Un trabajador falleció el 24 de noviembre por el derrumbe en un centro
educativo de Massanassa
Sindicatos de la enseñanza
denuncian la gestión de la DANA por parte de la Generalitat
Rebelion / España
30/11/2024
Fuentes: Rebelión
El estado
español registró 573 muertes por accidentes laborales entre enero y septiembre
de 2024 (en el centro de trabajo 466 y otras 107 in itinere –durante
el trayecto al lugar de trabajo-), según la estadística del Ministerio de
Trabajo y Economía Social; el total de víctimas mortales en el mismo periodo de
2023 fue de 524 (un total de 70 en el País Valenciano, durante los nueve
primeros meses de 2024).
Con la huella
presente de la DANA en el territorio Valenciano, el pasado 24 de noviembre se
produjo uno de los últimos casos de accidente mortal; un trabajador de la
empresa pública Tragsa, de 51 años, falleció en el municipio de Massanassa
(10.150 habitantes), mientras trabajaba –en la limpieza- de un centro educativo
afectado por la riada.
El origen del
siniestro fue el derrumbamiento de parte de un techo en el centro educativo;
otro obrero, de 35 años, resultó herido, por lo que requirió atención
hospitalaria, informó la agencia Efe citando al Centro de Información y
Coordinación de Urgencias (CICU).
Se da la
circunstancia que, el 7 de noviembre, el Ayuntamiento de Massanassa emitió un aviso en
las redes sociales que prohibía –por motivos de precaución (“ante el aviso de
posible derribo”)- la entrada en los colegios Lluís Vives y Ausiàs March.
¿Qué impacto
tuvo la DANA en Massanassa? El balance hecho público el 14 de noviembre por el
Centro de Información de Datos (CID) permite una aproximación; así, de las 216
muertes que se habían registrado hasta ese día –desde el 29 de octubre- en el
País Valenciano (más de un centenar personas mayores de 70 años), 12
correspondían a Massanassa (el quinto municipio en defunciones tras Paiporta,
Catarroja, Valencia y Alfafar).
Asimismo, el
municipio de L’Horta Sud figura entre los 11 incluidos en el plan de refuerzo
de extracción de lodos en bajos y garajes, dirigido por la Diputació de
València (CECOPI, 26 noviembre).
Una muestra de
la indignación popular se produjo el 24 de noviembre, cuando la Delegada del
Gobierno en la Comunidad Valenciana, Pilar Bernabé, del PSOE; y la
vicepresidenta del Consell, Susana Camarero, del PP, visitaron Massanassa tras
el deceso por el derrumbe; las dos dirigentes políticas fueron increpadas por
el vecindario (el presidente de la Generalitat, Carlos Mazón, no acudió a la
localidad por una “reunión de urgencia”).
El
STEPV-Intersindical Valenciana (IV) publicó –el mismo día- una declaración de
duelo, en la que criticaba la gestión de la Conselleria d’Educació, dirigida
por José Antonio Rovira, del PP.
Así, la
Conselleria “lleva desde el 29 de octubre desaparecida, dejando abandonadas a
las direcciones de los centros (…); no ha enviado equipos de limpieza
profesionales a las escuelas afectadas; ni Equipos de Protección Individual
(EPIS), ni tan solo una escoba; los docentes, las familias y miles de personas
voluntarias han limpiado los centros educativos”.
Fueron
argumentos que se hicieron visibles en la manifestación convocada –el 23 de
noviembre, en Valencia- por la Plataforma en Defensa de l’Ensenyament Públic;
miles de personas reivindicaron en las calles la dimisión de Mazón y de Rovira.
La movilización supuso, también, un reconocimiento al trabajo de las personas
voluntarias.
Respecto a la
gestión de la emergencia, la comunidad educativa denunció cómo
“durante la alerta meteorológica, se mantuvieron centros escolares abiertos sin
garantías de seguridad, y las medidas adoptadas fueron tardías e
insuficientes”.
Además de la
falta de apoyo psicológico, la Plataforma destacó que docentes y familias
tuvieron que hacerse cargo de la reorganización de los centros; y la falta de
las sustituciones necesarias entre el profesorado, o el “incumplimiento” de los
acuerdos respecto a las plantillas.
También
criticaron la “paralización” del Pla Edificant de la Generalitat en
colaboración con los ayuntamientos, promovido en 2017 por el gobierno de
coalición progresista (PSPV-PSOE y Compromís con el apoyo de
Unidas-Podemos), para la construcción y reforma de centros educativos (el recorte
del PP “ha dejado muchas escuelas con graves deficiencias
estructurales, poniendo en riesgo la seguridad del alumnado y el profesorado»).
Las
organizaciones situaron las alertas en un panorama general de “desmantelamiento
progresivo de la escuela pública”, por parte del actual Gobierno valenciano
(del derechista PP en solitario; hasta julio de 2024 en coalición con el
partido de ultraderecha Vox).
El manifiesto
de la protesta del 23 de noviembre denunció, por otra parte, la denominada Ley
reguladora de Libertad Educativa de la Comunidad Valenciana, aprobada en junio
de 2024 (el Tribunal Constitucional admitió a trámite –el 19 de noviembre- el
recurso de inconstitucionalidad que impulsó la coalición Compromís).
El nuevo modelo
del PP y Vox (“y la consulta para la elección de la lengua base”) implica
derogar la legislación de 2018; de hecho, representa una “amenaza para el uso
del valenciano como lengua vehicular y pone en riesgo la cohesión social y la
normalización lingüística”; además de “arrinconar y perseguir el
valenciano”, según la Plataforma en Defensa de l’Ensenyament Públic.
El día anterior
a la manifestación, CGT-València difundió un comunicado –La educación
valenciana desde el fango- que encabezaba la fotografía invertida de
Rovira; las críticas a la descoordinación se remiten al inicio de la catástrofe
–el 29 de octubre-; declarada ya la Alerta Roja por la Agencia Estatal de
Meteorología (AEMET), la Conselleria d’Educació no emitió directriz alguna para
la actuación de los centros.
De hecho,
agrega la organización anarcosindicalista, “en algunos centros educativos los
equipos directivos optaron por el desalojo; en otros muchos por la inacción
absoluta y en la mayoría se enteraron de que había una alerta al día
siguiente”; la situación de caos se repitió el 30 de octubre.
¿Desinformación?
15 días aún se ignoraba la cifra exacta de centros y alumnos perjudicados,
detalla la CGT; a las diferentes circulares, con anexos y subanexos
“contradictorios”, se agregaba las cartas tanto a la dirección como al
profesorado, y la profusión de notas de prensa; todo ello con la cita de
“fases, subfases y muchos porcentajes”.
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