“El petróleo no echó a perder la economía venezolana. Fue el socialismo”, escribió en el comienzo de 2016 Pascal-Emmanuel Gobry del think tank conservador “Ethics and Public Policy Center”, ubicado en Washington. Gobry, un escritor prolífico para el Forbes, The Wall Street Journal y otras publicaciones, criticó a los analistas que culpan al petróleo por los problemas del país, aun cuando reconoció que la baja de los precios agravó las dificultades. “El culpable es claro y obvio: El problema es el socialismo autoritario venezolano”.
El deterioro de la calidad de vida en Venezuela alimenta las afirmaciones tajantes de Gobry y las de la oposición venezolana. Por cierto, los problemas apremiantes que enfrenta Venezuela, entre ellos la inflación de tres dígitos y las colas de horas y horas para comprar productos básicos – sin mencionar la corrupción que a veces está a la vista de todos – proporcionan a la oposición municiones para desacreditar el proyecto de la izquierda. La narrativa empleada glorifica al neoliberalismo, basándose en que la intervención del Estado en la economía, que fue una característica marcada del gobierno de Chávez, está condenada al fracaso. De acuerdo con algunos críticos del Chavismo, el producto inevitable de las políticas de Chávez fue la proliferación de la corrupción por parte de burócratas chavistas en concordancia con los empresarios chavistas.
Un análisis más amplio de las relaciones entre el gobierno chavista y el sector privado – sin exonerar el primero de los graves errores cometidos – ayudaría arrojar luz sobre la complejidad de la crisis actual. Tal examen sirve para contrarrestar la aseveración neoliberal referente a las fallas inherentes del modelo izquierdista. También plantearía cuestiones dignas de debate con el fin de sacar lecciones de la rica experiencia del gobierno chavista.
Una conclusión fundamental, es que las circunstancias presionaron a los Chavistas a otorgar ciertas concesiones y forjar alianzas tácticas con grupos económicos que no compartieron las metas del movimiento. Esos entendimientos no fueron un error. El error fue no haber hecho lo suficiente para fortalecer la única fuerza capaz de frenar los abusos que han debido ser anticipados: la base del movimiento chavista conjuntamente con los movimientos sociales.
La narrativa antisocialista
Los conservadores en Venezuela están diciendo lo mismo que dicen los observadores como Gobry. El Centro de Divulgación del Conocimiento Económico para la Libertad (CEDICE), que está cercano al Cato Institute, confunde el socialismo y el Keynesianismo, y en el proceso llega a conclusiones similares. Los economistas del CEDICE atribuyen las adversidades en el país al “fracaso de las ideas de Keynes en Venezuela, debido a las políticas implementadas en ese país en donde existe control total de la economía, la unión entre socialismo y mercantilismo, así como una total ausencia de capitalismo que genera pobreza y desempleo”. Una parte importante de la oposición organizada acepta esta línea inconfundiblemente neoliberal. El ex-economista del Banco Central José Guerra, quien ahora es un Diputado Nacional y el portavoz principal de la oposición en materia económica, dijo a Televen “el socialismo del Siglo 21 arruinó al pueblo venezolano”.
Sin embargo, la narrativa anti-socialista pasa por alto el hecho de que la economía venezolana sigue estando en más de 70 por ciento en manos de particulares.
La posición que culpa al socialismo, o inclusive el Keynesianismo, por la escasez aguda de productos básicos, que durante los últimos dos años ha sido el problema más apremiante en Venezuela, ignora factores básicos. Las causas principales incluyen la fuerte baja en los precios internacionales de petróleo, y la “guerra económica” que ha sido bien documentada y consiste en desinversiones inducidas por motivos políticos por parte del sector privado.
El tercer factor es más complicado. Se trata de la disparidad entre los precios regulados y los del mercado negro para conseguir bienes (incluyendo moneda extranjera). El sistema de precios regulados es a menudo una medida efectiva que favorece a los sectores populares. Pero cuando los precios del mercado negro llegan a ser más que el doble de los oficiales para productos de mucha demanda, como ha sido el caso de los dólares en Venezuela desde final de 2012, la corrupción y el contrabando están a la orden del día. El ex-ministro de planificación Jorge Giordani estima que solamente en 2012, compañías estafaron al gobierno a través de la compra de CADIVI con importaciones ficticias o con sobreprecios por un monto de 20 mil millones de dólares.
