La lucha obrera que se
transformó en una herramienta financiera cooperativista con 30 años de
historia: Coop57
Rebelion / España
11/11/2025
Fuentes: El
Salto
La cooperativa de crédito cumple tres décadas desde que un grupo de
trabajadores de la quebrada Editorial Bruguera decidieran que su lucha se
convirtiera en una cooperativa de crédito y una herramienta de transformación
económica.
Seguro que la gran mayoría de la gente, sobre todo de los cuarenta para arriba, recuerda la Editorial Bruguera. Sagas históricas del cómic español como Mortadelo y Filemón, Zipi y Zape o Carpanta son tan sólo algunas de las obras que nos trajo la editorial catalana. La historia que no es tan conocida es cómo su cierre a mediados de los 80, una lucha sindical y un grupo de personas trabajadoras acabaron dando a luz a una cooperativa de servicios financieros éticos y solidarios que este 2025 cumple 30 años: Coop57.
Póster protesta
tras el cierre de la Editorial Bruguera en 1986 con los principales personajes
de sus comics.
La historia
comienza como tantas muchas de la industria española en los 80: España entraba
en la Unión Europea y los fondos de reconversión industrial, aquellos que
inyectaban dinero en las empresas para modernizar sectores de producción al
mismo tiempo que se despedía a miles de trabajadores, mejoraron los márgenes de
beneficios de algunas empresas pero también hacía perecer a tantas otras,
desencadenando una crisis industrial en el país. La Editorial Bruguera, que
comprendía todas las fases de producción de los libros hasta que llegaban a la
estantería de la librería, fue una de estas últimas. En 1986, la empresa se
declaró en quiebra y pasó a manos del Banco de Crédito Industrial (BCI), un ente público que
financiaba proyectos industriales a largo plazo pero que también sirvió como
“banco malo” de la época absorbiendo proyectos que no superaron la reconversión
industrial, como el caso de la editorial.
Desde ese momento comenzó el calvario de los más de 800 trabajadores que todavía quedaban después de varias rondas de despidos voluntarios que ya habían mermado la plantilla. La gran mayoría de ellos se acogieron al despido que les ofrecía el BCI y que fue aceptado por los dos sindicatos mayoritarios, CCOO y UGT, y que pagaría el FOGASA. Salvo un grupo reducido que no quiso ceder, que veía injusto el despido y el cierre de la empresa. Un grupo que formaba parte del sindicato OITEBSA, con raíces anarquistas. “Era un colectivo sindical independiente, crítico con el sindicalismo de clase que había en aquellos años que representaba otros intereses, que además quería hacer las cosas de una forma democrática y asamblearia”, explica a El Salto Valentín Valencia, uno de aquellos sindicalistas espartanos de Bruguera que no aceptaron el despido. “Considerábamos que los trabajadores no podíamos ser los perjudicados de las malas decisiones empresariales, además, sabiendo que había un mercado importante en aquellos momentos que hubiera podido permitir el mantenimiento de la actividad, si no con la totalidad de trabajadores que había en aquellos momentos, al menos con una buena parte”, argumenta Valencia.
Imágenes del
desalojo de la fábrica de la Editorial Bruguera tras un mes ocupada por los
trabajadores y sus familias.
En aquel
momento empezó una lucha sindical, con similitudes y enlaces con otras muy
parecidas de la época como las de los astilleros en Asturias, los estibadores
portuarios catalanes o los agricultores de Andalucía. Uno de los principales
hitos, tal y como recuerdan los implicados, fue la ocupación de la fábrica en agosto de 1986. Durante un mes
entero, los trabajadores y sus familias habitaron la fábrica cerrada. “Éramos
más de 100 personas, esposas y niños incluídos, íbamos a pedir comida a los
mercados de la zona y nos autogestionábamos”, cuenta Paco Hernández, otro de
los trabajadores de Bruguera ya jubilado. “Al juez le argumentamos que teníamos
miedo de que se sacara la maquinaria mientras estaba vacía para venderse y nos
aguantó todo el mes de agosto”, explica Hernández. Al final del mes de verano
el juez ordenó el desalojo, pero los trabajadores no lo pusieron fácil: “Fue un
desalojo que duró 72 horas”, recuerda el entonces sindicalista.
