Cronología de una operación
contra Podemos: la Policía fabricó en 17 días el bulo de la cuenta de Iglesias
en el Caribe
Rebelión / España
07/04/2025
Fuentes: El
Diario
La brigada política se reunió el 16 de abril de 2016 con un confidente
venezolano, redactó un informe y el 5 de mayo Okdiario publicó la información
con la cuenta falsa en un banco de Granadinas, a menos de dos meses de las
elecciones generales en las que Rajoy se jugaba su continuidad en La Moncloa.
La noche del 20
de diciembre de 2015 un terremoto afectó a la placa más visible de la política
española y provocó una fuerte sacudida en las profundidades del sistema. En
esas elecciones generales, por primera vez en democracia, una fuerza a la
izquierda del PSOE obtenía 69 escaños y amenazaba con formar parte del próximo
Gobierno de España. La fundación del partido, dos años antes, ya había atraído la atención de unos funcionarios
policiales, extremistas ubicados en el corazón de la seguridad del Estado, a
los que el Gobierno del PP había encumbrado y autorizado a combatir al
independentismo catalán por vías inconfesables.
Esa noche de
diciembre de 2015, las alarmas se encendieron definitivamente con Podemos. La
victoria del PP no le bastaba para revalidar el Gobierno si PSOE, Ciudadanos y
la formación de Pablo Iglesias alcanzaban un acuerdo. Las negociaciones
terminaron fracasando y España se vería abocada a unas nuevas elecciones seis
meses después. Fue durante ese medio año cuando el grupo de mandos policiales
que anidaban en el Ministerio del Interior del PP desató con mayor intensidad
la caza de Podemos. Para desprestigiar al partido de la izquierda se crearon
informaciones falsas que varios medios de la derecha se encargaron de
publicar.
Nueve años
después, la investigación de aquella guerra sucia avanza con
dificultades en un juzgado de la Audiencia Nacional. Esta semana, el juez
Santiago Pedraz ha obtenido un documento que acredita cómo la denominada
brigada política urdió uno de los bulos más significativos de esos seis meses
de furia contra la formación política: el cobro de más de 272.000 dólares por
Pablo Iglesias en una cuenta bancaria de un paraíso fiscal del Caribe. Esta es
la cronología de cómo, en menos de tres semanas, se obtuvo, filtró y publicó
uno de los ataques más representativos de la guerra sucia contra Podemos con
información falsa.
18 de abril de 2016, lunes. Quedan 2
meses y 10 días para las elecciones destinadas a deshacer el nudo de los pactos
imposibles. En un lugar que se desconoce, muy probablemente en territorio
español, dos inspectores jefe –la categoría por debajo de comisario– se reúnen
“con una fuente anónima catalogada de máxima fiabilidad”. Son los policías
16.768 y 18.693. Bonifacio Díez Sevillano y Jesús Vicente Galán.
Los dos mandos
están destinados en la Dirección Adjunta Operativa (DAO) de la Policía, la sala
de mando del Cuerpo. Trabajan a las órdenes directas del comisario Eugenio
Pino, el número dos de la Policía, hoy
imputado en la causa sobre la guerra sucia a Podemos con fondos reservados.
El pasado
reciente de Boni y Galán, como se les conoce en el Cuerpo, contribuye a dibujar
su perfil. Díez Sevillano ha sido el enlace policial en Andorra, una plaza
clave en las maniobras contra el independentismo catalán. Jesús Vicente Galán
procede de Asuntos Internos, la unidad que Pino desvió de sus funciones, aprovechando la
opacidad de la que goza para indagar en posibles irregularidades dentro de la
policía, para hacerle encargos políticos que debía efectuar en la sombra, tal y
como desveló elDiario.es en noviembre de 2014. Tras su paso por la DAO, y antes
de jubilarse, Boni y Galán fueron premiados con medallas pensionadas y destinos
dorados como personal de seguridad en embajadas a más de 10.000 euros brutos al mes.
