LA SITUACIÓN DE LA CLASE OBRERA CHINA
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07.10.2016
ANEXO I
Crisis en las industrias del carbón y el acero
El gobierno chino anunció que planea despedir a 1,8 millones de trabajadores de los sectores del carbón y el acero, dentro de la estrategia de reestructuración industrial impulsada por Pekín.
Esta ola de despidos fue anunciada el último día de febrero por el ministro de Recursos Humanos y Seguridad Social chino, Yin Weimin, en una rueda de prensa en la que, por primera vez, el Gobierno del gigante asiático puso cifras al costo social que tendrán sus planes.
La cifra representa alrededor del 15 % de la fuerza de trabajo en los sectores del carbón y del acero de China que emplean a cerca de 12 millones de trabajadores, según datos publicados por la Oficina Nacional de Estadísticas.
Junto a la reestructuración industrial, el ministro chino también dijo que el Ejecutivo está ultimando un plan para retrasar de forma gradual la edad de jubilación, que ahora es de 60 años para los hombres y de 55 o 50 años para las mujeres, en función del trabajo que desempeñan.
Se trata de una de las reformas estructurales que Pekín persigue desde hace años, pero que se ha ido posponiendo por las reticencias de las administraciones locales, temerosas por las posibles consecuencias. Las autoridades locales temen que el cierre de minas, fábricas y el despido masivo de tantos trabajadores derive en protestas que pongan en peligro la estabilidad social. Muchas de estas industrias se concentran en las regiones del norte y el noreste del país y generalmente pueblos y regiones enteras dependen de estas fábricas para vivir.
El gobierno también anunció que las empresas tendrán la responsabilidad principal de ofrecer nuevas ocupaciones a los trabajadores que ya no sean necesarios. El ministro Yin añadió que, para quienes tengan que salir de las compañías, los gobiernos locales prepararán programas de formación y se incentivará el retiro voluntario de los empleados que ya hayan alcanzado la edad mínima de jubilación.
El Gobierno chino anunció la última semana de febrero que establecerá un fondo de 100.000 millones de yuanes (15.300 millones de dólares, 13.800 millones de euros) para asistir a quienes pierdan su trabajo en el proceso de reestructuración industrial.
Este fondo buscara “aliviar” el impacto social de millones de despidos mediante seguros de desempleo y la prestación de beneficios sociales para los trabajadores ya que es muy probable que el plan de reubicación laboral solo absorba a un pequeño número de los despedidos.
El anuncio del gobierno chino se da en un momento de aumento en la conflictividad social. En 2015 se produjeron en China 2.774 huelgas y protestas laborales, el doble que en 2014, según la ONG China Labor Bulletin, que vincula esta ascendente agitación con las dificultades que ha generado para muchas empresas la ralentización económica.
La mayor productora de carbón del noreste de China, Heilongjiang Longmay, anunció que recortará su plantilla en 100.000 empleados en los próximos tres meses, lo que supondría uno de los mayores despidos colectivos del país en los últimos años, según informó el diario oficial China Daily.
La empresa estatal, con una plantilla de 240.000 personas, ha sufrido cuantiosas pérdidas económicas en los últimos tiempos, en un contexto de bajada de precios de las materias primas y con China intentando reducir su dependencia energética del carbón en favor de fuentes más limpias.
La firma señaló que creará un centro de atención a estos despedidos, para ayudarles a buscar otros empleos o iniciar sus propios negocios. La compañía, que produce la mitad de carbón de la provincia nororiental china de Heilongjiang (fronteriza con Rusia), también anunció la venta de negocios no carboníferos hasta ahora ligados a ella.
Desde la caída de precios del carbón iniciada en 2012, la minera ha sufrido problemas económicos, que en 2014, tras iniciales despidos de miles de empleados y programas de reestructuración, aún arrojaron pérdidas de 5.000 millones de yuanes (815 millones de dólares). Longmay produce diez veces menos que la mayor firma de carbón de China, Shenhua Group, pero su plantilla es mayor que la de ésta última, actualmente compuesta por 214.000 empleados. Los problemas de Longmay son sintomáticos en la gigantesca maquinaria que componen las empresas estatales chinas, que el gobierno quiere reformar con un ambicioso programa de reconversión anunciado este mes.
ANEXO II
Entrevista a Ellen David Friedman
Publicada por Viento Sur a propósito de las detenciones a activistas sindicales a principios de diciembre pasado.
Ellen David Friedman, es una veterana sindicalista de la Asociación Nacional de la Enseñanza en Vermont, EE. UU., miembra fundadora del Partido Progresista de ese Estado y del Comité Político de la revista Labor Notes, ha trabajado durante la última década con activistas sindicales en Hong Kong y en la China continental. Ha hablado con Ashley Smith sobre la represión, sus causas y qué pueden hacer los sindicalistas para ayudar a los activistas chinos a conquistar la libertad y la justicia.
[…]desde el comienzo de la presidencia de Xi Jinping en China hace tres años, el Estado se ha apartado definitivamente de toda actitud de tolerancia hacia cualquier clase de activismo y de organización en el seno de la sociedad civil. Durante la presidencia anterior de Hu Jintao, parecía haber bastante más espacio para el desarrollo de ONG y para un discurso crítico y la investigación. Bajo el mandato de Xi Jinping, este espacio ha quedado fuertemente reducido. Desde que Xi asumió el poder, el Estado ha acosado a las ONG laboralistas, ha criminalizado la resistencia de los trabajadores y ha detenido y llevado a juicio a activistas obreros. El gobierno ha lanzado asimismo una campaña “contra la influencia extranjera”. Por tanto, puesto que he participado en el movimiento obrero en China durante este periodo y dado que soy extranjera, lo único que podemos decir es que mi detención es coherente con su política.
