Castells al rescate de Wert: “Jaque a la Universidad pública española”
- "Lo
que hace Castells es rescatar el proyecto del PP, cuyo borrador de
modificación de la Ley Orgánica de Universidades ya criticara Pablo
Iglesias férreamente en 2013"
- "Actualmente,
las figuras docentes universitarias laborales las pagan las Comunidades
Autónomas, no el Estado. ¿Se ha hablado con ellas para diseñar este nuevo
Estatuto?"
- "Esa
revolución morada vivida años atrás en las Universidades públicas
españolas, en la cual emanó la masa crítica de Podemos, se ha quedado en
una revolución retórica"
Firma invitada El miércoles, 29 de julio de 2020
Varios jóvenes se examinan en una universidad este
año. / Efe
David Moscoso, Profesor Titular del
Departamento de Sociología de la Universidad Pablo de Olavide, de Sevilla, ex-parlamentario
andaluz y ex-coordinador del Grupo Parlamentario de Podemos en Andalucía
Como es sabido, tras el 15 M se gestó Podemos
y fue justo en las Universidades donde emergieron buena parte de sus miembros,
cargos orgánicos, votantes y representantes públicos. En aquel
momento, muchas de las denuncias que se espetaban desde la Universidad eran
contra los recortes generalizados del gasto y la externalización masiva de
servicios públicos, traduciéndose ello en la precarización de las condiciones
laborales en los campus universitarios, especialmente entre quienes no formaban
parte del cuerpo de funcionarios, tanto en el sector servicios como entre el
personal docente e investigador.
De ahí que el anuncio del Ministro de
Universidades Manuel Castells de un nuevo Estatuto del Personal Docente e
Investigador (PDI) haya sorprendido a esa masa crítica que impulsó Podemos,
por las razones que a continuación se aluden, generando la indignación de las plantillas
universitarias y los rectorados por varias razones. En primer lugar, lo
que hace Castells es rescatar el proyecto del Partido Popular liderado entonces
por el ministro José Ignacio Wert, cuyo borrador de modificación de la Ley
Orgánica de Universidades —conocido como “Informe de Sabios”— ya criticara
Pablo Iglesias férreamente en 2013, y que supuso la movilización al pleno
del alumnado y profesorado universitario de nuestro país. En efecto, el modelo
del Partido Popular de Wert que ahora desea rescatar el Ministerio Castells es
un modelo propio de la derecha catalana, puesto en marcha a través del CDC a
principios de los noventa por iniciativa de Jordi Pujol, cuya mayor plasmación
fue la Universidad Oberta de Cataluña. Un modelo característico de las
Universidades privadas americanas, en donde la presión sobre el profesorado
merma las garantías de sus derechos laborales, pues no es lo mismo ser
indefinido que funcionario en términos de seguridad jurídica, administrativa y
económica. De ahí que sorprenda el proceso de laboralización que plantea el
ministro de Unidas Podemos en lugar de la funcionarización propuesta en un
anterior documento por el ministro Pedro Duque. En ese sentido, este es un
modelo que se puede esperar de un partido de derechas, pero no de Unidas
Podemos.
En segundo lugar, partiendo de la premisa de que la
Ley de Universidades necesita una profunda modificación y, en consecuencia, su
Estatuto de Personal Docente e Investigador, la mejor forma de hacerlo sería
la de un modelo de acceso a los cuerpos laborales y funcionariales docentes
consecuente con la realidad. Cierto es que las figuras de Personal
Sustituto Interino y Profesor Asociado alcanzan cifras inadmisibles —en torno
al 35% de las plantillas universitarias— y que estas figuras están precarizadas
y se utilizan como vía anómala de acceso a la Universidad. Pero también es
cierto que son justamente el reflejo de años de políticas equívocas de
Gobiernos precedentes, que no daban opciones diferentes a las Universidades
públicas españolas para la oferta de empleo público con la que garantizar la
carga docente de los departamentos. De haber satisfecho esa oferta de empleo
necesaria a través de las figuras contractuales contempladas actualmente en el
Estatuto que propician un mejor acceso (ayudante, ayudante doctor, colaborador
y contratado doctor), la figura de asociado se hubiera circunscrito a lo que
debiera ser, es decir, la presencia de expertos profesionales en determinados
ámbitos del conocimiento que contribuyen con ello a la docencia universitaria.
Pero la perversión ha venido de la mano de la propia administración del Estado,
en colaboración con las comunidades autónomas, que han visto en esas figuras
las más factibles y baratas para garantizar la enseñanza universitaria, habiéndose
producido un aumento exponencial desde la aprobación del decreto de
sostenibilidad de los servicios públicos del PP en el año 2012, que limitó la
tasa de reposición de empleo público, al tiempo que plantillas de profesorado
funcionario iban causando baja por jubilación. En este sentido, hubiera
sido más razonable por parte del Ministro Castells sentarse con el titular de
Hacienda y Administraciones Públicas y con sus homólogos de las Comunidades
Autónomas, para llegar a un acuerdo con el que cambiar las reglas de
gasto en cuanto a la contratación de nuevo personal docente e investigador en
número suficiente y con la financiación necesaria, en lugar de plantear un
cambio tan drástico como inviable del sistema de acceso y contratación de
profesorado universitario.
