Argentina
Superar la crisis de la deuda
Éric Toussaint
VIENTOSUR
12.12.2019
Después de
cuatro años de drásticas políticas neoliberales, durante la presidencia de
Mauricio Macri, Argentina se ve hundida, de nuevo, en una de las mayores crisis
de la deuda.
Recordemos que
cuando Mauricio Macri comenzó su mandato en diciembre de 2015, lo primero que hizo
fue aceptar las demandas de un juez de Nueva York que había fallado a favor de
los fondos buitre que pleiteaban contra Argentina. Y ese acto permitió a esos
fondos de inversiones, especializados en las recompras a bajo precio de títulos
soberanos, embolsarse 4.600 millones de dólares y obtener un beneficio del
300%. (https://www.lesechos.fr/2016/03/argentine-les-fonds-vautours-raflent-la-mise-203905)
Pero, para poder indemnizar a esos fondos buitre, Mauricio Macri tuvo que pedir
dinero en los mercados financieros. Macri era optimista y anunciaba que todo
iría muy bien. Argumentaba que la aplicación de las recetas neoliberales haría
a Argentina más atractiva para los inversores y los prestamistas extranjeros.
Por otra parte, la prensa dominante del ámbito internacional le daba todo su
apoyo. Los comentarios de los expertos en economía, invitados a dar su opinión,
presentaban la Argentina de Macri como una historia de éxitos. La emisión en
2017 de títulos con vencimiento a 100 años, o sea en 2117, se presentaba como
la prueba última del éxito neoliberal promercado de Mauricio Macri.
No obstante, el
éxito de esos títulos se explicaba de una manera totalmente diferente: el tipo
de interés propuesto durante cien años era del 7,25 % anual (con un
rendimiento real sobre el precio de compra de partida de 7,917 %, ya que
los títulos se vendieron con una rebaja para atraer a los inversores). Así que,
a comienzos de junio de 2017, los banqueros podían pedir préstamos al 0% de
interés al Banco Central Europeo, al Banco de Japón y al Banco de Suiza, al
0,25 % al Banco de Inglaterra y al 1 % a la Reserva Federal de
Estados Unidos. Por lo tanto, los fondos de inversiones disponían de una enorme
liquidez, y como el rendimiento de los títulos de deuda pública de los países
del Norte era muy bajo, incluso negativo, los bonos argentinos al 7,25 %
durante cien años constituían una ganga. Y de ahí, su éxito. Pero, evidentemente,
no ofrecían ninguna prueba de la buena salud de la economía argentina.
Realmente, es tan elevado el volumen de capitales que busca especular (y no una
inversión productiva) que cualquier Estado, que emita títulos soberanos con un
rendimiento superior a la media, seguro que tiene compradores.
Un ejemplo de
comentario de la prensa económica para darle la bienvenida al bono a cien años
fue este: “Un poco más de un año después del fin de la increíble historia de la
deuda argentina, Buenos Aires prosigue su reconquista de los mercados
financieros. El gobierno de Macri acaba de efectuar una emisión obligatoria en
dólares a 100 años, un acontecimiento que hubiera sido imposible hace unos
años.” En este artículo apologético, el diario francés Les Échos no
dudaba en afirmar que la Argentina de Macri proseguía “su reconquista de los
mercados”. (https://www.lesechos.fr/2017/06/largentine-emprunte-a-100-ans-pour-moins-de-8-173806)
Un año antes,
en 2016, el mismo diario escribía: “En abril de 2016, Buenos Aires había
efectuado un retorno triunfal en los mercados: a pesar de las ocho quiebras en
la historia de Argentina, los inversores habían colocado 68.000 millones de
dólares en órdenes. Un verdadero plebiscito para el nuevo jefe de Estado
Mauricio Macri. El país había elegido recaudar 16.500 millones con un tipo de
interés del 7,5 % en 10 años.”
