Empresas españolas en riesgo
de complicidad con genocidio: el papel de la universidad
Por VV.
AA.
Rebelion / España
06/07/2024
Fuentes: El
Salto
Gracias a la labor de asociaciones de defensa de los derechos humanos,
desde hace años se debate en el ámbito jurídico internacional cómo prevenir y
sancionar el genocidio cuando las implicadas son grandes multinacionales del
sector privado.
El pasado 20 de
junio un procedimiento especial de Naciones Unidas,
formado por un amplio grupo de expertos de la institución, como Francesca
Albanese o el español Pedro Arrojo, emitió una seria advertencia a las
empresas implicadas en la política de ocupación y apartheid de Israel: se están
arriesgando a ser cómplices en la violación de derechos humanos y crímenes de
guerra, “posiblemente incluyendo genocidio”.
Naciones Unidas
identifica así una serie de compañías muy concretas que estarían suministrando
equipamiento militar a Israel en una invasión que, como ya concluyera
previamente la enviada especial de la ONU, Albanese,
podemos definir de genocidio. Una denuncia complementada por la solicitud de
arresto del primer ministro israelí Benjamin Netanyahu por crímenes de guerra y
contra la humanidad, por parte del fiscal de la Corte de Justicia
Internacional, Karim Khan. Entre estas empresas estarían
Boeing, Rolls-Royce, General Dynamics o Caterpillar. Literalmente, desde
Naciones Unidas se advierte: “Estas empresas, al enviar armas, piezas,
componentes y munición a las fuerzas israelíes, corren el riesgo de ser
cómplices de graves violaciones de los derechos humanos y del derecho
internacional humanitario”.
Y no termina
aquí. Esta comisión especial de Naciones Unidas ha estudiado los mecanismos por
los cuales se dota de apoyo a estas empresas para suministrar armas a Israel en
sus ataques indiscriminados contra la población civil, que han causado ya cerca
de 40.000 personas asesinadas. Así, ha fijado la mirada también en la
financiación necesaria para la fabricación y comercialización de este
armamento. “Se pide cuentas asimismo a las instituciones financieras que
invierten en estas compañías armamentísticas”, se afirma textualmente. Y a
continuación se nombran algunas, que no todas, de estas entidades bancarias y
financieras, como BlackRock, Bank of America o Citigroup.
Este paso dado
por Naciones Unidas reviste una gran importancia. Gracias a la labor de
asociaciones de defensa de los derechos humanos, desde hace años se debate en
el ámbito jurídico internacional cómo prevenir y sancionar el genocidio cuando
las implicadas son grandes multinacionales del sector privado. La definición de
genocidio incluida en la Convención de Ginebra de 1948, tomada como base del
Estatuto de Roma de la Corte de Justicia Internacional de 1998, habla de
“personas” responsables. Sin embargo, se argumenta que las empresas son
consideradas personas a efectos legales, tanto para tener derechos como la
libertad de expresión, como para ser responsables de crímenes. En todo caso, no
resulta fácil plasmar estas consideraciones en acciones concretas.
El que fuera el
primer fiscal jefe del Tribunal Penal Internacional (2003-2012),Luis Moreno-Ocampo, ya manifestaba en su
momento: “La experiencia demuestra que las atrocidades masivas se cometen para
obtener o conservar poder político o ventajas financieras. Desbaratar el apoyo
financiero o comercial de las organizaciones que cometen estos crímenes es un
aspecto fundamental de la obligación de la Fiscalía de prevenir las
atrocidades, tal y como establece el Estatuto de Roma”.
En la misma
línea, el pasado 8 de mayo de 2024 el Ministerio de Derechos Sociales y
Consumo, dirigido por el ministro Pablo Bustinduy, solicitaba porcarta a las empresas españolas en
Israel tomar medidas para no contribuir al genocidio en Gaza. El ministro les
solicitaba “evitar participar directa o indirectamente de las graves
violaciones de derechos humanos que está sufriendo el pueblo palestino”. La
solicitud se apoyaba en distintas resoluciones previas de Naciones Unidas (A /HRC/RES/17/4, A/HRC/RES/31/36), así como en el Plan de Acción Nacional de Empresas y Derechos Humanos aprobado
por el gobierno español ya en 2017.
