Publicado
en el Boletín Oficial de Andalucía el plan que habilita la privatización de la
Atención Primaria
Publicado el 3 de marzo de 2023 / Por Redacción Kaosenlared
Se ha publicado la nueva orden de tarifas en Andalucía, la cual permite la concertación de consultas de Atención Primaria con proveedores de servicios sanitarios privados.
Ya se publicó en el Boletín Oficial de la Comunidad la orden de la Junta de Andalucía, se abrió la puerta a la privatización de la Atención Primaria.
El presidente
de la Junta, Juanma Moreno, ya ha comenzado de manera inexorable la
“privatización” de la atención primaria una vez que se ha hecho oficial la
publicación de la nueva orden de tarifas que permite concertar consultas de
atención primaria con la sanidad privada.
El BOJA ha publicado la
orden del Ministerio de Sanidad y Consumo que tiene por objeto establecer
tarifas para los convenios y contratos que el Servicio Andaluz de Salud (SAS)
suscriba con entidades, tanto públicas como privadas, para la prestación de
asistencia sanitaria -incluida la atención primaria- en centros de salud.
Según la
Coordinadora Antiprivatización de la Sanidad, CAS-Estatal “El brutal deterioro
de las condiciones de trabajo en Atención Primaria (a partir de ahora A.P.) ha sido
algo paulatino, paralelo al proceso de privatización y desmantelamiento que se
inició en 2004.El colaboracionismo de sindicatos y partidos políticos de “izquierda” permitieron
hacer el “trabajo sucio” sin oposición al PP.
La orden de 23 de febrero
de 2023, por la que se actualiza y desarrolla el sistema para presupuestar y
tarificar los convenios y contratos que el Servicio Andaluz de Salud suscriba
para la prestación de asistencia sanitaria en los centros de salud, entrará en
vigor hoy viernes 3 de marzo, tras su publicación en el BOJA.
CAS- Estatal:El
incremento de las listas de espera puede incluso beneficiar económicamente a
determinadas élites médicas (peonadas fuera de su jornada ordinaria para sacar
actividad atrasada), a los propios centros privados (incremento de los
conciertos), y a los seguros privados, que no dejan de aprovechar cualquier
oportunidad para seguir empujando a sectores de las clases medias hacia su
negocio
Según información de
agencias, la orden incluye un anexo con las tarifas máximas establecidas
para los servicios sanitarios sujetos a convenio y contrato. Incluye un bloque
de procedimientos quirúrgicos que podrían ser objeto de contratación, así como
otro de pruebas diagnósticas, otro de estancias hospitalarias y otro de consultas,
donde las tarifas máximas de 65 euros para consultas de Atención Primaria, 150
euros para consultas iniciales, 90 euros para consultas posteriores, y 215
euros para consultas de “alta resolución”.
CAS- Estatal: “No hay más dinero, imposible incrementar el
presupuesto para la sanidad pública en 2023”,
repiten las y lo responsables de las comunidades autónomas. El dinero
lleva años desviándose hacia empresas privadas, hasta el punto de que ya en
2018.
La orden señala que “estas
tarifas máximas corresponden a consultas realizadas en las instalaciones de las
empresas adjudicatarias”, por lo que en el caso “de que la prestación del
servicio no se realice en dichas instalaciones, la tarifa máxima se reducirá al
35%”.
Las tarifas establecidas
para los procedimientos diagnósticos van desde los 31,8 euros de determinadas
ecografías hasta los 1.749 euros de un PET-TAC Fluor PSMA (Prostate-Specific
Membrane Antigen).
El importe máximo fijado
por un día de hospitalización en planta que se contrate para estancias de uno a
siete días es de 215 euros, 150 euros diarios para estancias de ocho a 30 días
y 125 euros para estancias superiores a 30 días .
El importe máximo fijado
por un día de estancia en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) es de 750
euros, y para los casos agudos de salud mental se establecen tarifas máximas
que oscilan entre los 200 y los 130 euros diarios, en función de su duración,
ya sea de de uno a siete días, de ocho a 30 días o más de 30 días.
La orden también incluye
los precios de los procedimientos de radioterapia y protonterapia, con importes
máximos que van desde los 42.000 euros por un tratamiento completo de
protonterapia pediátrica con anestesia, hasta los 3.000 euros que podría pagar
el SAS por un tratamiento completo de radioterapia sin hospitalización.
El modelo sanitario del
Estado español es eminentemente hospitalario. En 2021 los hospitales el 70 % de
las partidas preuspuestarias, mientras que la Atención Primaria solo recibió un
10,7 %. Una diferencia inaceptable si se tiene en cuenta que la A.P. es capaz
de solucionar entre el 80-90 % de los problemas de salud de la población, con
intervenciones de bajo coste pero buenos resultados.
La orden, firmada por la
ministra de Sanidad y Consumo, Catalina García, sostiene que “la especialidad
en contratación de asistencia sanitaria contratada hace aconsejable esta norma
reglamentaria con el fin de complementar la normativa aplicable en materia de
contratación administrativa”. Por ello, el Ministerio argumenta que “es
conveniente establecer una tarifa máxima homogénea para toda Andalucía, por
trámite y no por grupo, como hasta ahora, lo que supondrá una reducción del
coste de los trámites más frecuentemente contratados y, en por otro lado,
resolverá aquellos trámites que generen listas de espera o problemas de
atención cuando sea realmente necesario.”
Estas son las propuestas de CAS-Estatal:
Unidad de
sindicatos, sociedades científicas, asociaciones y profesionales y entender que
la lucha no puede ser parcial, ha de ser de todos los trabajadores y
trabajadoras del sistema sanitario, unidos con la población, para blindar el
sistema sanitario, lo que implica necesariamente:
- Posicionarse
claramente contra la privatización y por la derogación de las leyes que la
permiten.
- Exigir el rescate de
lo privatizado (hospitales, laboratorios, ambulatorios de Pontones y
Quintana), limpieza, lavandería, extracción de sangre, etc.
- Incrementar las
plantillas y crear un turno médico de tarde en los hospitales, en las
especialidades médicas necesarias, para utilizar al 100 por 100 los
recursos, evitar la emigración de los profesionales y reducir los
conciertos al mínimo. Las listas de espera se deben y pueden asumir desde
los centros de gestión directa correctamente dimensionados.
- Incompatibilidad para
el trabajo en la privada.
- Romper los monopolios
sindicales en la formación y prohibir la formación a través de las
farmacéuticas.
- Democratizar de verdad
la gestión de los centros, con participación real en la toma de decisiones
de trabajadores y usuarios.
- Universalizar la
asistencia. Ninguna limitación para la atención a los migrantes.
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