sábado, 4 de marzo de 2023

La falacia de las renovables y el cambio climático

 

La falacia de las renovables y el cambio climático

 

Por Manuel Casal Lodeiro 

Rebelion

| 03/03/2023 | 

 

Fuentes: CTXT [Imagen: Molinos de viento en Muras, Galicia. SANTI VILLAMARÍN]


Entre el posicionamiento falaz del “son imprescindibles” y una oposición completa del tipo “no debemos instalar ninguna”, existe un enorme trecho donde se debe ubicar la racionalidad y, sobre todo, la auténtica democracia

Afirmar que las energías renovables son la solución al cambio climático se ha convertido en un lugar común. Sin embargo, ante la expansión acelerada de su instalación conviene preguntarnos si tras ese lugar común existe una realidad contrastable o estamos, por contra, ante un mito más de eso que se ha venido en llamar la descarbonización de nuestras sociedades.  

Porque no es solamente nuestra clase política a la que escuchamos decirnos que “necesitamos instalar energías renovables”, sino que incluso no pocos sectores del ecologismo aseveran que necesitamos instalar de forma “masiva y rápida” grandes estructuras de lo que llaman renovables, pero que sería mejor denominar, para ser precisos y evitar un peligroso autoengaño, sistemas no renovables de captación temporal de flujos de energía renovable (SiNRER o simplemente pseudorrenovables). Si no lo hacemos, llega a afirmar algún conocido divulgador, las consecuencias serán “sequías, incendios, clima extremo” que arrasarán con “nuestros campos y nuestra biodiversidad”.

Analicemos, pues, si este tipo de afirmaciones se sostiene en un razonamiento lógico basado en la ciencia. En primer lugar, si queremos combatir un caos climático causado por las emisiones de efecto invernadero, la solución que debería aparecer como más obvia consistiría en lo que nos lleva diciendo décadas la gente de ciencia: primero, la reducción de dichas emisiones, esto es, dejar de emitir CO2, CH4, N2O y el resto de gases que están reteniendo un calor excesivo en nuestra atmósfera. Y, en segundo lugar, como estrategia complementaria, intentar capturar la máxima cantidad posible de los gases ya emitidos por encima de los niveles presentes en la atmósfera preindustrial, es decir, retirarlos de la atmósfera, secuestrarlos, como se suele decir, en las formas más seguras y permanentes posibles. 

Si queremos combatir un caos climático debemos capturar la máxima cantidad posible de gases ya emitidos por encima de los niveles preindustrial

Pues bien, entonces la prueba del algodón para saber si las pseudorrenovables sirven realmente para combatir el cambio climático sería preguntarnos, en primer lugar, si reducen las emisiones. ¿Construir, instalar y operar una turbina eólica, por ejemplo, retira carbono de la atmósfera? ¿Lo hace un panel fotovoltaico? La respuesta es que no, no están hechos con ese objetivo, sino para generar electricidad a partir de la captación que realizan de flujos de energía presentes en la Naturaleza. De hecho, para su construcción se necesita quemar cantidades importantes de combustibles fósiles, lo cual contribuye… ¡a empeorar el cambio climático! Precisamente una instalación “masiva y en tiempo récord” como la que reclaman algunos, de este tipo de SiNRER lo que causaría es una aceleración de las emisiones y un empeoramiento a corto plazo de la perturbación climática, como ha señalado, entre otros, un equipo experto en la modelización de los diversos caminos hacia una Transición Energética, el grupo GEEDS (Grupo de Energía, Economía y Dinámica de Sistemas) de la Universidad de Valladolid.

Descartado, pues, que las mal llamadas renovables contribuyan a combatir el caos climático de esta primera manera, quedaría responder a una segunda pregunta: ¿pueden capturar carbono de la atmósfera? La respuesta, de nuevo, es evidente: no pueden hacerlo puesto que no están diseñadas para eso. Retirar carbono es algo que tan sólo pueden hacer ciertas partes de la biosfera (los árboles, un suelo vivo, las turberas, etc.) o, al menos en teoría, ciertos artilugios y sistemas inventados o por inventar por los seres humanos con dicho fin, y que se suelen denominar en la bibliografía técnica y en los documentos del IPCC, sistemas CCS (carbon capture and storage). Pero los eólicos, las placas solares, etc. no son CCSs. Así pues, tampoco ayudan retirando emisiones.

La conclusión entonces es clara: las instalaciones de las llamadas energías renovables (en realidad pseudorrenovables, puesto que requieren materiales y energías no renovables para su construcción y sustitución) no sirven para combatir el cambio antropogénico del clima que nos está conduciendo a la extinción. Pero entonces, ¿cómo se explica que sectores del ecologismo, incluso divulgadores científicos de prestigio, activistas y prácticamente toda la clase política al unísono coincidan en defender esa falacia y, en consecuencia, reclamar políticas de implantación masiva de eólicos, fotovoltaica y sistemas asociados como el hidrógeno o el coche eléctrico?

