sábado, 2 de mayo de 2015

GRECIA: AYUDAR AL PUEBLO GRIEGO ES AYUDAR AL PUEBLO ESPAÑOL


Preguntas: ¿La deuda que incrementa el gobierno español comprando armas, que además no se necesitan, a quién favorece, quién se enriquece con ésa deuda y quién y cómo se paga ésa deuda? ¿El pueblo español tiene derecho a saber quienes les están endeudando y por qué y para qué?

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Grecia nos pide ayuda

Rebelión
Público.es
30.04-2015


Me escribe mi buen amigo Giorgos Mitralias, uno de los promotores en Grecia del Espacio de Diálogo y de Acción Común que desembocó en la creación de Syriza y fundador en su día del movimiento de las Marchas Europeas y del Foro Social.

Mitralias es un comprometido activista que lleva muchos años dedicado a la lucha política en su país y a escribir libros en los que profundiza sobre el problema de la dichosa deuda. Conozco perfectamente esa sensación agridulce en la que vive mi amigo desde que Syriza ganó las elecciones el pasado 25 de enero. Esa alegría tras la victoria que desde entonces se mezcla sin remedio con la pesadez diaria de tener que plantar cara a esos representantes del resto de países europeos que no parecen muy dispuestos a respetar la voluntad mayoritaria de los griegos.

Me remite Giorgos por correo electrónico un manifiesto para el que pide el apoyo del mayor número de personas posible. Es, de hecho, una llamada de socorro, porque no están dispuestos a dar su brazo a torcer por mucho que en Bruselas y Berlín les aprieten las tuercas. Los apoyan ya personalidades como Naomi Klein, Joseph Stiglitz, Thomas Piketty, Noam Chomsky o Ken Loach. También dirigentes sindicales, activistas de movimientos sociales, responsables políticos e intelectuales y artistas de renombre.

Lo mejor que se me ocurre para apoyarlo es reproducir aquí su manifiesto y su mail giorgos.mitralias@gmail.com -, y que quien lo desee pueda también manifestarle su adhesión personal de una manera directa.

Sobre una traducción de Jorge Riechmann, reproduzco a continuación el Manifiesto:

“LLAMAMIENTO EN APOYO DE LA GRECIA QUE RESISTE Y A LA COMISIÓN DE LA VERDAD SOBRE LA DEUDA PÚBLICA"

A los pueblos de Europa y del mundo, a todos los que rechazan las políticas de austeridad y no aceptan pagar una deuda pública que nos ahoga, que fue contraída sin nosotros y contra nosotros.

Quienes firmamos este llamamiento nos situamos junto al pueblo griego que, tras su voto en las elecciones generales del 25 de enero de 2015, es el primer pueblo en Europa –y en el hemisferio Norte- que ha rechazado las políticas de austeridad aplicadas en nombre del pago de una deuda pública contraída por los de arriba, sin el pueblo y contra el pueblo. Al mismo tiempo, consideramos que la creación de la Comisión de la Verdad sobre la Deuda Pública, por iniciativa de la Presidenta del Parlamento griego, constituye un acontecimiento histórico de fundamental importancia, no sólo para el pueblo griego sino también para los pueblos de Europa y del mundo entero.

Esta Comisión, compuesta por ciudadanos y ciudadanas voluntarias llegadas de todo el orbe, estimulará sin duda iniciativas semejantes en otros países. Porque el problema de la deuda es una verdadera peste que se abate sobre casi toda Europa,y otros lugares, y también porque son muchos millones de personas las que se plantean muchas preguntas a la vez sobre la deuda:

-¿Qué ha pasado con el dinero de los préstamos, y en qué condiciones se solicitaron estos préstamos? ¿Qué intereses se han pagado ya, bajo qué tipos de interés, qué parte del principal ya se ha devuelto? ¿De qué manera la deuda ha crecido sin que ello beneficie al pueblo? ¿Qué caminos han tomado los capitales?

