España siguió mandando
material militar a Israel en diciembre a pesar del embargo anunciado por el
Gobierno
Por Olga Rodríguez, Pol Pareja
Rebelion / España
15/03/2024
Fuentes: El Diario
Los datos de comercio exterior muestran que en el último mes de 2023 se
volvieron a enviar productos de defensa a una empresa armamentística israelí,
al igual que ocurrió en noviembre.
España siguió
mandando material de defensa a empresas israelíes hasta al menos el pasado
diciembre, a pesar de que el ministro de Exteriores, José Manuel Albares, ha
insistido varias veces tanto en medios como en sede parlamentaria que las
exportaciones de armas al país hebreo están congeladas desde el 7 de octubre,
cuando empezó el actual conflicto en Gaza.
elDiario.es reveló hace unas semanas que en noviembre
se mandó casi un millón de euros en munición a Israel. Los
envíos, sin embargo, han continuado: las estadísticas oficiales del portal de
comercio exterior muestran que también en diciembre se llevaron a cabo
exportaciones de material de defensa a Tel Aviv, según los datos analizados por
el investigador del Centre Delàs Alejandro Pozo.
En el último
mes de 2023 se exportaron “estabilizadores de bombas de aviación” por un valor
125.240 euros, desde la Comunidad de Madrid. El Gobierno precisa en la base de
datos de comercio que, en esta ocasión, el envío a Israel tenía una “finalidad
de reexportación” a Filipinas, “que es su destino final”.
La Secretaría
de Estado de Comercio también indica a este medio que la exportación
“corresponde a una licencia autorizada con anterioridad al 7 de octubre”, un
argumento similar al que ofreció hace pocas semanas. La respuesta da a entender
que todas las exportaciones de armamento a Israel aprobadas antes del inicio
del conflicto se acabarán enviando a pesar del embargo anunciado por el
Ejecutivo.
El hecho de que
la exportación estuviese autorizada no impide que se pueda revocar el permiso.
Según establece el reglamento de control del comercio de material de
defensa, las autorizaciones pueden cancelarse si existen “indicios
racionales” de que el material puede usarse en acciones “que perturben la paz”,
que puedan “exacerbar tensiones” o “que puedan ser utilizados de manera
contraria al respeto debido y la dignidad inherente al ser humano”, entre otros
preceptos.
“A pesar de
haber anunciado un embargo, España sigue colaborando y comerciando con empresas
israelíes que publicitan sus productos como probados en combate”, apunta Pozo,
en referencia a que el principal campo de pruebas de estas compañías es la
Franja de Gaza.
Desde Amnistía
Internacional opinan de manera similar: “Más allá de mantener las relaciones
comerciales con Israel y el abaratamiento de los costes unitarios de producción
de las armas fabricadas en ese país con sus exportaciones, España debe tener
plena coherencia entre la política exterior y la de exportación de armas”,
apunta Alberto Estévez, portavoz sobre comercio de armas de la
organización.
La ONG celebra
los pasos diplomáticos dados por el Ejecutivo respecto a la guerra en Gaza,
pero considera que deberían ir acompañados de hechos en su política de comercio
de armas. “Se debe ampliar la suspensión temporal de transferencias de armas a
Israel a las licencias autorizadas antes del 7 de octubre”, insisten desde
Amnistía Internacional. También pide que se hagan públicas las exportaciones
autorizadas a Israel entre julio y octubre de 2023, para evitar que cada mes
haya “sorpresas” en las estadísticas de exportaciones que demuestren que se
sigue mandando armamento a Tel Aviv.
El Gobierno ocultó el envío de munición con “carga explosiva”
Cuando
elDiario.es desveló el pasado febrero que se había mandado munición a Israel en
noviembre desde la compañía Nammo Palencia,
el Ejecutivo aseguró que el material mandado era para “pruebas” y “sin carga
explosiva”. No era del todo cierto.
La matriz de
Nammo Palencia, radicada en Noruega y participada por el Gobierno noruego,
aseguró el pasado febrero al diario Vårt Land –que
se había hecho eco de la noticia publicada en este periódico– que en el envío
que salió de España había 200 cartuchos “normales”. Es decir, con carga
explosiva.
Preguntados por
este aspecto, que el Gobierno ocultó el mes pasado, desde la Secretaría de
Estado de Comercio explican que “los fabricantes de sistemas” hacen “la mayor
parte de sus pruebas con disparos inertes”, pero “compran una pequeña cantidad
de otras configuraciones de disparos” para “verificar que el sistema funciona
correctamente”.
La empresa
exportadora también indicó a la prensa noruega que el destinatario de la
munición era Elbit Systems y confirmó que los proyectiles eran “para pruebas”.
Elbit Systems es la principal empresa de defensa
israelí y publicita sus productos como “probados en combate”.
La compañía israelí fue excluida del Fondo de Pensiones Global de Noruega en
2009 por su “conducta en contravención del derecho internacional”.
El envío de
munición desde una filial de una empresa semi pública noruega generó cierto
revuelo en el país nórdico, donde las exportaciones de armamento a Israel están
prohibidas desde hace 20 años. Lo que se constató fue que las empresas están
utilizando filiales en otros lugares para seguir comerciando con el país
hebreo.
