Las infiltraciones policiales llegan al Tribunal Constitucional
Por Tomás
Muñoz
Rebelion / España | 14/01/2025 | España
Fuentes: El
Salto
Las infiltraciones de agentes
policiales bajo identidades falsas en movimientos sociales y
sus consecuencias en las personas que fueron víctimas de este espionaje,
llegarán al Tribunal Constitucional. Irídia-Centre per la Defensa
dels Drets Humans, conjuntamente con el colectivo de afectadas por
estas infiltraciones Acció Contra l’Espionatge d’Estat,
ha interpuesto un recurso de amparo para denunciar la falta de investigación de
las graves vulneraciones de derechos fundamentales derivadas de las
infiltraciones policiales en espacios políticos y sociales de Barcelona.
Esta acción
judicial es una respuesta a la inadmisión a trámite de la querella interpuesta en
enero de 2023 por ocho personas afectadas contra el agente infiltrado D. H. P.,
sus superiores jerárquicos y el Ministerio del Interior. Una resolución que,
según Irídia, “supone un incumplimiento grave de la obligación de garantizar la
prohibición absoluta de la tortura y otros tratos inhumanos o degradantes, tal
como establecen los estándares internacionales de derechos humanos”. Irídia
considera que este incumplimiento “pone en riesgo la protección efectiva de los
derechos humanos y consolida la impunidad de las autoridades responsables de
unas prácticas tan innecesarias como abusivas”.
Tanto el
Juzgado como la Audiencia han avalado y hecho propio el discurso de Fiscalía,
que alega que investigar el caso “podría poner en peligro la seguridad del
Estado”. Iridia considera que con este posicionamiento “se prioriza una
cuestión de supuesta seguridad antes que nuestros derechos fundamentales”.
Especial trascendencia constitucional
El recurso
subraya la necesidad que el Tribunal Constitucional se pronuncie sobre los
límites legales y éticos del uso de relaciones sexoafectivas por parte de
agentes policiales infiltrados, una práctica aún no resuelta por la
jurisprudencia. Iridia hace referencia a las declaraciones del Secretario de
Estado de Seguridad, Rafael Pérez, en comisión de interior, en los que describía
a estos infiltrados como agentes de inteligencia, diferenciándolos de los
agentes encubiertos.
“Esta práctica
afecta gravemente la dignidad, la libertad sexual y la participación política
de las personas afectadas, a la vez que criminaliza y limita los movimientos
sociales”, manifiesta Iridia, que reafirma su compromiso “de agotar todas las
vías judiciales para exigir que se investiguen unos hechos tan graves y se
establezcan responsabilidades políticas y judiciales, llegando a instancias
internacionales si fuera necesario”.
La falta de transparencia sobre las infiltraciones policiales
Este caso no es
aislado, sino que desde junio de 2022 hasta la actualidad se ha podido conocer
la presencia de nueve agentes infiltrados en movimientos sociales en cuatro
ciudades diferentes (Barcelona, Girona, València y Madrid). Desde
entonces, se han iniciado dos otros procedimientos penales contra los agentes
infiltrados, así como sus superiores jerárquicos; el último el pasado jueves 9 de
enero en València.
Si bien estas
operaciones se han probado como una tendencia represiva al alza, se han topado
con la negativa sistemática del Estado español a desclasificar el número de
agentes policiales infiltrados en espacios de movilización social y política,
amparandose en la Ley franquista de Secretos Oficiales. Esta carencia de
transparencia “no solo limita el derecho a la información de la ciudadanía,
sino que también dificulta la rendición de cuentas por unas prácticas que
tienen impactos devastadores en las personas afectadas y en el tejido
asociativo”, explican desde Iridia.
El anuncio de
esta acción llega el día siguiente al estreno del documental “Infiltrats”, producido por La Directa y
emitido en el programa 30Minuts de 3Cat. Este documental aporta
información inédita sobre el caso y sus impactos en las personas y los
movimientos afectados, dando respuesta a algunas preguntas que señalan la falta
de voluntad política para esclarecer los hechos. La investigación periodística
refuerza la necesidad de abrir un debate público sobre la legitimidad de estas
operaciones y sus graves implicaciones en los derechos fundamentales.
Las infiltraciones son tortura
Desde Acció Contra l’Espionatge d’Estat, en un
comunicado emitido a raíz del citado documental, señalan que “las
infiltraciones policiales y las prácticas que las sustentan son tortura y,
además, en este caso han ido de la mano de agresiones sexuales perpetradas por
el policía infiltrado, es decir, lo que podriamos definir como violencia
institucional sexualizada”. El colectivo, creado para denunciar y afrontar
colectivamente “los efectos y consecuencias de esta herramienta represiva del
estado”, señala que “estas prácticas atentan contra la dignidad y la integridad
de las personas y conllevan unos daños y secuelas personales irreparables”.
Desde este
colectivo hacen una llamada a “la solidaridad y al apoyo mutuo para generar una
respuesta colectiva ya que, más allá de las personas directamente afectadas,
estas infiltraciones policiales son una vulneración que nos afecta a todas”.
Así como señalan que “no hay que normalizar ni acatar los ejercicios de
violencia en manos del estado: el conjunto de casos destapados hasta ahora nos
demuestran la gran amplitud de colectivos, espacios, organizaciones y personas
que podemos ser objetivos”.
Fuente: https://www.elsaltodiario.com/represion/infiltraciones-policiales-llegan-al-tribunal-constitucional
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