¿Para qué han servido? ¿Qué parte se ha sustraído, por quién y cómo? Y también:

-¿Quién ha pedido prestado, y en nombre de quién? ¿Quién prestó y cuál fue su papel? ¿De qué manera se ha visto implicado el Estado, quién y cómo tomó las decisiones? ¿Cómo las deudas privadas acabaron convirtiéndose en “públicas”? ¿Quién ha impulsado proyectos inadecuados e inútiles, quién contrató, quién se benefició? ¿Se han cometido delitos –por no decir crímenes- con ese dinero? ¿Por qué no se sustancian responsabilidades civiles, penales y administrativas?

Todas estas preguntas las va a analizar de forma rigurosa la Comisión especial creada por iniciativa de la presidencia del parlamento griego, y cuyo mandato oficial se formula así: “Recopilar todos los datos relacionados con el surgimiento y el aumento desmesurado de la deuda pública y someterlos a minucioso escrutinio científico con el objetivo de definir qué parte que se puede identificar como deuda ilegítima, ilegal, odiosa o no sostenible, y ello tanto durante el período de los Memorandos, entre mayo de 2010 y enero de 2015, como en años anteriores. La Comisión también debe publicar informaciones claras y accesibles para todos los ciudadanos, realizar declaraciones públicas, facilitar la toma de conciencia de la población griega, así como de la comunidad internacional y la opinión pública internacional, y finalmente redactar argumentaciones y demandas relativas la cancelación de la deuda.”

Consideramos que constituye el más elemental de los derechos democráticos plantear estas preguntas y obtener respuestas claras y precisas. Entendemos que rechazar responderlas supone una denegación de democracia y un rechazo de transparencia por parte de los de arriba,que han inventado el “sistema-deuda” y lo utilizan para enriquecer a los ricos y empobrecer a los pobres. Aún más grave: creemos que, al monopolizar el derecho a decidir sobre el curso de la sociedad, los de arriba privan a la inmensa mayoría de los ciudadanos no sólo de este derecho, sino sobre todo del de asumir su propio destino.

Por eso, en esta situación de emergencia, dirigimos este urgente llamamiento a todos los movimientos sociales, a las redes y movimientos ecologistas y feministas, a los sindicatos de trabajadores y a las formaciones políticas que no se reconocen en esta Europa neoliberal, cada vez menos democrática y humanista:

Manifestad vuestra solidaridad con esta Grecia resistente apoyando ahora, de forma activa, a la Comisión de la Verdad sobre la Deuda Pública griega y su trabajo de identificación de la parte ilegítima, ilegal, odiosa o no sostenible de tal deuda.

Defended a la Comisión de los ataques con que la acosan quienes, en Grecia y en todo el mundo, están interesados en mantener oculta la verdad sobre el “sistema-deuda”.
Participad activamente en los procesos de auditoría ciudadana de la deuda que se están desarrollando en muchos lugares, en Europa y fuera de ella.

Compartid en red vuestro apoyo y solidaridad, pues sólo así conseguiremos frustrar el plan de los poderosos que quieren asfixiar a la Grecia que lucha contra nuestros enemigos comunes: las políticas de austeridad y la deuda que nos ahoga.

Frente a adversarios experimentados, unidos, bien coordinados, armados con poderes exorbitantes y sobre todo decididos a llevar hasta el final su ofensiva contra todos los que constituimos la aplastante mayoría de nuestras sociedades, no podemos permitirnos el lujo de resistir por separado, cada cual aislado en su rincón.

Unamos nuestras fuerzas en un vasto movimiento de solidaridad con la Grecia resistente, apoyemos a la Comisión de la Verdad sobre la Deuda Pública griega, y multipliquemos comisiones semejantes allí donde sea posible”.

Fuente: http://blogs.publico.es/juan-tortosa/2015/04/29/grecia-nos-pide-ayuda/

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NOTA DE AGRADECIMIENTO A LOS LECTORES DEL OJO ATÍPICO DE:




ESPAÑA
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INDONESIA

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GRECIA: ¿CUANDO IRAN A LA CÁRCEL LOS DIRECTORES DE PERIÓDICOS Y SUS CONSEJOS DE ADMINISTRACIÓN POR MENTIR DELIBERADAMENTE?