Los policías
tenían una pequeña dependencia habilitada a escasos metros de la DAO, pero no
en el mismo edificio, lo que les confería mayor privacidad. A la vuelta de la
calle está la comisaría del distrito de Chamberí y allí, según se accede a la
derecha, hay una puerta que da acceso a lo que un comisario purgado por
enfrentarse a José Manuel Villarejo denominó “oficina siniestra”.
Boni y Galán
regresan a ese despacho con material de primera, o eso creen ellos. La fuente
les ha proporcionado documentos que probarían la financiación de Podemos por
parte del régimen de Hugo Chávez: una bomba perfecta para detonar a dos meses
de las elecciones generales en las que la derecha se jugaba el poder por
segundo año consecutivo. Además, el confidente había estado horas dándoles
explicaciones sobre esos papeles. A cambio, quiere residir legalmente en
España.
20 de abril de 2016, miércoles. El director
operativo de la Policía tiene encima de su mesa una de tantas “notas
informativas” que ha leído desde que el PP le eligió para el cargo y se puso a
combatir a independentistas y comunistas. Pero esta es especial. Solo hay que leer el primer párrafo: “El pasado lunes, día 18
de los corrientes, los funcionarios que suscriben se entrevistaron con una
fuente anónima catalogada de máxima fiabilidad y que, voluntariamente, hizo
entrega de unos documentos que certificarían la existencia de una cuenta
‘offshore’ a nombre de Pablo Iglesias Turrión”.
La nota lleva
adjuntos cuatro documentos que probarían que Podemos es fruto de la
financiación del régimen bolivariano y que en ese proceso de adulteración de la
política española por el chavismo se ha implicado personalmente su secretario
general, Pablo Iglesias. Boni y Galán firman con sus números de carnet
profesional la nota informativa, que luce un sello que sirve de registro de
entrada.
Entre los
documentos que aporta Carlos Alberto Arias a los policías está una “orden de
pago” procedente del Ministerio del Poder Popular de Economía, Finanzas y Banca
Pública de Venezuela para que se abone a Pablo Iglesias Turrión 272.325,00
dólares en la entidad Euro Pacific Bank. Consta como concepto “Pago Convenio
por concepto de Asesorías para el Desarrollo Social en el país”. Lleva fecha de
11 de abril de 2014. Podemos tenía por entonces dos meses de vida.
Según destacan
los policías en su nota informativa, el documento presenta “cuatro sellos
oficiales de la República Bolivariana de Venezuela, a saber: del director de
Administración, del Ordenador del Pago, de la Contraloría General y de la
Oficina Nacional del Tesoro, con sus respectivas firmas”.
Más adelante,
los policías incluyen algunas aclaraciones procedentes de la fuente informante,
como que “lo más significativo es que se omite por qué asesoría en concreto se
realiza el pago, empleando un concepto genérico”. Hay otras más técnicas, que
recogen otras supuestas revelaciones de Arias, quien habría explicado a esos
policías que las cuentas del Euro Pacific Bank “tienen once dígitos y pueden
ser numéricas o alfanuméricas”.
Bonifacio Díez
Sevillano, hoy jubilado, se sentará en el banquillo de los acusados por el caso
Kitchen, donde se indaga sobre la eliminación de pruebas de la corrupción del
PP por parte de esa misma brigada policial. En la causa por las maniobras
contra Podemos declaró como testigo el pasado 19 de diciembre. La nota
informativa publicada por este medio el pasado viernes desvela que mintió ante
el juez Pedraz. En un momento del interrogatorio, el letrado de Podemos le
pregunta por la cuenta de Granadinas y él asegura que solo conoce el asunto por
lo que ha leído “en la prensa” [ver vídeo].
6 de mayo de 2016, viernes. El periódico
digital OKdiario, que fundó y dirige Eduardo Inda, publica la siguiente
información exclusiva: “El Gobierno de Maduro pagó 272.000 dólares a Pablo
Iglesias en el paraíso fiscal de Granadinas en 2014”. La información es
amplificada por otros medios de comunicación. Pablo Iglesias sale de inmediato
a desmentirlo.
“No es cierto.
