IU y PCE recurrirán ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos la
inacción de la justicia española frente a Juan Carlos de Borbón y la
vulneración de derechos fundamentales
Ambas
formaciones toman esta decisión una vez agotadas a lo largo de casi tres años
todas las vías legales que permite el sistema judicial tras la querella
registrada en 2018, ante el rechazo del Tribunal Supremo a investigar las
actividades ilícitas del rey emérito y después de que el Constitucional haya
inadmitido el recurso de amparo interpuesto.
TERCERAINFORMACION / 22 de octubre
2021.
Izquierda Unida
y el Partido Comunista de España, formaciones
que junto al Foro de Abogados y Abogadas de Izquierdas han
impulsado desde 2018 ante la justicia española una querella para que se
abra una investigación formal al actual rey emérito, Juan Carlos de Borbón,
y a otras personas de su entorno por presuntos delitos de corrupción, van a
recurrir ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) la
inacción de las instituciones judiciales de nuestro país sobre este
asunto y la vulneración de sus derechos fundamentales.
Ambas formaciones toman esta
decisión después de que el Tribunal Constitucional haya notificado la
inadmisión a trámite del recurso de amparo que interpusieron el pasado mes de
julio
contra el reiterado rechazo del Tribunal Supremo a todas las actuaciones
emprendidas durante casi tres años ante su Sala Penal, recogidas en la que se
etiquetó como Causa Especial Nº 21092/2018.
El Tribunal Constitucional dedica
ahora un párrafo de tres líneas para despachar el argumentado recurso de amparo
de cerca de 100 páginas que IU y PCE plantearon hace cerca de cuatro meses. ‘La
Sección (en referencia a la Sección Primera) ha examinado el recurso presentado
y ha acordado no admitirlo a trámite por no apreciar en el mismo la especial
trascendencia constitucional que, como condición para su admisión, requiere el
art. 50.1.b) LOTC (STC 155/2009, de 25 de junio, FJ 2)‘, se limita a
indicar.
Izquierda Unida y el Partido
Comunista de España ponen en marcha la preparación del recurso que llevarán
ante el tribunal de Estrasburgo, una vez agotadas todas las vías que permite el
sistema judicial español. En ningún momento han obtenido una respuesta
satisfactoria en un asunto que consideran de “gran importancia no solo a nivel
político y social, sino por la sensación de impunidad que deja en buena parte
de la sociedad por la discriminación en el trato que la justicia muestra a
determinadas personas y a su entorno de amistad y de negocios debido a su nombre
y al cargo que ocupan”.
Entre los argumentos jurídicos que
el equipo legal de ambas formaciones baraja para ahormar el recurso está
explicar al TEDH cómo determinados autos dictados por la Sala Penal del
Tribunal Supremo, con su presidente Manuel Marchena a la cabeza, “han
lesionado el derecho fundamental de la acusación popular a la tutela judicial
efectiva, en su vertiente a formular con todas las garantías la acción
popular”.
Consideran que la interpretación que
los tribunales españoles y la Fiscalía han hecho del concepto
constitucional de inviolabilidad “no puede suponer de facto una suerte de
impunidad absoluta para que el anterior jefe de Estado delinquiese sin que se
le exija responsabilidad criminal alguna”.
Para IU y PCE la vulneración de este
derecho fundamental se ha producido también “en su doble vertiente de obtener
una resolución judicial motivada, razonada y razonable, así como el de seguirse
una investigación y procedimiento efectivos ante el órgano judicial competente,
derechos igualmente protegidos por el Art. 6.1 del Convenio Europeo de
Derechos Humanos”.
Ambas formaciones políticas estudian
también referirse en el texto al empleo por parte del Tribunal Supremo en sus
diligencias de archivo de descalificaciones del tipo ‘La acción popular no
puede degradar el relevante papel que está llamada a desempeñar en el proceso
penal limitándose a convertir noticias en causas criminales. Y mucho menos
hacerlo con una regularidad selectiva que esconde una profesionalización del
ejercicio de la acción popular…’
Consideran que “en ningún caso no es
de recibo descalificaciones gratuitas y desconsideradas, impropias de
una Sala del Supremo a cuyos integrantes siempre hemos mostrado el
máximo respeto y que responden de esa manera al trabajo serio y riguroso de
esta acusación popular”.
“Lo que pone esto de manifiesto
-lamentan- no es más que la animadversión a la hora de referirse a una de las
partes del proceso, la nuestra, cuando no se nos ha permitido ejercer con
garantías la acción popular, haciendo de éste un proceso viciado y
falto de imparcialidad”.
Durante los casi tres años de
baldías acciones judiciales a través de su querella inicial y la ampliación
elaboradas por IU y PCE, el Tribunal Supremo rechazó siempre abrir una
investigación concreta. El alto tribunal se limitó dejar pasar el tiempo y a
acumular autos y providencias donde rechazaba todas las actuaciones solicitadas
sobre Juan Carlos de Borbón, su amiga y empresaria comisionista Corinna
Larsen, el comisario de policía jubilado, excarcelado y con varios juicios
pendientes por otros casos José Manuel Villarejo, además de otras cinco
personas del entorno del emérito.
Ambas formaciones detallaron durante
meses los indicios sobre actuaciones irregulares que iban apareciendo,
algunas de ellas confirmadas luego incluso por la Fiscalía, y donde el ex jefe
del Estado tenía un claro protagonismo. Las actividades presuntamente corruptas
abarcan desde los pagos de la fundación Zagatka al uso de tarjetas con fondos
opacos, pasando por el cobro de comisiones por la adjudicación de la AVE a La
Meca, las cuentas en Suiza y en paraísos fiscales vinculadas a otras
fundaciones o el uso de fondos del empresario mexicano Allen Sanginés-Krause a
través de un testaferro.
Así se llegó hasta las, hasta el
momento, dos regularizaciones fiscales ideadas por Juan Carlos de
Borbón para no ser acusado por el fisco español, formalizadas en
diciembre de 2020 y en febrero de 2021.
Por todo ello, los querellados se
repartían la imputación de hasta 13 supuestos delitos -siete
referidos directamente al rey emérito-, entre ellos el de cohecho, contra la
Hacienda Pública, administración desleal, fraude y exacciones ilegales, tráfico
de influencias, constitución de grupo criminal, blanqueo de capitales,
encubrimiento, amenazas de muerte condicionales, descubrimiento y revelación de
secretos, omisión del deber de perseguir delitos o corrupción entre
particulares.
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