Según el Tribunal de Cuentas
El coste del rescate bancario se eleva ya por encima de los 71.000 millones
Rebelion.org /España
29/04/2023
Fuentes: Info Libre
El Tribunal de Cuentas sostiene que el coste de los recursos públicos
empleados en el proceso de reestructuración bancaria se elevó a los 71.833
millones de euros a fecha de 1 de enero de 2022, lo que supone un incremento de
5.256 millones de euros con respecto al último cálculo del organismo.
La nueva cifra
se recoge en el informe de fiscalización de las actuaciones del Fondo de
Reestructuración Bancaria (FROB) y del Banco de España en la fusión
entre CaixaBank y Bankia y la situación del proceso de
reestructuración bancaria a 31 de diciembre de 2021, que acaba de aprobarse en
el Pleno de la institución.
El nuevo
informe de fiscalización cuenta con la novedad de la fusión entre Bankia y
CaixaBank, en noviembre de 2021. Y es que, en el análisis anterior Bankia
era la única entidad de crédito reestructurada que se
encontraba aún participada por el FROB.
Mediante la
fusión entre las dos entidades, el FROB sustituyó en su balance el valor de su
participación indirecta del 62% en Bankia por otra participación, también
indirecta, en CaixaBank del 16,1%. Todo ello lo realizó el FROB mediante BFA,
entidad que posee al 100% y que engloba siete cajas de ahorro españolas,
entre ellas Caja Madrid y Bancaja.
El coste de 71.833
millones de euros se ha obtenido partiendo de los importes de los
recursos comprometidos y descontando las partidas que representan
ingresos, menores costes, recursos no dispuestos o cancelados y participaciones
en capital o créditos que aún mantenía el FROB a 31 de diciembre de 2021.
El Tribunal de
Cuentas avisa, eso sí, de que la estimación del coste del proceso de
reestructuración «no puede considerarse definitiva» debido a que
hay ciertas operaciones posteriores a 2021 que pueden provocar un incremento o
una disminución de esos 71.833 millones de euros.
Las aportaciones al capital representan el 73% del coste total
Así, del coste
de los recursos públicos empleados en el proceso de reestructuración bancaria
hay 50.622 millones de euros que corresponden al FROB y otros 21.273 millones
de aportaciones de entidades de crédito. En paralelo, hay un impacto
negativo de 62 millones de euros atribuibles al Banco de España.
El principal
componente del coste, explica el Tribunal de Cuentas, ha sido el
derivado de las aportaciones al capital y cuotas participativas, con un
total de 52.716 millones que representan un 73% del coste. De los procesos que
han supuesto un mayor coste son los de BFA/Bankia, con 17.590 millones; las de
las cajas de ahorro de Caixabank (CX), con 12.691 millones; Banco CAM, con
12.560 millones; y NCG, con 9.229 millones.
En su informe,
el Tribunal de Cuentas apunta que tanto el FROB, como el Fondo de Garantía de
Depósitos de Entidades de Crédito y el Banco de España cumplieron
«adecuadamente» la normativa aplicable en las actuaciones emprendidas
en los procesos de reestructuración bancaria. También considera el Tribunal que
las actuaciones de seguimiento y control de los procesos de reestructuración
realizadas por las entidades han sido, en general, «adecuadas».
Recuperación de 40 millones para el FROB en juicios
A lo largo del
periodo fiscalizado, el FROB y el Fondo de Garantía han emprendido o se han
personado en una serie de actuaciones judiciales destinadas a la recuperación
de los recursos que hayan podido sustraerse de las entidades de crédito de una forma
no ajustada a derecho.
Al cierre de
2021, el FROB había recuperado un total de 40 millones de euros por
ingresos derivados de sentencias y costas. Por su parte, el Fondo de Garantías
ingresó 14 millones de euros (incluidas costas) por uno de los dos
procedimientos iniciados en su día por el FROB contra directivos de entidades
financieras.
También se apunta
en el informe que el FROB ejerce un seguimiento adecuado de la gestión de la
Sociedad de Gestión de Activos Procedentes de la Reestructuración Bancaria
(Sareb), conocido como el banco malo.
Seguimiento «adecuado» de la FROB a la Sareb
Añade el
Tribunal que las actuaciones de seguimiento y control de la gestión de las
entidades participadas han sido adecuadas, aunque avisa de que las actuaciones
de seguimiento y control de la desinversión en BFA/CaixaBank presenta
«una oportunidad de mejora«.
Y es que,
ninguno de los acuerdos del Consejo de Ministros por los que se amplió el plazo
de desinversión, actualmente fijado en diciembre de 2025, ha tenido en
consideración las actuaciones necesarias para la desinversión de la
participación que el FROB mantiene en BFA, que habrá de producirse, apunta
el Tribunal de Cuentas, mediante un proceso de liquidación de esta sociedad
«muy probablemente».
El informe
fiscalizador indica que en la actualidad el FROB no dispone de un documento
estratégico que, de manera integral, incluya una planificación, una
programación temporal y una metodología de todas las actuaciones
necesarias para llevar a cabo la actividad de desinversión en BFA.
Por eso, el
Tribunal de Cuentas cree que con el fin de «disminuir la incertidumbre y
facilitar la planificación» el FROB podría incorporar a la estrategia de
desinversión el análisis de distintos escenarios alternativos para
la ejecución de la venta de la participación en CaixaBank, calculando el
importe recuperable teniendo en cuenta como variables el precio de venta de la
acción y el momento de ejecutar la desinversión.
El Banco de España y el FROB cumplieron durante la fusión de CaixaBank
Por otro lado,
el Tribunal de Cuentas apunta que tanto el Banco de España como el FROB han
cumplido «adecuadamente» la normativa en el ejercicio de sus respectivas
competencias en relación con la fusión de Bankia con CaixaBank,
perfeccionada en marzo de 2021, y la operación de fusión se ha desarrollado, en
todas sus fases, con arreglo a la normativa aplicable.
Por último, el
informe apunta que se puede considerar cumplida la recomendación que el
Tribunal de Cuentas hizo en su informe anterior al FROB, consistente en que
esta entidad establezca un sistema de gestión de BFA que le facilite la comprobación
de las condiciones establecidas en los convenios formalizados entre
BFA y Bankia para el reparto de los costes por las contingencias legales
derivadas de la comercialización de híbridos y de la oferta pública de
suscripción de acciones de Bankia.
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