(El Estado y banquero Botín, saludando al Jefe del Estado a su servicio)Liberalizar la economía supone dejar manos libres a los bancos y a las grandes empresas para que puedan hacer con los fondos públicos lo que mejor cuadre con sus intereses, y a través de este mecanismo bancos-grandes empresas, un grupo de personas cada vez más reducido adquiere más riquezas y más poder para condicionar y establecer las condiciones de vida de todos los demás que constituimos y la inmensa mayoría de la sociedad.
Liberalizar la economía supone ir borrando paulatinamente de la sociedad los vestigios democráticos, que no consisten precisamente en el acto formal de ir a votar cada cuatro años, sino en decidir personalmente los asuntos propios a través de los representantes elegidos que pueden ser revocados inmediatamente en el supuesto de que no cumplan la función para la que fueron elegidos.
Privatizar la economía, una vez limpia la expresión de polvo y paja, significa quitarle al Estado sus propias fuentes de ingresos que no le llegan por la vía de impuestos, para dárselos a los bancos y las grandes empresas, a través de las cuales y mediante complejas fórmulas legales llega a las manos, bolsillos y paraísos fiscales de unos cuantos.
Quines claman por la liberalización y la privatización de la economía y hacen bandera de ella en sus planteamientos políticos, lo que dicen es que están dispuestos a que todos vivan míseramente si es necesarios con tal de que unos cuantos se hagan cada vez más ricos y poderosos.
El gobierno con la proposición del Decreto declarando el Estado de alama a primeros de Diciembre y su posterior prórroga hasta mediados de Enero próximo, junto a los grupos de la derecha política declarada, con su apoyo directo o por omisión, junto a la firma del Rey que es preceptiva legalmente para su entrada en vigor, lo que han hecho ha sido establecer las condiciones para que todo el Estado sea un poco más pobre y una exigua minoría sea más rica y poderosa.
La campaña de desprestigio de los Controladores aéreos emprendida por los grandes medios de comunicación y políticos, en base a que cobran mucho y trabajan poco, como si la señora Pajín del PSOE o la señora Cospedal del PP cobran el Salario mínimo interprofesional y pasaran el día con un bocadillo de sardinas en aceite, constituye la forma política bajo la cual se ha pretendido esconder el hecho económico de la privatización de algunos aeropuertos españoles, como el del Prat en Barcelona, el de Barajas en Madrid o los de Manises y El Altet en la Comunidad valenciana, no tiene una lectura práctica e inmediata que el que todos hemos perdido poder económico y político frente a una exigua minoría que lo ha ganado.
No sabemos el pueblo, a pesar de que la Constitución establece que el poder reside en el pueblo, qué bancos, qué empresas y a través de estas qué personas concretas de carne y hueso con nombres y apellidos serán los beneficiarios de los dineros que le quita el gobierno y oposición al Estado, o sea, a todos nosotros, para meterlos en sus bolsillos y en sus paraísos fiscales. Y sobre todo, desde cuando se ha venido fraguando esa trama y dónde y por quienes a espaldas del pueblo, que creo recordar es el soberano del poder según la Constitución.
Estas empresas podrían ser Indra Ferrovial; DFS; ENAV o IAA, por ejemplo. Si fuera así, lo que ya sabemos es que DFS es una empresa pública alemana; ENAV una empresa pública italiana y que IAA es una empresa pública irlandesa.
Y si usted, mi querido lector no sabe leer es lógico que no se haya enterado de nada de lo dicho anteriormente.
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