Retirar carbono es algo que tan sólo pueden hacer ciertas partes de la biosfera (los árboles, un suelo vivo, las turberas)

Para responder a esto debemos fijarnos en ciertos supuestos que sostienen esa postura y que, hay que señalarlo, no tienen fundamento científico, sino que son hipótesis técnicas no demostradas, mitos culturales o posicionamientos puramente ideológicos. El primero de ellos sería la creencia de que las energías renovables sustituyen a las fósiles, cuya quema, como es sabido, es la principal fuente antropogénica de emisión de carbono a la atmósfera. Según esta hipótesis, cuantas más instalaciones fotovoltaicas o eólicas tenemos, menos GEI emitimos porque la combustión del petróleo, el gas fósil o el carbón se vería sustituida por la energía que pasamos a obtener de las SiNRER. Esto, que suena lógico en principio, en realidad no se apoya en hechos que demuestren que por cada nuevo aerogenerador, por cada nuevo panel solar, se cause el cierre de alguna planta de carbón o hagan que alguna petroquímica deje de usar petróleo o que desaparezca alguna fábrica de fertilizantes a base de gas fósil. De hecho, lo que cualquier dato estadístico a nivel nacional o mundial puede mostrarnos es que el crecimiento de consumo de fósiles continúa con independencia del crecimiento paralelo de las instalaciones pseudorrenovables. Para que esta primera hipótesis se convirtiese en realidad, debería existir algún tipo de regulación que obligase a reducir el consumo total de fósiles en una medida mayor al consumo de esos mismos fósiles que se requiere para instalar las SiNRER, pero no existe ninguna regulación de ese estilo. Y, en el caso de que algún día llegasen a existir una legislación y un descenso semejantes, sería esa reducción forzada por la Ley la que estaría combatiendo el CC y no el despliegue de las llamadas renovables, que, a lo sumo, podríamos decir que a lo que ayudan es a mantener el nivel de energía disponible, o al menos parte del mismo, que perdemos al prescindir de las fósiles.

Si continuamos escarbando en los argumentos en los que se apoya la falacia renovable, veremos que la supuesta sustitución parte de otra asunción sin fundamento sólido: que podemos electrificar todos los usos actuales de las energías fósiles. Pero esa electrificabilidad total no está demostrada. Sí que es cierto que una parte de los usos actuales del petróleo, del gas y del carbón pueden ser modificados, mediante adaptaciones industriales y sociales más o menos costosas, para funcionar con esa electricidad que –olvidan explicar los defensores de esta vía– es el único formato energético que son capaces de producir las SiNRER, que por este motivo son denominadas también REI (Renovable Eléctrica Industrial, siguiendo a Antonio Turiel). Pero la cuestión clave aquí es que existen otros usos críticos de la energía fósil para los que la electricidad, por mucha que generásemos, no serviría, e incluso su almacenamiento concentrado en forma de hidrógeno estaría fuertemente limitado por condicionantes físicos que estamos muy lejos de superar, si es que alguna vez lo conseguimos. La producción de cemento en altos hornos, el transporte aéreo o la producción de muchos tipos de plásticos serían algunos de estos usos difícil o imposiblemente electrificables.

Otra asunción que subyace aquí es la de que podemos (y debemos) mantener una civilización como la actual, es decir, de tipo eminentemente industrial, hipercompleja y con unos niveles de consumo energético y material elevadísimos. Así, como sabemos que no nos queda otra que dejar de quemar fósiles (por el doble motivo de que destruyen el clima y de que se agotan), y esto va a implicar una pérdida de energía primaria del 80%, aproximadamente, a escala mundial, nos dicen que necesitamos instalar renovables, porque dan por hecho el posicionamiento ideológico de que queremos mantener este tipo de civilización, junto con la hipótesis no demostrada, de que podemos hacerlo. No obstante, no faltan motivos para dudar mucho de la factibilidad de ese mantenimiento de un tipo de sociedad que nació con los combustibles fósiles, se desarrolló a su medida y se mantiene gracias a su flujo creciente año tras año, desde hace más de siglo y medio. Por no mencionar la cuestionable deseabilidad de tal mantenimiento de una sociedad capitalista que demostró su carácter injusto, insano y destructivo basado en la explotación creciente de la Naturaleza, de los pueblos y de las mentes y cuerpos de los seres humanos. Quiere esto decir que únicamente podremos afirmar que necesitamos masivas instalaciones fotovoltaicas, eólicas, etc. si podemos y queremos mantener una civilización industrial y capitalista del crecimiento perpetuo. Lo único que reclama y necesita más y más energía es el capitalismo, no las necesidades humanas, y mucho menos las necesidades de la Biosfera.

