EL OLVIDO DE LAS
FAMILIAS POR PARTE DEL ESTADO ESPAÑOL
Artículo publicado en el diario Público
29 de junio de 2020
Según la retórica
dominante en los mayores establishments políticos, mediáticos y culturales del
país, la familia es la unidad central de la sociedad española, pilar de todos
los demás. Esta percepción, ampliamente promocionada por tales establishments,
entra en conflicto, sin embargo, con el escasísimo apoyo que el Estado español
ofrece a las familias en este país. En realidad, este apoyo, ya sea en términos
de transferencias públicas o en número de servicios públicos orientados hacia
las familias, es de los más bajos de la UE-15 (el grupo de países de semejante
nivel de desarrollo económico al español). Los datos hablan por sí solos. El
gasto público en escuelas de infancia (en España, conocidas como “guarderías”)
es de los más austeros de la UE-15. Un tanto igual ocurre en cuanto al apoyo de
gasto público para los servicios de atención a la dependencia, que incluyen
desde los servicios domiciliarios de atención a las personas con discapacidades
y gente de la tercera edad, hasta las residencias para atender los casos más
graves de dependencia. La elevadísima mortalidad por coronavirus entre los
ancianos en tales residencias, una de las más altas de la UE-15, es una de las
consecuencias de estos enormes déficits (ver mi artículo “Elementos esenciales
pero olvidados de la reconstrucción social y económica”, Público, 22.06.20,
para conocer el enorme déficit de gasto público en cada uno de los capítulos
citados aquí).
¿Por qué los servicios de ayuda a las familias están tan
poco financiados?
En realidad, estos
servicios a las familias son los menos desarrollados del muy subfinanciado
Estado del Bienestar español. Y la causa de este enorme déficit es el
escasísimo poder que la mujer tiene en este país, siendo ésta la que suple la
gran escasez de tales servicios. Familia, en España, equivale a decir mujer.
Esta atiende a las criaturas, 94 adolescentes y jóvenes que viven en casa hasta
los 29 años como promedio, a sus parejas y a las personas mayores, a la vez que
un 61% trabajan, además, en el mercado de trabajo. La mujer española está
sobrecargada, y no es extraño, pues, que tenga tres veces más enfermedades
derivadas del estrés que el hombre.
Esta centralidad y sobrecarga
de la mujer en las tareas familiares caracteriza a las familias españolas, y es
promovida por las fuerzas conservadoras, que reproducen una cultura arraigada
históricamente en una ideología religiosa que asigna a la mujer el papel de
cuidadora de la familia. Pero por mucho que se intente justificar esta división
de responsabilidades familiares, bien en base a principios religiosos o en base
a una supuesta inclinación natural biológica, el hecho es que la evidencia
internacional claramente muestra que tal sobrecarga familiar, facilitada por la
falta de ayuda por parte del Estado, puede revertirse, beneficiándose con ello
no solo a la mujer, sino a toda la familia. En realidad, se ha visto que en la
medida en que la mujer adquiere más poder, la familia cambia, a fin de
aliviarse de la enorme sobrecarga que la familia tradicional le supone. Y, como
indicábamos, a medida que la mujer adquiere más poder la familia cambia, para
el bien no solo de la mujer, sino también de los otros miembros de las familias,
sean criaturas, jóvenes, parejas o ancianos. Un ejemplo de ello es lo que ha
ocurrido en los países escandinavos, en general, y en Suecia, en particular,
país que conozco bien, por haber vivido en él.
¿Quién cuidaba a la madre de mi esposa en Suecia?
El lector me permitirá
aquí una nota personal. Viví en los años sesenta -cuando tuve que exiliarme de
España por razones políticas- en Suecia. Y allí mi vida se enriqueció
enormemente cuando conocí a la que se convirtió en mi esposa desde entonces. Mi
esposa es sueca y mi suegra también. Ambas forman parte de una familia
encantadora. Pues bien, hace treinta años mi suegra, de 82 años, se cayó y se
rompió el fémur, situación muy común entre los ancianos y que le pasó también,
por cierto, a mi madre, cuando tenía 92 años, años más tarde en Barcelona, lo
cual me dio la oportunidad de comparar cómo España cuidaba a sus ancianos con
la experiencia vivida en Suecia.