En octubre de 1986 se debía celebrar el juicio para decidir el futuro de aquellos obreros que no se acogieron al despido pactado por los dos grandes sindicatos, todavía quedaba tiempo para la presión tras el desalojo de la fábrica. “Durante el mes de septiembre, 7 u 8 de los trabajadores hicimos una huelga de hambre para poner más presión sobre el juez”, relata Hernández. La presión y la lucha sindical funcionaron: “Nos tocó un juez muy de derechas, pero acabó dictando sentencia a nuestro favor”, dice Hernández. Aquel juez dictaminó que no había causa justificada para el cierre total de la empresa y que el despido era improcedente. Aunque fue una victoria agridulce: “La lucha se gana en los tribunales, pero se pierde en la empresa, ya que cierra definitivamente”, lamenta Valencia. La batalla judicial no acabó ahí. El BEI recurrió la sentencia al Tribunal Supremo.
Durante meses
se sucedieron protestas de los trabajadores y sus familias.
Los abogados
que acompañaron a los trabajadores durante todo el proceso también son bien
conocidos en el mundo cooperativista y de la economía social y solidaria: la
cooperativa de abogados y abogadas catalana Col·lectiu Ronda, que hoy
en día siguen protagonizando luchas sindicales y laborales muy sonadas como las
batallas de los riders contra empresas como Deliveroo o Glovo. El despacho ya
tenía experiencia en el mundo cooperativista y asesoraron al sindicato
independiente sobre la posibilidad de recuperar Bruguera para los trabajadores
en forma cooperativa y en el proceso judicial contra el BEI. Los abogados
socios de Ronda Juan Luis Jornet y Jordi Pujol (no, no es el famoso político)
acompañaron en toda la aventura judicial a aquel grupo. “Éramos abogados
especializados cada uno en lo suyo pero que ya teníamos experiencia en asesorar
al mundo cooperativista y Jornet, que era abogado laboralista, les llevó el
proceso hasta el final”, narra Pujol a El Salto.
Desde ese
momento, octubre 1986, aquel grupo de trabajadores ya en paro empezó a cobrar
aquello que la reforma laboral del PP en 2012 nos arrancó: los salarios de
tramitación. Mientras se esperaba la cita con el Supremo, “venía todo los meses
un abogado muy famoso en Catalunya, que en aquel entonces era también el
abogado del Barça, y nos daba los salarios completos en bruto, incluidas las
cotizaciones y lo que nos deberían retener del IRPF”, relata Hernández. Aquello
pilló por sorpresa y con desconfianza a los obreros. Temían que, en cualquier
momento o tras el juicio con el Supremo, la Seguridad Social les pudiera
reclamar todos esos impuestos. “Nos repartíamos los salarios, pero no queríamos
tocar los impuestos. Hablamos con Ronda y decidimos meter ese dinero en un
fondo, no tocarlo por el momento”, dice Hernández.
Pasaron tres
años hasta que el Tribunal Supremo dictó sentencia. La lucha de los
trabajadores volvió a ganar en la alta instancia judicial. En 1989, el Supremo
daba la razón a aquel grupo de trabajadores que resistieron y que no
representaba ni el 10% de la plantilla que acabó en la calle en el 86. “CCOO y
UGT aceptaron unas indemnizaciones de 20 días por año con una limitación de 12
años, o sea que podías llevar 30 años trabajando en Bruguera, como mucha gente
llevaba, y cobrar un máximo de 240 días de salario”, recuerda Hernández. En
cambio, estos guerreros que aguantaron hasta al final, cobraron 45 días por año
sin limitaciones. “Algunos, como yo mismo, aunque fuéramos jóvenes ya llevábamos
más de 20 años trabajando en Bruguera. En vez de 240 días, muchos nos llevamos
mil y pico días de indemnización más los salarios de tramitación de tres años”,
recuerda con orgullo Hernández.