Y, finalmente, incluso partiendo de que aceptásemos todos los supuestos anteriores, la falacia de las masivas renovables como necesidad ineludible para luchar contra el cambio climático seguiría fallando por el simple hecho de que las considera realmente renovables. Pero no existe ni un solo panel fotovoltaico en el mundo, ni un solo aerogenerador en parte alguna, que se hayan construido usando únicamente electricidad de origen renovable y materiales reciclados o renovables. Ni los hay ni los podemos esperar, tanto por el agotamiento acelerado de los minerales primarios como por el costo energético prohibitivo que tendría acercarnos a tasas suficientes de reciclaje como para hacer algo semejante a escala masiva.

El crecimiento de consumo de fósiles continúa con independencia del crecimiento paralelo de las instalaciones pseudorrenovables

¿Quiere todo esto decir que debemos rechazar totalmente las llamadas energías renovables? Aunque esta suele ser una acusación que lanzan contra sus críticos algunos creyentes en las falacias renovables que acabamos de describir, no es así en absoluto. Entre el posicionamiento falaz del “son imprescindibles y además de manera masiva” y una oposición completa del tipo “no debemos instalar ninguna”, existe un enorme trecho donde se debe ubicar la racionalidad y, sobre todo, la auténtica democracia. Porque es esto, y no otra cosa, lo que en el fondo están reclamando los movimientos de oposición a los macroproyectos de renovables: democracia y soberanía energéticas, es decir, la capacidad de decidir qué tipo de energía, cuánta y para qué. Además, una descarbonización, para ser racional, debe huir de autoengaños y partir de un realismo que reconozca que lo único que combate el cambio climático es dejar de emitir GEI, y que eso implica dejar de quemar petróleo, gas y carbón, punto. Y que reconozca, así mismo, las implicaciones ineludibles de trasformar completamente nuestro modelo de civilización: aceptar un declive global de la disponibilidad de energía hasta llegar a los niveles que puedan proporcionarnos unas auténticas renovables (las que llama Luis González Reyes las R3E, energías realmente renovables y emancipadoras, concepto que incluye las renovables no eléctricas que defiende Turiel); relocalizar la vida y la economía para poder satisfacer las necesidades locales con energías y materiales locales; abandonar el capitalismo como paradigma único que determine la organización social, para decidir democráticamente qué otros tipos de modelos queremos construir en cada país; desarrollar (esto sí) de manera masiva la agricultura ecológica, de manera correctamente planificada y adaptada a cada territorio, contando con los factores ya inevitables del caos climático, para asegurar una soberanía y resiliencia alimentarias como primer objetivo social; desarrollar toda una nueva estructura de relaciones internacionales basada en la justicia y en la compensación a los pueblos por la deuda histórica y climática; así como toda una serie de medidas de profunda y rápida trasformación social hacia sociedades pospetróleo, poscrecimiento y poscapitalistas como las que vienen proponiendo movimientos como el Decrecimiento o el Ecosocialismo ecofeminista y consciente de los límites del planeta. 

Será solamente entonces, sobre esta base de una nueva realidad material y social, que podremos formular entre todas y todos, cuántas turbinas eólicas, paneles fotovoltaicos, coches eléctricos o barcos de hidrógeno necesitamos construir. Pero llegados ahí ya no lo haremos con la falsa ilusión de estar “luchando contra el cambio climático”, sino que, con el freno ya puesto a este peligro en una sociedad que ya no necesitará crecer y que consumirá muchísima menos energía, podremos decidir si necesitamos ese tipo de tecnologías para satisfacer necesidades reales y concretas de las comunidades o si estas ya no merecen la pena.

Manuel Casal Lodeiro es coordinador del Instituto Resiliencia.

Fuente: https://ctxt.es/es/20230201/Firmas/42197/Manuel-Casal-Lodeiro-energia-renovable-cambio-climatico-medioambiente-combustibles-fosiles.htm

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viernes, 3 de marzo de 2023

Tiburones al acecho

 

Las pensiones son un bocado demasiado apetitoso para que los oligarcas occidentales no quieran apoderarse de él. Llevan años intentándolo y ahora, con la excusa de que quien manda es la Unión Europea, empieza una nueva batalla. Y tiene mala pinta.


Tiburones al acecho


Ildefonso Suárez Garrido

El Viejo Topo

3 marzo, 2023 

 


Planes de Pensiones de Empleo: Trampas para favorecer su impulso y desarrollo o cómo hacer obligatoria su suscripción.

