El fallo del Tribunal Superior de Londres que permite a Julian Assange apelar la orden de extradición lo deja languideciendo con mala salud en una prisión de máxima seguridad. La tortura continúa. Defender la verdad sale caro, muy caro.
Continúa la ejecución de Assange
El Viejo Topo
28 mayo, 2024
Continúa la
ejecución a cámara lenta de Julian Assange
La decisión del
Tribunal Superior de Londres de conceder a Julian Assange el derecho de apelar
su orden de extradición a Estados Unidos podría resultar una victoria pírrica.
Eso no significa que Julian escapará a la extradición. Esto no significa que el
tribunal determinó, como debería, que era un periodista cuyo único “delito” era
proporcionar al público pruebas de crímenes de guerra y mentiras del gobierno
de Estados Unidos. Esto no significa que será liberado de la prisión de máxima
seguridad HMS Belmarsh donde, como afirmó Nils Melzer, relator especial de la
ONU sobre la tortura, después de visitar a Julian, es sometido a una “ejecución
en cámara lenta”.
Eso no
significa que el periodismo corra menos riesgo. Los directores y editores de
cinco medios de comunicación internacionales –New York Times, Guardian,
Le Monde, El País y DER SPIEGEL– que habían publicado
artículos basados en los documentos difundidos por WikiLeaks, pidieron que se retiraran los
cargos estadounidenses y que Julian fuera liberado.
Ninguno de
estos ejecutivos de medios ha sido acusado de espionaje. Esto no elimina la
ridícula estratagema del gobierno de EE.UU. para extraditar a un ciudadano
australiano, cuya editorial no tenía su sede en EE.UU., y acusarlo en virtud de
la Ley de Espionaje [de EE.UU.]. Continúa la larga farsa dickensiana que se
burla de los conceptos más básicos del justo proceso.
El fallo se basa en que el gobierno de
Estados Unidos no proporcionó garantías suficientes de que Julian recibiría las
mismas protecciones de la Primera Enmienda que se otorgan a un ciudadano
estadounidense si fuera procesado en Estados Unidos. El proceso de apelación es
otro obstáculo legal en la persecución de un periodista que no sólo debería ser
libre, sino también celebrado y honrado como el más valiente de nuestra
generación.
Sí, puedes
apelar. Pero eso significa otro año, tal vez más, en difíciles condiciones
carcelarias, a medida que su salud física y psicológica se deteriora. Pasó más
de cinco años en la prisión de Belmarsh sin cargos directos en su contra. Había
pasado siete años en la embajada ecuatoriana porque los gobiernos del Reino
Unido y Suecia se negaron a garantizar que no sería extraditado a los
Estados Unidos, a pesar de que había aceptado regresar a Suecia para contribuir
a una investigación preliminar que, finalmente, había sido abandonada.
El linchamiento
judicial de Julián nunca tuvo como objetivo la justicia. Recordamos la plétora
de irregularidades legales, incluida la
grabación de sus reuniones con abogados realizada por la firma de
seguridad española UC Global en las instalaciones de la embajada de Ecuador en nombre
de la CIA, una grabación que, por sí sola, debería haber hecho que el caso
fuera desestimado por el tribunal porque se llevó a cabo en clara violación del
privilegio abogado-cliente.
Estados Unidos
ha acusado a Julian de 17 delitos en virtud de la Ley de Espionaje y uso
indebido de computadoras por una supuesta conspiración para apoderarse y luego
publicar información de defensa nacional. Si es declarado culpable de todos
estos cargos en Estados Unidos, se enfrenta a 175 años de prisión.
La solicitud de
extradición se basa en la publicación de WikiLeaks en 2010 de registros de
guerra relacionados con Irak y Afganistán: cientos de miles de
documentos clasificados, filtrados por Chelsea Manning, analista de inteligencia
del ejército en ese momento, que habían revelado numerosos crímenes de guerra
estadounidenses, incluidos vídeos, imágenes del asesinato de dos periodistas de
Reuters y otros 10 civiles desarmados en el vídeo Collateral Murder,
la tortura rutinaria de prisioneros iraquíes, el encubrimiento de miles de
muertes de civiles y el asesinato de casi 700 civiles que se acercaron
demasiado a los puestos de control estadounidenses.
En febrero, los
abogados de Julián habían presentado nueve solicitudes distintas para una
posible apelación.
La audiencia de
dos días de marzo, a la que asistí, había sido la última
oportunidad de Julian de apelar contra la decisión de
extradición tomada en 2022 por Priti Patel, entonces ministra del Interior
de Gran Bretaña, y contra muchas de las sentencias de 2021 del juez de
distrito.