Tanto el
partido Izquierda Socialista de Noruega, socio presupuestario del
Ejecutivo, como articulistas y organizaciones humanitarias condenaron
la exportación. “Como propietario de Nammo, el Gobierno [noruego] debe dar un
mensaje claro de que debe cesar el envío de armas a Israel”, señaló Ingrid
Fiskaa, portavoz del mencionado partido. “No importa si la producción se
realiza fuera de las fronteras de Noruega: Nammo es responsable de toda la
cadena de producción, ya sea que las armas se produzcan en Arizona, Palencia o
Raufoss”.
¿Embargo, restricción o declaración de intenciones?
Las respuestas
ofrecidas por la Secretaría de Estado de Comercio a este periódico y las
exportaciones a Israel que figuran cada mes en las bases de datos plantean la
duda de si el “embargo total” a Israel que ha anunciado en varias ocasiones
Albares es real o no.
El pasado 20 de
enero, Eduardo Melero, profesor de Derecho Administrativo de la Universidad
Autónoma de Madrid y experto en comercio de armas, registró una solicitud de
acceso a la información pública para saber si el Gobierno había “acordado la
suspensión temporal de las autorizaciones de exportación de material de defensa
con destino a Israel” y, en caso de ser así, poder acceder a “una copia de
la decisión administrativa adoptada en la que se acuerda la suspensión
temporal”.
“Quería saber
qué tipo de orden específica se había dado, si un embargo o cualquier otra
forma de prohibición o restricción oficial a través de un proceso formal o si,
simplemente, estábamos ante una declaración política de intenciones”, explica
este jurista.
El Ministerio
de Economía, Comercio y Empresa no quiso aclarárselo: en su respuesta recordó
que se trata de “materia clasificada” protegida por la ley de secretos
oficiales. Tras la desestimación de su solicitud, Melero ha presentado una
reclamación ante el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno, en la que a lo
largo de doce páginas expone las razones por las que considera que la
ciudadanía de un Estado democrático tiene derecho a conocer la información
solicitada.
elDiario.es
también ha preguntado a la Secretaría de Estado de Comercio si el embargo es
una declaración política o figura de manera formal en algún acto
administrativo. Comercio no ha respondido a la pregunta y se ha remitido a un
comunicado del Ministerio de Exteriores en el que se precisa que no se han
aprobado más operaciones de venta de armas a Israel tras el 7 de octubre.
España cuenta
con una Ley de Transparencia y otra sobre el control del comercio de armamento
(2007). Además, ratificó en 2014 el Tratado sobre el Comercio de
Armas, pero todo ello se topa en la práctica con muros y
agujeros negros originados por la Ley de Secretos Oficiales del año 1968 (modificada
parcialmente en 1978) y por dos acuerdos posteriores aprobados en sendos
Consejo de ministros.
Uno de esos dos
acuerdos, el de 1987, suscrito
bajo mandato de Felipe González, convierte en secretas todas las actas de la
junta interministerial encargada de aprobar las exportaciones de armas, y el
otro, de 2010, autoriza la clasificación de catorce áreas completas de la
política exterior española.
Varias
organizaciones no gubernamentales, como Amnistía Internacional, Intermón Oxfam,
Greenpeace y FundiPau, se unieron hace un tiempo a través del programa “Armas bajo control” precisamente
para exigir el acceso a la información sobre las exportaciones de armas.
El mercado de las reexportaciones
No es
excepcional que se envíen componentes españoles a empresas de defensa
israelíes, que los ensamblan para después exportar el producto final. Según los
informes oficiales que elabora la Secretaría de Estado de Comercio, también en
2021 se exportaron componentes a Israel con la finalidad de ser reexportados a
la India, Filipinas, EEUU e, incluso, para que después regresaran a España.
El reenvío a
Filipinas –un país en el que la ONU ha documentado “violaciones de derechos
humanos generalizadas e impunidad persistente”– tampoco está exento de
polémica: sólo en 2022 se denegaron seis exportaciones a Israel ante el riesgo
de que el material acabara en Filipinas.
Preguntados por
este aspecto, desde el Gobierno señalan que en el pasado se rechazaron esas
exportaciones porque otros países de la Unión Europea habían denegado
operaciones similares ante el riesgo de que los productos acabaran en la guerra
de Ucrania. “La sensibilidad de las dos operaciones no era la misma en el momento
de la evaluación de riesgo de cada una”, añaden.
Amnistía
Internacional también viene denunciando desde hace un lustro que el sistema de
reexportaciones de armamento desde Israel es “opaco” y permite exportaciones de
armas a países donde se han usado para cometer “violaciones graves de derechos
humanos”.
Esta entidad
recuerda que el propio Gobierno español recomendó a Filipinas en 2017
“establecer los mecanismos necesarios para erradicar las ejecuciones
extrajudiciales, sumarias y arbitrarias”, e intensificar “los esfuerzos” para
“erradicar el uso de la tortura y los tratos inhumanos y degradantes”.
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