Viene el título a cuenta de la respuesta que el gobierno ha dado a una pregunta parlamentaria presentada en el Congreso por el diputado J.Baldoví de COMPROMÍS, a petición de COESPE (Coordinadora Estatal por la Defensa del Sistema Público de Pensiones), y a cuenta de los llamados Planes de Pensiones de Empleo (PPE) aprobados por las Cortes a mediados del año pasado[1].

Dichos planes forman parte del llamado segundo pilar de las pensiones[2] y consisten, en esencia, en un fondo de capitalización individual que se va formando con las aportaciones que la empresa, por cuenta del trabajador/a, y éste mismo, efectúan mensualmente. Estos fondos serán administrados e invertidos por entidades financieras privadas que cobrarán su correspondiente comisión anual. Cuando la persona trabajadora alcance la edad de jubilación, recuperará este fondo individualizado en forma de renta mensual o mediante el rescate de todo lo acumulado (capital + intereses, si los hay). Los PPE han de ser pactados bien en los convenios colectivos, bien en las plataformas de trabajadores/as autónomas, bien en las mesas sectoriales de la función pública. En el argumentario del ministro de Seguridad Social y Migraciones, Escrivà, se proclama que el objetivo es que, en un futuro próximo, el 60% de los trabajadores por cuenta propia o ajena del país suscriban un PPE y que, en conjunto, alcancen los 300.000 millones de euros en depósito. Un negocio redondo para las entidades financieras que podrían “cobrar” en comisiones hasta casi 3.000 millones de € anuales, como veremos más adelante. Lógicamente, su rentabilidad depende de los vaivenes de la Bolsa, del acierto en las inversiones de las entidades privadas gestoras, y de que éstas no quiebren y desaparezcan, ya que en la propia Ley se establece que los PPE “no cuentan con la garantía del estado[3].

Ahora bien, desde COESPE nos preocupaba que el reglamento definitivo[4] de los mismos no fijara ningún procedimiento para que la persona trabajadora que no quisiera ser partícipe de un Plan de Pensiones de Empleo aprobado en Convenio Colectivo pudiera incorporar a su nómina bruta la aportación que la empresa dejaría de ingresar al fondo en cuestión.

De ahí, la pregunta parlamentaria nº 248422 de 16-12-2022 que, en resumen, pedía aclaraciones sobre:

¿Podrán las personas trabajadoras por cuenta ajena no ser partícipes de una Plan de Pensiones de Empleo Simplificado (PPES) al que se ha adherido la empresa para la que trabajan?

Si fuera el caso, un trabajador o trabajadora que renuncie a ser partícipe de un PPES suscrito por su empresa, ¿ha de recuperar y ver abonado en su nómina el importe bruto de la aportación empresarial por cuenta del trabajador a dicho PPES?

¿Qué ocurriría si una empresa está adscrita a un fondo de pensiones de empleo, pero el trabajador no quiere ser partícipe y preferiría cobrar la aportación de la empresa por cuenta del trabajador como parte de su salario bruto?

Analicemos, antes de conocer la respuesta, el por qué puede no interesar suscribir (ser partícipe, dice la ley) un plan de pensión de empleo, sobre todo, en el caso de los salarios más bajos. Si se aportan 50 euros al mes durante 30 años a estos fondos, en el momento de la jubilación y en el mejor de los casos (que la empresa de gestión privada haya hecho una inversión fabulosa con el 2% de interés acumulado anual), la pensión complementaria sería de entre 95€ y 100€ al mes, ¡como mucho! durante los 17 años de vida media que le quedaran por vivir[5]¡Eso, si no quiebra antes la empresa gestora! Y sin posibilidad de que el futuro pensionista, durante 30 años, haya podido disponer de “su” fondo que sí ha servido para que la empresa gestora privada haya ido cobrando todos los años su correspondiente comisión. Por incidir en el tema, en el último convenio firmado de la Construcción se ha acordado iniciar la formalización de uno de estos Planes con la aportación del 1% del sueldo bruto. Un 1% que en el caso del salario medios de los albañiles llegaría a los 20€ mensuales o 240 € al año. Con esa aportación alcanzarían una pensión complementaria entre 35€ y 40€ mensuales (14 pagas anuales), tras 30 años de trabajo. De pena.

Desde luego, no parece muy apetecible la perspectiva para quienes tengan sueldos bajos y prescindir en el presente de 20€, 30€ o 50€ es un gran sacrificio. Seguro que preferirían ir cobrando mensualmente en su nómina la aportación al plan y confiar en el sistema público de pensiones que asegura una mayor rentabilidad a sus cotizaciones en las pensiones contributivas.

