Por Rebelión
Fuentes: RT
13/02/2021
Mientras los
países ricos acaparan la mayor parte de las vacunas a través de opacos
contratos comerciales con los fabricantes, varios actores internacionales
advierten de los graves peligro que implica desatender a los más pobres.
Desde que
estalló la pandemia de coronavirus, a principios de 2020, la humanidad entera
comenzó a mirar con ansiedad al futuro, anhelando una vacuna que pusiera fin a
este repentino y gigantesco contratiempo mundial. La experiencia previa no
alentaba demasiadas esperanzas sobre la posible creación rápida de un antígeno
seguro y eficaz: las voces más optimistas daban un plazo de al menos un
año medio para generar un antídoto mínimamente fiable.
Sin embargo,
una decidida acción conjunta por parte de la comunidad científica,
los poderes públicos y la iniciativa privada,
urgida por la necesidad de atajar una crisis sanitaria sin precedentes, hizo
posible que las primeras referencias vacunales hayan estado listas para su
aplicación en menos de un año.
Así las cosas,
con las vacunas ya disponibles, aunque aún en cantidades limitadas,
la comunidad internacional enfrenta ahora su segundo gran reto:
distribuirla a la población mundial.
¿Cuál es el criterio de ese reparto? ¿Cómo se
prioriza? En el seno interno de cada país no ha habido grandes dudas: los
planes de vacunación, plenos de sentido común, establecen prioridades entre los
distintos colectivos sociales en función de su riesgo de contagio y de su
vulnerabilidad a la enfermedad.
Pero en la otra
coordenada del reparto, en su dimensión planetaria, a la hora de decidir qué
regiones del mundo tienen acceso prioritario al fármaco, todo criterio se ha
abandonado al albedrío de la «mano invisible» de los mercados.
En otras
palabras: los países que han podido establecer contratos con las empresas
productoras de vacunas y pagar por ellas, ya las tienen, mientras el resto
parece abocado a depender de la solidaridad y la buena voluntad de los
diferentes actores internacionales implicados.
Por ello, es en
esta fase de la lucha contra el covid-19 donde la estructura básica del
capitalismo imperante, profundamente asimétrica, comienza dejarse sentir, una
vez más, a través de la brutal desigualdad que impone al reparto de los
recursos valiosos en el mundo. El resultado de esta inercia socioeconómica ya
arroja cifras alarmantes: el 16% de la población ya ha reservado el 60%
del suministro de vacunas, según datos de la Universidad
de Duke, en EE.UU.
«No es momento de seguir haciendo negocios»: liberar las patentes
Ante la
gravedad de la actual emergencia sanitaria y la amenaza que supone para la
salud de millones de personas en todo el mundo, ya son varias las voces que se han
alzado contra esta evidente prerrogativa que el poder económico está
demostrando tener de cara al acceso a la vacuna, y proponen una controvertida
vía para re-equilibrar la situación: liberar las patentes de la vacunas.
«Una pandemia
mundial no es momento para seguir haciendo negocios como de
costumbre. No hay lugar para las patentes o el lucro empresarial mientras el
mundo se enfrente a la amenaza de la COVID-19″, afirmaba a
mediados del pasado mes de octubre Leena Menghaney, directora de la Campaña de
Acceso de la organización Médicos Sin Fronteras en el sur de Asia.
Su palabras
respaldaban la propuesta que
India y Sudáfrica formularon a principios del mismo mes a la Organización
Mundial del Comercio (OMC), a la que solicitaron suspender temporalmente las
patentes de las vacunas y medicamentos contra el covid-19 para facilitar su
producción en los países en desarrollo.
Dicha propuesta
está siendo estudiada ahora en el propio seno de la OMC, y por ahora no
se ha podido llegar a un consenso. A pesar de que 99 países de
los 164 que integran la organización apoyan la iniciativa, países como
EE.UU., Canadá, Australia, el Reino Unido o los Estados miembros de la Unión
Europea la han rechazado,
argumentando que resultaría contraproducente, en la medida en que puede
desincentivar los esfuerzos que las compañías farmacéuticas invierten en
investigación y desarrollo.
Frente a ellos,
los países que abogan por ejecutar la exención de las patentes consideran que
la medida aumentaría la capacidad de producción de vacunas en todo el mundo, y
por ello incrementaría el alcance y la velocidad de la respuesta mundial al
covid-19. De lo contrario, la pandemia podría causar verdaderos estragos
en los países donde tardasen en llegar los fármacos, y se correría el riesgo de
que la enfermedad se volviese endémica en varias regiones del
mundo.
