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Análisis del
programa socialista en materia de igualdad
Omisiones y
peligros en la agenda feminista del Partido Socialista
Julia Cámara
Vientosur
12.09.2019
El PSOE acaba de presentar su “Propuesta para un programa
común progresista”, o lo que es lo mismo: 370 medidas con las que pretende
ganarse a la opinión pública y que promete aplicar en caso de poder formar
gobierno. Un documento plagado de abrazos de oso a los dos movimientos sociales
con mayor tirón mediático, donde la palabra “feminismo” aparece en un lugar
destacado y que pretende dar respuesta a las exigencias del movimiento mientras
falsea debates.
Durante los últimos años el feminismo se ha ganado por
méritos propios el derecho de situarse en el centro del debate político: nada
puede ya pasar por transformador (o, si se quiere, por progresista) sin
incorporar alguna de sus propuestas. El PSOE lo tiene claro, y por eso destina
casi la mitad de su documento (34 páginas de un total de 76) a un epígrafe
titulado “Feminismo, lucha contra la desigualdad y calidad democrática”.
¿A qué se debe este interés desmedido en venderse no
solo como feministas, sino como representantes de los anhelos del feminismo? Lo
cierto es que, desde los años ochenta, el PSOE ha focalizado en el movimiento
de mujeres buena parte de su estrategia de legitimación social, buscando
construirse una imagen vinculada al mismo. Con la profundización de la crisis
social y económica abierta en 2007-2008 y el progresivo abandono de lo poco que
en el partido quedaba de socialdemocracia para abrazar irreversiblemente el
socioliberalismo, el PSOE se encontró en una encrucijada: su fachada social se
contradecía con sus políticas económicas. La solución que encontró fue la de
separar artificialmente lo uno de lo otro. Como si fuera posible hacer de “la
igualdad, nuestra seña de identidad” –según el documento– mientras se ejecutan
recortes presupuestarios y no se afrontan reformas estructurales.
1. Omisiones
De las 370 medidas incluidas en la propuesta de
programa progresista, apenas 27 entran dentro del subíndice de “agenda
feminista” y la perspectiva de género es inexistente o muy endeble en el resto
de bloques. No se habla de ello en cuestiones de vivienda, pensiones, ni
sanidad, a pesar de la existencia de análisis y propuestas feministas
suficientemente fundamentadas y con amplio apoyo social para todos esos campos.
El derecho a pensiones contributivas dignas para las mujeres que han dedicado
su vida al trabajo de cuidados no remunerado, la paralización de desahucios en
casos de familias monomarentales o encabezadas por mujeres, o la aplicación de
medidas reales para luchar contra la violencia obstétrica y contra el
cuestionamiento de las decisiones de las mujeres embarazadas brillan por su ausencia.
Resulta curioso, por otro lado, ver cómo la medida estrella en administración
de justicia es la reforma de la legislación penal “para hacer que el
consentimiento sea clave en los delitos sexuales”, algo que ya recoge la
legislación actual. Lejos de visiones punitivistas, el problema, y esto el
movimiento feminista lo sabe muy bien, no está en las leyes sino en los jueces
que las interpretan.
Sí aparecen algunos puntos en el apartado de políticas
educativas, aunque la única propuesta centrada en el ámbito universitario (la
gratuidad para mujeres del primer año de las carreras científico-tecnológicas)
parece haber entendido muy poco de los motivos reales de la brecha de género y
de cuáles son las preocupaciones prioritarias de las estudiantes. Quizá el PSOE
debería echar un vistazo a las campañas contra el abuso de poder, el acoso
sexual y la inmunidad académica por parte de profesores que se han puesto en
marcha los últimos años en varias universidades, o a las diferentes iniciativas
impulsadas por colectivos feministas para que se cumpla con la normativa
existente, según la cual todas las universidades públicas deberían contar con
un protocolo de lucha contra el acoso sexual y la discriminación por razón de
sexo o género. O quizá, simplemente, debería dejarse de parches inútiles y
hacer caso a la exigencia de bajada generalizada de tasas universitarias,
acabando con las falsas soluciones meritocráticas que no hacen sino esconder la
discriminación clasista en el acceso al estudio de todas.