La respuesta a la pregunta parlamentaria, que tardó un par de meses, ha sido, por una vez, meridianamente clara:

“..cuando en el acuerdo o convenio colectivo se haya establecido la incorporación de los trabajadores directamente al plan de pensiones, se entenderán adheridos al mismo; salvo que el acuerdo o convenio colectivo prevea que, en el plazo acordado a tal efecto, los trabajadores puedan declarar expresamente por escrito a la comisión promotora o de control del plan, que desean no ser incorporados al mismo.” 

“Será el propio acuerdo o convenio colectivo en el que se fijaron los términos de formalización de los planes de pensiones de empleo, el que determine si las contribuciones empresariales que se han dejado de realizar en favor de sus trabajadores/as en su condición de partícipes del plan de pensiones de empleo, al no ser trabajadores/as partícipes, se abonan en sus nóminas como parte del salario bruto o no.

Entonces, ¿qué ocurrirá si la persona trabajadora no quiere ser partícipe del Plan? Pues que, en la práctica, no podrá negarse y se verá “obligada” a suscribirlo. ¿Y esto por qué?

Al menos por dos razones:

  • Porque, por defecto, será adscrita a él si no renuncia por escrito[6], es decir, en lugar de solicitar adscribirse (sería lo lógico), ha de “hacerse notar” en que no quiere hacerlo. Además, tendrá que resistir la presión del empleador y de sindicatos que firmaron el convenio (y que controlan el fondo del Plan de Pensión a través de su Comisión de Control[7]). A ellos les interesa que haya cuantos más fondos y más partícipes. ¡Y esto siempre que tal posibilidad haya sido prevista en el convenio! ¡Si no lo ha sido, no podrá renunciar!
  • Porque el gobierno, consciente y voluntariamente, no ha reglamentado[8] la posibilidad de que quien renuncie a adscribirse al plan pueda incluir en su nómina bruta la cantidad que el empleador ya no aportaría al plan (aportación siempre por cuenta del trabajador). Vuelve a quedar al arbitrio de sindicatos y empresarios incluir esta posibilidad en el convenio de turno. ¡Y si no está incluida, nadie renunciará porque si así hiciera ni habría aportación al plan, ni cobraría dicha aportación en su nómina!

En resumen, se va a imponer la voluntad de sindicatos y patronal sobre la libre decisión de las personas trabajadoras en participar o no en estos Planes de Pensiones de Empleo.

La razón última de esto no se nos escapa: favorecer (imponer) la creación y expansión de estos planes que, no hay que olvidar, tienen además incentivos fiscales e impositivos tanto para el empresario como para quienes, con sueldos e ingresos altos, pueden hacer mayores aportaciones. Nos dirán que son una imposición de Bruselas, parece que ligados a la consecución de determinados fondos Next Generation[9]. Pero aun aceptando esta premisa, la UE no obliga a que se dificulte poder renunciar a estos planes para fomentarlos, ni obliga a darles incentivos[10] que benefician a pocos y perjudican a la mayoría. También serán un gran negocio para el oligopolio financiero al haber conseguido aumentar, con el mismo reglamento, hasta un 0,95%[11] las comisiones que podrán recibir las entidades gestoras de fondos. Todo esto es una opción de cada gobierno, de los partidos que aprueban están leyes y de los sindicatos que las apoyan.

La responsabilidad del gobierno se dirime, entre otros parámetros, en las elecciones. La de los sindicatos en su utilidad para mejorar las condiciones del trabajo, su remuneración y las futuras pensiones. A estos últimos les sobreviene una gran decisión, empezando por su cooperación o no en la proliferación de este tipo de pensiones privadas complementarias y terminando por incluir o no en los Convenios y estatutos de los Planes la posibilidad de que se pueda renunciar a ellos y cobrar en nómina la aportación que el empresario ya no ingresará.

Desde COESPE consideramos que estos planes son un “caballo de Troya” en el Sistema Público de Pensiones, reducirán los ingresos del sistema, dividirán al mundo del trabajo entre los que más puedan aportar a los Planes y los que no puedan aportar nada y hará aflorar una multitud de órganos administradores de todos estos planes que, a su vez, serán caldo de cultivo de posibles corruptelas. El resultado último será debilitar, de facto y a largo plazo, el sistema público de pensiones en beneficio de los sectores financieros que gestionarán los Planes de Empleo.

De todo ello, gobierno, patronal y sindicatos tendrán que responder ante el conjunto social, las personas trabajadoras, COESPE y todos los movimientos pensionistas. Y aún más en año electoral.

Notas

[1] Ley 12/2022, de 30 de junio, de regulación para el impulso de los planes de pensiones de empleo.

[2] El primer pilar es el Sistema de Pensiones Público, el segundo las pensiones que se obtendrían mediante la constitución de un fondo financiero individual vehiculado por Convenios y acuerdos a través de las empresas y el tercero los instrumentos financieros de ahorro privado con vistas a la jubilación.