Una persona un
poco sensata habría comprendido, luego de la lectura de esos comentarios
ditirámbicos, que las grandes sociedades capitalistas del mundo entero estaban
en búsqueda de ocasiones para conseguir un alto rendimiento de sus capitales,
comprando títulos de alto riego. Y eso no representaba de ninguna manera una
prueba de buena salud de la economía argentina.
Los potenciales
prestamistas (o sea, los fondos de inversión, los grandes bancos…) se decían
que si los títulos argentinos se beneficiaban de la garantía del Estado, ante
cualquier imprevisto podrían presentar una demanda ante un juez de Nueva York
que fallaría en contra de Argentina. Y tendrían razón, ya que las autoridades
argentinas delegaron en la justicia de Estados Unidos el poder de litigio entre
Argentina y sus prestamistas. De todas maneras, también pensaban que en caso de
necesidad, el FMI intervendría para prestar dinero al gobierno argentino con el
fin de que pudiera reembolsar su deuda a los fondos privados, como siempre lo
hizo. Y había otro argumento: las riquezas del subsuelo argentino son enormes y
en caso de problemas, el Estado podría poner en venta una mayor cantidad de
recursos para responder a las exigencias de los prestamistas.
En resumen,
mientras la economía argentina real no iba para nada bien, el gobierno logró en
2016-2017 encontrar prestamistas, y también consiguió alabanzas a su gobierno
de derecha provenientes de la gran prensa internacional, del FMI y de otros
gobiernos directamente en manos del gran capital.
Pero todo eso
comenzó a empeorar y estaba muy mal en 2018, bajo los efectos de varios factores
negativos ligados a las políticas practicadas por Macri: el fuerte aumento de
los intereses que se debían pagar —necesitando una continua refinanciación
mediante nuevas deudas—, y la fuga masiva de capitales permitida por una
política totalmente laxista, dando libertad total a su salida. Y, precisamente,
esta fuga indicaba que los capitalistas argentinos no tenían realmente
confianza en el futuro de Macri, prefiriendo irse a hacer negocios a otra
parte, incluida la compra en Wall Street de títulos de deuda argentina emitidos
en dólares. Las reservas de cambio se redujeron fuertemente, la producción
comenzó a disminuir. Argentina entraba en recesión. El empleo descendía. El
poder adquisitivo de la mayoría de la población bajaba por los ataques patronales
y gubernamentales. En consecuencia, el consumo interno, que representa el
70 % del PIB argentino, también se reducía. El peso argentino se hundía
progresivamente. Mientras que el 1 de enero de 2018, se necesitaban 22 pesos
para comprar un euro, el 16 de junio del mismo año ya se necesitaban 32.[1]
En ese
contexto, en junio de 2018, Macri entró en pánico y llamó al FMI como ya lo
habían previsto los prestamistas extranjeros y los capitalistas argentinos https://www.cadtm.org/En-el-horizonte-una-crisis-economica-y-social-aun-mas-aguda-que-la-actual.
El crédito total que el FMI prometió a Argentina se elevó a 57.000 millones de
dólares —de los que 44.100 millones ya han sido abonados al día de hoy—. En un
primer momento, en junio de 2018, se anunció que la cantidad era de 50.000
millones pero algunos meses más tarde, como la situación no mejoraba, se
agregaron 7.000 millones más a las promesas de pago. Hasta ahora, es el mayor
préstamo jamás concedido a un país por el FMI (como ejemplo, el préstamo
otorgado a Grecia por el FMI en 2010 se elevaba a 30.000 millones de euros).
Pero el FMI, como de costumbre, exigió en contrapartida la aplicación de
medidas aún más impopulares que las aplicadas por Macri hasta ese momento (https://www.cadtm.org/La-austeridad-del-FMI-ya-se-siente-en-Argentina)
Las elecciones
presidenciales se convocaron para el 27 de octubre de 2019, y el pueblo
argentino castigó a Macri. El movimiento político peronista volvió a ganar en
las urnas, después de un intermedio de cuatro años. Será presidente Alberto
Fernández y Cristina Fernández, presidenta de Argentina de 2007 a 2015,
vicepresidenta.