Los líderes de la oposición son cuidadosos a la hora de culpar a sus aliados del sector privado por este tipo de actividad fraudulenta. Así que apuntan el dedo exclusivamente a los empresarios – referidos como “los boliburgueses” – quienes están asociados con el movimiento chavista y no pertenecen a la burguesía tradicional. De acuerdo con esta línea, la burguesía emergente, quien empezó con poco capital, en alianza con los funcionarios gubernamentales corruptos, es exclusivamente responsable del robo multi-millonario de CADIVI. Carlos Tablante, ex-gobernador del originalmente izquierdista Movimiento al Socialismo (MAS), subrayó esta relación supuestamente siniestra e íntima entre el gobierno chavista y los empresarios “chavistas” y concluye que “una nueva casta ahora gobierna el país”.
El discurso anti-chavistas que relaciona el socialismo con la corrupción ignora el hecho de que los escándalos más flagrantes de la corrupción en América Latina en el último siglo ocurrió durante los gobiernos neoliberales de los años 90s: Carlos Salinas (México), Carlos Menem (Argentina), Alberto Fujimori (Perú), Fernando Collor de Mello (Brasil), y Carlos Andrés Pérez (Venezuela). No es casual que estos casos correspondan a los gobiernos neoliberales. La eliminación de los controles, el libre comercio y las políticas de laissez faire en general abren las puertas a manejos anti-éticos. En su libro The Political Economy of Latin America, el politólogo Peter Kingstone notó que “aunque los neoliberales plantearon que el retiro del Estado limitaría las oportunidades para la corrupción, la realidad fue que creó nuevas y diferentes oportunidades.”
El escándalo de los 20 mil millones de dólares de CADIVI se asemeja al de la empresa estatal brasileña PETROBRAS. En ambos casos, los culpables del comportamiento deshonesto cruzan el espectro político desde la izquierda hasta la derecha. En Venezuela, los empresarios miembros de FEDECAMARAS, que en dos oportunidades dirigieron movimientos para derrocar a Chávez en 2002, comparten la culpa con la burguesía emergente, cuyos miembros en algunos casos se llaman “Chavistas”.
Entonces ¿Quién tiene la culpa?
Indudablemente, el gobierno chavista, como en el caso de cualquier gobierno, tiene la mayor parte de la responsabilidad por los actos de corrupción cometidos en el sector público. En primer lugar, las políticas del gobierno que ignoraron las condiciones del mercado permitieron una amplia disparidad entre los precios oficiales y del mercado negro, abriendo el camino al contrabando desenfrenado y la corrupción.
En segundo lugar, el gobierno actual de Nicolás Maduro se abstuvo de llevar a cabo una campaña de gran envergadura contra la corrupción. Sin embargo es importante destacar que el número de personas, tanto a nivel administrativo como niveles inferiores, procesadas judicialmente por actos de ese tipo post-1998, es mucho mayor que en el periodo antes de 1998 (ver mi artículo “Las expectativas falsas de la estrategia negociadora en Venezuela” que está por salir en el número 2 de 2016 de NACLA:
En tercer lugar, el gobierno chavista ha hecho poco para desmantelar el sistema de favoritismo en el otorgamiento de los contratos para las obras públicas, una práctica que llegó a ser notoria e institucionalizada desde mucho antes de 1998. El sistema incluye sobornos rutinarios para contratos. Cuando un gobernador o alcalde es reemplazado, aún por alguien de su mismo partido, un conjunto de nuevas compañías generalmente recibe la mayor parte de los contratos.
El Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV), que está dirigido por ministros, gobernadores y alcaldes chavistas, no ha servido para frenar esas actividades. La base del PSUV visualiza su papel como el de “contralor social” – haciendo un contrapeso a la maquinaria partidista – que denuncia los abusos donde quiera se presenten. Las elecciones primarias internas donde los pre-candidatos reciben oportunidades por igual – como propuso Chávez– facilitarían esta dinámica, pero en los años recientes se ha dificultado la participación de los aspirantes a puestos elegidos sin el apoyo de la maquinaria chavista.
Sin embargo, el asunto de quién en el sector privado está involucrado en manejos inescrupuloso, y cuáles son sus relaciones con el gobierno, está lejos de ser trivial. Las implicaciones son de largo alcance. De acuerdo con la oposición venezolana, la actividad empresarial anti-ética está limitada a los empresarios que forman parte, o están cerca, del movimiento chavista. Esta aseveración se presta al argumento neoliberal espurio que el socialismo en sí conduce a la corrupción.
El argumento ignora los hechos revelados en varios estudios empíricos sobre el escándalo de CADIVI de 2012: miembros de los grupos económicos tradicionales y las empresas multinacionales, conjuntamente con los empresarios emergentes, estaban involucrados de lleno en el robo de los 20 mil millones.
Uno de los estudios, llevado a cabo por el analista político y activista Luis Enrique Gavazut, concluye que “en términos de montos de divisas recibidos, las empresas que estafaron a la nación corresponden a las empresas de gran capital, principalmente a las empresas multinacionales extranjeras”. El agrega que una parte de la actividad ilícita no pudo haber sido realizada si las autoridades norteamericanas hubieran monitoreado las operaciones obscuras en Florida y otros estados donde los dólares fueron eventualmente depositados o invertidos.
