El grupo empresarial Hospiten tiene seis centros hospitalarios en Canarias. En uno de ellos, en Puerto de la Cruz (Tenerife), el pasado 15 de junio (El País, 11.01.2012, hoja 34) se produjo un parto en el que el bebé que nació no se podrá valer por sí mismo el resto de su vida como consecuencia de que en ese parto “no hubo monitorización del parto, no había ginecólogo ni pediatra en el centro y el bebe nació sin respiración”.
La mujer que dio a luz en ese centro privado fue desviada al mismo desde un hospital público canario, por lo que este hospital público tiene ahora que indemnizarla con 654.035 euros para resarcirla del daño causado al bebé.
Reconoce el Defensor del Paciente que “aunque este caso no es muy común, la mayoría de las situaciones graves se producen en centros privados que, en caso de enfrentarse a determinadas situaciones, no tienen el equipo necesario para responder y acaban trasladando a los pacientes a centros públicos.”
No está en absoluto demostrado que una actividad concreta esté mejor realizada en una empresa privada por el hecho de ser privada que en una empresa pública. Al igual que tampoco está probado que porque se traspasen actividades que realiza una empresa pública a una privada tampoco disminuye el gasto social, toda vez que aunque la empresa privada realice una actividad social, la que sea, el Estado la tiene que seguir pagándola.
Cabe preguntarse en este caso concreto del parto realizado en la mercantil de la sanidad privada, Hospiten, en Puerto de la Cruz, Tenerife, en primer lugar, por qué el centro público que desvió la paciente a ese centro privado no tenía los medios adecuados para poderla atender, y en segundo lugar, por qué la envió a Hospiten si no tenía siquiera ni ginecólogo ni pediatra para atender el parto, y si los tenía por qué no estaban en su centro de trabajo privado, cuando según dicen los que quieren desmantelar la Sanidad Pública, PP y PSOE, la empresa privada es más eficiente que la pública.
La mujer que dio a luz en ese centro privado fue desviada al mismo desde un hospital público canario, por lo que este hospital público tiene ahora que indemnizarla con 654.035 euros para resarcirla del daño causado al bebé.
Reconoce el Defensor del Paciente que “aunque este caso no es muy común, la mayoría de las situaciones graves se producen en centros privados que, en caso de enfrentarse a determinadas situaciones, no tienen el equipo necesario para responder y acaban trasladando a los pacientes a centros públicos.”
No está en absoluto demostrado que una actividad concreta esté mejor realizada en una empresa privada por el hecho de ser privada que en una empresa pública. Al igual que tampoco está probado que porque se traspasen actividades que realiza una empresa pública a una privada tampoco disminuye el gasto social, toda vez que aunque la empresa privada realice una actividad social, la que sea, el Estado la tiene que seguir pagándola.
Cabe preguntarse en este caso concreto del parto realizado en la mercantil de la sanidad privada, Hospiten, en Puerto de la Cruz, Tenerife, en primer lugar, por qué el centro público que desvió la paciente a ese centro privado no tenía los medios adecuados para poderla atender, y en segundo lugar, por qué la envió a Hospiten si no tenía siquiera ni ginecólogo ni pediatra para atender el parto, y si los tenía por qué no estaban en su centro de trabajo privado, cuando según dicen los que quieren desmantelar la Sanidad Pública, PP y PSOE, la empresa privada es más eficiente que la pública.
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