El juez investiga adjudicaciones de Rajoy y el núcleo duro del Gobierno de
Aznar a un donante de la caja B del PP
Más de 600
millones de dinero público que salieron de los departamentos de Rato,
Álvarez-Cascos, Montoro y Trillo, entre otros.
kaosenlared
16 Dic, 2020
El juez Pedraz reclama toda la
documentación de 23 contratos adjudicados por siete ministerios a la
constructora de Alfonso García-Pozuelo, condenado en Gürtel. Son más de 600
millones de dinero público que salieron de los departamentos de Rato, Álvarez-Cascos,
Montoro y Trillo, entre otros.
El juez de la Audiencia
Nacional Santiago Pedraz ha ordenado a diferentes organismos públicos que le
remitan toda la documentación sobre 23 adjudicaciones concedidas durante la
segunda legislatura del Gobierno de José María Aznar a un constructor que aparece
como donante irregular del PP en los ‘papeles de Bárcenas’. Estas diligencias
se enmarcan en la línea de investigación del cohecho –contratos públicos a
cambio de mordidas en dinero negro– que el juez José de la
Mata reabrió recientemente en el marco del caso de la caja B y de las que ahora
se encarga Pedraz de forma temporal al haber sido su compañero destinado a La
Haya.
El auto que firma este viernes el juez, y
al que ha tenido acceso elDiario.es, pone bajo el foco adjudicaciones
concedidas por el núcleo duro del Gobierno de Aznar desde siete ministerios. Al
frente de los departamentos investigados estaban en el momento de las
concesiones Mariano Rajoy (Interior), Rodrigo Rato (Economía), Francisco
Álvarez-Cascos (Fomento), Federico Trillo-Figueroa (Defensa), Cristóbal Montoro
(Hacienda), Pilar del Castillo (Educación) y Elvira Rodríguez (Medio Ambiente).
Las diligencias ordenadas por Pedraz
traen de nuevo a la actualidad la revelación que el cabecilla de Gürtel,
Francisco Correa, realizó el 13 de octubre de 2016, durante el juicio de la
Primera Época de la trama. Aquella tarde en la Audiencia Nacional, Correa
aseguró que la gran obra pública licitada por el Consejo de Ministros de José
María Aznar incluía una mordida de entre el 2 y el 3% en
comisiones para financiar de forma irregular al Partido Popular.
«Reunía a un empresario que nos daba la
licitación para ver si la obra podía ser para nosotros, yo se lo pasaba a Luis
Bárcenas, que lo gestionaba con el correspondiente ministerio. Si el empresario
conseguía la obra, yo pagaba la comisión del 2% o del 3% a Génova», respondió
Francisco Correa a las preguntas de la fiscal Concepción Sabadell.
La constructora aludida por Pedraz en sus
diligencias, Assignia, era propiedad de Alfonso García Pozuelo, un empresario
que ya fue condenado a dos años de cárcel tras reconocerse culpable en el
primer gran juicio de Gürtel. El magistrado pone ahora el foco en 23
adjudicaciones de obras entre 2002 y 2004 cuyo montante global ronda los 600
millones de euros. Algunos de los contratos se concedieron a Uniones Temporales
de Empresas (UTE) en las que Assignia participaba junto a otras sociedades, la
mayoría donantes en la contabilidad paralela del PP que durante años fue
plasmando en apuntes Luis Bárcenas, caso de Copasa, Copisa, Sando o Azvi.
Los contratos de mayor importe que se
investigan corresponden al Ministerio de Fomento en la partida de carreteras,
trayectos de vía férrea y aeropuertos. El departamento de Álvarez-Cascos
adjudicó a Assignia, Fernández Constructor, Azvi y Copcisa la construcción del
tramo de Pajares en la línea del AVE entre León y Asturias por 188.159.485,29
euros en 2003. Se trata de la adjudicación más cuantiosa de las investigadas.
Hay otro contratos de este departamento que rondan los 70 millones de euros por
un tramo de autovía en Castilla y Léon y varios en torno a los 30 millones.
«Carreteras, autopistas, AVE…», recitó Correa hace cuatro años en su
declaración durante el juicio de Gürtel.
