Viento sur
6 MARZO 2021
A pesar de la rápida negativa tanto
del BCE como de las autoridades españolas, esta es una propuesta
legítima y sostenible. Pero esa negativa es coherente con lo que realmente es
la Eurozona: un mercado cuyo principal objetivo es la libre circulación de
mercancías, dinero y trabajadores, junto con la estabilidad monetaria.
En la Eurozona,
la defensa a ultranza de
la moneda única por parte del BCE se ha convertido en una camisa de fuerza para
el propio bienestar de los ciudadanos. Recortes y austeridad no son más que el
resultado de una Eurozona cuya construcción se asienta sobre unos pilares que
no hacen más que profundizar las diferencias estructurales entre los
propios países de la zona.
Una crisis con múltiples aristas
No cabe duda de la enorme importancia de esta misiva a
favor de la cancelación de la deuda. Se trata de una alerta que nos remite, en
primer lugar, a la preocupación por la situación que atraviesan tanto Europa
como el mundo, así como por el futuro que nos espera.
Como anunció el Banco Mundial, estamos ante la
peor crisis desde la Segunda Guerra Mundial, la que ha afectado a más
países desde 1870 y ha provocado un impacto cuyas cicatrices llevará décadas
superar.
Nos enfrentamos a una crisis con múltiples aristas,
que comprende un shock sanitario, perturbaciones económicas
internas, el derrumbe de la demanda externa, cambios de sentido de los flujos
de capital y el colapso de los precios de las materias primas. Por otra parte,
esta alerta anticipa lo que puede ocurrir en un futuro cercano.
¿Qué ocurrirá cuando el BCE tenga que colocar la deuda
en los mercados? Que la desconfianza de los inversores en los pagos futuros
incremente tanto los tipos de interés que ello implique una carga financiera
excesiva para los Estados.
¿Qué ocurrirá cuando, en un par de años quizás, se
retomen las condiciones del plan de estabilidad (que establece los límites de
déficit en el 3% y que el peso de la deuda sobre el PIB no pueda sobrepasar el
60%)? Que, de nuevo, habrá austeridad, reducción del gasto público, recortes en
las prestaciones sociales, caídas salariales.
El peligro de profundizar la crisis
La experiencia
histórica muestra claros ejemplos de los impactos negativos sobre el bienestar
derivados de las crisis de la deuda, como lo fue la década perdida de
América Latina en los años ochenta o el ajuste ante la crisis financiera
del Sudeste asiático a finales de los noventa del siglo pasado.
A su vez,
históricamente se ha demostrado que la forma más rápida de liberar recursos
públicos es mediante la reestructuración o cancelación de la deuda pública. Así
lo demuestran casos como los de México 1919, Alemania 1953, Ecuador 2008 o Islandia 2009, que ya
sea por impago, reestructuración o canje de la deuda pública tuvieron una
salida válida, ya que imponer la forma habitual de pago en tiempos de crisis no
hace más que profundizarlas.
Si bien se ha planteado
de manera recurrente la necesaria aplicación de moratorias al pago de la
deuda de los países emergentes y en desarrollo, esa realidad se impone
cada vez más también en los países ricos. En su momento ya se valoraron los
efectos económicos de la suspensión del pago de la deuda, y la salida del
euro, para los países del sur de Europa.
Ahora, en tiempos de
covid-19, encontramos argumentos para justificar jurídicamente la suspensión unilateral del pago
de la deuda.
¿De dónde viene esta deuda?
La propuesta es legítima. Y es así porque gran parte
de la deuda podría considerarse ilegítima. En primer lugar, porque el monto
ingente de deuda de la Eurozona (que ya supera el 100% del PIB de la Unión) se
remonta a los programas de rescate (con dinero público) de bancos (privados)
que por sus malas prácticas desembocaron en una crisis financiera cuyo coste
nos tocó pagar a la mayoría.
Y en segundo lugar, porque casi la mitad del
incremento de la deuda de esta última década son intereses. Intereses que pagan
los Gobiernos (con dinero público) a los bancos privados que han comprado los
títulos con los fondos que reciben del propio BCE a coste prácticamente nulo.
Este es el gran negocio bancario de la deuda pública.
En relación con su legalidad, si bien es cierto que el
Tratado de la Unión Europea prohíbe explícitamente al BCE financiar a los
Gobiernos, en ningún lugar aparece explícitamente que la reestructuración de la
deuda no sea posible. Ello sin olvidar que el BCE ya está financiando a los
Estados por otras vías, a través de la compra de títulos de deuda pública de
los países en los mercados secundarios.
Por otro lado, la propuesta es sostenible. Los miedos
inflacionarios de la monetización de la deuda que podrían implicar la
cancelación parecen relativamente infundados. Cuando el BCE ha levantado la
obligatoriedad de mantener los límites del déficit público en el 3% del PIB
hemos comprobado que la inflación se ha mantenido baja. Y es que la dureza de
la contracción actual difícilmente conllevará presiones inflacionarias, por mucho
que se adopten medidas de relajación monetaria.
Además, teniendo en cuenta que los principales
tenedores de la deuda pública son los bancos centrales y el BCE (dos tercios en
el caso de la deuda española) condonar la deuda no generaría grandes
perjuicios a los inversores, que de hecho son bancos privados financiados por
el BCE.
Unión fiscal, ¿para cuándo?
No hay voluntad política para cancelar la deuda porque
no existe la voluntad de construir una Europa unificada fiscalmente con una
única arca pública. Ya hemos visto las enormes reticencias de países como
Alemania, junto con otros nórdicos, a favor de la mutualización de la deuda, a
pesar de algunas tímidas excepciones como ha sido la aprobación del Plan de
rescate.
Cabe mencionar que los 750.000 millones de euros con
el que está dotado el plan para la reconstrucción representan el 5% del PIB
europeo y se estima que las pérdidas a causa de la pandemia equivalen al 15%
del PIB. Pero el problema no es solo que los recursos disponibles estén lejos
de cubrir las necesidades, sino a dónde se dirigirán estos recursos.
Y es que tampoco hay la voluntad de construir una
Europa más sostenible ecológica y socialmente, en la medida en que el plan de
rescate sigue apostando por un modelo productivista de corte neoliberal. Serán
las grandes empresas de sectores tradicionales las principales
beneficiarias.
Por otra parte, este plan irá acompañado de una
fuerte condicionalidad de la Comisión Europea sobre los países, que se
traducirá principalmente en recortes en gasto fiscal que afectarán directamente
al bienestar de la población.
En Europa llueve sobre mojado.
2/03/2021
Gemma Cairó i Céspedes, Facultat
Economia i Empresa, Universitat de Barcelona
*++
No hay comentarios:
Publicar un comentario