La burguesía emergente vs. la tradicional
La oposición y los medios corporativos colocan a los grupos empresariales emergentes plenamente en el campo chavista. Pero los empresarios emergentes están lejos de ser seguidores incondicionales del gobierno chavista o una “casta” gobernante, y tampoco representan un grupo monolítico. Por cierto, muchos de los empresarios calificados por la oposición como “boliburguses” han resultado ser todo menos Chavistas.
Un ejemplo de esto es el de los nuevos propietarios del canal de televisión “Globovisión”, anteriormente anti-chavista a ultranza. Poco después de que el canal fue comprado en 2013, los comisionados del ayuntamiento de Miami declararon al presidente de Globovisión, Raúl Gorrín, y a los otros dueños personas no grata, llamándolos “boliburgueses ricos del gobierno venezolano”. Al mismo tiempo, el periódico de la misma ciudad El Nuevo Herald, se refirió a los dueños de Globovisión como “amigos del Chavismo” y alegó que habían comprado millones de dólares en propiedades en el sur de Florida y que además conducían carros deportivos de lujo en Miami. El nuevo presidente de Globovisión encaja a la perfección con la imagen de la boliburguesía. Gorrín empezó su carrera con poco capital y originalmente ocupó posiciones subalternas en las instituciones bancarias que Chávez culpó por el desplome financiero de 2009, cuando ordenó el arresto de varios de sus propietarios.
Los críticos de la nueva Globovisión predijeron que el canal iba a convertirse en un portavoz del gobierno chavista. Al asumir la presidencia, Gorrín comprometió a Globovisión a “objetividad e imparcialidad”, al mismo tiempo que modificó su programación con el fin de minimizar o eliminar el sesgo anti-chavista. Sin embargo, en la medida que el gobierno de Maduro perdió popularidad, particularmente con la derrota en las elecciones para la Asamblea Nacional en diciembre de 2015, Globovisión llegó a ser cada vez más crítico. En el comienzo de este año, Maduro afirmó: “Uno ve Globovisión y es 9 de abril del 2002”, en referencia a los acontecimientos previos al golpe de estado promovido por los medios contra Chávez.
Otro empresario supuestamente “chavista” es Alberto Cudemus, quien salió de FEDECAMARAS después de dos campañas para dirigir la federación. Cudemus hizo un llamado a relaciones armónicas entre el sector empresarial y el gobierno, al mismo tiempo que recibió contratos para suministrar productos porcinos a las cadenas estatales de alimentación. Sus posiciones favorables a algunos planteamientos del gobierno le trajeron como consecuencia un grado de desprecio entre aquellos que lo llamaron peyorativamente “un empresario socialista”.
Pero después que Maduro asumió la presidencia en 2013, Cudemus formuló una crítica tajante a la política económica del gobierno que se diferenció muy poco de FEDECAMARAS. Cudemus argumentó que Maduro estaba rodeado de “funcionarios ineptos” y que su “modelo económico” era defectuoso. Entre las políticas que él consideró equivocadas se encontraba la ley del trabajo, y sobre todo las cláusulas sobre la estabilidad laboral, el techo sobre las ganancias, la emisión excesiva de moneda, la proliferación burocrática, la excesiva permisología para la aprobación de proyectos, el retraso en el pago de las deudas al sector privado, y la falta de participación empresarial en la formulación de políticas.
Algunos opositores en Venezuela también acusan a varios miembros de los grandes grupos económicos de haberse vendido a los Chavistas. Un ejemplo es el billonario Gustavo Cisneros, que algunos anti-chavistas llaman un “cómplice” en el supuesto fraude electoral para el referéndum revocatorio de 2004. El canal Venevisión de Cisneros cambió su cobertura de un sesgo favorable al golpe de estado de abril de 2002 a una cobertura más balanceada después de junio de 2004, cuando Jimmy Carter arregló una reunión de puertas cerradas entre Chávez y el magnate de los medios.
Evidentemente, Chávez aceptó la reanudación de las concesiones de Venevisión a cambio del abandono de su reportaje tipo Fox News en contra del gobierno. Subsiguientemente, el gobierno de Chávez rechazó la reanudación de la concesión de “Radio Caracas”, que también había apoyado activamente el golpe de estado de 2002. “Radio Caracas” era el competidor principal de Venevisión. Algunos comentaristas de la oposición insinuaron que en la reunión mediada por Carter, Cisneros vendió su alma al diablo con el fin de lograr la expansión comercial de Venevisión.
