Movilización en varias localidades andaluzas para exigir más inversiones
en servicios públicos
Las manifestaciones en Andalucía de este sábado, 7 de noviembre, recorren las calles de Almería, Córdoba, Granada, Jaén, Jerez de la Frontera y Sanlúcar de Barrameda.
Columna
Andalucía de las Marchas de la Dignidad, en la marcha a Madrid de mayo de 2017
| Foto cedida por las Marchas de la Dignidad
El Salto
6 NOV 2020 06:00
Este sábado, y cumpliendo los protocolos
anti-covid, se celebrarán concentraciones y manifestaciones en estas
localidades andaluzas con la consigna “Nuestras vidas importan más que sus
beneficios”. En el manifiesto emitido por Las Marchas de la Dignidad señalan a
la pandemia del coronavirus como una “maestra” que “nos está enseñando a
apreciar y defender el valor de los servicios públicos, de la Sanidad, de la
Educación, de los Servicios Sociales y las Pensiones Públicas, de los
sectores agroalimentario, del comercio y del transporte”. Reconocen la entrega
de trabajadoras y trabajadores públicos del sector sanitario y del resto de
personas trabajadoras de otros sectores y servicios esenciales, “que han
demostrado quiénes son imprescindibles para el funcionamiento de nuestras
sociedades”. La convocatoria del sábado se replicará en diferentes puntos de
España, “en defensa de la Sanidad y la Educación públicas, para que nunca
más haya recortes, para recuperar todo lo que se ha recortado y devolver a lo
público todas las privatizaciones con el fin de garantizar que los servicios
básicos lleguen a toda la población”.
Las Marchas de la Dignidad exigen la implantación de la Renta Básica
de Emergencia para las personas que están afectadas gravemente por la crisis
económica actual
Las Marchas de la Dignidad, es la plataforma unitaria más amplia en
Andalucía e integra multitud de organizaciones sindicales, proyectos sociales,
partidos políticos, etc, “en cada provincia con una correlación de fuerzas
distintas”, explica a El Salto Andalucía Rafael Polo; “hemos sido capaces de
estar presentes durante siete años de existencia en todas las provincias
andaluzas y establecer lazos de colaboración con otras organizaciones y
plataformas”, señala. Exigen la implantación de la Renta Básica y, de manera
inmediata, la implantación de la Renta Básica de Emergencia para las personas
que están afectadas gravemente por la crisis económica actual, que ha
incrementado el paro hasta porcentajes alarmantes —el último informe de
Analistas Económicos de Andalucía cifra una tasa de desempleo en 2020 cercana
al 30% en Andalucía— cuando encontramos localidades andaluzas que ya la
superan, como La Línea de la Concepción en Cádiz, con un 38,99% de desempleo.
Proponen la construcción de un modelo económico y social basado en el
reconocimiento de los derechos laborales y sociales y la garantía de ingresos
suficientes para todas las personas, que además preste especial atención a la
emergencia climática y aproveche, respetando la naturaleza, las posibilidades de
desarrollo andaluzas en el sector agroalimentario y en I+D+i. También hacen
mención a la necesidad de garantizar una vivienda digna a la población
migrante, la ayuda institucional a los municipios de acogida de temporeros y la
regularización de esta población como primera medida que puede permitir
garantizar su acceso a derechos sociales y laborales.
Manuel Sáez: “El Gobierno está implantando medidas, pero son claramente
insuficientes para abordar a la cuestión social que tiene que ir unida a las
medidas sanitarias”
Denuncian que los servicios públicos, y en especial el sistema
sanitario andaluz, “están en una situación de debilidad estructural como
consecuencia de años de políticas neoliberales de recortes y privatizaciones”
y que las carencias en materia de personal sanitario y de infraestructuras
siguen siendo prácticamente las mismas a las de la primera ola de la pandemia.
“Seguimos sin camas y sin sanitarios suficientes al mismo tiempo, muchas niñas
y niños están en nuestras escuelas sin que se cumplan las medidas básicas de
distanciamiento físico, lo mismo que ocurre en la gran mayoría de los centros
de trabajo y en los transportes públicos”, declara Manuel Sáez, de la
coordinadora de Las Marchas en Granada, que añade que “no hay un plan de cobertura,
el Gobierno está implantando medidas, pero son claramente insuficientes para
abordar a la cuestión social que tiene que ir unida a las medidas sanitarias”.
Sus peticiones parecen totalmente justificadas ante las cifras
sanitarias y las posibles medidas que se vayan a tomar a partir del próximo
domingo, fecha en la que entra en vigor el decreto que prorroga el Estado de
Alarma hasta el 9 de mayo.
PREVISIONES SANITARIAS DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA
La Junta presentó esta semana un plan de contingencia sanitaria para atender
una cifra hipotética estimada en 4.500 ingresos por COVID-19 en toda Andalucía.
En él aseguran un aumento de 2.896 camas convencionales y de 825 camas UCI en
nuestra comunidad, con lo cual llegaríamos a 15.275 camas convencionales y
2.070 UCI. Actualmente, y en plena curva ascendente, la cifra es de 14.196 ingresos en Andalucía, con lo cual el
margen de camas en nuestra comunidad es muy estrecho, tan sólo permitiría 3.149
nuevas hospitalizaciones.