Varoufakis y las mentiras de la prensa: “Todavía estoy a cargo de las negociaciones con el Eurogrupo”

Por Kaos. Internacional
01.05.2015
«Yo soy quien lleva la voz cantante. Todavía estoy a cargo de las negociones con el Eurogrupo y tengo el apoyo de los ministros», ha declarado en una entrevista publicada por la versión online del periódico alemán Die Zeit. Varoufakis niega que el primer ministro griego, Alexis Tsipras, le haya apartado del equipo negociador, como […]



«Yo soy quien lleva la voz cantante. Todavía estoy a cargo de las negociones con el Eurogrupo y tengo el apoyo de los ministros», ha declarado en una entrevista publicada por la versión online del periódico alemánDie Zeit. Varoufakis niega que el primer ministro griego, Alexis Tsipras, le haya apartado del equipo negociador, como se ha publicado. «Tenemos un grupo de ministros y de otras personas del Gobierno que trabajan a mi lado desde hace semanas. Soy el que preside dicho grupo, que está sujeto a lo que yo diga. Yo tomo las decisiones», añade.
El mediático ministro de Finanzas también ha defendido sus gestiones con la Unión Europea: «Creo que no hay nadie que haya trabajado más duro en los últimos meses para encontrar un acuerdo con nuestros socios europeos. El único problema es que nuestras propuestas de reforma no han sido realmente discutidas por las instituciones, que a su vez no han ofrecido alternativas».
Lo que parece claro es que queda poco tiempo y las conversaciones entre los Veintiocho, como las celebradas en Estonia hace unos días, no avanzan. El tiempo apremia porque el Gobierno heleno, que ha manifestado tener problemas de liquidez, debe afrontar un pago al Fondo Monetario Internacional el próximo 12 de mayo de 744 millones de euros.
El político heleno considera que, pese a las «duras negociaciones», existe un ambiente de cooperación. «Lo que está pasando es lógico porque somos el primer Gobierno griego que cuestiona las políticas de austeridad. Es evidente que nos hemos encontrado con una gran resistencia dentro del Eurogrupo», subraya en dicha entrevista, en la que además de insistir en que no se siente aislado, arremete contra los medios de comunicación: «Es muy triste que varios medios digan cosas que no han sucedido. Una prueba más de los bajos estándares periodísticos».
Varoufakis lamenta la situación griega, sentimiento que entiende compartido por el resto de compañeros europeos: «Puede ser que a los otros ministros no les guste la posición de Grecia, que después de cinco años siga estando en crisis, pero hay que tratarlo de una forma racional. Nosotros estamos mucho más frustrados de que la crisis de nuestro país no se haya acabado todavía», asegura al Die Zeit.
Referéndum y amnistía fiscal
También el primer ministro ha hablado recientemente, en este caso en el canal de televisión privadoStar, donde Tsipras ha puesto sobre la mesa la posibilidad de realizar un referéndum, «para que sea el pueblo el que se pronuncie», en el caso de que sigan estancadas las conversaciones con la Unión Europea y la troika. Están en juego los 7.200 millones de euros del último tramo del rescate. «No tengo derecho a decidir por el pueblo griego si las negociaciones llegan a un punto en que no se correspondan con el mandato», ha apuntado el líder de Syriza (Coalición de la Izquierda Radical), que aun así se muestra confiado en que se llegue a un acuerdo. En antena, el primer ministro mostró su apoyo a Varoufakis, de quien dijo que es «un gran activo».
La última medida anunciada por el Gobierno griego para recaudar fondos es una amnistía fiscal para aquellos ciudadanos y ciudadanas que declaren depósitos en el extranjero, lo que ha despertado una gran polémica. Las personas que se acojan a este plan deberán pagar un impuesto de entre el 15 y el 20 por ciento sobre los fondos que declaren; por su parte, a quienes no se acojan voluntariamente y sean luego descubiertos se les aplicará un impuesto del 46 por ciento además de una multa. Para poner en marcha esta propuesta, Grecia y Suiza tienen pensado firmar un acuerdo de intercambio de información.