Ello
constituiría un grave fracaso sanitario a nivel mundial, ya que
en esas zonas el virus podría continuar su desarrollo y expandirse de nuevo
globalmente a través de nuevas mutaciones que escaparán a la
protección de las vacunas existentes.
¿Qué es una patente?
Una patente es
un documento expedido por un Estado, o un grupo de Estados, que da derecho
a explotar una invención en exclusiva en su territorio, impidiendo
legalmente que otros fabriquen, vendan o utilicen en esa demarcación
territorial el objeto de la patente durante un tiempo determinado, que suele
extenderse, por regla general, 20 años.
El titular de
una patente conserva en todo caso el derecho a permitir a otros
explotar su invención, a cambio, por ejemplo, de un beneficio económico.
Por otra parte, el Estado otorga ese derecho de exclusividad a cambio de que se
ofrezcan al público los conocimientos técnicos que han hecho posible la
invención, a través de una descripción detallada.
La misma
solicitud de patente se puede presentar en varios Estados,
siempre que se cumplan los requisitos
necesarios. Existen tratados internacionales que permiten y facilitan que
una solicitud de patente presentada en un país se pueda extender a otros.
Aunque cada Estado tiene su propia normativa en materia de patentes, en la
practica existen muchas similitudes entre ellas.
¿Pueden los Estados revocar las patentes?
En general, y
bajo las circunstancias adecuadas, los mismos Estados que conceden las patentes
disponen de recursos legales para revocarlas, suspenderlas, o limitar de
diversas maneras el derecho de exclusividad que conllevan.
Una de esos
recursos es la licencia obligatoria, un instrumento legal que
permite al poder político ejecutar la suspensión temporal del derecho
de exclusividad del titular sobre una patente, permitiendo así la
producción, el uso o la venta del producto o servicio patentado a
terceros, sin necesidad de consentimiento del titular, pero siempre
pagándole por ello.
Los
gobiernos pueden activarlo como mecanismo de defensa frente a
posibles abusos cometidos por el propietario de una patente, o
cuando estimen que el interés público debe prevalecer sobre
sus legítimos derechos de explotación exclusiva.
Además, entre
la documentación emitida al respecto por la OMC existe la llamada ‘Declaración de Doha‘,
que no sólo reconoce la potestad de los Gobiernos para aplicar
limitaciones a los derechos de propiedad intelectual relacionados con el comercio, sino
su derecho a «determinar lo que constituye una emergencia nacional u otras
circunstancias de extrema urgencia» para justificar esa
aplicación, especificando incluso que «las crisis que afectan
a la salud pública, como el VIH/SIDA, la tuberculosis, el paludismo y otras
epidemias, pueden considerarse situaciones de esa naturaleza».
En 2001,
precisamente bajo el azote de la pandemia del VIH/SIDA, los Estados
miembros de la OMC llegaron a un consenso, similar al que algunos
reclaman ahora, para ejecutar una exención de patentes de ciertos fármacos
amparada por esta Declaración.
La iniciativa
sirvió para establecer un mecanismo para que los países que producían
medicamentos genéricos bajo una licencia obligatoria los suministraran a otros
países que no tenían la capacidad de fabricarlos.
Una medida posible pero improbable
En el contexto
de la actual pandemia, una acción internacional conjunta dirigida a la
suspensión temporal de las patentes sobre las vacunas es, por lo
tanto, legalmente posible, pero también compleja y de momento
improbable.
En primer
lugar, no hay una mayoría suficiente en el seno de la OMC para
sacar adelante la iniciativa. De los 164 países que conforman la entidad,
casi un centenar quieren aplicar la medida, pero deben apoyarla tres
cuartas partes de sus miembros, así que tendrían que ser al menos
123 los países que respaldaran la exención de las patentes para
que ésta obtuviera luz verde.
Además,
sería un proceso legal y administrativo considerablemente complicado.
Aunque en general existe cierta armonización internacional para la tramitación
y reconocimiento de las patentes, para este tipo de casos hay que atender a las
normas específicas de cada país. Por ejemplo, en la UE existe una Oficina
Europea de Patentes (OEPM) que unifica
todos los trámites de solicitud en uno solo, pero en la práctica expide
una patente para cada uno de los países miembros. Por lo que su revocación
exigiría un proceso diferente en cada territorio.