La línea de la oposición referente a la boliburguesía como un fenómeno chavista ignora la razón por la cual las vinculaciones con los empresarios emergentes fueron establecidas. El favoritismo del gobierno hacia empresarios políticamente neutrales fue una reacción a la hostilidad de FEDECAMARAS que culminó en dos esfuerzos por derrocar a Chávez en 2002. La estrategia chavista tenía como fin neutralizar una clase empresarial agresiva, y no ganarla. Por cierto, la mayoría de los empresarios anti-FEDECAMARAS levantaron la bandera de la neutralidad política, no las de la izquierda.
Al mismo tiempo, el liderazgo chavista, en efecto, descartó una alianza estratégica con los empresarios supuestamente progresistas, a veces llamados “la burguesía progresista” (un término usado por los Comunistas latinoamericanos hace medio siglo atrás). Esa estrategia había sido promovida por la mano derecha de Chávez en su momento, Luis Miquilena, quien inició su carrera política en el movimiento comunista en los años 40 y terminó apoyando el golpe de estado contra Chávez en abril de 2002.
Las vinculaciones entre el movimiento chavista y el sector privado, incluyendo los grupos emergentes, son en la gran mayoría de los casos tenues. Hay buenas razones por las cuales no pueden ser comparadas con los vínculos sólidos entre, por ejemplo, la clase empresarial norteamericana y los partidos Demócratas y Republicanos. Los propietarios de cualquier empresa de buen tamaño, sean de origen tradicional o reciente, no pueden ver con buenos ojos el discurso anti-capitalista de los Chavistas y sus constantes arremetidas contra la burguesía (un término usado peyorativamente por ellos).
Además, los empresarios tanto tradicionales como recientes critican aspectos importantes del anti-neoliberalismo del gobierno de Maduro, como, por ejemplo, los límites sobre la tasa de ganancia. Similarmente, la política de control de cambio, implementada por Chávez en 2003, obstaculiza la repatriación de las ganancias por parte de las empresas y los empresarios venezolanos.
Finalmente, los gobiernos chavistas generalmente se han abstenido de nombrar representantes de la clase empresarial a puestos del gobierno. Esta política contrasta con la de los gobiernos antes de 1998, cuando casi todas las posiciones de formulación de política económica fueron ocupadas por representantes de los grupos económicos.
Sin embargo, en enero de 2016, Maduro nombró al empresario Miguel Pérez Abad como Ministro de Industria y Comercio. Los líderes de la corriente izquierdista “Marea Socialista” criticaron el nombramiento. En cambio, los partidarios de Maduro lo justificaron en base a que Pérez Abad, como miembro del PSUV, está comprometido con el socialismo y las otras metas del movimiento. Además, desde 2001 Pérez Abad había dirigido Fedeindustria, una organización que representa a los pequeños y medianos empresarios, no a los grandes.
Las Principales Implicaciones
La aseveración de la oposición referente al surgimiento de una nueva “casta” gobernante en la figura de la boliburguesía refuerza la vieja noción de las fallas inherentes al socialismo. Durante el siglo veinte, los apologistas del sistema capitalista apuntaron a la Unión Soviética como prueba que el socialismo y la democracia son por naturaleza incompatibles. Más recientemente, algunos académicos que escriben sobre la política latinoamericana plantean que los bajos niveles de productividad de la economía de los gobiernos izquierdistas “populistas” demuestran la insostenibilidad de las políticas socialistas.
Similarmente, los proponentes de la tesis de la boliburguesía pretenden documentar la relación entre la corrupción y el socialismo: Por eso, es importante refutar sus argumentos demostrando la fragilidad e inestabilidad de las vinculaciones entre los grupos económicos emergentes y el Chavismo, y también la razón por la cual esos vínculos fueron originalmente establecidos. La complicidad entre las empresas, tanto de FEDECAMARAS como las multinacionales, en los casos de corrupción pone en evidencia adicional la falsedad de la narrativa anti-socialista.
Los entendimientos y vinculaciones temporales entre el gobierno socialista y grupos económicos pueden ser inevitables en cualquier proceso prolongado para lograr el socialismo por medios democráticos. Un partido internamente democrático, con un grado de autonomía en su relación con el Estado, es la mejor garantía que los vínculos no van a solidificarse con el tiempo, y que la corrupción va a ser combatida con ahínco. En Venezuela, como en otras partes de América Latina, la construcción de ese tipo de partido es esencial para lograr la democracia auténtica. La democratización del PSUV, con una mayor participación desde la base, es también imperativa para la supervivencia del proyecto chavista y el éxito de su estrategia de cambio.
Steve Ellner ha sido profesor de historia económica en la Universidad de Oriente en Venezuela desde 1977. Su libro más reciente (como compilador) es La izquierda radical en América Latina: Complejidades del poder político en el siglo veintiuno (Centro Rómulo Gallegos – CELARG).