Durante la
preparación del traspaso de poder entre Mauricio Macri y Alberto Fernández, (el
10 de diciembre de 2019), se celebró la 8ª asamblea anual de la red
latinoamericana y caribeña del CADTM- AYNA (Abya Yala Nuestra América).
Participé en este encuentro así como en varias conferencias públicas, una de
ellas celebrada en el Congreso (Parlamento argentino). También me hicieron 4
entrevistas: una en directo, de una quincena de minutos, para una gran cadena
privada argentina anti-Macri, Canal 5 (http://www.cadtm.org/Puede-Argentina-no-pagar-la-deuda-que-tomo-Macri
); una segunda entrevista por vídeo para una web informativa (https://canalabierto.com.ar/)
ligada al principal sindicato de los empleados públicos (ATE), Canal Abierto (http://www.cadtm.org/Eric-Toussaint-La-deuda-con-el-FMI-es-espuria);
una tercera entrevista en la principal web de la izquierda revolucionaria
argentina laizquierdadiario https://www.laizquierdadiario.com/Eric-Toussaint-que-hacer-con-la-deuda-odiosa
+ https://www.laizquierdadiario.com/Reperfilando-la-herencia-de-Macri-y-la-deuda-odiosa-en-la-mirada-de-Eric-Toussaint;
y por último una entrevista para el principal diario de centro izquierda
Página12 https://www.pagina12.com.ar/235397-la-propuesta-de-guzman-le-vendria-bien-a-argentina-y-al-mund
El porcentaje
de pobreza aumentó enormemente durante los cuatro años del mandato de Macri ,
pasando de cerca del 27 % al 40 % de la población. En estos días que
preceden al traspaso de poder de Macri a los Fernández (que no son parientes
aunque llevan el mismo apellido), el pago de la deuda está en el centro de la
mayor parte de los debates políticos.
Por otro lado,
es necesario señalar que los movimientos políticos y sociales argentinos son
masivos y están bien organizados: los sindicatos continúan siendo poderosos, el
movimiento feminista es capaz de organizar grandes movilizaciones, los
desempleados están organizados, el movimiento cooperativo es fuerte… Las
diferentes experiencias neoliberales que comenzaron con la dictadura
(1976-1983), y cuya última expresión fue el gobierno de Macri, no consiguieron
atomizar a la sociedad argentina y, a diferencia del vecino Chile, la
educación, incluida la universitaria es gratuita así como el sector de la
salud.
En este
noviembre-diciembre de 2019, he aquí las cuestiones que están continuamente en
portada:
Mientras que el
gobierno saliente suspendió el pago de una parte de la deuda interna, ¿el nuevo
gobierno reembolsará una deuda acumulada para realizar una política que fue
rechazada por la mayoría de la población?
¿Qué se tiene
que hacer con los acuerdos firmados con el FMI?
Ya que el FMI
dejó de abonar entre 11.000 y 13.000 millones de dólares a Argentina, ¿el nuevo
gobierno pedirá ese dinero o le dirá que no lo quiere?
¿No sería
necesario que Argentina suspendiera durante dos años el reembolso de la deuda
con el fin de poder relanzar prioritariamente el consumo y la actividad
económica, y de esa manera, conseguir que en un futuro sea sostenible el pago
de la deuda? Es lo que propone Martín Guzmán, economista argentino, profesor en
Nueva York y estrecho colaborador de Joseph Stiglitz, premio Nobel de economía.
Y que acaba de ser nombrado ministro de Economía y Finanzas del nuevo gobierno
de Alberto Fernández.
