Alberto
Garzón
Público.es
07 may 2014
Las novelas
distópicas operan como antagonistas de las novelas utópicas, y en lugar de
relatarnos cómo debería ser el mundo ideal prefieren describirnos un hipotético
mundo plagado de injusticias y maldad. 1984 de George Orwell o Un
Mundo Feliz de Aldous Huxley son sin duda los ejemplos más conocidos. Sin
embargo, con mucho menos conocimiento público, la Comisión Europea está
trabajando mano a mano con Estados Unidos en la redacción de un nuevo documento
que podría estar prácticamente al mismo nivel. No obstante, el problema del Tratado
de Libre Comercio que se está negociando entre la Unión Europea y EEUU es
que amenaza con ir más allá de la literatura y podría convertirse en una
dramática realidad.
La primera
pregunta que nos asalta es ¿cómo es que apenas hemos oído hablar del TLC?
Quizás ello tenga que ver con el hecho de que el negociador de la parte
europea, Ignacio García Bercero, escribió una carta pública a su contraparte
estadounidense para tranquilizarle en relación a la confidencialidad de todo el
proceso. Anunció, sin ir más lejos, que la negociación del TLC sería una
excepción a la regla 1049/2001 que obliga a las instituciones europeas a hacer
públicos sus documentos. Y añadió, para terminar de convencer a su homólogo
americano, que los documentos tendrían carácter secreto durante al menos 30
años[1]. El comisario europeo De Gucht suscribiría esa misma opinión en el
propio parlamento europeo cuando concedió carácter confidencial a las negociaciones
y negó la función negociadora del parlamento[2].
Un TLC es un
acuerdo entre varios países o zonas geográficas para incrementar el volumen de
intercambio de bienes y servicios. Y generalmente consiste en reducir los
impuestos a la importación, lo que permite a los ciudadanos comprar más baratos
los productos extranjeros. Sin embargo, la propia Comisión Europea ha
reconocido que «las relaciones económicas entre los Estados Unidos y la Unión
Europea pueden ser consideradas entre las más abiertas del mundo»[3]. Asimismo,
la Organización Mundial del Comercio ha estimado que las tarifas promedio
rondan el 3,5% en Estados Unidos y el 5,2% en la Unión Europea. Estamos
hablando de niveles extraordinariamente reducidos, lo que nos obliga a
sospechar de las intenciones últimas de un TLC entre EEUU y la UE.
Un paso más
en nuestro análisis nos lleva al punto crucial. Asegura la Comisión Europea que
la clave del TLC está en la armonización de la regulación comercial, lo
que dicho así quiere decir poco. Es sabido que las regulaciones de EEUU y la UE
difieren en mucho al tratar determinados sectores o productos. Por ejemplo, la
Unión Europea opera con un principio regulatorio de precaución que impide la
comercialización de los productos si la empresa no ha demostrado previamente
que no son lesivos para la salud humana o el medio ambiente. En EEUU tal
principio no opera y la regulación es bastante más laxa. Así las cosas, ¿hasta
qué nivel se armonizará la regulación? ¿Hacia el de Estados Unidos o
hacia el de la Unión Europea?
La pregunta
está en el aire, pero las sospechas son crecientes dada la lógica del sistema
económico. Y es que cuando se abren las fronteras a la competencia extranjera,
como busca cualquier tratado de libre comercio, se inicia una competencia a
la baja o carrera hacia el fondo que desploma los estándares
laborales, medioambientales, sanitarios e incluso democráticos. Es decir, en
esas circunstancias económicas cualquier coste es un obstáculo para vencer en
la carrera competitiva, y lo mismo da que se trate de un salario alto o de un
severo control medioambiental.
El caso del
fracking es paradigmático. Esta práctica de extracción de gas y petróleo está
extendiéndose como la espuma en EEUU, pero debido a los efectos negativos que
tiene sobre el subsuelo e incluso la salud humana su prohibición está ganando
terreno en la Unión Europea. Las multinacionales estadounidenses y las
multinacionales europeas y algunos líderes políticos han protestado. Las
primeras porque insisten en ampliar su mercado, y los segundos porque denuncian
que compiten con desventaja. El primer ministro británico, D. Cameron dijo
nítidamente que la paralización del fracking promovida desde la UE
provocaba que «nuestros competidores vayan por delante de nosotros en la
explotación de estos recursos». En suma, que los europeos somos menos
competitivos por tener sensibilidad ecológica. Una obviedad, por otra parte.