Pero quedaba un
detalle más: aquel dinero acumulado de las cotizaciones y el IRPF que nadie les
reclamó. “Esperamos otros cinco años para asegurarnos de que nadie nos lo iba a
reclamar luego y hablamos con el Col·lectiu Ronda para ver qué podíamos hacer
con el dinero”, narra Hernández. En aquel momento, muchos de aquellos
trabajadores sindicalistas habían tomado la vía cooperativista para desarrollar
sus vidas laborales. Durante los años de lucha, algunos entraron a formar parte
de cooperativas ya existentes y otros fundaron nuevos proyectos con esta forma
jurídica de la economía social. Siempre, además, con el acompañamiento del
despacho Ronda. “Un grupo de 14 o 15 creamos varios proyectos cooperativistas”,
dice Hernández, que él mismo trabajó en una pequeña librería que se llamaba
Cabraboc que tenía dos locales, una en la localidad de Ripollet y otra en
Montcada i Reixac.
En aquel momento, los trabajadores y el despacho decidieron que con aquel dinero que había quedado en el fondo de las cotizaciones, había que hacer algo. Los abogados se subieron al carro sin pensarlo: “En Ronda aportamos los honorarios que debíamos cobrar por todo el proceso judicial, un 10% de lo que se había ganado, a aquel fondo”, relata Jordi Pujol. Con todo aquello, aquel fondo llegó a tener unos 100 millones de pesetas, 600.000 euros. Una cantidad que ahora puede no parecer mucho para corresponder a unos 80 trabajadores, pero que en 1995 daban para mucho. “Decidimos que casi un tercio fuera para la lucha internacional, otro para luchas sindicalistas hermanas con las que habíamos generado una red en esos años y otra para promover proyectos cooperativistas”, numera Hernández.
El primer lote
fue para la lucha internacional más en boca en aquella época: la revolución
sandinista en Nicaragua. “Teníamos mucha relación con ellos”, recuerda
Valencia. “Mandamos a un compañero allí a darles un taller sobre maquinaria
para que pudieran construir sus propias piezas ya que estaban sufriendo el
bloqueo estadounidense”, rememora con añoranza Hernández. “Quedamos con el
cónsul nicaragüense en Madrid, montamos un evento y le entregamos unos 30
millones de pesetas para la lucha sandinista”, añade.
El segundo
monto fue para el Sindicato Obrero del Campo, lo que ahora es el Sindicato Andaluz de
Trabajadores (SAT), en el que ya militaban Diego Cañamero, Jose
Manuel Gordillo y Diamantino García, el que fuera conocido como “el cura de los
pobres”. “Durante todos aquellos años, tejimos muy buena relación con ellos. A
todas las luchas que íbamos, ellos también iban”, recuerda el sindicalista.
“Montamos otro evento, fuimos y le dimos a Cañamero otros treinta millones de
pesetas”.
La tercera pata de aquel fondo es la semilla de la historia que cumple ahora tres décadas. “Sabíamos que no íbamos a transformar nada si no transformábamos la economía y decidimos que aquel dinero se utilizara para ese fin”, afirma Hernández. Jordi Pujol recuerda a uno de sus compañeros, David Santacana, ya fallecido. “David tenía una concepción concreta del cooperativismo con tres patas concretas: teníamos que formar y formarnos, saber vendernos y poder financiarnos”. En aquel momento ya habían constituido en Catalunya una cooperativa de formación y otra de servicios comerciales. Faltaba una pata financiera de la economía social. Ahí acabó el fondo conseguido tras 9 años de lucha y resistencia. El 19 de junio de 1995 nació Coop57.
Las protestas
de Bruguera señ alaban al Banco Industrial de Inversiones, dueño de la
editorial.