Por otra parte,
hay otro elemento que podría resultar disuasorio para los gobiernos a la
hora de apoyar o emprender una exención de patentes a los fabricantes de
vacunas: habría que indemnizarles por ello, lo cual supondría un
gasto muy elevado, a afrontar justo en el inicio de una de las crisis
económicas más graves de la historia reciente.
Algunos argumentos en contra
La industria
farmacéutica cuestiona la utilidad de esta posible intervención pública en
su negocio, y avisa de los supuestos peligros que puede generar a largo plazo.
El director general de la Federación Internacional de Fabricantes y
Asociaciones Farmacéuticas, Thomas Cueni, explicaba en un artículo de
opinión publicado en el New York Times hace exactamente dos meses,
que suspender las patentes «pondría en peligro el futuro de
la innovación médica, haciéndonos más vulnerables a otras
enfermedades».
«Las empresas y
los inversores que financian la investigación asumen tanto riesgo porque tienen
la posibilidad de obtener una recompensa«, expone Cueni en su
escrito, en el que se refiere a la protección que otorgan las patentes como «la
forma en que el sistema garantiza que la investigación farmacéutica siga siendo
financiada».
Por otra parte,
en una entrevista concedida
al diario.es, el presidente del Comité de Bioética de
España, Federico de Montalvo, alerta de otros posibles efectos no deseados
derivados de una suspensión de las patentes. En concreto, teme que surja «un
mercado paralelo» de vacunas en los países en desarrollo a los que se les
permita fabricar los fármacos tras aplicar la exención, ya que considera
que en estos territorios, «el control es menor».
«Un sistema con profundas fisuras»
Mientras la
iniciativa sigue bloqueada, la pandemia no da tregua y los países más pobres del
planeta miran a la vacuna todavía de lejos, sintiendo como sus
poblaciones y sus economías permanecen gravemente amenazadas por la inexorable
propagación del virus.
Por ello,
varias organizaciones humanitarias claman a favor la liberación de las patentes como
respuesta a una situación que juzgan intolerable.
La responsable
de relaciones externas de Médicos Sin Fronteras en España, Raquel González,
denuncia que «el momento actual está desnudando los problemas de un sistema con
profundas fisuras desde hace décadas pero que ahora se hacen más evidentes que
nunca».
En este
sentido, señala que «el acaparamiento de vacunas por los
países ricos ha venido a generar una mayor desigualdad» y explica que «los
riesgos de estas ‘dos velocidades’ de vacunación mundial son
varios» entre los que destacan, por su gravedad, «la pérdida de vidas
humanas» y el peligro «de que la pandemia se prolongue e incluso
aparezcan nuevas variantes del
virus».
Para avalar su
tesis, González cita una proyección de la
Northeastern University de Boston, que afirma que si los primeros 2.000
millones de dosis de vacunas se distribuyeran en proporción a la población de
los países, la mortalidad mundial podría reducirse en un 61 %. «En
cambio, si los 47 países más ricos acaparan las dosis, la reducción será de un
tercio», indica González.
«Los países que
más pagan son los que más población tienen vacunada y las corporaciones
farmacéuticas abusan y operan con impunidad mediante acuerdos
de compra bilaterales secretos», critica González, que lamenta la «absoluta
falta de transparencia» en los
contratos de compra de las vacunas.
Especialmente
grave le parece que esto suceda en un negocio «con unos niveles de financiación
pública que no tienen precedentes», ya que «se estima que se han
invertido más de 10.000 millones de dólares en I+D, ensayos
clínicos y fabricación de las seis potenciales vacunas» que la UE pretende
adquirir.
En definitiva,
en Médicos Sin Fronteras están convencidos de que la suspensión temporal de las
patentes de las vacunas, al menos hasta lograr la inmunidad de grupo
mundial, daría entrada a más fabricantes y permitiría aumentar la
producción«, contribuyendo así de forma determinante a un equilibrio en el
reparto internacional de los fármacos sobre cuyos beneficios globales no caben
dudas.
Por ello piden
a los países más desarrollados «que apoyen, o al menos no pongan palos en las
ruedas» de una iniciativa que consideran urgente y vital en la lucha contra el
COVID-19.
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