves” a “leves”; y en tercer lugar,
se establece la presentación en un plazo de seis meses de una reforma de la Ley
de Extranjería para acabar con las devoluciones en caliente de migrantes en la
frontera.
Como se puede
interpretar fácilmente, el problema no es de fondo sino de forma: las balas de
goma seguirán en uso hasta una paulatina desaparición, al igual que las
devoluciones en caliente. Podemos y Junts pedirán que sea ipso facto. Sobre
la responsabilidad de las manifestaciones, Junts ha sacado de su manga una
carta en la que podría tener razón.
Una causa urgente
Decenas de
colectivos sociales del Estado español, el Consejo de Derechos Humanos de
Naciones Unidas, los comisionados de Derechos Humanos del Consejo de Europa y
oenegés internacionales como Amnistía Internacional y Human Rights Watch han
criticado los contenidos de la Ley Mordaza desde su sanción y pedido su
derogación. No es un invento ni una extravagancia de una izquierda radical sino
un déficit democrático señalado.
Según los
expertos, la ley todavía vigente hizo que la policía de turno pueda actuar como
juez y parte y lleve a cabo una multa por la vía administrativa, impulsando una
multa que el ciudadano se la lleva de forma casi automática. Si el
procedimiento fuera por la vía penal, se exigiría una denuncia y que el policía
tenga que demostrar la culpabilidad ante un juez que resolvería escuchando a
ambas partes.
Además, las
sanciones por delitos penales tienen que ver con la situación personal del
sancionado y en cambio por vía administrativa el parámetro es el mismo para
cualquiera, lo que la hace más gravosa. El ciudadano pierde la presunción de
veracidad y debe hacer un gran esfuerzo para demostrar su inocencia ante, por
ejemplo, la palabra del efectivo policial que dice haber sido faltado el
respeto. Recurrirlo es un castigo en sí mismo por el trámite administrativo que
conlleva. Además hay otros contenidos polémicos, como la prohibición de grabar
y difundir imágenes de la represión policial.
La ley Mordaza
ejerce como factor de disciplinamiento social por el hecho de castigar con la
asfixia económica a movimientos sociales. Por ejemplo, el grupo vecinal No a la
Tala en Madrid acumula 20.000 euros en multas por negarse a la tala de más de
1.000 árboles en sus vecindarios. O el Sindicato de Vivienda de Carabanchel,
que lleva acumulado más de 44 mil euros en multas sólo desde 2021, o los 21.000
euros en multas por la protesta de estudiantes del grupo Defendemos Palestina
ante la visita de la Embajadora de Israel en la Universidad Complutense, según
informa Amnistía Internacional.
La misma fuente
reseña que desde 2015 a 2022 se han impuesto algo más de 291.400 sanciones con
base únicamente en dos artículos: resistencia, desobediencia o negativa a
identificarse“ y ”faltas de respeto a la autoridad», suponiendo el 77% del
total. La mayoría plurinacional que emanó de las urnas en julio de 2023 tiene
quizás una última oportunidad antes que este oprobio legal caiga en manos de un
gobierno de las derechas. Tiempo de descuento.
Fuente: https://www.elsaltodiario.com/ley-seguridad-ciudadana/reforma-ley-mordaza-vez-se-puede
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