Aquellos cerca
de 40 millones de pesetas fueron el germen inicial de la cooperativa de crédito
que ahora, 30 años más tarde, es una de las principales entidades de las
finanzas éticas y brazo financiero de la economía social y solidaria en todo el
Estado español. “Aquellos años del comienzo fueron muy duros -recuerda
Valencia-, como mucho dábamos un par de créditos al año, nada que ver con lo
que es ahora Coop57”. Pero aquel grupo de personas estaban convencidas de que
la economía social necesitaba un empuje financiero que funcionara con otras
lógicas diferentes a las del mercado de crédito y de la banca tradicional.
Cuando son
preguntados por el nombre, Valencia y Hernández bromean con la leyenda que se
generó en torno al número: “Todo el mundo piensa que éramos 57 los trabajadores
que resistieron y que pusimos aquel fondo de nuestras indemnizaciones, pero en
realidad éramos unos 80”, explica Valencia. “A Ramón Pascual [otro integrante
histórico de Coop57] le encantaba contar esa historia y, claro, sonaba muy bien
y a la gente le gustaba y aquello se quedó. Pero en realidad la cosa salió por
un compañero que falleció de un cáncer de huesos en aquella época y que aquel
número se nos cruzaba de muchas formas. Nos llegaba una factura y su número
acababa en 57, teníamos que hacer un pago y la cifra acababa en 57… Acabamos
por adoptar aquel número, aunque la historia que contaba Ramón era más épica”,
cuenta entre risas Hernández mientras lo recuerda.
Los primeros
años fueron duros, pero al tiempo llegó la expansión. El modelo de financiar a
las cooperativas desde el propio cooperativismo y gracias al ahorro que
depositaban los propios socios, pronto llamó la atención de aquellos proyectos
y redes de la economía social que estaban floreciendo por todo el Estado, pero
que se encontraban con los mismos problemas de acceso al crédito que habían
sufrido los proyectos catalanes antes de la aparición de Coop57.
Diez años más
tarde, se dio el primer salto fuera de las fronteras catalanas: Aragón. Una red
de entidades de la economía social y solidaria, lo que fue el germen de REAS
Aragón, se unió a Coop57 para replicar el modelo y crear Coop57 Aragón. “Los
préstamos que solicitamos a Coop 57 nos dieron la oportunidad de apreciar
mediante los avales mancomunados de apreciar la red con la que contábamos”,
explica Teresa Iparraguirre, que era gerente de Servicio Parque Delicias dentro
especial de empleo en 2005, empresa que fue una de las primeras empresas de la
economía social aragonesa que contó con el apoyo financierio de la recién
estrenada rama de la cooperativa fuera de Catalunya. Con avales mancomunados,
Ipaguirre se refiere al sistema de avales que usa la entidad ética en la que
personas implicadas o cercanas al proyecto avalan al proyecto por un valor
determinado, una parte del crédito que se solicita. El análisis de Coop57
valora siempre más que haya muchas personas que apoyen el proyecto avalando
pocas cantidades que el que se consiga pocos avalistas por importes mayores.
Premia la comunidad del proyecto más que la cantidad en sí. “Ayudó también a la
participación de las personas trabajadoras en el tema de la financiación de la
empresa y mucha más transparencia. Una maravilla”, finaliza.
A la sucursal
maña le siguió la madrileña en 2006, la andaluza en 2008 y la gallega en 2009.
En todos los casos, el modelo de expansión fue el mismo: tejer alianzas
estratégicas con las redes de economía social y solidaria ya existentes para
convertirse en una de las principales herramientas de desarrollo del
cooperativismo, el asociacionismo y el tercer sector por todo el país. Un poco
más tarde, en 2015, se creó Koop57 Euskal Herria, y en 2019 vio la luz el grupo
promotor en Asturias.