Algo similar ocurre en cuestión de empleo. No hay
mención a la estratificación sectorial de los trabajos, a poner freno a la
precarización radical de aquellos más feminizados, a prohibir la
subcontratación generalizada de servicios de limpieza en hoteles y similares…
ni a la derogación de la reforma laboral aprobada en 2012 y de la que se
derivan buena parte de nuestras lamentables condiciones de trabajo por más que
Sánchez lo prometa en ruedas de prensa. Sí aparece reflejada una de las
exigencias más repetidas por el movimiento feminista durante el último año: la
integración inmediata de las trabajadoras del hogar en el régimen general de la
Seguridad Social (lo que de facto implicaría la derogación de la enmienda 6777,
que pese a ello no aparece siquiera mencionada) y la ratificación del convenio
189 de la OIT. Un compromiso que llega tarde (¿dónde estaba esta voluntad
durante la aprobación de los últimos presupuestos generales y por qué no se
aprobó en la legislatura pasada?) y que resulta poco creíble sin ir acompañado
de medidas concretas para acabar con la exclusión social y laboral de las
mujeres migrantes.
2. Confusiones
La masividad del movimiento feminista y su capacidad
para llevar al centro del debate político sus propuestas puso en jaque la
estrategia del PSOE de legitimación a través del feminismo. Las socialistas
(pues no caigamos en el error de presuponer hombres donde hay mujeres) han
tardado dos años en reaccionar, pero al fin lo han hecho. La respuesta era
fácil: si no podían obviar ni sustituir al movimiento, tenían que entrar en él
y desarticular su potencial explotando sus contradicciones.
El primer intento llegó hace un año a través del
debate sobre el trabajo sexual. “Este es un gobierno feminista, partidario de
la abolición de la prostitución”, afirmaron la ministra Valerio y Pedro
Sánchez. Y con esa simple frase, que expulsa del feminismo no sólo a las
trabajadoras sexuales sino también a todas aquellas mujeres que entendemos la
complejidad del debate y sostenemos posturas proderechos, el PSOE abrió una
etapa de injerencia y polarización del movimiento feminista. Nuria Alabao y
Marisa Pérez Colina ya analizaron en este mismo medio
los intereses detrás de la instrumentación partidista del abolicionismo y de la
tensión innecesaria de los espacios colectivos. El Partido Socialista,
necesitado de una tabla sobre la que alzarse como el más-feminista y voz política
de los “intereses universales de las mujeres” (sic) ha hecho del discurso
antiprostitución su bandera.
A partir de aquí, la confusión está servida. Echemos
un vistazo a la propuesta programática número 69 (fina ironía). ¿Qué significa
“sancionar la demanda y la compra de prostitución”? ¿No tendrá que ver, quizá,
con dejar limpias las céntricas calles de nuestras turísticas ciudades
mientras se obliga a las mujeres a desplazarse a áreas más peligrosas para
evitar las multas a sus clientes? ¿A qué se refiere el PSOE con “promover
nuevas formas de masculinidad”? Resulta cuanto menos irritante que esta fórmula
(polémica, por otro lado) aparezca solamente ligada al consumo de prostitución,
y no a los hábitos violentos en relaciones no comerciales ni a modelos
educativos o profesionales. Y, sobre todo, ¿cómo se pretende luchar contra la
trata con fines de explotación sexual sin la abolición de la Ley de Extranjería
y de las políticas migratorias criminales que obligan a muchas mujeres a
ponerse en manos de mafias para entrar en el país, además de coartar cualquier
denuncia posible por miedo a la extradición? ¿Cómo pretende el PSOE poner en el
centro “los derechos de las víctimas” de prostitución forzada (propuesta número
70) negándose a diferenciarlas de quienes la ejercen libremente? Y, ¿qué se
supone que les ocurrirá a las mujeres “identificadas como víctimas de trata”
por la policía y los servicios sociales? (medida 71) ¿Las encerrarán en un CIE?
3. Peligros
La propuesta programática del Partido Socialista
encierra una trampa: nos dice que si llega a aprobarse ya estará todo resuelto,
que ellos (ellas) son quienes van a solucionar los problemas planteados por el
feminismo y que la movilización ya no es necesaria. Nosotras, claro, sabemos
que esto no es cierto. No es posible dar respuesta a los problemas reales y a
las violencias que vivimos las mujeres sin atacar de raíz las pobrezas
específicas, poner en cuestión un reparto de los trabajos que precariza y
consume nuestras vidas, o sin acabar con una política migratoria que arroja a
las mujeres migrantes a un círculo vicioso de exclusión institucional, social y
laboral. Cabría preguntarse para quiénes quiere igualdad el Partido Socialista.
Que no nos engañen los epígrafes vistosos: esto no era poner la vida en el
centro.
11/09/2019
Julia Cámara es historiadora y activista feminista. @Vidadebohemia
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