Recordemos por otra parte que el
gobierno de España tiene la potestad de denegar las autorizaciones para
exportar armas a Israel, previo informe vinculante de la Junta Interministerial
Reguladora del Comercio Exterior de Material de Defensa y Doble Uso (JIMDDU), y
en aplicación de los criterios de respeto a los derechos humanos o preservación
de la paz recogidos en el Código de Conducta de la Unión Europea en materia de
exportación de armas. Entre 2001 y 2021, España ha denegado tan
solo cinco licencias, y ha autorizado 557. Como recuerda Olga Rodríguez, el camino de las sanciones,
el embargo de armas y la ruptura de relaciones es lo que puede frenar las
matanzas.
Bancos españoles financiando armamento israelí
Varias empresas
españolas participan activamente en la financiación de armamento israelí. El
Banco Santander y el BBVA han estado financiando con más de 1.200 y de 900
millones de dólares respectivamente actividades armamentísticas de la empresa
Boeing entre 2021 y 2023, como muestra el informeInversiones insostenibles publicado el
pasado mes de febrero. Como denunciabaPablo Elorduy desde las páginas de El
Salto: “A finales de enero de 2024, Estados Unidos e Israel firmaron un acuerdo
de ‘tamaño excepcional’, según fuentes de la administración estadounidense,
para el suministro de los F-15, F-35 y Apache suministrados por Boeing y
fabricados gracias a créditos de, entre otros, los principales bancos
españoles”.
En dicho informe el Banco Santander
aparece también financiando con 779 millones de dólares las actividades
armamentísticas de Rolls-Royce, responsable de suministrar tanques al Ejército
de Israel como los que asaltaron varios hospitales en Gaza. Por su parte, el
BBVA habría ofrecido créditos armamentísticos por 62 millones de dólares a la
misma empresa, así como 346 millones a la armamentística General Dynamics,
también en la picota.
Como denuncióSantiago González Vallejo tras la
Junta General de Accionistas del Banco Santander celebrada el pasado marzo,
esta entidad ha financiado asimismo con 857 millones de euros a otra empresa
denunciada por Naciones Unidas: Caterpillar. Sus proyectos de construcción y
seguridad contribuyen activamente a la colonización ilegal israelí a través de
la demolición de viviendas palestinas.
Tanto el BBVA
como el Santander financiaron con más de 500 millones a la mayor fabricante de armas francesa, Thales,
asociada para la fabricación de drones con las dos mayores armamentísticas
israelíes, Industria Aeroespacial Israelí (IAI) y Elbit Systems. Las mismas
entidades bancarias españolas se encuentran también entre las financiadoras de proyectos solares israelíes en
asentamientos ilegales en Territorio Ocupado Palestino del Valle del Jordán y
en el desierto del Naqab/Nèguev.
Dado este
contexto, se plantea la legitimidad de detener toda colaboración con estas
entidades, mientras prosiga su implicación en la ocupación y el genocidio. Una
petición que ya está teniendo ecos en el mundo universitario, desde las
acampadas de estudiantes por Gaza a varias iniciativas del profesorado.
Así, en los
últimos meses hemos visto cada vez mayores voces pidiendo que se cortasen las
relaciones con el Banco Santander mientras prosiga financiando el genocidio
palestino. El pasado 26 de abril la Junta de
la Facultad de Ciencias Políticas y Sociología de la Universidad Complutense de
Madrid solicitó la suspensión de la cuenta bancaria con esta entidad, de no
retirarse esta financiación a la industria armamentística. El Consejero de
Educación de la Comunidad de Madrid, Emilio Viciana, reaccionó a esta
declaración pidiendo “sacar la política” de la Universidad. Casualmente, es lo
mismo que pide el código ético que rige en las universidades
israelíes, que limita gravemente la libre expresión y el debate
libre. Así, cualquier crítica al régimen colonial y de apartheid establecido o
al genocidio en curso se califica de “político”, no académico, y por tanto no
está permitido.
A pesar de la
advertencia de Viciana, 13 grupos de investigación de diversas universidades
públicas españolas y del CSIC, pertenecientes a la Red de Humanidades
Ecológicas (RHECO), se unieron a la demanda de la Facultad de Políticas y
Sociología de la UCM. Es más,el 18 de junio la Junta de la Facultad
de Humanidades, Comunicación y Documentación de la Universidad Carlos III de
Madrid solicitaba ir un paso más allá y romper toda relación con el Banco
Santander por estos hechos. No es sólo en España: en Reino Unido, los estudiantes habían protestado para
romper con Barclays Bank, también financiador de la industria armamentística
israelí. Y el pasado 13 de junio, la Universidad de Reading aprobó su
desinversión en Barclays y Bank of America.