En Estocolmo, mi suegra
recibía cinco visitas al día de los servicios domiciliarios, gestionados por el
ayuntamiento y financiados por el ayuntamiento, por el gobierno regional y por
el Estado central, además de su pensión. Estas cinco visitas diarias consistían
en: una por la mañana, para levantarla y darle el desayuno; otra, al mediodía,
para prepararle la comida; otra, a media tarde, para llevarle libros y/o a
pasearla con una silla de ruedas; más tarde otra, para prepararle la cena; y
otra, a las dos de la madrugada, para llevarla al baño. Repito, ¡cinco visitas
al día! Y durante el tiempo que fuera necesario. Y cuando yo cené con el
ministro de Salud y Asuntos Sociales (era conocido en Suecia y tenía amistades
en el gobierno socialdemócrata, al cual asesoré hace años cuando se establecieron
tales servicios, conocidos como el 4º pilar del Estado del Bienestar, que
empoderaba a la ciudadanía con un derecho universal e individual: el derecho de
acceso a los servicios de ayuda a las familias -que incluyen predominantemente
la escuelas de infancia y los servicios de atención a la dependencia- ) me
dijo: “Vicenç, hacemos esto porque es uno de los programas más populares, de
manera que cuando las derechas gobiernan -lo cual hacen de vez en cuando- no se
atreven a cambiarlo. La otra razón es que es más económico tener a tu suegra en
su casa que en el hospital. Y tercera, creamos empleo”. Una de cada cuatro
personas adultas en Suecia trabaja en el sector público, mayoritariamente en
los servicios del Estado del Bienestar (es decir, en sanidad, en servicios
sociales, en educación, en vivienda, y un largo etcétera). En España es una de
cada ocho. Si tuviéramos el mismo porcentaje de empleo público que Suecia,
tendríamos 3,2 millones más de personas pagando impuestos, y enriqueciendo el
país, además de mejorar la calidad de vida de la ciudadanía y sus familias. Es
más, estos servicios facilitan la integración de la mujer en el mercado de
trabajo, compaginando su proyecto profesional con sus responsabilidades
familiares. De ahí que el porcentaje de mujeres que trabajan en el mercado
laboral sea de un 80%, mucho mayor que en España (solo un 61%). Y para entender
el enorme impacto de tales servicios tienen en la creación de empleo hay que
saber que se ha calculado que por cada persona empleada en estos servicios se
facilita que dos mujeres más puedan integrarse en el mercado de trabajo. En
realidad, no hay inversión pública más eficaz para crear empleo que la
inversión en el 4º pilar del Estado del Bienestar.
Ni que decir tiene que
este cambio exige una revolución cultural, que incluye el cambio en la
distribución de las responsabilidades familiares, con una activa participación
del 96 hombre en tales tareas de cuidado de las familias. La mujer sueca
entonces trabajaba de 28 a 30 horas en tareas del hogar. Los hombres, 20-22. En
España, la proporción era 42 y 8. Ni que decir tiene que la situación ha
mejorado notablemente en nuestro país, aunque permanecen las diferencias
notables entre mujeres y hombres en las tareas familiares. Así, por ejemplo, según
datos del European Institute for Gender Equality para 2016, la mujer sueca
dedica 11,9 horas a la semana a las tareas del hogar y el hombre 9,3, una
diferencia de 2,6 horas. En cambio, en España las mujeres dedican 20,1 horas a
la semana a las tareas del hogar, por 11,1 de los hombres (una diferencia de 9
horas).
Tales cambios afectaban
a todos los miembros de la familia, mejorando su vida. El hombre adquiría el
derecho a cuidar a la familia y tener más tiempo para dedicarse al cuidado de
las criaturas, niños y adolescentes, además de las personas mayores. Y ya en
temprana edad, en las escuelas de infancia (de 0 a 3 años), se les enseñaba a
las criaturas que no había tareas de mujer y tareas de hombre. Las niñas
jugaban con camiones, los niños con muñecas, y viceversa. Naturalmente que el
hombre debía tener tiempo para dedicarse a ello, tal y como la legislación
señalaba y obligaba. Un resultado es que el nivel de satisfacción familiar en
Suecia era y es mayor que en España. La prueba es que la tasa de fecundidad es
mucho mayor en Suecia (1,76) que en España (1,26), que tiene la segunda tasa de
fecundidad más baja del mundo. En ambos países, sin embargo, el número de hijos
que desearían las familias es de 2, objetivo al que Suecia se acerca más que
España.
¿Quién cuidaba de mi
madre en España? Cuando mi madre se cayó, años más tarde, y se rompió el fémur,
en Barcelona no había servicios comparables a los suecos. El ayuntamiento,
democrático y progresista, ofrecía unos servicios a la gente sin recursos y de
una intensidad y duración mucho menor. Una visita cada dos días. Hacer esta
observación no implica una crítica al ayuntamiento de Barcelona, uno de los más
progresistas de España, pues un ayuntamiento no puede costear tales servicios.
Había unos servicios comerciales que eran muy caros, que solo se podían
permitir las familias pudientes (entre las que no se encontraba mi familia),
con 97 empleados (mujeres inmigrantes de América Latina muy mal pagadas) que
venían y hacían su trabajo sin proveer ninguno de los servicios que proveían
los servicios suecos.
