Estados Unidos amenaza a los familiares de los
miembros del Tribunal Penal Internacional.
El Tribunal
Penal Internacional ha abierto una investigación sobre los crímenes de guerra
cometidos por Estados Unidos en Afganistán. El Secretario de Estado, Mike
Pompeo, ha respondido amenazando con castigar a los miembros del Tribunal y a
sus familiares.
Pompeo ha
asegurado que Washington tomará medidas punitivas contra ellos si el Tribunal
juzga a los soldados estadounidenses por crímenes de guerra.
En marzo del
año pasado el Departamento de Estado amenazó con revocar o denegar los visados
a todo el personal del Tribunal Penal Internacional que investigará los
crímenes cometidos por las tropas estadounidenses.
Un año más
tarde, el 5 de este mes, el Tribunal dio un paso adelante al aprobar
formalmente una investigación sobre las denuncias de crímenes de guerra y
crímenes contra la humanidad cometidos por el ejército de Estados Unidos y la
CIA en Afganistán.
Pompeo
respondió condenando al Tribunal y sus procedimientos. Su reacción fue un
aparente intento de desacreditar la institución, de la que Estados Unidos no
forma parte.
En una
posterior reunión informativa con la prensa celebrada el 17 de este mes, Pompeo
lanzó otra diatriba contra el Tribunal, degradándolo a “supuesto tribunal”,
“órgano abiertamente político” y “una vergüenza”.
El antiguo
director de la CIA llevó la denuncia aún más lejos, amenazando a los familiares
de la plantilla del Tribunal. “Queremos identificar a los responsables de esta
investigación partidista y a sus familiares que puedan querer viajar a Estados
Unidos o participar en actividades incompatibles con la protección de los
estadounidenses”, dijo Pompeo, según la transcripción oficial del Departamento
de Estado.
Esta amenaza de
Estados Unidos contra los familiares de los miembros del Tribunal Penal
Internacional forma parte de una pauta histórica más larga de ataque de
Washington a las instituciones internacionales que no siguen sus instrucciones.
Al comienzo de
la llamada “guerra contra el terrorismo” emprendida por Bush en 2002, el
Congreso de Estados Unidos aprobó una ley llamada “de protección de los
miembros del servicio, aunque se la conoce como “Ley de Invasión de La Haya”.
Esta
legislación, que no tiene precedentes en ninguna otra parte del mundo, declara
que el gobierno de Estados Unidos se concede a sí mismo unilateralmente el
derecho a invadir militarmente La Haya si un ciudadano de Estados Unidos o de
un país aliado es juzgado en un tribunal internacional.
Las amenazas de
Pompeo tampoco son las primeras. El gobierno de Washington se ha caracterizado
por atacar a miembros de las familias de organizaciones internacionales.
José Bustani,
ex director de la Organización para la Prohibición de las Armas Químicas
(OPAQ), dijo que John Bolton, ex subsecretario de estado con Bush y asesor de
seguridad nacional de Trump, lo amenazó a él y a su familia cuando Bustani
negoció con el gobierno irakí para permitir el ingreso de inspectores de armas
de la OPAQ a Irak.
“Tiene 24 horas
para abandonar la organización, y si no cumple con esta decisión de Washington,
tenemos formas de tomar represalias contra usted”, le dijo Bolton a Bustani, al
más puro estilo matón. “Sabemos dónde viven sus hijos. Tienes dos hijos en
Nueva York”.
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