Una mayoría de
la población rechaza claramente al FMI cuya nefasta actuación en Argentina es
conocida por todas y todos los habitantes del país. Hay que recordar que
después de la Segunda Guerra mundial, el presidente Juan Domingo Perón se negó
a que su país se adhiriera al FMI, denunciándolo como instrumento del
imperialismo.[2]
Argentina no se adhirió al FMI hasta 1956 durante la dictadura militar de Pedro
Eugenio Aramburu, quien derrocó al presidente constitucional Juan Domingo Perón
en 1955. 20 años más tarde, el FMI apoyó activamente la sangrienta dictadura de
Jorge Rafael Videla, responsable del asesinato de más de 30.000 opositores de
izquierda. En los años 1990, el FMI presionó al máximo para hacer de la
Argentina uno de los países punteros de las privatizaciones y del ajuste
estructural. Y eso terminó en la rebelión masiva de 2001 que provocó la caída
del presidente Fernando de la Rúa.
Durante las
conferencias públicas realizadas en Buenos Aires entre el 27 y el 29 de
noviembre de 2019, por ATTAC-CADTM en colaboración con una decena de
organizaciones, tuve la ocasión como portavoz internacional del CADTM, de hacer
una serie de propuestas para afrontar la crisis de la deuda argentina. Esas
propuestas son el fruto de debates dentro de la red CADTM. Y así fue, en
particular, durante la audiencia que tuvo lugar en el Congreso (parlamento
argentino) el 27 de noviembre a iniciativa de la economista Fernanda Vallejos,
una diputada que forma parte de la nueva mayoría presidencial (podéis consultar
mi intervención en castellano en: http://www.cadtm.org/SIMPOSIO-DEUDA-EXTERNA-Alternativas-para-una-solucion-soberana
).
Aquí presento
un resumen de los argumentos que aporté y de las propuestas que hice. No hay
que dudar en utilizar la doctrina de la deuda odiosa ya que es aplicable a
Argentina.
Según esta
doctrina para que una deuda sea odiosa, y por lo tanto nula, debe cumplir dos
condiciones:
1.- Haberla
contraído en contra de los intereses de la Nación, o en contra de los intereses
del Pueblo, o en contra de los intereses del Estado.
2.- Los
acreedores no pueden demostrar que ellos no podían saber que la deuda era
contraída en contra de los intereses de la Nación.
Pero hay que
señalar que según la doctrina de la deuda odiosa, la naturaleza del régimen o
del gobierno que la contrae no tiene especial importancia, ya que lo que cuenta
es el uso que se hace de esa deuda. Si un gobierno democrático se endeuda en
contra del interés de la población, esa deuda puede ser calificada de odiosa,
si también reúne la segunda condición. Por lo que, contrariamente a una versión
errónea de esta doctrina, la deuda odiosa no concierne solamente a regímenes
dictatoriales. http://www.cadtm.org/La-deuda-odiosa-segun-Alexander
(La deuda odiosa según Alexander Sack y según el CADTM)[3]
Es fundamental
para un país adoptar, de manera soberana y unilateral, medidas complementarias
que permitan mejorar la situación en materia de deuda.
Doy cinco
ejemplos:
1.- La adopción
de una ley contra los fondos buitre.
2.- La
suspensión del pago de la deuda.
3.- La
obligación de los tenedores de títulos de la deuda argentina de identificarse
ante las autoridades estatales.
4.- La
realización de una auditoría de la deuda con participación ciudadana.
5.- El no
reconocimiento de los acuerdos firmados con el FMI.
1.- La adopción
de una ley contra los fondos buitre
Como lo mostró
Bélgica en 2008, y luego en 2015, es posible aprobar una ley para combatir los
fondos buitre (véase: https://www.cadtm.org/La-ley-belga-contra-los-fondos-buitre
+ https://www.cadtm.org/Belgica-dice-no-a-los-fondos-buitres
También podéis consultar Renaud Vivien, Analyse de la loi belge du 12 juillet
2015 contre les fonds vautours et de sa conformité au droit de l’UE ”, https://www.cadtm.org/Analyse-de-la-loi-belge-du-12-juillet-2015-contre-les-fonds-vautours-et-de-sa).
