Bankia: la
inoperancia de los controles financieros
PUBLICADO EL21 OCTUBRE, 2020 POR DAVID DURÁN/ La Marea.com
A pesar de las
ingentes pérdidas que ocasionó la operación y el rescate público –23.465
millones de euros según los cálculos más conservadores–, la jueza
de la Audiencia Nacional Ángela Murillo decidió cerrar el caso
eximiendo de cualquier responsabilidad al equipo de gestores y consejeros del
banco. Además, en la resolución destaca que la decisión de salir a bolsa
«fue percibida como la más adecuada por las autoridades económicas», siendo el
proceso «intensamente supervisado con éxito por el Banco de
España, la CNMV, el FROB y la EBA, contando con la aprobación de todas las
instituciones”.
Es el último
capítulo de una serie de impunidades que deja una de las mayores
estafas de la historia de España –en palabras de la Fiscalía Anticorrupción– con todos sus responsables absueltos.
Lo ocurrido en Bankia, específicamente durante las etapas de Miguel Blesa y
Rodrigo Rato, se podría escenificar como un supermercado donde un buen número
de encargados, guardias de seguridad, responsables de lineal, cámaras y
policías, vigilan durante años mientras las estanterías van quedando
progresivamente desvalijadas sin que nadie observe nada sospechoso, hasta
que el comercio quiebra.
Sobre el papel, el
banco madrileño había contado durante todos esos años con una gran diversidad
de controles, a nivel interno y externo, encargados de velar por el
adecuado funcionamiento de las entidades financieras. A saber:
·
Departamento de Control Interno: dependiente de la
Intervención General de la entidad, dedicado al control operativo y contable de
las actuaciones de las oficinas.
·
Departamento de Auditoría Interna: dependiente de la
Dirección General o de la presidencia del Consejo de Administración, según la
entidad. Verifica la bondad de las actuaciones llevadas a cabo por el
departamento de Control Interno, además de comprobar la existencia de manuales
de funciones y procedimientos, así como el correcto seguimiento de los mismos.
·
Banco de España: organismo encargado de la
supervisión de las entidades financieras, mediante la realización de
inspecciones orientadas a garantizar el correcto cumplimiento de las prácticas
bancarias a todos los niveles. En el caso de Bankia, el Banco de España tenía
ubicados a varios funcionarios de forma permanente en el seno de la entidad,
con acceso a todas las operaciones, documentos, actas y decisiones.
·
Instituto de Contabilidad y Auditoría Contable: adscrito al
Ministerio de Economía y Hacienda, vela por la correcta aplicación de la
función auditora en las entidades financieras.
·
Empresas auditoras independientes: sus informes
certifican que los estados de cuentas de las entidades auditadas reflejan
fielmente su situación financiera. Dichos informes son incluidos en las
memorias anuales presentadas en las asambleas de accionistas. Un clásico de las
auditorías como Deloitte ejerció esa labor en Bankia durante
las etapas de Blesa y Rato.
A estos habría que
añadir la presencia adicional de otros organismos de control, como son la Intervención
General de la Administración del Estado y la Agencia
Tributaria, dependientes del Ministerio de Hacienda, así como la Comisión
Nacional del Mercado de Valores (CNMV), dependiente del Ministerio de
Economía, los cuales, en el caso Bankia, han intervenido de una u otra forma en
función de sus competencias.
Así pues, será
necesario elevar sustancialmente los niveles de ingenuidad para considerar a
todos estos departamentos e instituciones, dotados generalmente de
profesionales de primer nivel, incapaces de detectar anomalías tan
gruesas como las surgidas en Bankia.
Banco de España, el colaborador
necesario
La inverosimilitud de que los equipos de inspección de este organismo regulador no fueran capaces de advertir los fallos continuados de la gestión de Bankia es señalada por algunas voces como la del juez Elpidio José Silva, inhabilitado por el juicio a Miguel Blesa, “no resulta creíble que el Banco de España ignorase lo que estaba sucediendo mientras se iba a pique el sistema financiero”.
