MONOCULTIVOS ACOSAN A PROYECTOS COMUNITARIOS DE AGUA EN EL SALVADOR
Por Edgardo Ayala
Kaosenlared
Estas tierras costeras, antiguas haciendas de algodón, fueron parceladas y distribuidas a parte de los guerrilleros que recién se habían desmovilizado, tras el fin de la guerra civil salvadoreña, que asoló a este país centroamericano de 1980 a 1992.
Una madre lava utensilios de cocina
en una poza del río Aguas Calientes, mientras sus hijos se divierten.
Ella contó a IPS que ese riachuelo, parte de la cuenca del río Lempa, el
más largo de El Salvador, siempre tenía un abundante caudal, pero ahora
por el cambio climático y el uso de agua para riego de caña de azúcar
su nivel ha disminuido. Crédito: Edgardo Ayala/IPS
Por casi tres décadas, varias comunidades del sureste salvadoreño han
manejado colectiva y eficientemente el agua que consumen, pero los
monocultivos y el cambio climático ponen en riesgo su continuidad.
“Esos son los efectos colaterales del
cambio climático, además de la deforestación y de los monocultivos,”,
dijo a IPS el presidente de la Asociación de Desarrollo Comunal Lempa
Abajo, Patrocinio Dubón.
Dubón es oriundo de San Carlos Lempa, un
caserío del oriental municipio de Tecoluca donde están ubicadas las
oficinas de la asociación, que administra un proyecto de agua
comunitario nacido aquí hace 25 años.
Al igual que otras localidades, el
caserío incorpora en su nombre al río Lempa, que discurre por más de 440
kilómetros de este pequeño país, antes de desembocar en el océano
Pacífico. Es el más largo de El Salvador y su cuenca resulta vital para
la vida y la actividad agropecuaria de una parte considerable de las
comunidades rurales locales.
Estas tierras costeras, antiguas
haciendas de algodón, fueron parceladas y distribuidas a parte de los
guerrilleros que recién se habían desmovilizado, tras el fin de la
guerra civil salvadoreña, que asoló a este país centroamericano de 1980 a
1992.
Debido a que el uso indiscriminado de
agroquímicos en el algodón y luego en la caña de azúcar, había alcanzado
los mantos acuíferos, los residentes de San Marcos Lempa desistieron de
usar esa agua y en su lugar buscaron una fuente más limpia, y la
encontraron en un pozo ubicado a 13 kilómetros más al norte.
Con el apoyo de la cooperación
internacional montaron de ese modo este proyecto de agua comunitario,
del que ahora se abastecen 26 comunidades cercanas que engloban unas
2.000 familias y que de otro modo tendrían dificultades para tener
acceso a agua por tuberías.
Según cifras oficiales,
95,5 por ciento de los hogares del área urbana cuentan con acceso a
agua por tubería, pero la cifra baja hasta 76,5 por ciento en el área
rural.
Los beneficiarios del proyecto de agua
pagan mensualmente 5,65 dólares por 15 metros cúbicos, los necesarios
para abastecer a una familia de unas seis personas. Con la instalación
de contadores en cada hogar, se puede verificar si ese consumo ha
aumentado, y ese costo se agrega a la factura.
Para tener acceso a esta red
comunitaria, cada familia debió pagar 389 dólares por la instalación y
otros costos del sistema, pero si no contaban con el dinero, los
administradores dieron posibilidades de pagar ese monto en seis cuotas.
Patrocinio
Dubón, un excombatiente guerrillero que perdió su brazo derecho en una
batalla en 1989, es el presidente de la Asociación de Desarrollo Comunal
Lempa Abajo, cuyo proyecto de agua abastece al caserío de San Carlos
Lempa y otras 26 pequeñas poblaciones del municipio de Tecoluca, en el
departamento de San Vicente, en el este de El Salvador. Crédito: Edgardo
Ayala/IPS
Actualmente, alrededor de 70 por ciento
de los residentes está conectado al servicio, y el resto se abastece de
lo servido a los vecinos que sí cuentan con el sistema.
Riesgos para el sistema
Sin embargo, la sostenibilidad del
proyecto ahora está en riesgo debido a que los impactos del cambio
climático, la deforestación y el monocultivo de la caña de azúcar ha
golpeado las cuencas hidrográficas del país, y esta región no es la
excepción, contó Dubón.
Para el caso, el pozo del que se
abastece San Carlos Lempa, agregó, ha bajado casi tres metros del nivel
óptimo en que se encontraba hace unos años, y ello ha obligado a tomar
medidas de racionamiento.
“Ya la hemos venido racionando desde hace dos años, la servíamos un día a unas comunidades, y otros días, a otras”, afirmó.
Pero debido a la necesidad que tenga el pozo, a partir de un estudio técnico que pronto se iniciará, “vamos a racionarlo más”.
