El Centre Delàs d'Estudis per a la Pau presenta el
balance de exportaciones españolas de armamento 2005-2014”
El Gobierno califica el sector militar de
“estratégico” para la economía española
Rebelión
05.01.2016
Las cifras en
crudo revelan que las exportación de armamento español en 2014 asciende a 3.203
millones de euros, un 925% más que hace una década, según el informe
“Exportaciones españolas de armamento 2005-2014” publicado recientemente por el
Centre Delàs d'Estudis per a la Pau. A pesar de que la venta de armas al
exterior por parte del estado español sea un 18% menor que en 2013, la
tendencia a medio y largo plazo es netamente alcista. Uno de los estudios de
referencia, el del Instituto de Investigaciones para la Paz SIPRI radicado en
Estocolmo, sitúa a España como sexto exportador mundial en 2014, por detrás de
Estados Unidos, Rusia, Francia, Reino Unido y Alemania.
No es
casualidad que las exportaciones de armas por el estado español representen el
4% el total mundial, ni que en una década el incremento experimentado en este
capítulo sea de vértigo (más del 900%). El Centre Delás constata, en el informe
número 27 elaborado por Tica Font, Eduardo Melero y Camino Simarro, “una
política gubernamental de fomento de las exportaciones” dentro del Plan
Estratégico de Internacionalización de la Economía Española 2014-2015, elaborado
por el Ministerio de Economía y Competitividad, en el que se califica al sector
militar como “estratégico para la economía”. El informe del Centre Delàs llama
la atención sobre la creación de un “Grupo de Trabajo Interministerial para la
internacionalización del sector de la Defensa”, que se reúne con la presencia
de las dos asociaciones empresariales del sector, Tedae (Asociación Española de
Tecnologías de Defensa) y Aesmide (Asociación de Empresas Contratistas con las
Administraciones Públicas). Ello supone un “cauce institucional y privilegiado”
para que la industria bélica española pueda “llevar a cabo actividades de
lobby”.
Entre las
medidas prioritarias señaladas en el Plan Estratégico se señala el “impulso a
la internacionalización de la industria española de Defensa mediante los
acuerdos gobierno a gobierno”, en el que el ministerio dirigido por Pedro
Morenés desempeña un rol capital. De hecho, la Oficina de Apoyo Exterior del
Ministerio de Defensa es el instrumento al que compete centralizar el apoyo
institucional a la industria militar. Además de los mencionados contratos
intergubernamentales, el ejecutivo español considera otras fórmulas, como los
Memorandos de Entendimiento, la elaboración de un Catálogo de material
excedentario y la posibilidad de lograr contratos de transferencia de armamento
dentro de la OTAN, informa el Centre Delàs d'Estudis per a la Pau. El gobierno
también atribuye al Ministerio del Interior un papel relevante respecto a la
industria de seguridad, por ejemplo, se apunta la “contribución a la Oficina de
Apoyo Exterior del Ministerio de Defensa y la utilización de la red de
embajadas, con un total de 81 Consejeros y Agregados de Interior, acreditados
en 119 países”.
Según el
economista, investigador y activista por la paz, Jordi Calvo, “el estado
español mantiene una estrategia que busca un rol militar importante en el
mundo”. Además de las cifras exportadoras, hace dos décadas que España empezó a
participar en las operaciones exteriores de la comunidad internacional, a las que
ha contribuido ya en una veintena de países. Sin embargo, estas pretensiones no
siempre van acompañadas del principio de transparencia. Las ventas al exterior,
subraya el informe del Centre Delás, destacan por “un importante grado de
secretismo y opacidad”. De hecho, “las estadísticas oficiales siguen sin
aportar información sobre los contratos gobierno a gobierno de 2014”, a pesar
de la relevancia que está cobrando esta fórmula. Otro elemento clave para el
análisis son las “puertas giratorias”: los dos principales responsables del
departamento de Defensa, el ministro Pedro Morenés y el secretario de Estado de
Defensa, Pedro Argüelles, proceden de la industria militar.