A pesar de que sí
existieron informes por parte de los inspectores del Banco de España
denunciando malas prácticas en la gestión de Bankia, éstos no pasaron de meras
recomendaciones que eran suavizadas y matizadas por sus jefes de equipo y por los
dirigentes del banco, algo señalado en su momento por la Intervención General
de la Administración del Estado.
Al contrario de lo
que ocurría con los inspectores de la Agencia Tributaria, una modificación
introducida en 2003 en la ley de autonomía del Banco de España determinaba
que sus inspectores dejaban de ser funcionarios del Estado y
pasaban a ser simples contratados laborales. Carecían, por lo tanto, de la
condición de autoridad pública y sus actos no tenían valor jurídico alguno.
Este colectivo señaló a la cúpula del Banco de España en 2015 por emitir
un informe cuestionando las conclusiones periciales del caso
Bankia y adhiriéndose a las argumentaciones de Rodrigo Rato.
En 2014, dos peritos
independientes del Banco de España designados por el juez Fernando
Andreu, concluyeron que la salida a Bolsa de la entidad madrileña fue
fraudulenta. En su informe pericial califican de “falsa la información
contenida en el resumen del folleto de emisión para la salida
a Bolsa de Bankia”. Igualmente, añaden que las cuentas anuales presentadas por
Rato y reformuladas por Goirigolzarri en 2012 “son falsas”, ya que “no
expresaban la imagen fiel de la situación económica y financiera de dichas
entidades” añadiendo aquí a la empresa matriz, Banco Financiero y
Ahorros (BFA).
En este
sentido, los peritos apoyan los informes emitidos por los inspectores José
Antonio Casaus, que proporcionó pruebas a la fiscalía de haber advertido de la
inviabilidad de Bankia, y José Antonio Delgado, que calificó la salida al IBEX
35 como “el maquillaje de un muerto” que contaba con la necesaria
colaboración del supervisor bancario.
El jefe de
Supervisión del Banco de España, Jerónimo Martínez Tello, el
director general de Supervisión, Mariano Herrera, el jefe de grupo
de inspección en Bankia, Pedro Comín y el director de
inspección por aquellos años, Pedro González González, dimitieron en
2017 después de ser imputados por permitir la salida a Bolsa de
la entidad, “pese a las reiteradas advertencias del equipo de inspección del Banco de
España de la inviabilidad del grupo y de que la solución de
salida a Bolsa no debía ser aprobada, pues suponía grave perjuicio para
accionistas, preferentistas y contribuyentes (estimado en unos 15.000
millones de euros)”.
El gobernador del
Banco de España por aquellos años, Miguel Ángel Fernández Ordóñez –alias
MAFO–, fue igualmente imputado. Meses después la Audiencia Nacional
cambió de criterio y todos estos directivos fueron exonerados. La CNMV y la auditora Deloitte quedaron
igualmente libres de responsabilidad.
El propio González
reconoció en 2019 que se ocultaron los informes oficiales sobre la salida a
Bolsa, aunque negó que existieran presiones hacia los inspectores. Pedro
González ya había declarado como testigo en 2013 por el caso Blesa,
en relación al crédito concedido a Díaz Ferrán, afirmando que no les fue
facilitada ninguna información y que no sabía nada de ese asunto.
También tuvo que comparecer años atrás por irregularidades relacionadas
con otras cajas de ahorros, como en el caso CAM o en el polémico proceso de fusión de NovaCaixaGalicia.
Como jefe del grupo
de inspectores, Pedro Comín fue quien recibió los correos de
Casaus que alertaban sobre la inviabilidad de Bankia. Admitió con posterioridad
que no hizo caso de los mismos, ya que eran “unos cálculos muy básicos”. Finalmente Mafo, el hombre
que apretó al gobierno de Rajoy para que aprobase una reforma laboral que
redujera los costes a las empresas, resolvió endosar la responsabilidad en la
caída de Bankia a una “monstruosa segunda recesión”, que, por razón no determinada,
afectó a este banco mucho más que a otros.