viernes, 1 de mayo de 2015

EL TRABAJO



El trabajo garantizado y la Constitución

Rebelión
Público.es
29.04.2015


El trabajo garantizado no es sólo una propuesta económica provista de una importante base científica, sino también un instrumento reconocido internacionalmente para combatir y erradicar el desempleo ocasionado por la crisis del capitalismo. Una vez analizado el marco institucional que haría posible su implantación en España, conviene abordar el fundamento constitucional que sustenta la adopción de esta política pública. Nuestra reflexión debe partir del artículo 35.1 de la Constitución Española (CE), cuyo tenor literal no deja lugar a dudas: todos los españoles tienen“derecho al trabajo”. Nótese que el legislador evita deliberadamente el recurso a fórmulas ambiguas o indeterminadas, considerando el trabajo como un derecho de los ciudadanos que puede ser invocado ante los poderes públicos, con los matices que posteriormente comentaremos. Por decirlo claramente y sin ambages: al reconocer de modo expreso el “derecho al trabajo”, nuestra Carta Magna trasciende el ámbito de lo meramente programático y define una obligación correlativa del Estado encaminada a la efectiva satisfacción del derecho, que no puede ser obviada por los poderes públicos.

Así se desprende, por lo demás, de la estratégica ubicación del precepto en la Sección segunda del Capítulo segundo, Título I, de la Constitución, que otorga un nivel de protección básico a los derechos allí contemplados. De acuerdo con el artículo 53.1 CE, estas facultades o prerrogativas vinculan a los poderes públicos y sus leyes de desarrollo deben respetar su contenido esencial, lo cual se garantiza a través del recurso de inconstitucionalidad ante el Tribunal Constitucional. Por otra parte, el derecho al trabajo reconocido en el artículo 35.1 CE debe complementarse con la declaración contenida en el artículo 40.1 del mismo texto legal, que, de forma también inequívoca, impone a los poderes públicos la obligación de realizar “una política orientada al pleno empleo”. Recordemos que, de acuerdo con el artículo 53.3 CE, este importante mandato informará “la legislación positiva, la práctica judicial y la actuación de los poderes públicos”, lo que permite afirmar su valor como criterio interpretativo tanto de la Constitución como del resto del ordenamiento jurídico.
Partiendo de esta base, el Tribunal Constitucional ha efectuado una cuidadosa labor de interpretación sobre el contenido y alcance del precepto comentado. En conexión con el artículo 40.1 CE, implica un mandato claro y terminante para los poderes públicos, que devienen obligados a crear y promover las condiciones necesarias para dotarlo de contenido. El Alto Tribunal lo ha expresado con singular acierto en su Sentencia de 8 de julio de 1981, donde señala que la dimensión colectiva del derecho al trabajo supone “un mandato a los poderes públicos para que lleven a cabo una política de pleno empleo, pues en otro caso el ejercicio del derecho al trabajo por una parte de la población lleva consigo la negación de ese mismo derecho para otra parte de la ciudadanía”. O, por expresar la idea con otras palabras, el derecho al trabajo posee un amplio contenido normativo que exige una intervención estatal orientada hacia el pleno empleo, como medio que permite dotar de virtualidad jurídica al derecho consagrado en el artículo 35.1 CE, especialmente en el caso de todas aquellas personas que, pudiendo y queriendo trabajar, se ven imposibilitadas para obtener un empleo.
Pues bien, a la vista de estos datos, cabe razonablemente concluir que la política de trabajo garantizado encontraría amparo y justificación en los artículos 35.1 y 40.1 CE, puesto que contribuye a alcanzar el objetivo constitucionalmente atribuido a la política de empleo: proporcionar una oportunidad de trabajo a los trabajadores en paro. Es más, en su apoyo podría también argüirse el artículo 9.2 CE, que acoge una idea de enorme importancia para la cuestión que nos preocupa: corresponde a los poderes públicos “remover los obstáculos” a la auténtica y sustancial igualdad y promover la participación de todos en la vida productiva del país. Siendo el desempleo un impedimento grave para el libre desarrollo de la personalidad y un motivo muy frecuente de exclusión social, es posible convenir que la idea de garantizar un puesto de trabajo a las personas desempleadas que así lo deseen entronca directamente con la letra y el espíritu de la norma constitucional.
