Bono que es el Presidente del Congreso y que sabe por donde se anda, lo cual no implica que sus andaduras tiendan a beneficiar a la inmensa de la mayoría de los españoles, ha dicho en relación con los controladores, que estos no le pueden ganar el pulso al Estado, y que todo aquel que le intente echar un pulso hay que quebrarle el brazo, políticamente.
Bono hablaba en tono político, como político que es, y no hace falta que yo me entretenga ahora en decir cual es el sentir mayoritario de la sociedad hacía los políticos, ni que me enrede en decir que el alejamiento de la inmensa mayoría de la sociedad está poco interesada en la político, por culpa precisamente de los políticos.
Pero Bono tiene razón: al Estado que monopoliza e institucionaliza todas las refuerzas represivas de la sociedad para ejercer la fuerza legítimamente (lo de legítimo se refiere a la ley y no a la justicia) no le puede vencer por la fuerza ningún grupo de esa sociedad sobre la que se erige el Estado.
Lo que ya empieza ser discutible es si los controladores han intentado o se han propuesto vencer o derrocar al Estado. Y discutible también si este Estado es instrumento al servicio de los ciudadanos, o si por el contrario, es un instrumento para someter a la mayoría de los ciudadanos a los que dice defender a los intereses de una minoría que impone mediante dictado desde el extranjero la política que debe aplicar el gobierno en función de la minoría, nacional y extranjera, que domina el capital.
Si nos atenemos (que deberíamos atenernos) a lo que dice el representante sindical de los controladores, , portavoz de de USCA , resulta que el cierre de espacio aéreo no se debió a ninguna estrategia sindical previamente establecida por el sindicato para organizar el caos en los aeropuertos españoles, sino a “una revuelta popular” de sus afiliados, cosa que ya dijo en la cadena SER el pasado viernes, cuando comenzó el conflicto, , y que incluso mereció por parte de un periodista algún comentario despectivo con respecto a ese mismo sindicato, en el sentido de que ni siquiera controlaba a sus afiliados.
La “revuelta popular”, como califica, el comportamiento de los controladores aéreos, lo explica en base a que “AENA no puede garantizar el servicio hasta el 31 de diciembre”.
De ser cierta esta afirmación supondría que AENA que es un organismo público con sus funcionarios públicos correspondientes, que tampoco tienen que estar muy mal pagados, y que no digo ahora que se les tenga que pagar mal, sino bien, como a cualquier trabajador no funcionario, no ha sabido cumplir con la función encomendada que es garantizar el funcionamiento normal del espacio aéreo, en cuyo caso, aquí tendríamos el origen del problema creado, y para empezar a hablar los funcionarios responsables del funcionamiento de AENA a estas horas ya deberían estar puestos de patitas en la calle a expensas y resultas de las responsabilidades personales que se pudieran haber derivado de su propia incompetencia.
En el mismo supuesto de ser cierta la afirmación, Bono, por acusar falsamente, además de ser sustituido de su cargo de Presidente del Congreso de los Diputados, debería ir a la cárcel, a la misma cárcel que debería ir Daniel Zamit si fuera falsa su afirmación. Pero a mi juicio uno de los dos al menos debe ir a la cárcel por mentirle a la opinión pública, y así se demostraría que estamos en un Estado democrático y de derecho donde la ley, y no el interés de nadie en particular, es la que prevalece. El que la hace la paga. Pero sin cachondeos y sin ningún tipo de privilegios.
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Bono hablaba en tono político, como político que es, y no hace falta que yo me entretenga ahora en decir cual es el sentir mayoritario de la sociedad hacía los políticos, ni que me enrede en decir que el alejamiento de la inmensa mayoría de la sociedad está poco interesada en la político, por culpa precisamente de los políticos.
Pero Bono tiene razón: al Estado que monopoliza e institucionaliza todas las refuerzas represivas de la sociedad para ejercer la fuerza legítimamente (lo de legítimo se refiere a la ley y no a la justicia) no le puede vencer por la fuerza ningún grupo de esa sociedad sobre la que se erige el Estado.
Lo que ya empieza ser discutible es si los controladores han intentado o se han propuesto vencer o derrocar al Estado. Y discutible también si este Estado es instrumento al servicio de los ciudadanos, o si por el contrario, es un instrumento para someter a la mayoría de los ciudadanos a los que dice defender a los intereses de una minoría que impone mediante dictado desde el extranjero la política que debe aplicar el gobierno en función de la minoría, nacional y extranjera, que domina el capital.
Si nos atenemos (que deberíamos atenernos) a lo que dice el representante sindical de los controladores, , portavoz de de USCA , resulta que el cierre de espacio aéreo no se debió a ninguna estrategia sindical previamente establecida por el sindicato para organizar el caos en los aeropuertos españoles, sino a “una revuelta popular” de sus afiliados, cosa que ya dijo en la cadena SER el pasado viernes, cuando comenzó el conflicto, , y que incluso mereció por parte de un periodista algún comentario despectivo con respecto a ese mismo sindicato, en el sentido de que ni siquiera controlaba a sus afiliados.
La “revuelta popular”, como califica, el comportamiento de los controladores aéreos, lo explica en base a que “AENA no puede garantizar el servicio hasta el 31 de diciembre”.
De ser cierta esta afirmación supondría que AENA que es un organismo público con sus funcionarios públicos correspondientes, que tampoco tienen que estar muy mal pagados, y que no digo ahora que se les tenga que pagar mal, sino bien, como a cualquier trabajador no funcionario, no ha sabido cumplir con la función encomendada que es garantizar el funcionamiento normal del espacio aéreo, en cuyo caso, aquí tendríamos el origen del problema creado, y para empezar a hablar los funcionarios responsables del funcionamiento de AENA a estas horas ya deberían estar puestos de patitas en la calle a expensas y resultas de las responsabilidades personales que se pudieran haber derivado de su propia incompetencia.
En el mismo supuesto de ser cierta la afirmación, Bono, por acusar falsamente, además de ser sustituido de su cargo de Presidente del Congreso de los Diputados, debería ir a la cárcel, a la misma cárcel que debería ir Daniel Zamit si fuera falsa su afirmación. Pero a mi juicio uno de los dos al menos debe ir a la cárcel por mentirle a la opinión pública, y así se demostraría que estamos en un Estado democrático y de derecho donde la ley, y no el interés de nadie en particular, es la que prevalece. El que la hace la paga. Pero sin cachondeos y sin ningún tipo de privilegios.
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