Yo a Mariano Rajoy le tengo una admiración guatipedi, porque es muy justo que así sea. En primer lugar, porque al ser yo un jubilata de estos que no hacen más que incrementar el gasto social con mi pensión pagada por mi, no por Mari, o sea, Mariano para los amigos, con cincuenta tacos de trabajo y estudio, porque yo, no como Mari, siempre estudie trabajando, eso sí, no como Mari, que se engarzó apalancadamente una plaza de registrador que sigue cobrando sin registrar, o sea, sin ir al trabajo del Registro, me saqué mi oposicionceta en el Ejército, como leen, en el ejercito, y durante mas de cinco años allá me las andaba yo más ancho que largo con mis análisis de pólvoras y otras yerbas que era un primor en la entonces 5ª Región Militar. Al ser jubilata, el Mari, de cuando en cuando me mete miedo con las pensiones de que si me la quitarán o que si no me la quitarán, motivo por el cual se la tengo sentenciada y por ello me cagué en tiempo y forma como Dios manda (escribiéndolo y publicándolo) en su putísima madre (sin que yo supiera si su madre era soltera o no, que tampoco es que me importe mucho, porque yo a su santa madre la respeto un montón y parte del otro) por amedrentarme con quitarme lo que es mio, o sea, la pensión, y además, advertido debidamente, porque lo cortés no quita lo valiente, de que me volvería a cagar en su putísima madre cada vez que le escuchara o le leyera que me alicorta la pensión o me amedrantara con quitármela. O sea, que hasta aquí vamos bien, lo comido por lo servido y cada palo que aguante su vela y Aznar la de al Gürtel Y del respeto que le tengo casi sería mejor ni tocarlo, porque a mi me gusta respetar y tararí que te vi, a quien como el Mari, autoriza a los americanos de forma permanente en Morón de la Frontera con mas de 130 guerras que tienen los julais (1 julai = y militar americano) por esos mundos de Dios, vamos que el día menos pensado me levanto con un riñón hecho cisco y el otro fuera de lugar colgando de la oreja, porque algún gracioso enemigo de los USA le de por echar tres pepinos semi inteligentes (ni mu listo ni mu tonto) sobre la Base de Morón, que como quien dice, si me pongo a mear en el umbral de mi puerta (por hacer una gracia, tampoco se vayan a pensar) con algo de fuerza dirección Norte, tirando un poquito hacia el Sur, según se va, que es por donde cae Morón, encipoto la Base de los jualis que ni les cuento el barrizal que les organizo. Por tanto, como he dicho, respeto. Pero hasta aquí, pelillos a la mar, ustedes como sino hubiesen leído nada, porque yo a lo que iba es al padre de Mariano Rajoy, el ocupa de la Moncloa, que no contento con regalarnos a Rajoy hijo (cosa que para mí intrínseca y en sí mismo, tiene que ser cosa de multa) pace por la dicha Moncloa a la sopa boba, a cuerpo de rey, claro está con el costo del personal que le atiende 24 horas a cargo de los dineros de los españoles, mientras que otros abueletes o jubilatas, más limpios que una patena acerca de la paternidad del Mari, no tienen ni para comer. P´acagarse en su puta madre o no?
* * *
LOS ÉXITOS DE LOS RAJOY Y EL
ACEITE DE REDONDELA
Plublicoscopia.com
10.10.2015
Mariano
Rajoy Brey.
Los cuatro hijos del que fue presidente de la Audiencia Provincial de
Pontevedra durante los años setenta, don Mariano Rajoy Sobredo, han podido
presumir del insólito caso de haber superado las más duras oposiciones de la
Administración del Estado. La biografía del primogénito – actual presidente del
gobierno español, por lo que nos es de sobra conocida su capacidad intelectual
y expresiva – señala que comenzó a preparar las duras oposiciones de
Registrador de la Propiedad, Bienes Muebles y Mercantiles, durante el último
año de carrera. Unas de las consideradas más difíciles pruebas para obtener tan
relevante puesto de funcionario público del Estado fueron aprobadas al año
siguiente por Mariano, en su primer intento y con 24 de edad, por lo que se
convirtió en el registrador más joven de la historia de España. Fue destinado
al Registro de Padrón, siendo el de Santa Pola del que hoy es titular.