La industria azucarera, cuya materia
primera es la caña de azúcar, es un poderoso sector con influencia en la
economía y la política de este país centroamericano de 7,3 millones de
habitantes.
La Asociación Azucarera,
que aglutina al sector, está integrada por seis ingenios, cuya mayoría
accionaria está controlada por influyentes familias salvadoreños del
sector agroindustrial.
El rubro azucarero genera unos 48.000
empleos directos, otros 187.000 indirectos y genera más de 186,5
millones de dólares como aportes económicos, según cifras del sector.
Sin embargo, la industria ha estado bajo
la crítica constante de grupos ambientalistas debido a la contaminación
que implica la expansión del cultivo, ya sea por el uso indiscriminado
de agroquímicos, por el excesivo consumo de agua en el riego o por
prácticas nocivas para el ambiente.
Entre esas está la “quema” de los
cañales durante la zafra, para volver el proceso más eficiente, pues es
más fácil y rápido para los miles de braceros cortar la caña con las
hojas están parcialmente quemadas.
Pero las quemas traen contaminación al ambiente, y lo más preocupante es el uso intensivo de agua para regar los sembradíos.
Silvia
Ramírez muestra cómo ha disminuido el caudal de riachuelos que
circundan el caserío San Fernando, en el este de El Salvador, debido
entre otras razones al uso excesivo de agua por parte de los productores
de caña, que embalsan sus cauces en pequeñas represas para luego
desviar el agua a sus cultivos, afectando a las comunidades rurales del
entorno. Crédito: Cortesía de Edgardo Ayala
En un reportaje de 2016,
IPS reveló los impactos de ese sector agroindustrial en el modo de vida
de campesinos y en los impactos que trae a los ecosistemas. En ese
entonces la industria minimizó esas consecuencias y aseguró que se
regaba solo 15 por ciento de las 116.000 hectáreas dedicadas ese año al
cultivo a nivel nacional.
La problemática que se vive en el sistema de agua de San Carlos Lempa no es la excepción.
En el caserío San Fernando, también del
municipio de Tecoluca, el recurso hídrico se ha visto igualmente
afectado, por las mismas razones.
“La estamos racionando para cuidarla”,
explicó a IPS la administradora de la Junta de Agua de la comunidad
Santa Mónica, Silvia Ramírez.
Debido a que los beneficiarios también
manejan su consumo por medio de contadores, las familias “hemos
aprendido a usarla racionalmente”, acotó.
Otros municipios del país, aun con el
servicio suministrado por el Estado, enfrentan día a día problemas para
abastecerse, pues aunque las familias tienen conexión por tuberías, el
agua simplemente no llega a sus grifos.
Los medios salvadoreños reportan
regularmente bloqueos de carreteras por parte de enfurecidos residentes
de barrios urbanos o municipios rurales, al no contar con el servicio.
Controversial proyecto de Ley de Aguas
Los esfuerzos de comunidades rurales por
cuidar el recurso hídrico contrastan con las decisiones a las que están
llegando los legisladores salvadoreños en torno a la discusión de un
polémico anteproyecto de Ley de Aguas, sobre todo del artículo que
estipula la conformación de la Autoridad Nacional del Agua (ANA), que
sería el ente rector.
Los diputados de la comisión de Medio
Ambiente y Cambio Climático, de la Asamblea Legislativa, están en medio
del huracán por haber alcanzado un acuerdo, el 18 de marzo, para que en
la junta directiva de ese ente participen los sectores industrial y
agropecuario.
El acuerdo, con luz verde de ocho de los
11 miembros, aún no ha sido discutido ni aprobado en el pleno pero sí
tuvo el aval en esa comisión de todos los partidos políticos, excepto el
del gobernante Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional, que
dejará el poder en junio.
Eso significa que, de pasar a debate en
las próximas semanas, ya hay un preacuerdo favorable para que esos
influyentes sectores, con intereses ajenos a aquellos generales de la
población, no solo participen del ente rector, sino que logren controlar
las decisiones tomadas en torno al recurso hídrico.
El movimiento social, que ha iniciado
con marchas de protesta a lo largo de la semana en que se ha celebrado
el Día Internacional del Agua, este viernes 22 de marzo, insiste en que
en esa figura solo participen entidades estatales.
“Si incluimos a esos sectores privados,
que solo ven el lucro y las ganancias, es como poner al lobo a que cuide
a los ovejas”, dijo a IPS la activista Marielos de León.
La ANA estaría conformada por el
Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales, el Ministerio de
Agricultura y Ganadería, alcaldías, juntas ciudadanas de agua y la
Universidad de El Salvador, además de los dos sectores privados
involucrados.
.http://www.ipsnoticias.net/2019/03/monocultivos-acosan-proyectos-comunitarios-agua-salvador/
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