La pregunta, pues,
persiste: ¿quién cuidaba a mi madre? El lector es probable que haya adivinado
la respuesta: mi hermana, de mi edad. Como dije antes, la mujer, en España, era
y continúa siendo la que provee estos servicios del Estado del Bienestar. Y de
ahí su enorme sobrecarga. Es lógico que muchas feministas no quieran ni oír
hablar de “responsabilidad familiar”. Y las mujeres jóvenes de ahora no hacen
lo que hicieron sus abuelas. Y me parece lógico, pero ello ha creado el enorme
problema humano que se ha hecho evidente con toda claridad durante la pandemia.
Hay una enorme falta de cuidado y atención a los infantes y a las personas
mayores en nuestro país. En España, hay una enorme discriminación en contra de
la población mayor, facilitada por las políticas públicas de las fuerzas
conservadoras, todavía muy influyentes sobre los aparatos del Estado (a todos
los niveles de tal Estado). En realidad, por muy crudo que parezca, las
residencias de ancianos parecen ser el lugar donde se aparcan a los ancianos de
avanzada edad, hasta que mueren. La falta de servicios públicos de ayuda a las
familias golpea, pues, con especial dureza a las mujeres y las personas
mayores. Y, en consecuencia, el mayor drama ocurrido en la pandemia ha sido el
de las residencias de ancianos. Y ello se debe precisamente a la falta de
desarrollo del 4º pilar del Estado del Bienestar, con el consiguiente
desarrollo de los servicios privados.
Las características del
Estado del Bienestar español: su escasa financiación y su dualidad por clase
social En España, el edadismo va acompañado con el clasismo (discriminación por
clase social). El gasto público social tan bajo genera la dualización de los
servicios del Estado del Bienestar, incluyendo los servicios sanitarios, los
educativos, las escuelas de infancia, los servicios domiciliarios, los lugares
de residencia para ancianos y otros. Por un lado, hay los servicios privados,
utilizados por las clases más adineradas y pudientes que pueden pagarlos, y por
el otro los servicios públicos, utilizados por las clases populares. Esta
dicotomía público/privado (más común en América Latina que en Europa) es un
indicador del enorme poder que tienen las clases dominantes en este país, así
como el 98 escaso poder que las izquierdas transformadoras han tenido
históricamente en España, situando a España en el polo opuesto a los países del
norte, donde tales izquierdas han gobernado durante la mayor parte del periodo
desde la II Guerra Mundial (años cuarenta en adelante), al revés de lo ocurrido
en España.
Y tal privatización no
es buena ni para las clases pudientes ni para las clases populares, pues la
experiencia internacional muestra que los servicios privados, movidos por el
afán de lucro, y guiados según criterios comerciales, son más caros, más
ineficientes y de menor calidad que los públicos. En España, lo que salvó al
país durante la pandemia no fue la asistencia sanitaria privada, sino la
pública. El ámbito privado, incluyendo las residencias de ancianos, tiene menos
personal, y este, en su mayoría, está menos cualificado que en el ámbito
público. Y esta ha sido, por cierto, una de las causas de la elevada mortalidad
en las residencias de ancianos en España, y también en Suecia.
Las consecuencias de la
privatización de los servicios de ayuda a las familias: el caso sueco El modelo
sueco del 4º pilar del Estado del Bienestar se caracterizaba por ser un derecho
individual y universal, público, gratuito, sin copago, financiado con impuestos
locales, regionales y estatales. Este modelo fue establecido por gobiernos de
coalición de izquierdas que gobernaron durante la mayoría del periodo post II
Guerra Mundial hasta ahora. Y tal modelo, debido a su elevada popularidad, se
había consensuado con las otras fuerzas políticas. Este modelo cambió, sin
embargo, hace unos años, cuando los partidos conservadores y liberales,
gobernando en coalición, iniciaron una serie de intervenciones que alteraron
profundamente el modelo sueco. Lisa Pelling, en un reciente artículo en Social
Europe, describía la naturaleza de estos cambios: privatizaciones y reducción
del gasto y del personal en estos servicios, de manera tal que el 40% de los
empleados en las residencias de ancianos son ahora empleados temporales con
contratos de muy baja duración, que no tienen acceso a los servicios y
equipamientos de protección y prevención de la infección (y que han contaminado
extensamente a los ancianos residentes). Tales recortes de personal han
incrementado el número de personas atendidas por empleado, reduciendo el
reduciendo el tiempo de visitas. Ello explica, en gran parte, el elevado 99
número de muertes debidas al coronavirus entre los ancianos en las residencias.
El 90% de las muertes por coronavirus eran personas de más de 70 años. Un tanto
igual ha ocurrido en Madrid, junto con Barcelona, en España, donde la gran
mayoría de residencias de ancianos son privadas, habiéndose creado una
situación semejante.