Con este panorama,
ha resultado profético lo escrito en el año 2015 por Elpidio Silva en su
libro El caso Blesa, donde explica que un regulador inactivo no es
solamente inútil, sino que además “se convierte en un comodín para
fortalecer la posición de los malos gestores: “afirmarán que el Banco de
España no actuó contra ellos precisamente porque no han cometido ninguna
infracción y lo prueban sencillamente manifestando una triste realidad, que el
supervisor –efectivamente- nunca los sancionó”.
El bipartidismo en la CNMV:
inversores desprotegidos
En la misma línea
que el Banco de España, la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV)
también fue acusada de tener una actitud relajada en el proceso de
capitalización de Bankia. El inspector Víctor Sánchez elaboró un
informe en 2006 donde señaló que el folleto de emisión de nuevas acciones,
aprobado por este regulador, contenía irregularidades y resultados
contables ficticios, incluyendo unas provisiones por insolvencia de 6.913 millones de euros.
En Bankia se colocaron preferentes a sus clientes y, con la
salida a Bolsa, acciones en las sucursales. Fernando Zunzunegui, abogado y
profesor de Derecho del mercado Financiero de la Universidad Carlos III de
Madrid, afirma que la CNMV “se debería haber encargado de gestionar las
indemnizaciones” a los afectados por estas prácticas.
Ernesto Ekaizer
señala en su Libro Negro de Bankia que “la CNMV no vio nada.
O quizá vio todo. Porque había decidido embarcarse en un proyecto cuyo timón,
bien lo sabían Julio Segura y Fernando Restoy, hombres del Banco de España,
estaba en manos de la institución dirigida desde la madrileña Plaza de
Cibeles”.
La plataforma 15MpaRato señaló
en su día que este organismo se dedicó a “aprobar y amparar” las malas
prácticas del sector en general y de Bankia en particular, relacionadas con las
preferentes y la salida a Bolsa. Para este colectivo, la CNMV “es un organismo
generador de puertas giratorias con la banca”. A diferencia de lo que
sucede en países como el Reino Unido, donde los puestos de los reguladores
financieros son nombrados mediante concurso libre, en España son elegidos
invariablemente por el poder político.
Julio Segura fue nombrado presidente de la CNMV por el PSOE en 2007 tras la
dimisión de Manuel Conthe, mientras que Fernando Restoy sustituyó
a Carlos Arenillas como vicepresidente un año después. Ambos fueron imputados en 2017 por el caso Bankia.
Segura, que en su día integró el equipo que diseñó la política económica de
Zapatero, es miembro desde ese mismo año del consejo asesor de la Autoridad
Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF). Restoy aterrizó aún mejor y
pasó en 2012 a ocupar el cargo de subgobernador del Banco de España.
Actualmente es presidente del Financial Stability Institute,
organismo europeo dependiente del Banco de Pagos Internacionales.
Con la entrada en
el Gobierno de Rajoy sucede el oportuno relevo en la CNMV. Elvira
Rodríguez Herrera, que ha ido encadenando altos cargos públicos con el PP
desde el siglo pasado, llega a la presidencia en 2012, año de la
nacionalización de Bankia. Actualmente ejerce como vicesecretaria
general de Acción Sectorial del Partido Popular. Ese mismo año se nombra
vicepresidenta a Lourdes Centeno, abogada del Estado de la
promoción de La Gloriosa. A los pocos meses de abandonar el cargo se
pasó al sector privado, como socia en Ernst & Young (EY),
la auditora que relevó a Deloitte en Bankia y firma sus cuentas desde entonces.