La ley es muy simple, consiste en decir que un fondo de inversiones no puede
pretender una suma de dinero superior a la suma de dinero que efectivamente
pagó para adquirir un título de deuda pública. Recordemos que lo que hacen los
fondos buitre consiste en comprar a un precio muy bajo títulos de la deuda de
un país en dificultades con el fin de obtener, vía judicial, una indemnización
que puede representar un beneficio de cientos por ciento superior. Si Argentina
aprobara este tipo de ley, eso podría ayudar a protegerse contra la actuación
de los fondos buitre. Si hubiera suficientes países que hicieran lo mismo, esos
fondos podrían ser ampliamente neutralizados. Sería necesario también rechazar,
durante la emisión de títulos de deuda pública, la delegación en una
jurisdicción extranjera (por ejemplo, los tribunales de Nueva York) el poder de
solucionar un litigio entre el país deudor y los tenedores de los títulos.
2.- La
suspensión del pago de la deuda
La suspensión
del pago de la deuda forma parte de los medios que un país puede utilizar para
afrontar una situación de crisis financiera y/o humanitaria. El país puede
decretar una suspensión de manera unilateral y soberana. Numerosos países
utilizaron este recurso, por ejemplo, Argentina a partir de 2001 y hasta 2005,
por un monto cercano a 80.000 millones de dólares y le fue bien.
En un libro
colectivo publicado en 2010 por la Universidad de Oxford,[4]
Joseph Stiglitz afirma que Rusia en 1998 y Argentina durante los años 2000
probaron que una suspensión unilateral del reembolso de la deuda puede ser
beneficioso para el país que toma esa decisión. “Todo eso significa que la
posición financiera del gobierno se refuerza, haciendo más probable (y no
menos) que los prestamistas quieran de nuevo concederle préstamos.” (p. 48)
https://www.cadtm.org/Joseph-Stiglitz-muestra-que-una
Cuando un país
logra imponer una reducción de deuda a sus acreedores y recicla los fondos
anteriormente destinados al pago (de esa deuda) para financiar una política
fiscal expansionista, eso produce resultados positivos: “En ese escenario, la
cantidad de empresas locales que quiebran disminuye porque los tipos de interés
locales son más bajos que si el país hubiera continuado pagando la deuda, y
porque la situación general del país mejora. Ya que la economía se fortalece,
la recaudación de impuestos aumenta, lo que mejora también el margen
presupuestario del gobierno. […] Todo eso significa que la posición financiera
del gobierno se refuerza, haciendo más probable (y no menos) que los
prestamistas quieran de nuevo concederle préstamos.” (p.48) Por otro lado, en
un artículo publicado por el Journal of Development Economics[5]bajo
el título de “The elusive costs of sovereign defaults”, Eduardo Levy Yeyati y
Ugo Panizza, dos economistas que trabajaron para el Banco Interamericano de
Desarrollo, presentan los resultados de sus minuciosas investigaciones sobre
las suspensiones de pagos concernientes a unos 40 países. Una de sus
conclusiones principales es la siguiente: “Los períodos de suspensión de pagos
marcan el comienzo de la recuperación económica.” (“Default episodes mark the
beginning of the economic recovery”.)
Argentina, como
en 2001, no debería dudar en declarar una suspensión de pagos de una duración a
determinar, dos años puede constituir un lapso de tiempo mínimo, con una
prolongación si fuera necesaria. Así podría aprovechar esa suspensión para
utilizar las sumas ahorradas para reactivar el consumo y la actividad económica
en beneficio de la población.
Es recomendable
realizar una suspensión selectiva; los pequeños ahorradores y los pequeños
tenedores de títulos, así como los fondos de pensión públicos y otras
instituciones públicas, deben estar exentos de la suspensión de pagos, es decir
que esas categorías de inversores continuarían recibiendo el reembolso de la
deuda. Es totalmente normal instaurar una discriminación positiva con el fin de
proteger a los “débiles” y a las entidades públicas nacionales en relación a
los grandes acreedores privados y al FMI.