Claro, que su hermano menor, Enrique, estuvo a punto de arrebatarle el
record, cuando unos años después aprobó la misma oposición, ostentando la marca
del segundo más joven. No obstante, no debe de ser igualmente bueno para la
preparación de las oposiciones como para el ejercicio de la profesión, pues en
su Registro de Cáceres ha sufrido algún problema por negarse a inscribir cierta
propiedad en contra de la opinión del correspondiente notario. El camino
familiar debía de estar abierto ya en tan prestigioso Cuerpo, pues consiguió
también ser registradora su hermana María de las Mercedes, hoy titular de uno
de los Registros de Getafe. El cuarto hermano, Luis, sin embargo, concurrió con
similar éxito a las igualmente duras pruebas de acceso al Notariado, obteniendo
plaza en Orense, terminando en El Escorial, donde falleció hace algo más de un
año. Coincidieron precisamente estos éxitos profesionales de los hermanos Rajoy
con el recuerdo de cierto asunto que atrajo la atención del país durante la
primera mitad de los años setenta, y que giró en torno a la Audiencia
Provincial de Pontevedra, de la que el padre de los Rajoy era entonces titular.
La Comisaría General de Abastecimientos y Transportes (CAT) fue un
organismo de la Administración Central del Estado, dependiente del Ministerio
de Industria y Comercio, creado a la terminación de la guerra civil como
consecuencia de las dificultades que sufría España en materia de
aprovisionamientos. Fue por ello necesario comenzar por abordar la
transferencia de todas las competencias desde el ámbito municipal, en que había
recaído hasta entonces, al estatal, como lo sería a partir de su creación.
Pero, en cualquier caso, y como quiera que la CAT carecía de instalaciones
adecuadas, debía recurrir a depósitos alquilados a distintas empresas privadas,
para el almacenamiento de muchos de los numerosos productos cuya gestión
entraba dentro de sus competencias. Por lo que al aceite se refiere, y en la
zona noroeste, estos depósitos se encontraban en la zona de Guixar (Redondela),
siendo REACE (Refinería del Noroeste de Aceites y Grasas, S.A.) la empresa que
entre 1966 y 1972 tuvo contratado con la CAT el almacenamiento de más de 12
millones de kilos de aceite. Ni que decir tiene que ésta era la única
propietaria del producto, dejando a cubierto la mercancía contra cualquier
eventualidad por medio del correspondiente seguro.
REACE había sido constituida por Rodrigo Alonso Fariña – hijo de
conserveros y rico propietario – en 1956, con un capital de 5 millones de
pesetas, y con el fin de dedicarse al refinado, envasado y almacenaje de
aceite, siendo sus socios Oswaldo Alonso Fariña, Salvador Guerrero, Eufrasio
Juste y Francisco Carrión, y teniendo su sede en Outid (Redondela). Años más
tarde, el fundador gozaría de enorme popularidad en la provincia, tanto por ser
presidente del Real Club Celta de Vigo, como por su participación activa en la
vida política de aquella. En 1964, Alonso Fariña se había hecho ya con la
mayoría de las acciones mediante la compra a terceros, incorporándose al
Consejo de Administración Nicolás Franco Bahamonde (hermano mayor del
generalísimo Franco) e Isidro Suárez Díaz Moris, quien gozaba también de muy
buenas relaciones e influencias. En 1968 componían el Consejo de Administración
éste último, como presidente; los miembros Rodrigo Alonso Seoane, Nicolás
Franco Bahamonde, Jorge Alonso de la Rosa, y el propio Rodrigo Alonso; así como
el secretario de actas, Alfredo Román Pérez.