En octubre de 2020 ha recibido una sanción de 776.850 euros por parte de la ICAC, debido
a infracciones graves en las cuentas anuales de Bankia.
Miopía contable en Deloitte
La empresa auditora
cuyos informes debían certificar la bondad de los estados de cuentas de Bankia,
estuvieron año tras año presentando informes que obviaban una situación
financiera manipulada. En 2012, cuando Bankia ya estaba a punto de reventar con
la salida a Bolsa, se negaron a firmar las cuentas del ejercicio anterior,
precipitando el escándalo y la dimisión de Rato. Era tarde, la
Audiencia Nacional les imputó en 2017 por presunta complicidad y participación directa en el
diseño de la estafa de la salida al índice bursátil.
Como sucede con
frecuencia en el mundo financiero, la independencia de una firma auditora se ve
empañada desde el momento en que ejerce para la empresa auditada labores
ajenas a la auditoría. Esta empresa de origen británico, una de las
llamadas Big Four del mundo de las consultoras, auditaba a
Bankia al mismo tiempo que le cobraba casi cuatro millones de euros
anuales por labores de asesoría y consultoría.
De forma
cristalina, como dice Alberto Lardiés en La democracia borbónica, “la misma
empresa que elaboraba las cuentas se dedicaba a auditarlas. Así ocurrió
después, claro, cuando Deloitte aprobó las cuentas que presentó Bankia para
justificar su salida a Bolsa. Una salida que fue ruinosa porque las cuentas
eran una patraña”. Esta práctica –habitual en las auditoras– colisiona con el
artículo 14.2 de la Ley 22/2015, que
determina que las sociedades de auditoría “deberán abstenerse de participar de
cualquier manera en la gestión o toma de decisiones de la entidad auditada”.
En el instante de
su imputación, Deloitte echó balones fuera y trasladó la responsabilidad a su socio, el auditor Francisco
Celma. Por su parte, el representante de Deloitte en Bankia hacía
constar que nadie le había convocado en los encuentros anteriores del
comité de auditoría, y que por tanto no había tenido forma de hacerles ver la
gravedad de las salvedades que tendrían las cuentas. El Ministerio de Economía
impuso una fuerte multa a Deloitte en 2016 por “infracciones
continuadas muy graves”.
La trayectoria de
esta consultora cuenta con un dilatado currículum de irregularidades. Fue
sonado el caso de Abengoa en 2015, donde un chico de 17 años descubrió
el agujero contable que Deloitte pasó por alto en varios años de auditoría a la
empresa sevillana. En su día también fue una de las promotoras, junto con otras
grandes consultoras, del escándalo de los papeles de Luxemburgo (LuxLeaks),
la red de evasión de impuestos más grande descubierta en Europa.
Recientemente ha sido multada con 17,2 millones por amañar concursos
públicos
La intervención general del Estado elaboró en 2013 un contundente
informe sobre las inspecciones realizadas a Bankia –por entonces Caja Madrid–
entre 2006 y 2010. En el documento se afirma que la gestión durante los años de
Miguel Blesa fue “imprudente e incompetente”, permitiendo un progresivo
deterioro de la entidad bancaria. Hubo créditos fallidos e inversiones donde se
perdieron “más de 1.200 millones de euros adquiriendo el CNBF, Su
Casita, Mecalux, Sos, Iberia o NH Hoteles, entre otras adquisiciones
atropelladas y ruinosas para la Caja”.
Los interventores
de este órgano de control estatal consideran que estas actuaciones han motivado
que la situación de Bankia fuera “mucho peor que la de otras entidades
financieras similares, a las que también afectó la crisis”. En otro de los
puntos del informe señala también la actitud del Banco de España, que “debió
haber sido más severo, frenando un crecimiento desquiciado el cual
dificultó e hizo ineficaces la reconducción de los problemas”.
Todas estas
consideraciones parecen haber sido marginadas en el momento de dictar la
sentencia absolutoria.
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