Y las consecuencias de
la privatización han quedado también ampliamente documentadas en EEUU, donde
también tengo familia (mi hijo es médico en Nueva York, el epicentro de la
pandemia en aquel país). Como bien dijo el gobernador del Estado de Nueva York,
la financiación y gestión privada de los servicios sanitarios, motivados por
una dinámica comercial, ha sido, además de sumamente caro, profundamente
injusto y ha dificultado enormemente la respuesta solidaria, programada y
eficaz que la pandemia requería. El presidente Trump, máximo exponente de esta
mentalidad comercial y privatizadora, ha contribuido a esta situación de
“desastre”, como la definió el gobernador Andrew Cuomo.
La necesaria transición
del modelo familiar actual al 4º pilar del Estado del Bienestar Urge la
implementación del 4º pilar del Estado del Bienestar. Ahora bien, el cambio,
urgente, no puede darse en 48 horas. Continuarán necesitándose, por ejemplo,
las residencias de ancianos, pero con funciones distintas, potenciando los
servicios domiciliarios, que ayudan a la familia y a la mujer a salir de su
explotación. No es aconsejable, por lo tanto, continuar con las prácticas
actuales de ofrecer ventajas fiscales a la provisión de servicios privados,
pues se trata de enfatizar los servicios públicos, tanto en las escuelas de
infancia como en los servicios de atención a la dependencia. Por lo demás,
siempre habrá necesidad de tener residencias para las personas dependientes con
necesidad de cuidados de larga duración, pero deben limitarse a que sean de
máxima dependencia, pues gran parte de la dependencia puede ser atendida
mediante los servicios domiciliarios. Y las residencias deben ser más pequeñas,
con menos personas dependientes en el edificio, y con más espacios más amplios
que una habitación, con características de hogar. Pero repito, el futuro
debería ser la atención domiciliaria, facilitando la permanencia de los
ancianos en su hogar, bajo la supervisión de servicios domiciliarios públicos
que cubran gran parte de sus necesidades. Y ahí es importante que 100 estos
servicios sean realizados por los profesionales de la atención domiciliaria,
tal y como ocurría en el modelo sueco.
Acentúo este punto,
porque en países de tradición cristianodemócrata como Alemania y España, se
facilita que sea la mujer que atienda a los dependientes la que acabe
recibiendo transferencias o ventajas fiscales para que ella sea la cuidadora,
lo cual perpetúa la situación de la mujer como la responsable de la atención de
cuidados, intensificando su sobrecarga. Hay que tener como objetivo facilitar
la liberación de la mujer, integrándola en el mercado de trabajo, elemento
clave para alcanzar la igualdad. No es por casualidad que, como bien me dijo en
una ocasión Alva Myrdal (la mujer que tuvo mayor influencia en crear el 4º
pilar del Estado del Bienestar sueco), la liberación de la mujer pasa por su
integración en el mercado de trabajo, y fue la mujer trabajadora la que fue
motor de cambio, empoderando a la mujer y a la clase trabajadora, lo que
explica que Suecia sea el país con menos desigualdades por clase social y de
género. Añadía Alva Myrdal que el socialismo es el proyecto de liberación
frente a cualquier forma de explotación, cuyo objetivo es relacionar todas las
luchas contra distintas formas de explotación para avanzar hacia la liberación
(ver mi artículo “¿Cuál debería ser el objetivo de un proyecto emancipador?
La relación entre las diferentes formas de explotación”, enero de 2020). La
liberación de la mujer no puede verse como una lucha separada de la lucha para
eliminar otras formas de explotación, desarrollando movimientos de liberación
conjunta que facilitan todas las luchas de emancipación (la unidad de acción
hace la fuerza). En realidad, la liberación de la mujer debería ir acompañada
de la liberación del trabajador, la mayoría de los cuales son hombres, para
facilitar el desarrollo del derecho del hombre a cuidar de la familia, para lo
que se requiere una reducción del tiempo de trabajo de 40 a 35 horas semanales
en 5 días.
En este sentido, sería
un error ir en la dirección alemana de orientación cristianodemócrata. Y
también sería un tremendo error, como he indicado anteriormente, seguir la
línea estadounidense. EEUU simboliza el capitalismo neoliberal sin guantes, y
los servicios sanitarios y sociales están privatizados (con un elevado peso de
las compañías con afán de lucro); ello ha provocado que tales servicios, además
de las escuelas de infancia, hayan mostrado tal conflicto intrínseco entre
acumulación de beneficios empresariales y servicios a la ciudadanía. El
darwinismo liberal, cuya máxima 101 expresión es el presidente Trump, es un
auténtico desastre. Y así lo ha mostrado la pandemia.
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