Los tiempos de mayor esplendor de la empresa alcanzaron su punto culminante
en los últimos años sesenta, con pingües beneficios obtenidos al margen de los
legales, tanto por la venta del aceite sustraído de los depósitos alquilados a
la CAT, como por la “congelación” de sus adjudicaciones. Este ingenioso
procedimiento consistía en que, tras la concesión de una determinada cantidad
de aceite a REACE por parte de la CAT, con la determinación del correspondiente
plazo para efectuar el pago del importe, el aceite quedaba bloqueado, siendo
sólo REACE quien podía disponer de él. Ante la engañosa escusa esgrimida de
esta entidad de serle retrasada la concesión de los correspondientes créditos
bancarios, la CAT le otorgaba sucesivas prórrogas, hasta ser anulado el pedido,
pasados unos meses. Precisamente, entre la fecha de adjudicación y la anulación
del pedido era cuando REACE especulaba con el aceite bloqueado. Tales pedidos
solían coincidir siempre con los finales de campaña, cuando el precio es más
alto en el mercado, y las anulaciones, por el contrario, con el más bajo. En el
intermedio se vendía el aceite “congelado” y se reponía con el de la
nueva campaña, comprado a bajo precio. La diferencia entre ambos costes
oscilaba entre las 10 y las 12 pesetas por litro. Si esta operación hubiera
sido efectuada una sola vez, podría pensarse que la CAT había sido la victima
del engaño, pero quedó demostrado que era llevada a cabo campaña tras campaña.
Coincidiendo con el auge de REACE, y tras la concesión de un crédito de 40
millones de pesetas por parte del Banco de Crédito Industrial, se creó la
sociedad FRIBARSA, destinada al almacenamiento de productos alimenticios
congelados, cuyo principal cliente sería la CAT. Los socios mayoritarios de la
nueva entidad, radicada en Santa Perpètua de Mogoda (Barcelona), eran Rodrigo
Alonso e Isidro Suárez, lo que les permitía intercomunicar contablemente ésta
con los negocios de REACE, a pesar de no realizar entre sí operación mercantil
alguna. Hasta que en 1971 Rodrigo Alonso decidió vender REACE y FIBRARSA a
Isidro Suárez, siendo éste presidente del Consejo, quien entregó en metálico
por la operación 14 millones de pesetas, que fueron extraídos de los fondos de
la propia empresa vendida. El resto (19 millones, según la primera declaración
del vendedor) se escrituró en privado. Posteriormente, en la fase de
instrucción del proceso, Alonso declaró que a esta cantidad había que añadir 28
millones que él adeudaba a REACE. Según la acusación del Ministerio Público, “tras
la venta ficticia, Alonso siguió dando órdenes en el negocio.”
Todo este entramado se había destapado a partir de que, al amanecer del 25
de marzo de 1972, José María Romero González, acompañado de su abogado, se
personó en el juzgado de guardia de Vigo para denunciar que en los depósitos de
REACE, que debían de contener aceite de la CAT, faltaban más de 4 millones de
litros, valorados en unos 170 millones de pesetas. El denunciante ocupaba el
puesto de director general de REACE desde 1969, cuando había llegado precedido
de fama de excelente organizador de empresas, avalada por su trabajo en BEDAUX,
así como en una fábrica de armas brasileña que de manufacturar cinco pistolas
diarias, la dejó produciendo una cada cinco minutos. Romero había tardado unos
días en decidirse a denunciar el caso, ya que, tras confesarle alarmado la
noticia, el presidente, Isidro Suárez, le había intentado tranquilizar y
convencer de que lo desaparecido sería repuesto en breve, pues el barco “Sac de
Marseille” estaba a punto de llegar de Argelia cargado de aceite de la nueva
cosecha. Una sencilla consulta a las guías Lloyd’s le permitió a Romero
comprobar la inexistencia de esa nave, pues no estaba registrada en ninguna de
ellas.