En nuestra opinión, esta posibilidad no contradice lo dispuesto en el artículo 38 CE, que proclama “la libertad de empresa, en el marco de una economía de mercado”. Recordemos que la finalidad del trabajo garantizado no es sustituir el empleo proporcionado por el sector privado, sino complementarlo, ofreciendo un puesto de trabajo a todas aquellas personas que no han obtenido un empleo a pesar de que desean y se encuentran en disposición de trabajar. Por este motivo, el trabajo garantizado se limita a satisfacer aquellas necesidades económicas y sociales que el mercado no considera rentables y que, por tanto, no está interesado en proporcionar, como el cuidado del medio ambiente, la restauración de infraestructuras públicas o la mejora de los servicios sociales. La reserva de empleo público garantizado se reduce durante la fase de expansión económica y aumenta en los períodos de recesión, complementando la demanda de trabajo procedente del sector privado, pero sin llegar a perjudicarla.
En todo caso, conviene tener presente que el reconocimiento constitucional de la libertad de empresa resulta atemperado por el acusado sentido social que nuestra Constitución otorga a sus principios y derechos. Recordemos que los poderes públicos garantizan y protegen el ejercicio de la libre empresa, “de acuerdo con las exigencias de la economía general y, en su caso, de la planificación” (artículo 38 CE, in fine); y que “toda la riqueza del país en sus distintas formas y sea cual fuere su titularidad está subordinada al interés general” (artículo 128.1 CE). La misma expresión“Estado social y democrático de Derecho” (artículo 1.1 CE), que sirve de pórtico a la Ley Fundamental, es tributaria de las corrientes intervencionistas que desplazaron al liberalismo ortodoxo tras la II Guerra Mundial. En este contexto, el trabajo garantizado constituye un instrumento para combatir el desempleo y posibilitar la incorporación de todos a la vida productiva, enlazando con las previsiones constitucionales más directamente encaminadas a preservar y construir el Estado social, sin menoscabo de otros derechos que también gozan de protección constitucional, como es el caso de la libertad de empresa.
Cuestión distinta, pero en absoluto contrapuesta a la anterior, es que la consagración del Estado como empleador de última instancia convertiría el derecho al trabajo en un auténtico derecho subjetivo susceptible de encuadrarse entre las libertades públicas que nuestra Constitución sitúa en la cúspide del ordenamiento jurídico. La apertura de un proceso constituyente en España, que parece cada día más cercana, abriría la puerta a la ampliación del todavía limitado elenco de derechos sociales fundamentales, otorgando el máximo rango normativo a demandas democráticas como el derecho a la vivienda, el derecho a la salud y, por qué no, el derecho al trabajo, que sería inmediatamente exigible por su titular e indisponible para los poderes públicos. Este reconocimiento permitiría superar la tradicional distinción, más ideológica que jurídica, entre los derechos civiles y políticos, investidos de eficacia normativa general, y los siempre postergados derechos sociales, a los que se asigna un valor meramente programático. O dicho más claramente, permitiría abordar la elaboración de un nuevo contrato social que traiga a primer plano las expectativas e intereses de la mayoría de la sociedad, elevando los derechos sociales al mismo plano jerárquico que las demás libertades públicas.
Héctor Illueca Ballester. Doctor en Derecho e Inspector de Trabajo y Seguridad Social
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PRIMERO DE MAYO

LA BELLA CIAO

Y EN ESO LLEGÓ FIDEL

POR ALLÍ VINIERON

SI SE CALLA EL CANTOR

jueves, 30 de abril de 2015

ECOLOGÍA SOCIAL



La burbuja de los agrocombustibles estalla

Rebelión
29.04.2015

Ayer, 28 de abril el Parlamento Europeo aprobó una nueva legislación que limita el uso de cultivos para producir combustibles. Los europarlamentarios han reconocido que los agrocombustibles pueden competir con la producción de alimentos, contribuir al cambio climático y forzar cambios en los usos del suelo. Amigos de la Tierra considera que esta decisión irá poniendo fin al uso de los agrocombustibles. 

