Los últimos escándalos de Ayuso
La Marea /09 marzo 2022
No hay semana en la que no
conozcamos alguna nueva información relacionada con una mala praxis del
gobierno de Isabel Díaz Ayuso. La mayoría de las noticias están relacionadas
con la contratación pública. Tras el contrato que implica a su
propio hermano, el goteo de casos es constante, incluyendo una el pago de 925.000 euros a un socio de la
madre de la presidenta madrileña desvelado por el diario Público.
En los últimos días, varias son las noticias relacionadas:
El hermano de Ayuso será llamado a declarar por Anticorrupción
La Fiscalía Anticorrupción decidió
a finales del pasado febrero abrir diligencias informativas ante
las denuncias que implicaban al hermano de la presidenta de la Comunidad de
Madrid en el presunto cobro de comisiones por el contrato de mascarillas que la
Consejería de Madrid adjudicó a un amigo de los Ayuso por un valor de 1,5
millones de euros y sobre el cual todavía pesan muchas
dudas.
Este 9 de marzo, la Cadena SER asegura
que Anticorrupción citará a declarar a Tomás Díaz Ayuso y
al empresario amigo, Daniel Alcázar. El objetivo, según este medio, es
tratar de conocer “cómo y por qué un empresario sin experiencia en la materia
accedió a esa contratación, quién y de qué forma le comunicó que podía acceder
a los trámites, y qué papel jugó en la operación, por qué cobró y
cuánto el hermano de la presidenta Isabel Díaz Ayuso”.
Asimismo, ya se habría solicitado
un informe a la Intervención General de la Administración del Estado para
que analice posibles irregularidades en la adjudicación.
También se pedirá información bancaria para conocer los conceptos de los pagos
que Tomás Díaz Ayuso recibió por parte de la empresa de Alcázar, Priviet
Sportive. En un mensaje no oficial, la Comunidad de Madrid reconoció
que el hermano de la presidenta ha cobrado 283.000 euros de
dicha empresa, si bien argumenta que solo 55.850 euros más IVA corresponden a
la comisión o intermediación del mencionado contrato.
La Comunidad de Madrid pagó 38 millones de euros a un empresario venezolano
mientras atribuía los contratos a una firma española
También este 9 de marzo desvela infoLibre que
el Gobierno de la Comunidad de Madrid difundió a través de sus canales
oficiales de contratos públicos “información falsa sobre cinco
adjudicaciones a dedo por emergencia sanitaria valoradas en 38,7 millones”.
De acuerdo con esta información, dichos contratos fueron atribuidos a la
compañía española Sigma Dental, junto a la cual aparecía un un CIF
o NIF muy similar al de Sigma Dental SL, con sede en Granada, aunque difería en
un número.
Sin embargo, las licitaciones por valor de 38,7 millones fueron a parar a una empresa de idéntico nombre pero propiedad de un empresario venezolano. De acuerdo con lo publicado por elDiario.es hace un par de años, se trata de Roger Swidorowicz, una persona con vínculos con miembros de la oposición a Nicolás Maduro y cuya compañía se encuentra inscrita en el registro de Florida (EEUU). La Sigma Dental de Swidorowicz fue la segunda mayor receptora de fondos por contratos de emergencia de la Comunidad de Madrid de una lista de 1.253 compañías.
Según ha aclarado la Consejería de
Sanidad de Madrid a infoLibre, “Efectivamente, la CM [Comunidad de Madrid]
no ha contratado con esa SL de Granada” y reconocen que con quien han
contratado “es con una empresa extranjera que carecía de NIF, pero con la que
se han tramitado facturas con su identificación internacional”. Asimismo, aseguran
que “la incidencia se sitúa en el campo NIF del buscador del Portal de
Contratación cuando se realiza la búsqueda por NIF. En las declaraciones de
emergencias subidas al Portal no aparece referencia ninguna a la empresa
granadina”. El medio digital, sin embargo, ha comprobado que al
introducir el nombre “Sigma Dental”, aparecen las cinco adjudicaciones
acompañadas del mencionado NIF, que únicamente difiere en un número del de
la empresa de Granada.
Una indemnización de más de 1 millón de euros a residencias privadas en
contra del criterio de la Abogacía de Madrid
Con la pandemia recién llegada a
España, a mediados de abril, el secretario general técnico de la Consejería de
Sanidad preguntó a la Abogacía General de la Comunidad de Madrid si debían indemnizar
a las residencias privadas por el traslado de mayores a sus centros
durante el estado de alarma.
La institución pública respondió que estos centros “no tienen derecho al abono de contraprestaciones económicas” según la legislación de emergencia. Sin embargo, dejó la puerta abierta debido a la Ley de Expropiación Forzosa, y que podría ser “un cauce adecuado” para hacerlo siempre bajo determinados “condicionantes” expuestos en el documento al que ha accedido Radio Madrid.
A partir de noviembre, las
residencias comenzaron a emitir reclamaciones solicitando pagos a través de la
mencionada norma. El gobierno de Ayuso decidió pagar más de un millón
de euros a un total de 15 centros. “Ahora sabemos que lo hizo obviando las
limitaciones de las que alertó el equipo de abogados de la Comunidad”, explica
la Cadena SER. En el informe, los letrados aseguran que la vía no está
“suficientemente debatida” y piden “prudencia” a la hora de
tomar una decisión. Sin necesidad de acudir a los tribunales para aclarar las
dudas, la CAM decidió aceptar las reclamaciones de las residencias y
desembolsar dicha cantidad de dinero público.
Desde la Consejería de Sanidad, no
obstante, aseguran que “es rotundamente falso que se reconociera una
indemnización en contra de las conclusiones señaladas por el informe
de la Abogacía General” y sostienen que todos los expedientes de indemnización
“han sido analizados y fiscalizados favorablemente, y con carácter previo a su
firma, por la Intervención de la Comunidad de Madrid”.
Otro contrato por procedimiento de emergencia a una exconcejala del PP en
alcorcón
A pesar de haber pasado el peor
momento de la pandemia, la Comunidad de Madrid sigue adjudicando contratos por
procedimiento de urgencia, es decir, saltándose los controles propios de la
contratación pública. Uno de los últimos ha ido a parar a la empresa de una
exconcejala del Partido Popular en Alcorcón. Silvia Cruz Martín fue
edil del PP entre entre 2011 y 2017 y, en la actualidad, dirige Ariete
Seguridad, una compañía especializada en vigilancia.
Desde el inicio de la pandemia, se le han adjudicado diferentes contratos para la seguridad de Hospital Isabel Zendal, todos a dedo y de urgencia, tal y como ha contado lamarea.com en diferentes ocasiones. Un procedimiento que tenía su explicación en la respuesta inmediata que requería la lucha contra la COVID-19. Sin embargo, el gobierno de la Comunidad de Madrid sigue utilizándolo en la actualidad. Según figura en el Portal de Contratación, Ariete Seguridad ha vuelto a ser elegida para dichas labores el primer semestre de 2022 por 987.413,71 euros (IVA incluido).
El contrato, firmado por el
viceconsejero de Asistencia Sanitaria y Salud Pública, Antonio Zapatero
Gaviria, resuelve «Declarar la Emergencia en la tramitación del expediente de
contratación […] para afrontar la situación de emergencia sobrevenida por
la infección de coronavirus COVID-19″ a pesar de que pasan dos años de inicio
de la pandemia.
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