Con la denuncia, la maquinaria judicial se puso en funcionamiento para
tratar de esclarecer los confusos hechos, conociendo pronto las
intercomunicaciones existentes entre los depósitos alquilados a la CAT y los
propios de REACE, incluso mediante la unión física con la refinería. La
sospecha de complicidad entre la CAT y REACE comenzó enseguida a estar presente
en la investigación, cuando cuatro días más tarde de haber sido interpuesta la
denuncia, fue detenido en el tren Madrid-Bilbao el influyente socio Isidro
Suárez Díaz Moris. Tiempo después se supo que, tres meses más tarde, la mujer
del denunciante – quien, tras su visita al juzgado de Vigo, se había quedado
sin trabajo y regresado a su domicilio madrileño, sufriendo las
correspondientes dificultades económicas – descubrió una extensa carta
autógrafa de su marido en la que anunciaba al juez instructor, Amador Moreiras,
su idea de suicidio, además de facilitarle una serie de detalles de quienes que
para él eran sospechosos de haberse lucrado directa o indirectamente con el
negocio del aceite. Ante su alarma y contando con la colaboración del abogado y
el propio juez, le hicieron desechar la idea, contribuyendo también a tal
renuncia el trabajo que le ofreció una empresa de aceite sevillana. Pero la
carta en cuestión sembró dudas entre las partes, ya que no terminó de convencer
ni al juez ni a la policía, considerando que ni por su extensión ni por su tono
parecía la de un suicida, quien, por supuesto, no suele nunca avisar tan
detalladamente de sus intenciones.
Hasta que el 9 de septiembre se produjo una misteriosa muerte: el taxista
de Vigo Arturo Cordobés apareció asesinado de tres balazos en las afueras de la
ciudad. Diversos fueron los comentarios sobre el autor y el móvil, hasta que se
supo que el taxista solía transportar en largos viajes con su vehículo a los
principales encartados en el asunto del aceite (Alonso, Suárez, Romero…). Pero,
la investigación no pasó de ahí… Tres semanas más tarde se produjeron otras
tres muertes misteriosas. En su nuevo domicilio sevillano fueron hallados los
cadáveres de Romero, su esposa y su hija de veintiún años. Aparentemente, el
denunciante se había suicidado tras dar muerte a las dos mujeres, también en
medio de extrañas circunstancias, como la falta de motivos, el excesivo número
de disparos o la preparación del escenario. Pero, había una más sorprendente
aún, de la que poco se comentó en los medios: junto a los cadáveres aparecieron
tres cartas escritas a máquina, una para el juez de la localidad, otra de
agradecimiento para un amigo, y una tercera dirigida al juez de Vigo
exactamente igual a la detallada que escribiera tres meses antes en aquella
desesperada situación.
En plena fase de instrucción, estando en prisión Isidro Suárez y el
contable Alfredo Román, fueron también procesados por complicidad con ellos el
funcionario de la CAT Ángel García Canals y su superior, el inspector regional
de la Comisaría, Manuel Moreno Teijeiro, si bien el mayor problema para la
investigación se planteó con la desaparición de la mayor parte de los libros de
contabilidad y el maremágnum económico organizado entre las dos empresas. La
mayor parte del dinero movido en el negocio entre ellas y la CAT no pasaba por
cuentas bancarias, sino que se giraba a una muchacha residente en Madrid,
Amelia Baviano, quien disponía de él según las indicaciones que recibía. Todas
estas circunstancias, unidas al descubrimiento de ciertos regalos efectuados a
las esposas de los funcionarios, dificultaban enormemente la investigación. Incluso
quedó constancia, por declaraciones de la señorita Baviano, de la entrega en
mano de cantidades en metálico en la secretaría del ministro de Comercio,
efectuadas por ella de parte del propio Suárez. ¿A quién y con qué fin se
hacían llegar estas cantidades?