Toda esa información está en manos de nuestros abogados, que van a emprender
acciones legales. Es todo falso desde el principio hasta el final. Solo
tengo dinero en un banco: ING Direct. Está publicado en la página web de
Podemos. Muchos están preocupados ante la posibilidad de que podamos ganar las
elecciones”, asegura en declaraciones a La Sexta.
Ese mismo día,
la entidad en cuestión, Europacific Bank Limited, hizo público un comunicado en
el que aseguraba que la entidad “nunca ha mantenido una cuenta para esta
persona ni ha recibido una transferencia bancaria de ninguna de las
instituciones financieras o fuentes mencionadas en el artículo”. Sirvió de
poco. La noticia se puede seguir consultando a día de hoy en Okdiario.
Los abogados de
Iglesias recurrieron a la vía civil y presentaron una demanda por intromisión
ilegítima en el derecho al honor, pero un juzgado de primera instancia y
posteriormente la Audiencia Provincial de Madrid avalaron la
publicación. En resumen, los fallos judiciales resuelven que los
periodistas habían recurrido a una fuente, que era la Policía, y que por tanto
su publicación estaba justificada, más aún cuando era de interés público. Otros
tres fallos judiciales, estos por la vía penal, descartaron a su vez que
Iglesias tuviera cuenta alguna en Euro Pacific Bank.
13 de mayo de 2016, viernes. Con la demanda
de Iglesias en ciernes, el ciudadano venezolano Carlos Alberto Arias acude a un
notario de Madrid y declara que los documentos que publicó OkDiario proceden
del “Servicio Cubano G2” y del “Gobierno Bolivariano de Venezuela” y que son
“auténticos y veraces”. “He sido yo quien se los facilitó a la Policía española
que luego los que se facilitó a OkDiario”, quedó escrito (errata incluida) en
su declaración ante notario.
Documentos
incorporados a la causa sugieren que aquel encuentro del 18 de abril de 2016
entre Boni y Galán, de una parte, y Carlos Alberto Arias de otra no era el
primero que se producía entre policías y confidente. El 11 de abril, el
comisario general de Extranjería y Documentación de la Policía, Emilio Baos,
había firmado un escrito en el que proponía la residencia extraordinaria a
Arias por su “valiosísima colaboración en la protección de la
seguridad del Estado”.
No se trataba
de un permiso cualquiera. Antes de que acabara el día, el secretario de Estado
de Seguridad, Francisco Martínez, número dos del Ministerio, estampaba su firma
en la “autorización de residencia por circunstancias excepcionales, apreciando
razones de colaboración con las autoridades policiales de Carlos Alberto
Arias”. El juez Pedraz citó como testigo a Arias el pasado 18 de diciembre, pero
este no se presentó. En la dirección que consta de cuando se le otorgó la
residencia no saben nada de él.
26 de junio de 2016, domingo. Las segundas
elecciones generales en seis meses no despejan el camino de la gobernabilidad.
Podemos obtiene los mismos escaños pero se deja un millón de votos respecto de
los anteriores comicios a pesar de ir en coalición con Izquierda Unida. El
esperado ‘sorpasso’ al PSOE no se produce. Pedro Sánchez acaba dimitiendo de la
secretaría general de los socialistas tras negarse a facilitar un gobierno del
Partido Popular, que finalmente terminará formándose gracias a los votos de
varios diputados socialistas.
El ‘informe
Granadinas’ no ha sido el único movimiento de la brigada política contra
Podemos. En enero de 2016, cuando arrancaban las negociaciones con el PSOE tras
los comicios de diciembre, Okdiario y El Confidencial publicaron el contenido del dosier PISA (Pablo Iglesias Sociedad
Anónima) sobre la supuesta financiación de Podemos procedente de Irán y
Venezuela.
Todavía hoy se
siguen produciendo revelaciones de la intensa actividad de la cloaca policial
al servicio del Gobierno del PP en aquellos días. Recientemente, elDiario.es
reveló que los mandos de la Policía habían recurrido a un estafador habitual, el abogado José
Aliste, para la elaboración de siete dosieres y la aportación de nueva
documentación manipulada contra Podemos, y que en la actualidad los escritos
del colaborador siguen alojados en las bases de datos de inteligencia policial.
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