El
ejército brasileño, de larga tradición golpista, no vio con antipatía el asalto
de los edificios que albergaban a las columnas vertebrales de la democracia
brasileña. Todo indica que los obstáculos que tiene ante sí Lula son
descomunales.
El papel de los militares brasileños en el intento de
Golpe
El Viejo Topo
4 febrero, 2023
La turba de
extrema derecha que asaltó el Palacio del Planalto, el Congreso y el Tribunal
Supremo y destrozó los edificios de la Plaza de los Tres Poderes, exigía, el 8
de enero, una “intervención militar” en Brasil.
Desde
noviembre, habían instalado campamentos frente a cuarteles del ejército en todo
el país, pidiendo a los militares que revocaran la elección del presidente Luiz
Inácio Lula da Silva. El 11 de noviembre de 2022, los mandos de las Fuerzas
Armadas hicieron pública una nota en la que daban cobijo –no sólo físico, sino
también legal– a quienes acampaban.
Es importante
subrayar dos elementos de ese documento: en primer lugar, los comandantes
declararon (a través de una interpretación incoherente) que los campamentos
golpistas eran legales, porque los manifestantes eran pacíficos, y que serían
condenables “tanto las eventuales restricciones a los derechos, por parte de
los agentes públicos, como los eventuales excesos cometidos en las
manifestaciones”, a pesar de ser un delito exigir que los militares dieran un
golpe de Estado (artículo 286). En la práctica, los mandos de las tres fuerzas
actuaban allí como intérpretes constitucionales, defendiendo la legitimidad
democrática de las acampadas golpistas y diciendo, de antemano, que cualquier
medida que tomaran las instituciones contra los campamentos sería considerada
ilegal por ellas.
El segundo
elemento de la nota es la referencia al concepto de “Poder Moderador”.
Reafirmando su compromiso con el pueblo brasileño, los comandantes afirmaron
que las Fuerzas Armadas estuvieron “siempre presentes y moderadoras en los
momentos más importantes de nuestra historia”. El Poder Moderador fue
introducido en la Constitución de 1824, basado en las ideas del francés
Benjamin Constant, quien predijo que, para evitar la “anarquía” que había
marcado la separación de Poderes, sería necesario otorgar a uno de ellos (en el
caso de Brasil, el monarca), un cuarto poder, capaz de resolver las diferencias
institucionales.
El 2 de enero,
cuando el ministro de Defensa de Lula, José Múcio, declaró que consideraba los
campamentos una “manifestación de la democracia”, y que tenía “amigos y
parientes” en ellos, no hacía más que repetir lo que las Fuerzas Armadas venían
diciendo desde noviembre.
Brasil tiene
una larga historia de intervención militar en política. La república brasileña
se fundó mediante un golpe militar en 1889. Desde entonces hasta 1989, Brasil
experimentó al menos 15 intentos de golpe de Estado, de los cuales cinco
tuvieron éxito, incluyendo una dictadura militar de 21 años. Tras la caída de
la dictadura en 1985, los brasileños esperaban que se estableciera un control
civil sobre los militares y que prevaleciera entre ellos el respeto a la
democracia. Pero el propio proceso de redemocratización fue controlado por el
Gobierno militar saliente, mediante una “apertura política lenta, gradual y
segura”, en palabras del entonces presidente militar Ernesto Geisel, y la
presión del ejército sobre la Asamblea Constituyente que redactó la
Constitución de 1988, y que les aseguró el papel de “[garantes] de los Poderes
y defensores de la Ley y el Orden”.
Durante los dos
primeros mandatos de Lula (de 2003 a 2011) como presidente, los militares
adoptaron una estrategia de presión a la hora de tratar con el Gobierno. Sin
embargo, desde la destitución de la expresidenta brasileña Dilma Rousseff en
2016, parecen haber vuelto a la primera línea de la política. Impunes,
empezaron a surgir declaraciones golpistas
entre militares de reserva y en activo, e incluso el entonces comandante de las
Fuerzas Armadas, general Eduardo Villâs Boas, afirmó mediante un tuit “repudiar la impunidad”,
cuando el STF se disponía a pronunciarse sobre un recurso de habeas
corpus presentado por Lula en 2018. Más tarde, Villâs Boas describiría
su tuit como una “advertencia”. El Ejército ha asumido cargos importantes en
el Gobierno del expresidente Michel Temer y ha ampliado su participación
política en el Gobierno del expresidente Jair Bolsonaro, además de amenazar
continuamente el proceso electoral de 2022.
El 8 de enero,
mientras los edificios gubernamentales de Brasilia eran objeto de vandalismo
por parte de multitudes enfurecidas, se debatió un decreto de Garantía de la
Ley y el Orden (GLO) y se movilizaron 2.500 efectivos militares, listos para
responder a la escalada de la situación. Si se hubiera firmado dicho decreto,
las Fuerzas Armadas habrían sido responsables de controlar la seguridad de la
capital federal de Brasil. Lula, por el contrario, decretó una intervención
federal “en el área de seguridad del Distrito Federal”, nombrando a Ricardo
Capelli, secretario ejecutivo del Ministerio de Justicia, para comandarla. Más
tarde, el presidente declaró que si hubiera hecho un GLO, “entonces se estaría
produciendo el Golpe que esta gente quería”.
Se está
investigando la implicación de militares en los actos del 8 de enero. Numerosos
miembros de la reserva de las Fuerzas Armadas participaron en los actos.
También se investigan las razones por las que el Batallón de la Guardia
Presidencial, el batallón del ejército responsable de la seguridad del Palacio
de Planalto, no impidió que los manifestantes invadieran la sede del Gobierno.
“Había mucha gente confabulada. Hubo mucha gente de la policía militar que
conspiró. Mucha gente de las Fuerzas Armadas de aquí se confabuló. Estoy
convencido de que la puerta del Palacio de Planalto se abrió para que entrara
esta gente porque no hay ninguna puerta rota. En otras palabras, alguien
facilitó su entrada aquí”, dijo Lula.
Tras la
instauración de la intervención federal, las fuerzas de seguridad, comandadas
por Ricardo Capelli, reprimieron y detuvieron a los manifestantes golpistas. El
8 de enero, el ejército movilizó vehículos blindados para bloquear e impedir
que la policía entrara en el campamento y detuviera a los responsables. Según
el Washington Post, el comandante del Ejército, general Julio César
de Arruda, dijo al ministro de Justicia, Flavio Dino: “Aquí no va a detener a
nadie”. No se permitió a la policía entrar en el campamento hasta el día
siguiente.
Este incidente
es sólo una manifestación de lo que las Fuerzas Armadas vienen diciendo desde
noviembre de 2022: que se consideran un Poder Moderador y que no permitirán –ni
siquiera después de la destrucción del 8 de enero– que “agentes públicos”
practiquen ningún acto que consideren una “restricción de derechos” de los
golpistas.
El Ejército dio
cobijo a los golpistas antes y después de que destrozaran los edificios de
Brasilia y mientras pedían una intervención del Ejército contra el Presidente.
Al mismo tiempo, fue incapaz de proteger el palacio presidencial de semejante
turba. Esto envía un mensaje claro sobre a quién pretendía defender el Ejército
y cuál considera que es su verdadera misión.
En Brasil se
hace cada vez más urgente que las masas, que gritaron a coro “¡No a la
amnistía!” a Bolsonaro durante la toma de posesión de Lula el 1 de enero de
2023, incluyan a los militares en su demanda.
Fuente: Globetrotter.
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