[3] Estos Planes de Pensiones de Empleo ya están muy extendidos. En España están ya presentes, minoritariamente, en grandes empresas del sector de comunicaciones y energético. En Suecia sí cuentan con una rentabilidad mínima garantizada porque el administrador es el Estado. En cambio, en Reino Unido al igual que sucederá en España, son de gestión puramente privada y recientemente han tenido que ser “ayudados/rescatados” por el Estado Británico por las grandes pérdidas que han sufrido en la reciente crisis económica. El caso más flagrante se ha dado en Chile. Allí la dictadura militar impuso (salvo a los militares) este tipo de pensiones que han devenido en una verdadera ruina para los pensionistas por rentabilidades negativas y fraude en las empresas gestoras.

[4] Real Decreto 885/2022, de 18 de octubre, por el que se modifica el Reglamento de planes y fondos de pensiones

[5] A cifras constantes de hoy, sin tener en cuenta la inflación y el, consiguiente aumento de la aportación y de la pensión complementaria correspondiente.

[6] Artículo 4.1.a) del TRLPFP (Texto refundido de la Ley de Regulación de los Planes y Fondos de Pensiones)

[7] Recordemos que dicha Comisión de Control estará formada paritariamente por representantes de la Patronal y de los sindicatos “más representativos” del sector.  Artículo 73 de la Ley de Impulso de los Planes de Pensiones de Empleo. (Ley 12/2022, de 30 de junio). Dicha Comisión, si los estatutos del Plan Simplificado de Empleo lo contemplan, podrá percibir dietas o asignación económica por su labor. También los estatutos pueden decidir que no tingan ningún tipo de percepción.

[8] Reglamento de Planes y Fondos de Pensiones (RD 885/2022)

[9] Fondos aprobados por la UE para paliar la reciente crisis económica ligados a la consecución de determinados “hitos” establecidos en el Plan de Recuperación y Resiliencia de España.

[10] Hasta casi 400€ en cotizaciones empresariales, hasta el 10% reducción Impuesto de Sociedades y hasta 8.500€ en reducción base imponible IRPF. Ley 12/2022 de 30 de junio.

[11] Artículo 107 del Reglamento de Planes y Fondos de Pensiones (RD 885/2022)

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Publicado en el Boletín Oficial de Andalucía el plan que habilita la privatización de la Atención Primaria

 


Publicado en el Boletín Oficial de Andalucía el plan que habilita la privatización de la Atención Primaria

 

Publicado el 3 de marzo de 2023 / Por Redacción Kaosenlared

 

Se ha publicado la nueva orden de tarifas en Andalucía, la cual permite la concertación de consultas de Atención Primaria con proveedores de servicios sanitarios privados.

Ya se publicó en el Boletín Oficial de la Comunidad la orden de la Junta de Andalucía, se abrió la puerta a la privatización de la Atención Primaria.

El presidente de la Junta, Juanma Moreno, ya ha comenzado de manera inexorable la “privatización” de la atención primaria una vez que se ha hecho oficial la publicación de la nueva orden de tarifas que permite concertar consultas de atención primaria con la sanidad privada.

El BOJA ha publicado la orden del Ministerio de Sanidad y Consumo que tiene por objeto establecer tarifas para los convenios y contratos que el Servicio Andaluz de Salud (SAS) suscriba con entidades, tanto públicas como privadas, para la prestación de asistencia sanitaria -incluida la atención primaria- en centros de salud.

Según la Coordinadora Antiprivatización de la Sanidad, CAS-Estatal “El brutal deterioro de las condiciones de trabajo en Atención Primaria (a partir de ahora A.P.) ha sido algo paulatino, paralelo al proceso de privatización y desmantelamiento que se inició en 2004.El colaboracionismo de sindicatos y partidos políticos de “izquierda” permitieron hacer el “trabajo sucio” sin oposición al PP.

La orden de 23 de febrero de 2023, por la que se actualiza y desarrolla el sistema para presupuestar y tarificar los convenios y contratos que el Servicio Andaluz de Salud suscriba para la prestación de asistencia sanitaria en los centros de salud, entrará en vigor hoy viernes 3 de marzo, tras su publicación en el BOJA.

CAS- Estatal:El incremento de las listas de espera puede incluso beneficiar económicamente a determinadas élites médicas (peonadas fuera de su jornada ordinaria para sacar actividad atrasada), a los propios centros privados (incremento de los conciertos), y a los seguros privados, que no dejan de aprovechar cualquier oportunidad para seguir empujando a sectores de las clases medias hacia su negocio

Según información de agencias,  la orden incluye un anexo con las tarifas máximas establecidas para los servicios sanitarios sujetos a convenio y contrato. Incluye un bloque de procedimientos quirúrgicos que podrían ser objeto de contratación, así como otro de pruebas diagnósticas, otro de estancias hospitalarias y otro de consultas, donde las tarifas máximas de 65 euros para consultas de Atención Primaria, 150 euros para consultas iniciales, 90 euros para consultas posteriores, y 215 euros para consultas de “alta resolución”.