Así las
cosas, la teoría económica nos sugiere que la igualación o armonización de las
regulaciones siempre se hace por la baja. Desregulación, en definitiva. No sólo
de elementos medioambientales, como el fracking, o sanitarios, como los
transgénicos o el etiquetado de productos, sino también laborales y
democráticos.
EEUU no ha
firmado varios de los convenios de la Organización Internacional del Trabajo
(OIT) referidos a la libertad sindical. Bajo una cláusula llamada irónicamente Derecho
al Trabajo se esconde una legislación antisindical que será armonizada con
la regulación laboral europea. Y precisamente en un contexto económico y
político en el que la Comisión culpabiliza de todo a los salarios y a la
excesiva regulación laboral… Intrigante.
Más jugo
tiene aún la cláusula de protección de los inversores extranjeros, conocida
como ISDS (Investor-State dispute settlement), y que supone la creación
de tribunales internacionales de arbitraje donde las multinacionales podrán
acudir para denunciar a los Estados cuyos gobiernos aprueben normas que atenten
contra sus beneficios económicos presentes o futuros. Se trata de un mecanismo ya
existente para otros países y zonas económicas que operaría como una supraconstitución.
Desde que
Argentina cambió su política económica tras la crisis de 2001, ha recibido más
de 40 denuncias por parte de multinacionales. Las empresas argumentan que sus
beneficios presentes y futuros han disminuido notablemente como consecuencia
del cambio en la orientación política. Por otra parte, Ecuador fue sentenciado
a pagar 2.300 millones de dólares a la petrolera Occidental Petroleum por
abandonar la construcción de un pozo de petróleo en las amazonas. E incluso
Libia tuvo que pagar 900 millones de dólares de beneficios perdidos por
un proyecto turístico en el que sólo se habían invertido 5 millones de dólares.
Son sólo algunos ejemplos que revelan las consecuencias de una cláusula de esta
naturaleza.
Por cierto,
estos litigios son llevados a cabo por gabinetes jurídicos especializados en la
materia y que cobran por el volumen de casos. A finales de 2013 había un mínimo
de 268 demandas pendientes contra 98 países según la UNCTAD, y en los noventa
sólo había una docena. Pocos Estados se pueden permitir igualar la alta
remuneración que reciben los abogados de las grandes multinacionales, y mucho
menos mantener un equipo entero especializado en el tema.
Al fin y al
cabo se trata de un atentado contra la democracia, incluso entendiendo ésta
sólo en su aspecto procedimental, y que otorga a las multinacionales un poder y
una capacidad de la que carecen los ciudadanos.
Constituye,
en definitiva, un nuevo ordenamiento jurídico que a la vez destituye el ahora
presente en las constituciones nacionales. Sirve para construir un nuevo marco
de reglas profundamente sesgadas hacia el interés individual de las grandes
empresas. Supone, a falta de su consecución, una verdadera distopía potencial.
Y es, naturalmente, el enésimo intento de lograrlo tras los fracasos del
Acuerdo Multilateral de Inversiores y de la Constitución Europea, así como del
fallido ACTA que por cierto ahora se rescata en el seno del TLC.
Pero no está
todo dicho, afortunadamente. El TLC tendrá que ser aprobado por el Parlamento
Europeo, y una movilización social contundente y a tiempo puede suponer una
nueva victoria ciudadana y de la clase trabajadora. En España los dos grandes
partidos políticos, PP y PSOE, ya se han dado la mano para aprobar el proyecto.
El acuerdo firmado en junio de 2013 entre el Partido Popular y el Partido
Socialista en el Congreso recogía una petición expresa al Gobierno para «apoyar
un rápido comienzo de las negociaciones de un acuerdo de libre comercio entre
los Estados Unidos de América y la Unión Europea ambicioso y naturalmente
beneficioso». Sin embargo, es aún posible movilizar a las bases sociales para
continuar luchando contra esta Unión Europea regresiva y antisocial.
Sugiero que
comencemos cuanto antes por la pedagogía política llevando a todas partes esta
antidemocrática y miserable actuación de las élites europeas. Y hundamos sus
elitistas y distópicos proyectos con la misma fuerza y contundencia con la que
tenemos que impulsar nuestras utopías.
[1] Carta de I. García Bercero a L. Daniel Mullany con
fecha 5 de julio de 2013 y titulada “arrangements on TTIP negotiating
documents”.
[2] Intervención durante el debate en el Parlamento
Europeo de 22 de mayo de 2013: “EU trade and investment agreement negotiations
with the US”.
[3]Comisión
Europea (2013): “Impact Assesment Report on the future of EU-US trade
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