Fue entonces cuando una importante personalidad política de las derechas de
la Segunda República, el abogado Gil Robles, decidió defender al “probo
funcionario” García Canals, corriendo con todos los gastos, por lo que tuvo
acceso a la documentación del procedimiento. En septiembre de 1973, hallándose
Alonso en Suiza para realizarse un reconocimiento cardiológico, se dictó auto
de procesamiento contra él, quien hasta entonces se había mantenido al margen,
debido a que en los momentos de la denuncia ya no era accionista, siendo Suárez
quien había llevado la responsabilidad empresarial ante la Justicia. Hasta que
la noche del 29 de marzo de 1974, mientras el resto de los internos de la
cárcel de Vigo estaban durmiendo, Suárez murió desnucado en las duchas del
centro penitenciario. Durante los dos años de su encierro, había sabido
granjearse la simpatía de los compañeros de prisión, a base de favores
económicos, habiendo gastado bromas telefónicas con su abogado la misma tarde
de su muerte, lo que hacía más sorprendente aún aquella extraña muerte. Quince
días más tarde murió apuñalado Antonio Alfajeme del Busto, presidente de la
Unión de Fabricantes de Conservas de Galicia y cónsul de Chile en Vigo, en un
crimen que se declaró pasional, pero sobre el que corrió el rumor de estar
conexionado también con el caso del aceite, a causa de que el taxista aparecido
muerto solía también hacer servicios de larga distancia al señor Alfajeme.
Cerrado el sumario por la desaparición del aceite, el fiscal de la
Audiencia de Pontevedra, Cándido Conde Pumpido, una vez calificados los hechos
y elaboradas las conclusiones provisionales, trasladó su residencia a Madrid
como consecuencia de su nombramiento de abogado-fiscal del Tribunal Supremo.
Tras las muertes habidas y el indulto que benefició a Moreno Teijeiro, sólo
fueron tres los ocupantes del banquillo la mañana del 21 de octubre de 1974 en
que se inició la vista en la Audiencia de Pontevedra: el fundador de REACE,
Rodrigo Alonso; el contable y secretario de actas, Alfredo Román; y el
funcionario de la CAT, Ángel García Canals. La sala estaba totalmente
abarrotada de público y medios de comunicación, pues no en balde se sabía
implicado Nicolás Franco Bahamonde, en aquellas fechas oportunamente nombrado
embajador de España en Portugal, para alejarle del centro de la atención
mediática. Presidía el Tribunal el que también lo era de la Audiencia
Provincial, don Mariano Rajoy Sobredo, auxiliado por don Manuel Landeiro
Píñeiro y don Celestino Prego Gracia. El abogado José María Stampa Braun,
letrado del finado Isidro Suárez, defendió los intereses de FIBRABARSA,
manteniendo la tesis de la inexistencia de pruebas claras de que el aceite desaparecido
hubiera llegado en su totalidad a los depósitos de REACE. Su colega Gil Robles
realizó una encendida defensa de su cliente, García Canals, al que calificó de
“demasiado bueno para los tiempos que corren”, cerrando su alegato con
la rotunda frase de “No son todos los que están, ni está todos los que son”.
Gonzalo Rodríguez Mourullo intentó demostrar la inexistencia de pruebas, sino
solamente indicios que relacionasen a su defendido, Rodrigo Alonso, con el
caso. Los defensores coincidieron en solicitar la absolución de sus
patrocinados.
El fiscal, cuya actuación fue calificada como “blanda” por los
expertos, solicitó quince años para Rodrigo Alonso, doce para Alfredo Román, y
tres para García Canals. Pero, tras un sumario de varios miles de páginas y dos
años y medio de trabajos investigativos, ni siquiera la inexistencia del aceite
pudo ser plenamente probada. La rápida sentencia, que tardó una semana en ser
conocida, condenó a Alonso a 12 años y al abono de 167 millones de pesetas por
responsabilidad civil; a Román a 4 años de prisión; y a Canals a un año más la
multa de 100 millones de pesetas. ¿Qué pasó, entonces, con los asesinatos o
suicidios? Nunca se supo realmente el verdadero origen de las siete muertes,
dando por ciertas las versiones oficiales de cada una de ellas: el asesinato de
Romero a su esposa e hija y su posterior suicidio; la caída accidental de
Suárez en las duchas de la cárcel; el apuñalamiento “pasional” que sufrió el
señor Alfajeme; los balazos que acabaron con la vida del taxista. Y si hemos
dicho siete es porque, al cabo de los años – en diciembre de 1977 –, Luis Mañas
Descalzo, ex representante de los acreedores y jefe administrativo de REACE,
apareció muerto en su despacho a causa de una angina de pecho, según aseguraron
fuentes familiares, lo que no quedó del todo claro.