3.- La
obligación de los tenedores de títulos de la deuda argentina de identificarse
ante las autoridades argentinas.
Las autoridades
argentinas deberían reanudar una práctica que data de la primera mitad del
siglo XX: el establecimiento de una lista de tenedores de títulos y otras
acreencias. En la resolución del conflicto entre México y sus acreedores en los
años 1940, los acreedores se vieron obligados a hacerse conocer y algunos
fueron excluidos del acuerdo que permitió la anulación del 90 % de la
deuda mexicana. Los tenedores de títulos fueron obligados a presentar sus
títulos y a registrarlos y estampillarlos ante las autoridades mexicanas antes
de poder pretender una compensación. (Podéis consultar el artículo: http://www.cadtm.org/Mexico-demostro-que-es-posible)
Esa obligación permite especialmente proseguir el pago con respecto a los
“pequeños tenedores” de títulos o proponerles una indemnización favorable.
4.- La
realización de una auditoría de la deuda con participación ciudadana
Es fundamental
realizar una auditoría con la participación de la ciudadanía con el objetivo de
identificar la parte ilegítima y odiosa de la deuda (la parte ilegítima y
odiosa podría representar, en este caso, una aplastante mayoría). Esa auditoría
puede desembocar en un repudio de la deuda y/o en una reestructuración
unilateral con una anulación más o menos importante.
5.- El no
reconocimiento de los acuerdos firmados por el FMI y Mauricio Macri en 2018.
Como lo
demostraron varios juristas argentinos y muchos otros protagonistas, el acuerdo
firmado por el FMI y Mauricio Macri es contrario a los intereses de la Nación
argentina y/o al pueblo argentino. El FMI, concediendo un préstamo de 57.000
millones de dólares al gobierno de Macri violó sus propias reglas que consisten
en que no se pueden otorgar fondos si generan una deuda insostenible. Es
evidente, que prestando una suma tan enorme a Argentina en 2018, no era posible
que se pretendiera que con ello la deuda devendría sostenible. La prueba se
hizo menos de un año más tarde. Por su parte, Macri violó las leyes y la
Constitución argentina que prevén que la firma de un acuerdo de ese tipo con el
FMI, que tiene valor de tratado internacional, debe ser sometida a debate en el
Congreso argentino que es quien debe aprobarlo. Además, el crédito fue otorgado
porque Donald Trump, presidente de Estados Unidos, presionó a la dirección del
FMI con el fin de ayudar al gobierno de Macri, para que éste pudiera permanecer
en el poder a pesar de la crisis y ganar las elecciones de 2019. Y eso lo hacía
porque Macri llevaba a cabo una política conforme a los intereses económicos,
políticos y militares de Estados Unidos. Y esa es la única razón por la que ese
megacrédito fue concedido. Dado que el pueblo argentino rechazó en las urnas la
opción Macri y que éste no respetó la Constitución argentina, el nuevo gobierno
tiene derecho a rechazar el reconocimiento de la validez del acuerdo firmado
por su predecesor y el FMI. Pues, realmente es un caso de manual previsto en la
doctrina de la deuda odiosa: durante un cambio de régimen, el nuevo gobierno no
tiene por qué respetar las obligaciones contraídas por sus predecesores en
materia de endeudamiento si éstos contrajeron una deuda en contra de los intereses
de la Nación o del Pueblo (y en este caso a su propio favor con el fin de
mantenerse en el poder). Y está claro que la dirección del FMI lo sabía.
Es muy
importante para Argentina aprender de los errores pasados y no reproducir el
tipo de negociación que tuvo lugar con los acreedores en el período 2002-2010.