Un 16% de las
exportaciones españolas de armas en 2014, por valor de 511 millones de euros,
tuvieron como destino países de Oriente Medio, principalmente Arabia Saudí (293
millones de euros), país al que España vendió un avión de reabastecimiento y
municiones; también destacan las ventas a Egipto (108 millones de euros),
principalmente cuatro aviones de transporte y componentes; Omán (65 millones de
euros), con un avión de transporte y componentes o Bahréin (40 millones de
euros), país al que España exportó munición antiaérea. Sobre estas operaciones
planean muchas sombras. Por un lado, la de su ilegalidad, de acuerdo con la
legislación española y europea sobre comercio de armas, ya que las ventas de
armamento se realizan a una región “inestable” y a países que, como Arabia
Saudí y Emiratos Árabes Unidos, apoyan a bandos en conflicto por ejemplo en la
guerra de Siria. Además, aparece de manera recurrente la idea de la guerra como
negocio.
La última gira
de Juan Carlos I de Borbón como jefe de estado, entre abril y junio de 2014, se
produjo a Emiratos Árabes Unidos, Kuwati, Omán, Bahréin y Arabia Saudí, países
que visitó acompañado de directivos de grandes empresas españolas y varios
ministros, entre ellos Pedro Morenés. Precisamente fue Morenés el primer titular
de Defensa español en visitar Israel (diciembre de 2014), país que lidera las
venta de armas cortas y municiones del estado español a Oriente Medio. Un
ejemplo significativo de los intereses creados son los 250 tanques Leopard que,
ya en 2011, España pretendía vender a Arabia Saudí. La operación, que contaba
con la labor mediadora -según informaciones periodísticas- de Juan Carlos de
Borbón y Corinna Zu Sayn-Wittgenstein, alcanzaba los 3.000 millones de euros de
volumen de negocio, y significaba el mayor contrato militar de la historia de
España.
Por otro lado,
el informe del Centre Delás destaca la presunta trama de corrupción relacionada
con el comercio de armamento en la empresa DEFEX SA, cuya titularidad
corresponde al estado en un 51% y a la que el centro de investigación define
como “una de las piezas de la política gubernamental para el fomento de la
exportación de armas”. La Audiencia Nacional ha imputado a varios directivos de
la entidad, e investiga los posibles delitos cohecho, blanqueo de capitales y
pertenencia a organización criminal, entre otros. El origen de la trama se
sitúan en un contrato de venta de material policial a Angola en 2008 por valor
de 152 millones de euros, pero el contingente enviado fue mucho menor.
Supuestamente autoridades angoleñas y directivos de DEFEX se repartieron una
parte del dinero de la operación a través de una red de sociedades radicadas en
paraísos fiscales. Desde 2003-2004 la trama podría haber actuado también en
países de África y Oriente Medio (las investigaciones se centran en una decena
de contratos en Arabia Saudí y Camerún), según informó en mayo de 2015 la
Cadena Ser. “Probablemente la trama de corrupción de DEFEX no sea un hecho
aislado dentro del comercio de armamento español; la política de fomento de
exportaciones del gobierno y la opacidad y el secretismo dificultan los
controles efectivos”, concluye el Centre Delás.
Por otro lado,
el informe del Centre Delàs d'Estudis per a la Pau recuerda que el 57% de las
exportaciones españolas de armas han tenido como destino países de la Unión
Europea (1.831 millones de euros), principalmente a Reino Unido (862,69
millones de euros), Francia (520,67 millones de euros), Alemania (272,45
millones de euros), Italia (96,13 millones de euros) y Grecia (47,44 millones
de euros). Estas ventas corresponden principalmente a partes y piezas de los
proyectos de fabricación de armas conjuntas como el avión A400M, el EF-2000 o
los diversos misiles. El informe también revela detalles como que Marruecos fue
en 2014 el tercer mayor comprador de municiones españolas (89,7 millones de
euros), por detrás de Arabia Saudí (30,1 millones de euros) y Bahréin (13,2
millones de euros). Además, el gobierno español autorizó en 2014 exportaciones
de material de defensa a países embargados tanto por Naciones Unidas como por
la Unión Europea, por ejemplo Iraq y Siria. En los dos casos, “resulta evidente
que el criterio geopolítico en la autorización a las exportaciones se antepone
al cumplimiento de la legalidad nacional e internacional”, concluye el Centre
Delàs.
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