¿Qué alcance tiene la represión? ¿Contra quién se dirige?
El dato más reciente es la espectacular detención de una veintena de activistas el pasado tres de diciembre. Todos ellos fueron detenidos en Guangzhou, una de las ciudades más grandes de China, que se halla en la costa, en el sudeste del país, justo enfrente de Hong Kong. Es la capital de la provincia de Guangdong, donde nacieron los mercados de capitales y de trabajo a comienzos de la década de 1980. Desde entonces, ha experimentado muchos cambios: decenas de millones de trabajadores inmigrantes se han instalado allí en busca de trabajo. La zona también ha sido testigo del auge de la resistencia obrera. En este ambiente de activismo obrero han estado operando alrededor de una docena de ONG laboralistas.
El gobierno ha centrado la represión en los activistas relacionados con cuatro de estas ONG laboralistas. Algunas de ellas son organizaciones bastante inocuas que prestan servicios como ayudar a trabajadores accidentados a reclamar la indemnización del seguro. Otras participan más activamente y ayudan a los trabajadores a desarrollar aptitudes de liderazgo y de negociación colectiva entre los que han encabezado huelgas y otras acciones. La mayoría de los detenidos fueron interrogados y después puestos en libertad el mismo día, pero siete de ellos siguen detenidos y se enfrentan a sendos juicios penales. La persona más destacada entre los detenidos es Zeng Feiyang, fundador y director de la ONG laboralista más antigua y conocida en China, el Centro Obrero Panyu.
El gobierno ha acusado a la mayoría de detenidos de alterar el orden público, que es la acusación habitual formulada contra los activistas del mundo laboral. A uno de ellos lo han acusado de malversación de fondos. El movimiento de solidaridad ha contratado abogados que los defiendan –de hecho, existe actualmente un equipo de abogados de 60 miembros que se han mostrado dispuestos a representarlos–, pero hasta ahora no han podido ponerse en contacto con los detenidos, de modo que todavía desconocemos de qué exactamente se les acusa.
¿Es esta acción represiva una respuesta a la proliferación de las huelgas en China?
Eso creo. Sin duda ha habido un aumento notable de las huelgas, que en gran parte se debe tal vez a la desaceleración económica en China, que ha provocado una oleada de cierres y traslados de fábricas con la consiguiente pérdida de puestos de trabajo. Los empresarios también han incumplido su obligación legal de pagar la indemnización por despido en el momento de cerrar las fábricas. Además, los trabajadores que han perdido su empleo se han percatado de que sus patronos no habían pagado la cuota patronal, es decir, la seguridad social y el seguro de pensiones. Muchos de estos trabajadores están en su treintena o cuarentena y ahora se ven ante la tesitura de tener que volver a sus provincias, ciudades y aldeas de origen, sin derecho a ninguna pensión. Todo ello ha propiciado numerosas manifestaciones y huelgas recientes.
Pero también forma parte de un proceso más prolongado de creciente combatividad obrera a lo largo de los últimos 15 años. Todas estas huelgas y manifestaciones han permanecido relativamente aisladas. Los trabajadores no han conseguido hacer confluir sus luchas, pero la gente, por supuesto, ha empezado a aprender de su experiencia. A resultas de ello, las huelgas han cambiado de naturaleza: están mejor organizadas y se han vuelto más estratégicas. Los trabajadores están aprendiendo más cosas sobre la negociación colectiva. Están aprendiendo a interactuar tanto con el capital como con el Estado. Esto supone sin duda una amenaza para el gobierno.
También ha afectado al sindicato oficial, la Confederación Sindical China. En realidad, no es un sindicato, sino más bien un instrumento utilizado por el gobierno para controlar a los trabajadores. No representa a estos últimos, sino principalmente a los patronos. Los obreros no confían en él, de manera que ahora entienden realmente, sobre todo los inmigrantes, que han de construir sus propias organizaciones. Así, actualmente se habla más que en el pasado de la necesidad de construir algo así como un sindicato independiente. Claro que esto supone cruzar una línea roja en China. El gobierno no lo tolerará, de modo que esto también puede ser una razón del recrudecimiento de la represión.
¿Han comenzado los trabajadores a crear nuevas organizaciones para ofrecer resistencia al deterioro económico y a la represión?
Sí, pero es un proceso muy incipiente. Los trabajadores lo tienen muy difícil para coordinarse, al igual que los activistas y los estudiantes. El Estado está al acecho para desbaratar cualquier intento en este sentido. He aquí un ejemplo: yo he estado colaborando con la Universidad Sun Yat-sen, en Guangzhou, durante los últimos diez años. Durante la presidencia relativamente liberal de Hu Jintao conseguimos poner en marcha un centro internacional de estudios sindicales en la Escuela de Gobierno. Realizamos investigaciones con la participación de académicos de derecho laboral, sindicalistas, economistas, historiadores y abogados laboralistas, tanto chinos como extranjeros. Esto permitió realizar una labor maravillosa de investigación, enseñanza y trabajos prácticos. Pues bien, las autoridades cerraron el centro el año pasado. No explicaron el motivo, simplemente lo cerraron de golpe y porrazo. Los académicos, estudiantes, activistas y trabajadores que se habían relacionado al amparo del programa intentan mantenerse en contacto y continuar con la labor, pero ya no podemos llevarla a cabo de una manera formal.
El centro de estudios sindicales había pasado a ser un motivo de preocupación para las autoridades.
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