El ministro de Información y Turismo, el también pontevedrés Pío Cabanillas
Gallas, no podía consentir que la prensa denunciara aquel escándalo, en el que
estaba metido hasta el propio hermano del generalísimo (miembro también de la
Masonería), dictando medidas muy severas contra cualquier intento. El
presidente del Tribunal llevó férreamente la vista, evitando que salieran a la
luz los aspectos más comprometidos de este grave asunto, sobre todo la
participación de Nicolás Franco, a quien no se citó a declarar ni en ningún
momento se le mencionó, haciendo del juicio “un paripé político”. Tal
fue el comentario de Manuel Jiménez de Parga, catedrático de Derecho Político,
quien acusó al presidente del Tribunal de haberse plegado a las presiones del
régimen. Cierto es que la causa quedo vista para sentencia el viernes día 25 de
octubre, sin que fuese ni siquiera investigado donde fueron a parar las
toneladas de aceite de oliva propiedad del Estado Español; ni de porqué se
hacían trasvases de aceite desde los depósitos de la CAT a los de REACE y
viceversa; ni donde se vendía, donde estaban y quiénes eran los dueños de los
almacenes de las empresas que luego lo comercializaban o almacenaban, así como
de la configuración del reparto de las ganancias; ni la identidad de los altos
cargos que también “chupaban del bote”. Por supuesto, tampoco fue
investigada la muerte de las personas relacionadas con el caso, a pesar de lo
manifestado en medios oficiales, de que se iba a realizar una investigación
exhaustiva “caiga quien caiga”. Lo cierto fue que a las personalidades
implicadas jamás les sucedió absolutamente nada, y del aceite de Redondela
nunca se volvió a tener noticias. ¿Estuvieron en el banquillo de los acusados
todos los que debían estar?; ¿cómo se llevaba a cabo el tráfico de
influencias?; ¿qué favores se habrían otorgado a cambio de tal benevolencia por
parte del Tribunal? Sin duda, preguntas sin respuesta, y mucho más tras la
posterior y misteriosa desaparición de los 5.000 folios que componían el
voluminoso sumario.
Pero, como nunca falta alguien que a todo le saque punta, hubo quien
relacionó años después la benignidad del Tribunal con la meteórica carrera de
los cuatro hijos de su presidente, sin duda, todos ellos de excepcional valía
intelectual y académica – nadie lo duda –, y al parecer, superdotados para la
preparación de tan difíciles caminos profesionales como los por ellos elegidos
– con toda seguridad también –. Pero, a pesar de tan insólitas capacidades
compartidas por los cuatro hermanos, ¿tendría algo que ver la obtención de
aquellos importantes éxitos para ocupar plaza en dos de los más prestigiosos
escalafones de la Administración del Estado, con la devolución del favor que
algún representante de ésta le hizo al presidente por la indulgencia con que
sentenció el caso de la desaparición del aceite de Redondela…? ¡Quién lo sabe…!
Aunque, la verdad sea dicha… ¡Mira que es rebuscada la gente…!
*
Es graduado social y diplomado en relaciones laborales, profesión a la que
ha dedicado toda su vida, tanto en entidades públicas como en empresas
privadas.
Su aproximación académica a las ciencias sociales y humanidades le acercó
al estudio del movimiento obrero en nuestro país, así como a la importante
contribución de éste a la historia nacional.
Esta dedicación ha tenido también su
correspondiente proyección literaria, con intención de acercar al gran público
hasta una serie de importantes hechos históricos. Hasta el momento ha publicado
diversos relatos, un volumen de la Historia del Socialismo Español, que inició
el profesor Tuñón de Lara, y una novela larga (“Cosas veredes”, Endymión,
2009), sobre la huelga general revolucionaria de 1917.
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