CAS- Estatal: “No hay más dinero, imposible incrementar el presupuesto para la sanidad pública en 2023”, repiten  las y lo responsables de las comunidades autónomas. El dinero lleva años desviándose hacia empresas privadas, hasta el punto de que ya en 2018.

La orden señala que “estas tarifas máximas corresponden a consultas realizadas en las instalaciones de las empresas adjudicatarias”, por lo que en el caso “de que la prestación del servicio no se realice en dichas instalaciones, la tarifa máxima se reducirá al 35%”.

Las tarifas establecidas para los procedimientos diagnósticos van desde los 31,8 euros de determinadas ecografías hasta los 1.749 euros de un PET-TAC Fluor PSMA (Prostate-Specific Membrane Antigen).

El importe máximo fijado por un día de hospitalización en planta que se contrate para estancias de uno a siete días es de 215 euros, 150 euros diarios para estancias de ocho a 30 días y 125 euros para estancias superiores a 30 días .

El importe máximo fijado por un día de estancia en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) es de 750 euros, y para los casos agudos de salud mental se establecen tarifas máximas que oscilan entre los 200 y los 130 euros diarios, en función de su duración, ya sea de de uno a siete días, de ocho a 30 días o más de 30 días.

La orden también incluye los precios de los procedimientos de radioterapia y protonterapia, con importes máximos que van desde los 42.000 euros por un tratamiento completo de protonterapia pediátrica con anestesia, hasta los 3.000 euros que podría pagar el SAS por un tratamiento completo de radioterapia sin hospitalización.

El modelo sanitario del Estado español es eminentemente hospitalario. En 2021 los hospitales el 70 % de las partidas preuspuestarias, mientras que la Atención Primaria solo recibió un 10,7 %. Una diferencia inaceptable si se tiene en cuenta que la A.P. es capaz de solucionar entre el 80-90 % de los problemas de salud de la población, con intervenciones de bajo coste pero buenos resultados.

La orden, firmada por la ministra de Sanidad y Consumo, Catalina García, sostiene que “la especialidad en contratación de asistencia sanitaria contratada hace aconsejable esta norma reglamentaria con el fin de complementar la normativa aplicable en materia de contratación administrativa”. Por ello, el Ministerio argumenta que “es conveniente establecer una tarifa máxima homogénea para toda Andalucía, por trámite y no por grupo, como hasta ahora, lo que supondrá una reducción del coste de los trámites más frecuentemente contratados y, en por otro lado, resolverá aquellos trámites que generen listas de espera o problemas de atención cuando sea realmente necesario.”

Estas son las propuestas de CAS-Estatal:

Unidad de sindicatos, sociedades científicas, asociaciones y profesionales y entender que la lucha no puede ser parcial, ha de ser de todos los trabajadores y trabajadoras del sistema sanitario, unidos con la población, para blindar el sistema sanitario, lo que implica necesariamente:

  • Posicionarse claramente contra la privatización y por la derogación de las leyes que la permiten.
  • Exigir el rescate de lo privatizado (hospitales, laboratorios, ambulatorios de Pontones y Quintana), limpieza, lavandería, extracción de sangre, etc.
  • Incrementar las plantillas y crear un turno médico de tarde en los hospitales, en las especialidades médicas necesarias, para utilizar al 100 por 100 los recursos, evitar la emigración de los profesionales y reducir los conciertos al mínimo. Las listas de espera se deben y pueden asumir desde los centros de gestión directa correctamente dimensionados.
  • Incompatibilidad para el trabajo en la privada.
  • Romper los monopolios sindicales en la formación y prohibir la formación a través de las farmacéuticas.
  • Democratizar de verdad la gestión de los centros, con participación real en la toma de decisiones de trabajadores y usuarios.
  • Universalizar la asistencia. Ninguna limitación para la atención a los migrantes.

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jueves, 2 de marzo de 2023

Más de 30 millones de personas sin asistencia nutricional en EEUU

 

Más de 30 millones de personas sin asistencia nutricional en EEUU

 

DIARIO OCTUBRE / marzo 2, 2023

 

Más de 30 millones de personas en Estados Unidos prescindirán de los beneficios del Programa Federal de Asistencia Nutricional Suplementaria, justo cuando en el país crece el costo de los comestibles.




Esta jornada marca el final de las ayudas adicionales de alimentos en 32 estados, el Distrito de Columbia, Guam y las Islas Vírgenes, y se estima que las familias de bajos ingresos antes beneficiadas verán reducidos sus asignaciones mensuales en entre 100 y 250 dólares por mes.