El próximo domingo, y con el decreto estatal que delega en los gobiernos
autonómicos la capacidad para restringir movilidad y aforos hasta el 9 de mayo,
el presidente andaluz, Juan Manuel Moreno, se reunirá con el comité de expertos
para determinar posibles nuevas medidas; mientras que el consejero de Salud y
Familias, Jesús Aguirre, ha pedido al Gobierno que delegue también en las
Comunidades Autónomas la capacidad para habilitar confinamientos regionales y
locales. De momento, la Junta de Andalucía ha admitido el colapso sanitario que
se ha producido en Granada, con la petición de un confinamiento total de la
población por parte de José Miguel Pérez Villares, jefe de la UCI del Hospital
Virgen de las Nieves, ante el posible aumento de los 250 ingresos por semana
que está sufriendo la provincia.
¿QUÉ PODRÍA HACERSE CON LOS 130 MILLONES DE EUROS QUE LA JUNTA DE
ANDALUCÍA ESTÁ GASTANDO EN LA PRIVADA?
Esta es la pregunta que nos plantea la Coordinadora andaluza de Mareas
Blancas, que apoya la convocatoria del sábado y que, ante la absoluta y urgente
necesidad de reforzar la Sanidad Pública, han realizado un cálculo de las
distintas posibilidades para invertir ese dinero en la Pública y empezar a
paliar desde ya, el actual colapso de la Atención Primaria y el eterno problema
de las listas de espera. “Con 130 millones de euros se podría contratar durante
un año 1.200 médicos, 1.200 personal de enfermería y 700 trabajadores
auxiliares (rastreadores, administrativos...)”, asegura Juan Luis Camacho,
portavoz de la Coordinadora en Granada.
Juan Luis Camacho: “Nos encontramos con una intencionalidad
institucional de desmantelar la Sanidad Pública”
También han calculado otra posibilidad: abrir un turno de tarde en los
diecinueve hospitales de referencia o especialidades andaluces, con el refuerzo
de una media de veinte especialidades con al menos tres especialistas nuevos
por especialidad y centro, además del personal de enfermería y otros puestos
necesarios; la suma de las dos posibilidades supondría un desembolso de 260
millones de euros. “Nos preguntamos, por qué no se han empleado los fondos
específicos del Gobierno central, que rondaron los 1.000 millones de euros en
este tipo de medidas y exigimos que lo hagan con la partida de 11.056 millones de
euros asignada esta semana por el Gobierno andaluz para 2020”, indica Camacho.
Asegura que apenas se han formalizado nuevas contrataciones sanitarias desde
antes de verano y hay graves carencias, como la falta de rastreadores, “que
podrían haber marcado la diferencia y quizás no haría falta la toma de medidas
de confinamiento tan estrictas. Pero nos encontramos con una intencionalidad
institucional de desmantelar la Sanidad Pública”.
COVID-19: UNA RESPUESTA COMUNITARIA PARA UNA PANDEMIA SOCIAL
Este es el título de un manifiesto que el Observatorio de Salud Comunitaria COVID 19, un grupo multiprofesional plural y diverso de la Alianza de Salud Comunitaria —una plataforma de organizaciones e instituciones entre las que se encuentra la Escuela Andaluza de Salud Pública— ha hecho público y en el que proponen un abordaje social de la pandemia dirigido a las distintas comunidades, sin disociar la salud de lo social y con especial enfoque a los grupos más vulnerables. En él afirman que las personas refugiadas y personas migrantes, las socialmente aisladas, las personas sin hogar, las mayores en residencias, las personas con enfermedad mental y las mujeres y niñas y niños en riesgo de violencia de género se verán más negativamente afectadas por el COVID-19.
Reivindican la identificación y reconocimiento de las redes comunitarias
que deben participar en el diseño e implementación de acciones en cada
territorio y la asignación de recursos y herramientas que faciliten los
procesos que lo permitan, “Una situación de emergencia social precisa
implementar una salida grupal y comunitaria que busque la elaboración colectiva
de los traumas asociados y de los procesos personales de adaptación”. Advierten
sobre la “infodemia” o el exceso de información en la que se incluyen bulos o
rumores que ocasiona confusión y dificultad para encontrar orientación y
fuentes de información fiables; y la actual estrategia de comunicación de la
epidemia, que busca con frecuencia fomentar el miedo e identificar culpables,
señalando a los colectivos en quienes la sociedad puede descargar la
responsabilidad de la situación actual. Recomiendan el cambio en la orientación
de la información y recomendaciones a la ciudadanía por los organismos públicos
y medios de comunicación huyendo de la estigmatización fomentando la culpa
hacia “el otro”.
Aconsejan la inversión económica en la Atención Primaria, eje de la
detección precoz de casos y que puede fomentar el empoderamiento personal,
comunitario y organizativo, elementos fundamentales de la responsabilidad
comunitaria; la dotación de los recursos económicos, humanos y tecnológicos
suficientes para que puedan existir espacios de trabajo y cooperación efectivos
entre los servicios de salud pública, los ayuntamientos y atención primaria; y
“un aumento de la inversión en servicios de salud pública que los hagan
potentes y efectivos, fomentando contrataciones y condiciones laborales
atractivas para crear servicios que puedan dar respuesta a las necesidades de
cada territorio con un mayor enfoque en epidemiología social y estrategias de
promoción de la salud”.
Convocatorias en Andalucía para el sábado, 7 de
noviembre
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