Monarquía y crisis económica
20-06-2014
Los partidos
mayoritarios que constituyen el soporte del actual régimen político
español defienden a la monarquía afirmando que es un factor de
estabilidad política y social y que por ello su papel está fuera de
discusión, como lo está la propia Constitución o la democracia en
nuestro país. Pero a mi juicio los hechos demuestran claramente lo
contrario.
La Constitución, en lugar de convertirse en la pieza
que asegure el ejercicio de los derechos, la igualdad y el bienestar de
los españoles –y, por tanto, la estabilidad económica y social- se ha
convertido en un simple papel mojado. Los partidos mayoritarios la
vienen incumpliendo reiteradamente e incluso la han modificado sin
contar con la opinión del pueblo para dar satisfacción a potencias
extranjeras, dinamitando así uno de sus principios fundamentales: “La
soberanía nacional reside en el pueblo español, del que emanan los
poderes del Estado”.
Los partidos mayoritarios han convertido
instituciones esenciales para la convivencia democrática, como el
Tribunal Constitucional, el de Cuentas, el Consejo Superior del Poder
Judicial, el Tribunal Supremo o la Fiscalía, en meros instrumentos de
partido. El artículo 117 establece que la justicia emana del pueblo y se
administra por jueces y magistrados “sometidos únicamente al imperio de
la ley” pero los partidos mayoritarios se aseguran en todas esas
instituciones mayorías inamovibles a su servicio. Controlan a su antojo
los medios de comunicación públicos cuya pluralidad es esencial para que
exista democracia. Se reparten con opacidad cientos de millones de
ayudas del Estado, basan su predominio en una ley electoral injusta y
conforman un oligopolio político que resuelve con pleno acuerdo las
grandes cuestiones sin consultar a los ciudadanos, y en particular las
que han tenido que ver con la crisis económica en la que estamos.
No hay norma más incumplida en España que la Constitución. Su artículo 9
establece que “corresponde a los poderes públicos promover las
condiciones para que la libertad y la igualdad del individuo y de los
grupos en que se integra sean reales y efectivas” y “remover los
obstáculos que impidan o dificulten su plenitud”. Pero la realidad es
que las políticas que se vienen aplicando han convertido a España en el
país más desigual de la Unión Europea. El artículo 47 afirma que “todos
los españoles tienen derecho a disfrutar de una vivienda digna y
adecuada” pero cientos de miles han sido desahuciados para salvaguardar
los derechos y los privilegios de la banca. El artículo 14 dice que “Los
españoles son iguales ante la ley”, pero lo cierto es que, a diferencia
de la gente normal y corriente, los banqueros gozan de todo tipo de
ayudas, que los grandes patrimonios apenas tributan, que los
delincuentes políticos y financieros apenas si son perseguidos o que
cuando raramente son condenados resultan finalmente indultados. Y
prácticamente no hay ni un solo precepto del capítulo tercero de la
Constitución sobre los principios rectores de la política social y
económica que se haya cumplido en los últimos años, como prueban de
manera evidente todos los indicadores económicos y sociales.
La
realidad es que la Constitución no es salvaguarda de derechos para
todos los españoles porque no se cumple y que precisamente por eso
vivimos en una democracia muy imperfecta o limitada, y que incluso
últimamente patina en aspectos básicos que tienen que ver con el
ejercicio de derechos y libertades personales, como prueba la
criminalización de la protesta y la persecución a la que se encuentran
sometidas miles de personas por el simple hecho de haberse manifestado
pacíficamente contra los recortes de derechos que se vienen produciendo.
La crisis económica que estamos viviendo tiene mucho que ver
con todo eso. Tal y como expliqué junto a Vicenç Navarro y Alberto
Garzón en el libro Hay alternativas ,
la crisis española está en gran parte producida por la gran desigualdad
y por los privilegios que tienen los grandes grupos oligárquicos que ya
desde el franquismo dominan todos los resortes del poder en España. Un
poder que se consolidó en la transición y que se mantiene todavía
gracias a las políticas que han aplicado los partidos mayoritarios y al
entramado institucional muy poco democrático que sostienen.
La
monarquía no solo es ajena a eso, o un poder arbitral, como se quiere
hacer ver, sino que ha desempeñado un papel central en el mantenimiento
de todo este lamentable estado de cosas. Su estrecha y permanente
vinculación con los grandes grupos económicos y financieros es tan
evidente que hasta se muestra en la financiación del ocio del monarca o
en sus actividades como comisionista de sus grandes negocios. Incluso
los llamados “periodistas del corazón” se han hecho eco de ello. Jaime
Peñafiel, por ejemplo, escribió hace poco en su blog
(http://bit.ly/1oDFnJ3) refiriéndose al rey Juan Carlos: “Desde el año
1973, gracias a las gestiones que hizo, a petición de Franco, ante el
rey de Arabia Saudí para que a España no le faltara petróleo en aquella
crisis, el gobierno autorizó a que, el entonces príncipe, recibiera un
céntimo por cada barril de crudo que entraba en el país. Este acuerdo
comisionista lo respetaron Adolfo Suárez y Felipe González. Ignoro quien
acabó con tal práctica, ¿Fue José María Aznar? Aquello permitió que don
Juan Carlos adquiriera una pequeña fortuna, incrementada,
posteriormente, por otros, digamos, negocios”.
Lejos de haber
actuado como garante de la Constitución en beneficio de la igualdad y
del ejercicio efectivo de sus derechos por todos los españoles, la
monarquía que ha encabezado don Juan Carlos de Borbón ha sido una pieza
fundamental del entramado que viene permitiendo que en España detenten
el poder prácticamente los mismos grupos que hace 70 u 80 años.
Como escribimos en Hay alternativas,
cuando a finales de 2006 empezaba a estallar la crisis sólo una
veintena de grandes familias eran propietarias del 20,14 por ciento del
capital de las empresas del Ibex-35 y una pequeña élite de 1.400
personas, que representaba el 0,0035 por ciento de la población
española, controlaba recursos equivalentes al 80,5 por ciento del PIB.
Don Juan Carlos de Borbón ha estado siempre con esas familias y grupos
de poder, confundiendo sus intereses con los del resto de los españoles y
provocando así no ya la crisis en la que estamos de un modo abstracto
sino el sufrimiento y la frustración concreta de los millones de
españoles que han perdido sus empleos, sus patrimonios, sus empresas y
hasta su esperanza o incluso sus vidas en beneficio exclusivo de los
mismos de siempre.
Por eso, lo que se plantea con el fin de su
reinado no es una simple sucesión en el trono sino si vamos a continuar
en la deriva hacia el desmantelamiento de la democracia y al pisoteo de
la Constitución, que son necesarios para poder seguir aplicando las
políticas que benefician a los de arriba, o si los españoles vamos a ser
de verdad los dueños de nuestras vidas y de nuestro futuro. Una
disyuntiva que equivale a preguntarse si se nos van a seguir imponiendo
las cosas o si los españoles vamos a poder pronunciarnos directamente,
mediante el voto y los referenda, sobre las políticas económicas y
sociales y sobre quién queremos que nos represente a la hora de
llevarlas a cabo.
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