La UE exigirá
al gobierno recortar las pensiones y mantener la reforma laboral si quiere
acceder al fondo de recuperación
Kaos. Laboral Y
Economía
Publicado el Jul 12, 2020|
El presidente del Consejo Europeo, Charles
Michel, ha hecho pública una propuesta consensuada para aprobar el fondo
de construcción de 750.000 millones de euros. El documento está avalado
por Ángela Merkel y Emmanuel Macron, informa
sobre la creación de un fondo no reembolsable para no seguir engordando la
deuda de países como el Estado Español o Italia y no poner en peligro la
estabilidad de la eurozona y el mercado común europeo.
Sin embargo, este acuerdo tendrá contrapartidas. En
ese sentido se hacen concensiones a los países del norte, los llamados
‘frugales’, reacios a compartir su dinero con los países más perjudicados por
el Covid-19, y la propuesta endurece las
condiciones para acceder a las ayudas. Entre ellas, para conseguir la
financiación se necesitará el voto favorable del 55% de los Estados que
supongan como mínimo el 65% de la población continental. Por
consiguiente y aunque es cierto que los países más reacios a compartir los
fondos (Austria, Holanda, Dinamarca y Suecia) no podrían paralizar el
fondo de reconstrucción por sí mismos por no sumar la suficiente población, sí
que podrían, en cambio, recabar apoyos y acabar echando abajo el
denominado ‘Plan Marshall’ de la UE.
Los países que reciban las ayudas deberán destinar
parte del dinero a la transición verde y digital promovida por
la Comisión Europea. Pero sin duda el condicionante más trascendente será
el de la obligatoriedad de tener en cuenta las recomendaciones efectuadas
por la UE, que en el caso del Estado Español suponen abordar una nueva reforma
del sistema de pensiones (es decir, un nuevo recorte) y mantener
las líneas fundamentales de la reforma laboral (o sea, la
precariedad e indefensión de la clase trabajadora). En esas condiciones el
fondo de recuperación supone de hecho un rescate puesto que
se condiciona la financiación a la aplicación de políticas neoliberales favorables
a los grandes poderes económicos europeos (banca y gran capital) a costa de los
derechos laborales y sociales de la clase trabajadora. Un reto para un
gobierno, el del PSOE y Unidas Podemos, parecido al que se le planteó a
Syriza en el caso de Grecia cuando acabó plegándose a las condiciones
dacronianas que le impuso la troika comunitaria.
El documento también señala que el 70% del
reparto se decidirá según el desempleo de cada país, PIB y población, y
el 30% restante según la caída del PIB que provocará el
Covid-19 en los años 2020 y 2021. Por este motivo, el 70% de
los fondos llegarán durante los primeros años, mientras que el 30% restante se
repartirá en 2022 cuando se conozca el impacto real en el PIB. El dinero
dejaría de fluir a partir de 2026.
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