Los
antecedentes de la pérdida de derechos de los trabajadores la encontramos “ya en 1985, mediante la Ley 26/1985, de 31 de julio,
de Medidas Urgentes para la realización de la estructura y de la acción
protectora de la
Seguridad Social (BOE 1-VIII-1985), se inició la política
regresiva de los derechos de los trabajadores en materia de prestaciones de
Seguridad Social. Cabe recordar que en dicha ley, el Gobierno Socialista, a la
sazón presidido por el Sr. González Márquez, recortó los beneficios sociales de
los trabajadores mediante la exigencia de periodos más dilatados de cotización
para tener derecho a las prestaciones, y la ampliación de los periodos de
cálculo de las mismas. Con dicha norma, se rompió la tendencia histórica hacia
la mejora de las prestaciones y se quebró el principio de la irreversibilidad
de los derechos de la seguridad social, vigente hasta ese momento.”[1]
Aquella actuación promovida por el gobierno del
PSOE que presidía Felipe González Márquez se justificaba por la crisis del modo
de producción capitalista de la época y para poderla superar. Crisis que pudo
ser escondida con la cortina ideológica (falsa representación de la realidad) de
la “fiebre” democrática del momento, pero que hoy, treinta años después de
aquella medida (también para “mejorar” las condiciones de vida) no sólo se ha
revelado como una gran mentira al pueblo español, por cuanto que se ha puesto
de manifiesto que no sólo no se superó la crisis que presumiblemente se iba a
superar con la pérdida de los derechos de los trabajadores, sino que además
constituyó el primer escalón dentro del
timo de la democracia que se instauró, para que la crisis permanente que le es
inherente al capitalismo pese más claramente sobre los hombros de los
trabajadores y de capas sociales más amplias.
También fue promovido por el PSOE el recorte del
sueldo de los funcionarios en un cinco
por ciento, pero sin olvidar que todo ello fue posible con el consentimiento
del PP y demás grupos políticos de derechas representados en el Congreso de los
Diputados que pudiéndolo haber evitado votando en contra no lo hicieron.
Con respecto a las “privatizaciones” que más
bien deberían ser calificadas como instrumentos o nuevos métodos de robar a lo
grande y sin peligro de que te coja el guardia, puesto que el resultado final
es quitarle al Estado los ingresos propios para que se los queden unos cuantos
muy bien “situados” políticamente, ha sido y es, política idéntica tanto del
PSOE como del PP con alguna diferencia de matiz y variada semántica, pero con
el mismo efecto en la práctica: enriquecimiento injusto de unos cuantos
pertenecientes a una exigua minoría cada vez más minoritaria que van
adquiriendo cada vez más poder político y económico como consecuencia de la
constante acumulación de capitales procedentes del saqueo constante de los
bienes del Estado, mediante esas privatizaciones y adjudicaciones de obras y
servicios públicos, donde se origina el estado de corrupción generalizado que
hoy padecemos, en cuyo centro están los principales partidos políticos, PP,
PSOE, CiU o el propio Rey y sin excluir otros partidos políticos ni
organizaciones empresariales o sindicales, de los que no cabe eximir de
responsabilidad política al propio Congreso de los Diputados que legisla no
para impedir la corrupción, sino para amparar en unos casos a los corruptos y
en otros para fomentar esa corrupción y asegurar a los que roban que pueden
seguir robando, caso de la modificación del artículo 135 de la Constitución,
mediante el cual se les asegura a los bancos y grandes empresas financieras la
preferencia absoluta del cobro del dinero prestado al Estado, directa o indirectamente,
aunque con esos préstamos se hayan financiado aeropuertos como el de Castellón
o Ciudad Real, que no sólo no funcionan, sino que además tampoco podrán
hacerlo, porque objetivamente no existe base material para ello, pero que sin
embargo, se han utilizado como tapadera para el enriquecimientos de algunos o
para poder encubrir con visos de legalidad las auténticas estafas de algunos
responsables de determinadas instituciones financieras que hicieron de
mediadoras en la financiación, o se construyeran autopistas que luego se
adjudicaron directa o indirectamente a los mismos que las construyeron y que no
son rentables ni se puede justificar teóricamente que puedan serlo en el
futuro.
Tanto por parte del PSOE como del PP han
venido realizando la misma política de descapitalización del Estado, sin bien
es verdad que con alguna diferencia de matiz, pero con el mismo resultado, a la
vez que hacían perder autonomía y fomentaban la dependencia con respecto de los
grandes grupos financieros (bancos y
grandes empresas), a cuyos bolsillos van a parar los ingresos que antes de las
respectivas expropiaciones ingresaban en las arcas del Estado y que este
utilizaba para financiar determinados servicios públicos en beneficio de toda
la sociedad.
[1] La Reforma
del sistema público de pensiones en España, pg. 6 Centro Jurídico Tomás Moro – info@tomasmoro.es
Asociación
inscrita en el Registro Nacional de Asociaciones, Grupo 1º, Sección 1ª, Número
Nacional 172201
www.tomas-moro.org
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