En marzo, los
dos jueces del Tribunal Superior, Dame Victoria Sharp y el juez Jeremy Johnson, rechazaron la mayoría de los
argumentos de la apelación de Julian. Entre ellos se incluyen, según argumentan
sus abogados, el tratado de extradición entre el Reino Unido y Estados Unidos,
que impide la extradición por delitos políticos; el hecho de que la solicitud
de extradición fue formulada con el propósito de procesarlo por sus opiniones
políticas; que la extradición equivalía a una aplicación retroactiva de la ley
(porque no era previsible que una ley de espionaje centenaria fuera utilizada
contra un editor extranjero) y, finalmente, que no recibiría un juicio justo en
el Distrito Este de Virginia. Los jueces también se negaron a escuchar nuevas
pruebas de que la CIA había conspirado para secuestrar y asesinar a Julian,
concluyendo –perversa e incorrectamente– que la CIA sólo había considerado estas
opciones porque creía que Julian estaba planeando escapar a Rusia.
Pero el lunes,
los dos jueces dictaminaron que era «discutible» que un tribunal estadounidense
no otorgara a Julian la protección de la Primera Enmienda, violando su derecho
a la libertad de expresión bajo el Convenio Europeo de Derechos Humanos.
En marzo, los
jueces pidieron a Estados Unidos que proporcionara garantías por escrito de que
Julian estaría protegido por la Primera Enmienda y exento de un veredicto que
implicara la pena capital. Estados Unidos había asegurado al tribunal que
Julian no enfrentaría la pena de muerte, lo que finalmente aceptaron sus
abogados. Pero el Departamento de Justicia no había podido ofrecer garantías de
que Julian pudiera presentar una defensa de la Primera Enmienda ante un
tribunal estadounidense. Tal decisión la toma un tribunal federal
estadounidense, explicaron los abogados.
El fiscal
adjunto Gordon Kromberg, que procesa a Julian, había argumentado que, en los
tribunales estadounidenses, los derechos de la Primera Enmienda sólo se
conceden a los ciudadanos estadounidenses. Kromberg había declarado que lo que
Julian publicó «no era de interés público» y que Estados Unidos no buscaba su
extradición por razones políticas.
La libertad de
expresión es una cuestión fundamental. Si a Julian se le conceden sus derechos
de la Primera Enmienda en un tribunal estadounidense, será muy difícil para
Estados Unidos construir un caso penal contra él, ya que otras organizaciones
de noticias, incluidos el New York Times y The Guardian,
habían publicado el material que difundió.
La solicitud de
extradición se basa en la afirmación de que Julian no es periodista y no está
protegido por la Primera Enmienda.
Los abogados de
Julián y los representantes del gobierno estadounidense tienen hasta el 24 de
mayo para presentar un proyecto de orden, que fijará la fecha de la apelación.
Julián cometió
el mayor pecado a los ojos del imperio: lo expuso como una empresa criminal.
Documentó sus mentiras, violaciones de derechos humanos, asesinatos de civiles
inocentes, corrupción desenfrenada y crímenes de guerra. Republicano o
demócrata, conservador o laborista, Trump o Biden, no importa. Quien dirige el
imperio utiliza el mismo sucio manual.
En Estados
Unidos la publicación de documentos confidenciales no es un delito, pero si
Julian es extraditado y condenado, lo será.
Julián goza de
una salud física y psicológica precaria. Su deterioro físico y psicológico le
provocó un pequeño derrame cerebral, alucinaciones y depresión. Toma medicamentos
antidepresivos y el antipsicótico Quetiapina. Se le observó caminando alrededor
de su celda hasta que se desplomó, golpeándose la cara y la cabeza contra la
pared. Pasó semanas en el ala médica de Belmarsh, apodada el «ala del
infierno». Las autoridades penitenciarias encontraron “media hoja de afeitar”
escondida en sus calcetines. Llamó varias veces a la línea directa de suicidio
de los samaritanos porque pensaba que se suicidaría “cientos de
veces al día”.
Estos verdugos
a cámara lenta aún no han completado su trabajo. Toussaint L’Ouverture, que había liderado
el movimiento independentista haitiano, la única revuelta de esclavos exitosa
en la historia de la humanidad, había sido destruido físicamente de la misma
manera. Los franceses lo habían encerrado en una celda estrecha y sin
calefacción y lo habían dejado morir de agotamiento, desnutrición, apoplejía,
neumonía y, probablemente, tuberculosis.
La cuestión es
la prolongación de la detención, que la aceptación de este recurso perpetúa.
Los 12 años de detención de Julián –siete en la embajada de Ecuador en Londres
y más de cinco en la prisión de máxima seguridad de Belmarsh– estuvieron
acompañados de falta de luz solar y ejercicio, así como de incesantes amenazas,
presiones, aislamiento prolongado, ansiedad y estrés constantes. El objetivo es
destruirlo.
Necesitamos
liberar a Julian. Necesitamos mantenerlo fuera del alcance del gobierno
estadounidense. Por todo lo que ha hecho por nosotros, le debemos una lucha sin
cuartel.
Si no hay
libertad de expresión para Julián, no la habrá para nosotros.
Fuente :https://chrishedges.substack.com/p/the-slow-motion-execution-of-julian
*++