(Podéis consultar un análisis de esa renegociación en el artículo de Maud
Bailly y Éric Toussaint “Reestructuraciones frustradas de la deuda en 2005 y
2010 “, en https://www.cadtm.org/Reestructuraciones-frustradas-de-la-deuda-en-2005-y-2010)
Las medidas
anunciadas anteriormente deberían enmarcarse en un programa de conjunto que
incluyera otras acciones: control de movimientos de capitales, socialización
del sector bancario, reforma fiscal, medidas para romper con el modelo
extractivista exportador y la lucha contra la crisis ecológica.
En conclusión,
una nueva situación se abre en Argentina a partir de diciembre de 2019, un
nuevo gobierno que debe afrontar una grave crisis de la deuda. Es fundamental
que se constituya un vasto frente social y político con el objetivo de poner
por delante, por todos los medios necesarios, las soluciones que permitan
liberar al pueblo argentino de la carga de una deuda ilegítima y odiosa.
Traducido por
Griselda Pinero
[1]A fines de septiembre, se necesitaban 48 pesos para un euro. A comienzos de
diciembre de 2019: 66 pesos.
[2]Noemí Brenta y Pablo Anino, «Una de terror: la historia de Argentina y el
FMI» https://www.laizquierdadiario.com/Una-de-terror-la-historia-de-Argentina-y-el-FMI
[3]Sack dice muy claramente qué deudas odiosas pueden ser atribuidas a un
gobierno regular: «para que una deuda regularmente contraída por un gobierno
regular pueda ser considerada indudablemente odiosa, convendría que…».
Para recordar, Sack define un gobierno regular de la forma siguiente: «Se debe considerar como gobierno regular el poder supremo que existe efectivamente en los límites de un territorio determinado. Que ese poder sea monárquico (absoluto o limitado) o republicano; que proceda de la ’gracia de Dios’ o de la ’voluntad del pueblo’; que exprese la ’voluntad del pueblo’ o no, del pueblo entero o solo de una parte de éste; que haya sido establecido legalmente o no, etc., todo eso no tiene importancia para el problema que nos ocupa.» (p.6).
Así pues, no hay duda posible sobre la posición de Sack: el hecho de que el régimen sea despótico no es una condición sine qua non para definir la existencia de deudas odiosas que son susceptibles de ser anuladas. Según Sack, todos los gobiernos regulares, sean despóticos o democráticos, bajo diferentes variantes, son susceptibles de ser acusados de haber contraído deudas odiosas. Fuente : Alexander Sack, Les effets des transformations des États sur leurs dettes publiques et autres obligations financières : traité juridique et financier, Recueil Sirey, Paris, 1927. Se puede consultar el documento casi completo de descarga libre desde la web del CADTM:
Para recordar, Sack define un gobierno regular de la forma siguiente: «Se debe considerar como gobierno regular el poder supremo que existe efectivamente en los límites de un territorio determinado. Que ese poder sea monárquico (absoluto o limitado) o republicano; que proceda de la ’gracia de Dios’ o de la ’voluntad del pueblo’; que exprese la ’voluntad del pueblo’ o no, del pueblo entero o solo de una parte de éste; que haya sido establecido legalmente o no, etc., todo eso no tiene importancia para el problema que nos ocupa.» (p.6).
Así pues, no hay duda posible sobre la posición de Sack: el hecho de que el régimen sea despótico no es una condición sine qua non para definir la existencia de deudas odiosas que son susceptibles de ser anuladas. Según Sack, todos los gobiernos regulares, sean despóticos o democráticos, bajo diferentes variantes, son susceptibles de ser acusados de haber contraído deudas odiosas. Fuente : Alexander Sack, Les effets des transformations des États sur leurs dettes publiques et autres obligations financières : traité juridique et financier, Recueil Sirey, Paris, 1927. Se puede consultar el documento casi completo de descarga libre desde la web del CADTM:
[4]Barry Herman, José Antonio Ocampo, Shari Spiegel, Overcoming Developing
Country Debt Crises, OUP Oxford, 2010.
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