Crisis coronavírica: cuánto cuesta y quién la paga
- La banca alemana cifra en 250.000 millones de euros para España, más del 20% del PIB
- Los 128.000 millones gastados el primer mes suponen 2.700 euros por español
- "La derecha no quiere arrimar el hombro ni repartir equitativamente la carga entre el millón de ricos"
CUARTO PODER
16 de abril de 2020
Los diputados guardan un minuto de silencio por las
víctimas del coronavirus, antes de la primera sesión de control al Gobierno
desde que se declaró el estado de alarma. / Ballesteros (Efe)
Los españoles
ya conocemos la receta para remontar la crisis socioeconómica provocada por
la pandemia que nos asola: trabajar mucho y ganar poco. La padecieron las
generaciones que sufrieron la miseria de la autarquía tras el golpe de Estado
de los militares facciosos contra la II República y la Guerra Civil (1936-39),
la experimentaron quienes, a la salida de la dictadura, reconstruyeron el país
en medio de la crisis del petróleo y de la obsolescencia de una industria
pesada insostenible, y la hemos soportado nosotros desde 2008, con el
hundimiento de un sistema financiero desregulado, sin control, basado en una
especulación inmobiliaria desaforada y en una gestión imprudente y corrupta que
se llevó por delante más de 250.000 millones de euros entre aportaciones del
Banco de España y de los mecanismos de rescate de la UE.
La apelación al
sacrificio de los trabajadores ha tenido las características propias de
cada tiempo. En octubre de 1977 fue vinculada por el entonces presidente Adolfo
Suárez y su vicepresidente económico Enrique Fuentes Quintana al avance de la
democracia y el desarrollo de las instituciones capaces de garantizarla. La
izquierda sindical y política arrimó el hombro y suscribió entonces aquellos
Pactos de la Moncloa, a cuyo nombre ha apelado ahora el presidente socialista
Pedro Sánchez ante la crisis del coronavirus. De la ultraderecha entregada a la
siembra del bulo y el odio, cuyo objetivo es meter a la cárcel al Gobierno,
nada se puede esperar. Y del PP, tampoco. El el líder del PP, Pablo Casado, ha
tildado de “señuelo, trampantojo y teatro de guiñoles” la convocatoria de
Sánchez, del que dice que no es de fiar. El miércoles le espetó en el pleno del Congreso: “Usted no es
el Rey”, y pidió “transparencia” antes de anticipar su respuesta: “Si hay que
pactar algo que se haga en la comisión del Pacto de Toledo, la Conferencia de
Presidentes y en otras comisiones parlamentarias”.
Si lo de
“arrimar el hombro” no va con la fervorosa derecha patriótica ni para llevar un
paso de Semana Santa (este año), la generosidad de la derecha nacionalista
catalana y vasca es limitada. Escudada en el Procés y sus
consecuencias, la derecha catalana se halla en otra longitud de onda. En
cambio, los vascos mantienen su firme apoyo al Gobierno del PSOE y UP, pero
prefieren que Sánchez plasme en el proyecto de Presupuestos del Estado los
costes y sacrificios y no busque el respaldo de quienes se lo niegan de
antemano. La tesis de Aitor Esteban, portavoz del PNV en la carrera de San
Jerónimo (santo traductor de la Biblia Vulgata), además de sensata e
inteligible es compartida por varios diputados socialistas consultados por cuartopoder.
¿Cuál será el
coste del coronavirus? El FMI calcula que cada mes de confinamiento supone
una reducción del PIB mundial de 3 puntos. A los españoles nos asigna una
caída del 8% del PIB, con una deuda que llegará al 113,4% de lo que producimos
en un año y un déficit público que alcanzará el 9,5%. La OCDE estima que el
coste será el 2% del PIB mensual. El banco estadounidense Goldman Sachs
pronostica a España una caída del 9,8%. Los sabios de IESE Business Scholl
dicen que se perderá el 9,3% si la recuperación total de la actividad no llega
en junio. El Deutsche Bank alemán nos resta un 8,7% y estima que el impacto de
la contracción puede llegar al 20,1% del PIB en el segundo trimestre del año
(abril, mayo y junio). Puesto que el PIB español alcanzó 1,22 billones de euros
en 2019, estamos hablando de un coste de 250.000 millones de euros si la
pandemia se limita a un trimestre.
El 9 de abril
(Jueves Santo), el presidente Sánchez cifró en 128.288 millones de euros la
cantidad de dinero público (suma de gastos e ingresos no percibidos)
asignado hasta ese momento para paliar los efectos salariales y de todo tipo de
la pandemia. Esa cifra ya supera el 10% del PIB en menos de un mes de
confinamiento. La primera disposición global del Ejecutivo fue, de hecho, de
200.000 millones de euros. Esta cantidad representa el 40% de los 500.000
millones de financiación arbitrados el 10 de abril por el Eurogrupo para el
conjunto de la UE. Se trata de unos préstamos del Banco Europeo de Inversiones,
el Mecanismo Europeo de Estabilidad y del propio presupuesto comunitario que la
vicepresidenta económica Nadia Calviño consideró “positivo, pero no
suficiente”.
