(El funcioanrio público, Conde-Pumpido, fiscal general del Estado)Ni lo digo yo ni Evo Morales ni Hugo Chaves ni un enano infiltrado que tengo que me tiene ya hasta los cojones (como es tan bajito no llega a más altura, pero molesta).
Lo dice la Asociación de Fiscales (AF) según informa la Agencia EFE.
Dice la Asociación de Fiscales que es la mayoritaria en la carrera, que la actuación del Gobierno en el caso de los controladores aéreos, indicándole al fiscal general del Estado Conde-Pumpido, la normativa a aplicar “supone una ingerencia intolerable contraria al principio de imparcialidad”.
Es el fiscal, dice la Asociación de Fiscales, quien después de valorar los hechos, es quien tiene que determinar la norma aplicable. No es el gobierno quien dicta la norma que hay que aplicar ni quien tiene que valorar el presunto delito cometido, puesto que constitucionalmente se establece la autonomía del Ministerio Público.
Además, dice esa misma Asociación de Fiscales, que la asistencia del fiscal general del Estado, Conde-Pumpido, al Consejo de ministros extraordinario donde se aprobó el Decreto de militarización de los controladores aéreos fue “innecesaria e impertinente”.
El Estado (esto ya lo digo yo, no Evo Morales, ni Hugo Chaves o el enanillo ese que les he dicho), efectivamente, tiene la obligación de garantizar el tráfico aéreo. Pero también que los parados tengan trabajo; que no exista un solo trabajador eventual en las actividades que no son eventuales; que los salarios de los que trabajan y no les llega para poder vivir dignamente sean elevados; que quienes ya han trabajado y por razón de edad ya no lo pueden hacer, al igual que los que no puedan trabajar por razones de salud o accidentes de trabajo tengan lo suficiente para poder vivir dignamente,. etc.
El Estado, puesto que AENA es una entidad pública y responsable del tráfico aéreo, tiene que compensar, aclarada la causa del plante, que no huelga de los controladores aéreos, los daños causados a esas 250.000-300.000 personas que se vieron afectadas, pero sin llevar al potro de tortura a nadie, que eso no es solución.
*++
Lo dice la Asociación de Fiscales (AF) según informa la Agencia EFE.
Dice la Asociación de Fiscales que es la mayoritaria en la carrera, que la actuación del Gobierno en el caso de los controladores aéreos, indicándole al fiscal general del Estado Conde-Pumpido, la normativa a aplicar “supone una ingerencia intolerable contraria al principio de imparcialidad”.
Es el fiscal, dice la Asociación de Fiscales, quien después de valorar los hechos, es quien tiene que determinar la norma aplicable. No es el gobierno quien dicta la norma que hay que aplicar ni quien tiene que valorar el presunto delito cometido, puesto que constitucionalmente se establece la autonomía del Ministerio Público.
Además, dice esa misma Asociación de Fiscales, que la asistencia del fiscal general del Estado, Conde-Pumpido, al Consejo de ministros extraordinario donde se aprobó el Decreto de militarización de los controladores aéreos fue “innecesaria e impertinente”.
El Estado (esto ya lo digo yo, no Evo Morales, ni Hugo Chaves o el enanillo ese que les he dicho), efectivamente, tiene la obligación de garantizar el tráfico aéreo. Pero también que los parados tengan trabajo; que no exista un solo trabajador eventual en las actividades que no son eventuales; que los salarios de los que trabajan y no les llega para poder vivir dignamente sean elevados; que quienes ya han trabajado y por razón de edad ya no lo pueden hacer, al igual que los que no puedan trabajar por razones de salud o accidentes de trabajo tengan lo suficiente para poder vivir dignamente,. etc.
El Estado, puesto que AENA es una entidad pública y responsable del tráfico aéreo, tiene que compensar, aclarada la causa del plante, que no huelga de los controladores aéreos, los daños causados a esas 250.000-300.000 personas que se vieron afectadas, pero sin llevar al potro de tortura a nadie, que eso no es solución.
*++
No hay comentarios:
Publicar un comentario