Empresas colaborando con el apartheid
Airbus es otra
empresa armamentística a la que se denuncia por sus vínculos con Israel, y que,
tras la adquisición de la armamentística española CASA, cuenta con parte de su
producción en España. Sin ningún reparo ante lo que está sucediendo en Gaza,
este mismo 15 de mayo de 2024 la compañíaanunciaba un nuevo desarrollo
tecnológico en el dron militar Heron TP RPAS, desarrollado para el gobierno
alemán junto aIsrael Aerospace Industries (IAI), el
mayor fabricante de defensa y exportador industrial de Israel. Esta
colaboración en torno al dron Heron lleva despertandoprotestas de la sociedad civil desde
hace años.Se ha denunciado asimismo que entre
2008 y 2021 Airbus ya había solicitado al gobierno británico una licencia de
exportación para suministrar armas y tecnología militar a Israel. Asimismo,
Airbus ha incluido en sus helicópteros losmisiles Spike, fabricados por la
armamentística israelí Rafael Advanced Defense Systems, a quien se acusa de probar su armamento
en las ofensivas militares contra la población palestina.
Igualmente, la
famosa empresa de impresoras y sistemas informáticos HP, con amplios vínculos
con las universidades españolas en la provisión de los mismos, también se suma
a esta lista negra. HP contribuye al mantenimiento del régimen de apartheid
contra la población palestina, proporcionando tecnología y equipamiento al
ejército y fuerzas de seguridad israelíes. En concreto, es el principal proveedor de ordenadores al ejército
israelí, y proporciona la tecnología para su sistema de prisiones.
Además, su tecnología es empleada en el funcionamiento del Sistema AVIV,
utilizado por la Autoridad de Población e Inmigración de Israel para registrar
el tráfico de población en los puestos fronterizos y mantener un registro de la
población palestina con ciudadanía israelí y aquella residente en Jerusalén
Este.Según
el movimiento palestino BDS, este sistema “constituye la espina
dorsal de la segregación racial y el apartheid de Israel”. De hecho, como
explica el periodista Antony Loewenstein en su libro El laboratorio palestino: “Palestina
es el laboratorio de Israel, es una nación ocupada a las puertas de su casa que
provee millones de personas subyugadas como laboratorio para los métodos de
dominación más precisos y efectivos.”
Un estudio del pasado mes de diciembre
identifica hasta 28 empresas españolas con presencia en Israel, de las que
dependen 32 filiales en la zona. Grandes empresas como Naturgy, Siemens Gamesa,
Tous, Enel o Inditex tienen una presencia notable en Israel en diversos
sectores económicos del país.
Entre ellas,
destaca el ejemplo deConstrucciones y Auxiliar de Ferrocarriles (CAF),
Comsa, TyPSA y GMV, que han sido señaladas por diversos movimientos
deprotesta sindicales y universitarios
por participar en la construcción del llamado tren
del apartheid en Jerusalén. Se trata de un proyecto de
infraestructura de transporte israelí a gran escala que conecta, mediante unas
líneas de tren ligero, la ciudad vieja con los territorios ocupados de
Jerusalén Este, asentamientos ilegales según la ONU.Este proyecto está supeditado a la
expropiación de tierras palestinas. El pasado 19 de junio la Universidad del
País Vascoanunciaba que no firmará ningún nuevo
acuerdo con la empresa CAF mientras continúe participando en el proyecto del
tren ligero de Jerusalén. Ante la presión de organizaciones como Amnistía
Internacional, Comsa anunció recientemente el
abandono del proyecto.
Indra, por su
parte, ha sido denunciada por obtener
contratos de millones de euros para la instalación de peajes en territorio
palestino ocupado o por vincularse a la mencionada armamentística israelí IAI.
Diversas organizaciones protestaron por este motivo en la Junta General de
Accionistas de Indra, celebrada el pasado 27 de junio, denunciando “sus vínculos con empresas
israelíes que se benefician de la ocupación y el genocidio en Palestina”.