El Parlamento Europeo ha impuesto un nuevo límite al porcentaje de uso de agrocombustibles permitidos en el transporte de un 7% [1]. Al ser Europa el mayor consumidor de diésel de origen agrícola, como el aceite de palma, la soja o la colza, el voto tiene implicaciones globales, sobre todo para aquellos países exportadores como Indonesia, Malasia o Argentina. Esta votación probablemente suponga el final de la expansión del uso de cultivos alimentarios como combustibles.

La producción y el consumo de agrocombustibles creció exponencialmente entre 2008 y 2009 cuando dos directivas europeas, la de Renovables y la Calidad de los Combustibles incluyeron objetivos vinculantes del 10% del combustible provenientes de fuentes supuestamente “renovables”. En este contexto, el objetivo anterior era de un 8,6% para 2020, que se ha reducido a un 4,7%. El límite aprobado hoy se trata de un reconocimiento de los agrocombustibles como agravantes del cambio climático. En esta línea, la Unión Europea deja libertad a los estados miembros para bajar el límite de su uso, si así lo deciden.

“Estos combustibles hacen más daño que bien al clima y las personas. La Unión Europea por fin empieza a frenar los agrocombustibles y reconoce frente al resto del mundo que no son una solución al cambio climático. Esta decisión pone fin a una década de debates sobre el impacto de los agrocombustibles, que han ocasionado hambre, aumento en el precio de los alimentos y acaparamiento de tierras [2]”, ha señalado Alejandro González, responsable del área de clima y energía de Amigos de la Tierra.

La UE ha tenido que retractarse en sus políticas sobre agrocombustibles, lo que debería ser una lección para los demás países que están pensando en incrementar el uso de estos combustibles. Hay 64 países en el mundo que han aumentado o están pensando en aumentar su uso para el transporte [3], entre ellos recientemente Indonesia [4].

Amigos de la Tierra insta a los países de la EU a que pongan fin a la producción de agrocombustibles a partir de alimentos.


Notas:

[1] Qué ha acordado la Unión Europea:

· Limitar el uso de agrocombustibles para el transporte a un 7%, dejando libertad a los estados miembros para bajarlo aun más. El objetivo anterior era de un 8,6% para 2020, desde el 4,7% actual.

· Las emisiones indirectas de GEI debido a la expansión de agrocombustibles serán vigiladas anualmente por la Comisión Europea y los productores. Esto mejorará la transparencia de la producción.

· Los Estados Miembros deben apoyar un objetivo no vinculante del 0,5% de los “combustibles avanzados” derivados de los residuos agrícolas, forestales o domésticos aunque con ciertas salvaguardas ambientales.

[2] Antecedentes:
La producción y el consumo de agrocombustibles creció exponencialmente entre 2008 y 2009 cuando dos directivas europeas, la de Renovables y la Calidad de los Combustibles incluyeron objetivos vinculantes del 10% del combustible provenientes de fuentes “renovables”. Amigos de la Tierra se opuso a dicho objetivo. En 2012 la Comisión Europea propuso revertir la legislación en respuesta a la evidencia del impacto de los agrocombustibles sobre el cambio climático, incluso peor que el de los combustibles fósiles. La propuesta de un límite del 5% inicial se amplió al 6% por el Parlamento Europeo y al 7% por los Estasdos Miembros, que se acaba de votar.

[3] http://ase.tufts.edu/gdae/Pubs/wp/15-01WiseMandates.pdf

[4] El Gobierno de Indonesia está planificando aumentar el uso de los biocombustibles a nivel nacional, incluido el biocombustible obtenido a partir de aceite de palma mediante subvenciones adicionales y una meta obligatoria de 15% de biocombustible mezclado con diesel.http://www.thejakartapost.com/news/2015/04/06/govt-levies-palm-oil-exports-fund-biodiesel-push.html


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