Más allá de ese
paquete de liquidez para las empresas y las administraciones, el
Gobierno español propugna la creación de un mecanismo común de la deuda, lo que
inevitablemente ha de suponer un sistema fiscal común. “La salida de esta
crisis no puede suponer –dice Calviño-- que cada uno de los países asuma de
forma independiente, en solitario, la carga fiscal que se va a derivar tanto de
las medidas que estamos adoptando en este momento para dar respuesta a la
crisis sanitaria, económica y social, como del plan de inversiones que va a ser
indispensable para poder abordar e impulsar la recuperación económica cuando
pasemos a las fases siguientes”.
Encarecidamente
rogaba Sánchez a los jefes de la oposición derechista, en el bronco debate
parlamentario de Jueves Santo, que se alinearan con la tesis del Gobierno
de no hacer recaer todo el peso de esta crisis sobre los trabajadores y la
defendieran ante sus correligionarios europeos. Ni Casado ni, mucho menos, el
jefe de los voxidos de ultraderecha se sintieron aludidos. Y eso que la carga
de los recortes sociales, la precarización del empleo y los persistentes
hachazos y dentelladas a los servicios públicos esenciales reflejan ahora en la
red sanitaria pública (la española, no la alemana, holandesa ni francesa) las
descarnadas consecuencias del “austericidio”.
¿Quién pagará
la factura de la crisis o desequilibrio coronavírico? De lo que el erario público lleva comprometido –y todavía no pagado a los
trabajadores, a causa del atasco en la gestión de los 500.000 ERTEs
presentados, que afectan a más de 3 millones de empleados-- (128.288 millones
de euros) se desprende una ratio de 2.700 euros por español. Quiere decirse que
si el poder adquisitivo de cada uno de los 47,6 millones de españoles era de
14.638 euros anuales (Estudio GfK Purchasing Power 2019), hoy ha bajado
a 11.938 euros. Las derechas, que no sólo rechazan el incremento de los
impuestos a los que más tienen, sino que han pedido incluso la reducción y
condonación, aplicarían la carga sobre la clase productiva y laboral. De ahí su
negativa a arrimar el hombro en un pacto de reconstrucción económica y social.
En este
sentido, la carga del gasto sobre los 19,9 millones de trabajadores en
activo antes de la cuarentena sería de 6.446,6 euros por trabajador. Dado que
el sueldo medio es de 1.700 euros mensuales, tendrían que fungir lo equvalente
a cuatro meses sin sueldo. La carga resultaría menor si el reparto afectara
también a los 3,19 millones de parados registrados por la última encuesta de
población activa. Los que cobran la prestación máxima reciben poco más de 1.000
euros los primeros seis meses. Más allá de los expedientes de regulación
temporal de empleo provocados por la hibernación de la actividad, la cifra de
parados se disparó en marzo hasta rozar los 4 millones de trabajadores en
situación de brazos caídos.
Cierto es si el
reparto de si la carga del coronavirus se extiende a los 9,8 millones de
jubilados y pensionistas, como ya hicieron en 2011 los gobernantes del PSOE
y mantuvieron los del PP hasta 2016, el reparto sería más amplio y posiblemente
más llevadero, dado que perciben una renta mensual media casi tan alta como los
parados: 1.008 euros mensuales, según los datos de la Tesorería de la Seguridad
Social en marzo. Es tremendo.
Ahora bien, si
el coste de esta crisis (sean los 200.000 millones dispuestos por el Gobierno,
los 250.000 cifrados por la banca alemana o una cifra superior) se repartiera
equitativamente tendría que afectar de lleno a los 979.000 españoles
catalogados de millonarios por el último estudio del banco Credit Suisse,
algo que la derecha rechaza de plano. Ni subida de impuestos a los que más
tienen ni aplicación de mayores cuotas empresariales. La “tasa-covid-19” que
propuso Iñigo Errejón el miércoles en el Congreso, con dos nuevos tramos en el
impuesto de la renta para los que ganen más de 100.000 euros y más de un millón
de euros al años, llevó a sus señorías del PP a torcer el gesto en señal de
desagrado. Lógico. Tampoco el incremento un punto y medio del impuesto sobre el
patrimonio les resultó aceptable.
Pero tanto el
presidente Sánchez como el vicepresidente Pablo Iglesias, responsable de las
políticas sociales, han dejado claro que protegerán a las clases medias
trabajadoras. Al contrario de lo que ocurrió con el crack financiero del 2008,
esta crisis no puede recaer ya la población exprimida que no llega a fin de
mes. Por el contrario, para rescatar de la pobreza extrema a cientos de miles
de personas, el Gobierno está estudiando la aplicación cuanto antes del Sistema
de Renta Básica, algo perverso, comunista y bolivariano para el PP que
varios gobiernos de derechas e incluso Trump lo prueba con 70 millones de
cheques de su puño y letra. Puesto que ya no se trata de “refundar el
capitalismo”, sino de actuar con equidad ante el grave desequilibrio provocado
por un virus sin color político, la derecha ha dejado claro que ese patriotismo
no le interesa.
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