Sin embargo,
otras empresas, como Airbus o GMV no han suscitado el mismo rechazo. Ambas
están invitadas a participar en uncurso de verano de la Universidad
Complutense de Madrid este 11 de julio, lo que ya ha despertado lasprotestas de la comunidad universitaria.
Estas empresas poseen sendas cátedras en la Universidad Politécnica de Madrid
(UPM). Sin ir más lejos, el vicerrector de Estudiantes de esta Universidad,
Miguel Ángel Gómez Tierno, que debería haber sido el negociador con el
estudiantado acampado y que se negó a ejercer ese papel, figura precisamente
como el director de la cátedra GMV.
El rector de la
UPM, Guillermo Cisneros, basa en cualquier caso el inmovilismo de la UPM en
todo lo relativo a Palestina en su temor a una demanda si cumplen con lo
acordado por la CRUE. En este caso le sirve de respaldo la acción de un lobby
sionista vinculado a la extrema derecha, Acción y
Comunicación sobre Oriente Medio (ACOM), conocida por denunciar ayuntamientos en el pasado,
que el pasado octubre perdió su querella contra Ada Colau, y que
en las últimas semanas ha planteado denuncias en los tribunales contra
distintas universidades, como la de Granada o la Complutense, cuando avanzan cualquier mínimo paso en lo
acordado en mayo desde la CRUE.
Por mucho
lawfare que ejerzan lobbies de este tipo, es obvio que la defensa de los
derechos humanos nunca puede ser delito. Y ahí quien está dejando las cosas
cada vez más claras es Naciones Unidas.
Llamamiento a la acción
Como firmante
del Convenio para la prevención y la sanción del delito de genocidio, aprobado
por la Asamblea General de las Naciones Unidas el 9 de diciembre de 1948 [94],
en España un genocidio implica no solo un crimen internacional sino también
quebrantar la ley a nivel nacional. Y como se afirmaba previamente, la ONU ve
viable extender la responsabilidad penal a instituciones o empresas
colaboradoras.
Como afirmaba
en 2016 Michael J. Kelly:
“La complicidad
típica de las empresas en el genocidio consiste en suministrar al genocida el
equipo o el apoyo necesarios para llevar a cabo la atrocidad. Piénsese en las
empresas extranjeras que suministraron a Ruanda machetes para matar a los
tutsis o al régimen de Sadam en Iraq los componentes del gas mostaza para
masacrar a los kurdos (…) La amenaza de enjuiciamiento por crímenes
internacionales tendría un inmenso efecto disuasorio (…) La Corte Internacional
de Justicia decidió en el caso del genocidio de Serbia que los Estados podían ser
cómplices en la comisión de un genocidio. Ampliar ese análisis para incluir a
otras personas jurídicas, como las empresas multinacionales, no sería una
derivada excesiva”.
Hoy, en junio
de 2024, tras cerca de nueve meses de brutal ofensiva militar sobre Gaza;
después de que las instituciones internacionales hayan constatado la comisión de crímenes de guerra y contra la humanidad
por parte de Israel; de que la Corte de Justicia Internacional
haya reconocido el genocidio como plausible; de que la relatora de Naciones
Unidas lo haya certificado en un informe titulado Anatomía de un genocidio; y de que Naciones
Unidas haya advertido de la posibilidad de complicidad de las empresas
armamentísticas y sus financiadoras en delitos de violación de derechos
humanos tan graves como el genocidio; pensamos que es el momento de que las
universidades públicas españolas rompan todo vínculo con estas compañías y
entidades bancarias.
Se nos dirá que
no hay alternativa, que no van a lograr nada o que todas son iguales. Pero
ninguna de estas posibilidades es cierta. La inmensa mayoría de empresas de
este país no colabora con la política criminal israelí, y hay alternativas
bancarias mucho más éticas. La presión social y académica es una palanca para
que se dejen de financiar acciones criminales. La historia, por fortuna, está
llena de grandes ejemplos.
Por darle la
vuelta a los temores del rector de la UPM, mientras poco a poco las denuncias
locales de ACOM se vayan archivando, lo que en unos años es muy posible que nos
encontremos es que se sienten en el banquillo de la Corte de Justicia
Internacional determinadas personalidades del mundo empresarial y financiero
con quienes nuestras Universidades siguieron colaborando a pesar de las
advertencias. Este también sería otro ejemplo, esta vez fatídico, para la historia.
Víctor Alonso Rocafort, Alfonso Casani y Samer
Hassan.
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