Las afirmaciones de líder de la Gürtel en
el juicio provocaron que el juez de la caja B entonces, José de la Mata, le
llamara a declarar para que se ratificara en esa pieza y ofreciera más
detalles. Sin embargo, Correa se echó atrás. Según publicó elDiario.es, antes había
recibido la visita en prisión de Javier Iglesias, el abogado al que el comisario
Villarejo y sus colaboradores denominan El Largo en las
grabaciones incorporadas a la causa Tándem y al que describen como su contacto con Mariano Rajoy cuando
este era presidente del Gobierno. Iglesias alegó que la visita respondió al
interés de Correa por que se incorporara a su defensa.
Entre los contratos que reclama Pedraz
que no pertenecen al Ministerio de Fomento destaca uno de Defensa para la
construcción del nuevo acuartelamiento de la Brigada Paracaidista en
Paracuellos del Jarama. Fue adjudicado en 2002 a la constructora de García
Pozuelo en exclusiva y ascendió a 30.658.649, 53 euros. Más allá de carreteras
y obras de AENA, también sobresale una adjudicación del Ministerio de Educación
para la rehabilitación de la nueva sede del Archivo Histórico y Provincial y
Biblioteca Pública del Estado, licitado por el departamento de Pilar del Castillo
el 8 de agosto de 2003, y que fue asignado a Assignia y Castilla de CNES por
12.984.749,74 euros. En tiempos de Montoro, la Agencia Tributaria licitó 2,5
millones para la construcción de un nuevo edificio en Avilés.
Rajoy construyó una comisaría en el pueblo
de Cotino
El Ministerio del Interior del segundo
Gobierno de Aznar licitó el 12 de mayo de 2002, siendo Rajoy titular del
departamento, la construcción de la nueva comisaría de Policía en Xirivella, en
la provincia de Valencia. Se trata de la localidad de nacimiento de Juan
Cotino, por aquel entonces director general del Cuerpo Nacional de Policía.
Cotino falleció el pasado mes de abril cuando estaba siendo juzgado por
corrupción en otra pieza del caso Gürtel, la de la visita del Papa a Valencia.
La constructora de García Pozuelo fue la adjudicataria de la obra por valor de
1,4 millones de euros.
El Instituto de Turismo de España
(Turespaña), dependiente del Ministerio de Economía entonces, adjudicó el nuevo
Parador de turismo de Lorca a Assignia por 9.014.727, 50 euros. La licitación
es del 30 de mayo de 2003 cuando el titular del Ministerio era Rodrigo Rato y
el secretario de Estado de Turismo era Juan Costa.
El inspector jefe Manuel Morocho,
instructor policial de los casos Gürtel y caja B, es el impulsor de esta nueva
vía de investigación. El agente entregó un informe en noviembre al juez en el
que afirmaba: «Es posible establecer de forma indiciaria una correlación entre
las entregas de fondos realizadas por García Pozuelo, ya sea a través de
Francisco Correa o directamente Luis Bárcenas, y las adjudicaciones públicas
recibidas por Hispánica de poderes adjudicadores gobernados por el PP».
Assignia es la otra constructora de García Pozuelo que tuvo que vender para
saldar su deuda de 20 millones con el fisco, derivada del caso Gürtel.
Tras
recibir el informe favorable de la Fiscalía Anticorrupción y la Abogacía del
Estado sobre la solicitud policial, Pedraz reclama «el contenido íntegro del
expediente administrativo de contratación» de las 23 adjudicaciones citadas. Se
trata de la continuación del trabajo que inició en secreto el pasado abril José
de la Mata. Con el levantamiento del secreto del sumario en septiembre se
conoció que una grabación incautada al empresario Rafael Palencia en el caso
Lezo –otra trama de corrupción que llevó a la cárcel al expresidente madrileño
Ignacio González por las contrataciones del Canal de Isabel II– había servido
al inspector jefe Morocho para repasar toda la documentación obrante en el
sumario de Gürtel y caja B y encontrar nuevos indicios de que la caja B recibió
donaciones a cambio de adjudicaciones concretas, una línea de
investigación cerrada en 2015 por falta de indicios después de que una veintena
de grandes empresarios de la construcción hubieran estado imputados en el caso.
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