“En cada
sección territorial hay una o dos personas liberadas, los servicios centrales
comunes están en Barcelona, y luego en cada sección hay un grupo muy amplio de
personas que somos voluntarias”, explica a El Salto Jone Etxeberría, una de
esas personas que soportan el proyecto desde su activismo en el grupo de Euskal
Herria. “Estas personas solemos pertenecer a cooperativas que son socias de
Koop57 y somos las que estamos en los órganos políticos que son las secciones
territoriales”, explica. “No teníamos un modelo de referencia real que tuviera
estas características financieras y que además contara con una expansión
territorial muy horizontal, en red”, dice Etxeberría en relación a la expansión
de la cooperativa por distintos territorios y como desde Euskal Herría deciden
tejer esa alianza y adoptar el modelo de Coop57 adaptado a las necesidades del
tejido vasco.
Al ser
preguntada por algunos de los hitos importantes de Koop57 recuerda el capote
que le echaron a la cooperativa de consumo energético vasca Goiener: “De un día para otro, cuando las energéticas pequeñas
se estaban yendo a pique porque no podían hacer frente a la demanda de dinero
que se les hacía desde el Ministerio, les pudimos dejar 500.000 euros”. A la
catalana Som Energía le pudieron prestar 2 millones de euros. Además, señala
una característica común entre Coop57 y la gente que deposita sus ahorros en la
cooperativa para que, como decía Hernández, sirva para transformar la economía:
“Esas personas estamos dispuestas a arriesgarnos, porque nuestro objetivo no es
el rédito económico de ese dinero ahorrado, sino que esas cooperativas, esos
proyectos, salgan adelante”.
De hecho,
Etxeberría señala como importante en este punto una característica de las
finanzas éticas: “El análisis de los proyectos que piden financiación no es
sólo financiero, sino social”. Quienes piden un préstamo a Coop57 deben pasar
primero una suerte de auditoria social donde los componentes del nodo
territorial evalúan que el proyecto tenga beneficios para la sociedad, antes
que ser evaluados financieramente. Esto lleva a que sólo se financien proyectos
que “fomentan la creación de puestos de trabajo en un formato, especialmente
cooperativo, iniciativas de inserción socio laboral de colectivos vulnerables a
través de empresas de inserción, proyectos de atención y cura a las personas,
proyectos de energías renovables y de custodia y preservación del territorio,
proyectos culturales y educativos o proyectos de profundización de la
participación ciudadana y la democracia económica que fomenten el
asociacionismo de base”, tal y como reza la propia web de la cooperativa.
También señalan
a quiénes no financiarán nunca, como ejemplos claros “la industria
armamentística, la violación de derechos humanos o el deterioro del medio
ambiente”. Algo que ha entrado de lleno en el debate político con el reciente
anunció del Ministerio de Trabajo y Economía Social sobre un Real Decreto que delimitará qué es y qué no entidades de
las finanzas éticas y promoverá su difusión y promoción como una herramienta
social de interés público.
Tres décadas
más tarde de aquellos “dos préstamos como mucho” que concedían al año que
recordaba Valentín Valencia, Coop57 ha concedido 26,7 millones de euros en
créditos en 2024. El ahorro aportado por las 5.602 socias con las que acabó el
año pasado se eleva a los casi 65 millones de euros. “Si me hubieran dicho hace
30 años que llegaríamos a estas cifras, a financiar proyectos de vivienda
cooperativa de cientos de miles de euros, no me lo hubiera creído ni borracho,
ni en las mejores de las euforias”, dice con alegría y orgullo Paco Hernández.
Este sábado 8
de noviembre, toda la organización y personas que participan en Coop57 se reúne
en Barcelona para celebrar 30 años de la cooperativa de crédito con un evento
festivo en el Ateneo Popular 9 Barris, en Barcelona. “Será un día para
reconocer todo lo que hemos construido juntas y para reafirmar nuestro
compromiso con una economía transformadora, justa y arraigada en el
territorio”, explican desde Coop57. Una celebración para mirar al presente y el
futuro, pero también para repasar el pasado y conmemorar la lucha de aquellos
trabajadores de la Editorial Bruguera que resistieron hasta el final por sus
derechos y que decidieron que aquella victoria debía de ser el germen de algo
más grande porque, volviendo a citar a uno de ellos, sabían “que no íbamos a
transformar nada si no transformábamos la economía”.
*++
No hay comentarios:
Publicar un comentario