Razón por la cual lo que se plantean los rectores
ante la iniciativa del ministro de Universidades es quién va a pagar esas
nuevas figuras contractuales que plantea el borrador del nuevo Estatuto de
PDI. Actualmente, las figuras docentes universitarias laborales las
pagan las Comunidades Autónomas, no el Estado. ¿Se ha hablado con ellas para
diseñar este nuevo Estatuto? Si ya resulta difícil pagar los salarios
del profesorado interino, de dónde se va a sacar la financiación para asumir
estas nuevas fórmulas de contratación. En países como Canadá, Finlandia,
Suecia, Dinamarca o Austria, la inversión pública en materia de Universidades
oscila entre el 1,5 y 1,7% de su PIB, el doble de lo que se invierte en España,
que gira en torno al 0,9% de su PIB. En consecuencia, de dónde se va a obtener
la financiación para hacer viable el nuevo modelo que plantea Castells. ¿Qué
salarios tiene previsto asignar a las nuevas figuras contractuales? Porque si
se crean unas figuras inviables en términos de oferta de empleo público, que no
se encuentren en consonancia con la voluntad de los responsables autonómicos en
materia de Universidad y la financiación pública autonómica para tal fin, la
nueva realidad del Estatuto previsto por Castells se materializará en una saturación
de la docencia entre las plantillas ya existentes, redundando en mayores
dificultades de estas plantillas para ofrecer docencia de calidad e
investigación científica, con el consiguiente perjuicio, a su vez, para la
propia generación de riqueza a través de la investigación, la innovación y
desarrollo en España.
En tercer lugar, en relación a la
internacionalización, el documento señala las bajas cifras de profesorado
extranjero en las Universidades españolas, pero no repara en que el
salario de un profesor doctor en nuestro país, en cualquiera de las categorías
laborales o funcionariales, es muy inferior al salario de sus homólogos en
la mayoría de las universidades del centro y norte de Europa. La pregunta que
debemos hacernos es si esa baja presencia de profesorado universitario
extranjero en España no puede deberse al bajo salario con el que se retribuye
en nuestro país al profesorado universitario, además de la escasa inversión
pública en investigación. En España un profesor titular tiene un sueldo base
aproximado de 31.500 euros al año, incluyendo las pagas extras, mientras que en
Alemania el sueldo base de esta misma figura supera los 50.000 euros al año y
en Inglaterra los 65.000 euros. De forma extraordinaria, en Universidades como
Harvard un profesor a tiempo completo gana 175.000 euros al año. En ese
contexto, deberíamos preguntarnos si creemos que será exitoso diseñar un cambio
de estatuto para favorecer la internacionalización sin los resortes de
financiación necesarios para ello. Además, en países como los antes mencionados
la inversión pública en I+D+i oscila en torno al 3% de su PIB, más del doble
que en España, siendo nuestro país muy poco atractivo para investigadores
punteros y con experiencia. En consecuencia, hemos de preguntarnos si estamos
preparados para competir en internacionalización con los salarios más bajos y
con la menor inversión pública en materia de universidades e investigación y
desarrollo.
Por lo demás, hubiera sido deseable que el ministro
de Unidas Podemos aludiera en su borrador al irresuelto problema de la
carrera funcionarial en la Universidad, una carrera que garantice la
promoción sin necesidad de concurrir permanentemente a nuevos procesos de
oposición para acceder a figuras contractuales mejor remuneradas y más
estables. Actualmente, la mayoría de quienes deseen acceder al cuerpo de
funcionarios docentes de Universidad deben concurrir mediante convocatorias de
empleo de profesorado al menos a unas cuatro figuras laborales, algo que hace
infinita e inverosímil la carrera académica. Tampoco se aborda en el borrador
de Castells la necesidad de ofrecer mecanismos de movilidad estable entre
Universidades públicas, algo igualmente necesario para el intercambio de
experiencias y aprendizajes y la conciliación familiar, y que sin embargo
impide el vigente Estatuto de Personal Docente e Investigador.
En suma, esa revolución
morada vivida años atrás en las Universidades públicas españolas, en la cual
emanó la masa crítica de Podemos, se ha quedado en una revolución retórica,
pues proyectos de modificación de la Ley Orgánica de Universidades como el que
propone en este momento el ministro de Unidas Podemos no hace sino poner en
jaque a nuestras universidades como servicio público. En efecto, plantea
Castells un modelo de contratación que, lejos de mejorar las garantías
jurídicas, administrativas y económicas, del personal docente y universitario,
supone nuevas dificultades e incertidumbres y, además, lo hace de forma poco
consecuente con las condiciones de financiación de la que dispone el sistema
público de investigación y universitario de nuestro país, así como la realidad
del reparto de competencias administrativas autonómicas.
*++
No hay comentarios:
Publicar un comentario