 

El programa, que comenzó en los primeros días de la pandemia de Covid-19, mantuvo a cuatro millones 200 mil personas por encima del umbral de pobreza en el último trimestre de 2021, según una investigación de Urban Institute, un grupo no partidista de expertos sobre política económica y social de Washington.

Más de 42 millones de individuos se favorecieron de este a partir de octubre pasado, el último período para el que se dispone de datos federales, acorde con un reporte de la cadena NBC News.

Aunque la fecha tope para usar los beneficios era hasta hoy, Florida, Arkansas, Mississippi y Georgia optaron por finalizar antes la asignación de emergencia.

En ese último territorio, el Banco de Alimentos de la Comunidad de Atlanta comunicó a NBC News un aumento de un 34 por ciento de las visitas para conseguir comestibles, desde mayo de 2022 cuando se dio por terminado el programa, hasta diciembre de ese año.

A medida que disminuían los amortiguadores financieros, la iniciativa brindó un colchón crucial, aunque parcial, para muchos estadounidenses, expresó Mark Hamrick, analista económico jefe de la empresa de servicios financieros Bankrate.

Recortarlos ahora “es eliminar un componente de la red de seguridad social que hará que algunas personas se enfrenten a la inseguridad alimentaria. La caducidad o falta de disponibilidad de este beneficio realmente no podía ocurrir en un momento menos oportuno”, declaró a la fuente noticiosa.

El precio de los alimentos en Estados Unidos aumentó un 11,3 por ciento en enero pasado en comparación con idéntico mes de 2022, según los datos publicados por la Oficina de Estadísticas Laborales.

FUENTE: prensa-latina.cu

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¡Solidaricémonos con la huelga indefinida en la planta de Lidl de Alcalá de Henares!

 


¡Solidaricémonos con la huelga indefinida en la planta de Lidl de Alcalá de Henares!

 

Por Redacción Kaosenlared

2 de marzo de 2023 

 

Llamamiento a la solidaridad de clase del Colectivo Kaos en la Red

Las trabajadoras y trabajadores del centro logístico de Lidl en Alcalá de Henares llevan varios días en huelga indefinida luchando por sus derechos. Tomando las decisiones desde la asamblea, exigen mejoras en sus condiciones laborales que incluyan la equiparación salarial con otras trabajadoras de Lidl del Estado español, contratos a jornada completa y un plus de frío para las personas que trabajan en las cámaras frigoríficas, entre otros reivindicaciones.

Es de justicia apoyar esta lucha que nos identifica como clase que lucha por su dignidad y su supervivencia y es por ello que, desde Kaos en la Red, os animamos a hacer comunicados de apoyo desde todos los colectivos y empresas, a participar en sus acciones y a apoyar económicamente su caja de resistencia.

Todo nuestro aliento en esta lucha. Si ganan ellas, ganamos todas.

Colectivo Kaos en la Red

 


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RUSIA informa de lo ocurrido ayer 28 de febrero en el frente de batalla (y que para la prensa occidental no ocurrió)

 

RUSIA informa de lo ocurrido ayer 28 de febrero en el frente de batalla (y que para la prensa occidental no ocurrió)

INSURGENTE.ORG



Las Fuerzas Armadas de la Federación Rusa continúan sus acciones militares en el marco de la operación militar especial en el territorio de Ucrania.

En la dirección de Kupyansk

El fuego de artillería del grupo de tropas “Occidental” golpeó a las unidades de las Fuerzas Armadas de Ucrania en las áreas de los asentamientos de Sinkovka y Krakhmalnoye de la región de Járkov, y de Novoselovskoe en la República Popular de Lugansk, donde las pérdidas enemigas ascendieron a 25 militares ucranianos y dos vehículos.

En la dirección Krasno-Limansky

Las acciones activas de las unidades del grupo de tropas del “Centro” y el fuego de artillería golpearon personal y equipo militar enemigo en las áreas de los asentamientos de Stelmahovka, Chervonopopovka, Chervonaya Dibrova y Kuzmino de Luhansk.

Durante el día, hasta 120 militares ucranianos fueron neutralizados mientras cuatro vehículos blindados de combate y un obús autopropulsado Akatsiya fueron destruidos en esta dirección.

En la dirección de Donetsk

Durante las operaciones activas de las unidades del grupo de fuerzas “Sur”, y gracias a los ataques aéreos, el fuego de artillería y de sistemas de lanzacohetes pesados, cerca de 350 militares ucranianos fueron abatidos, y se destruyeron dos blindados de combate, cuatro vehículos bélicos, un D-20 obús y dos obuses D-30.

En las direcciones Sur-Donetsk y Zaporozhie

La aviación y la artillería operacional-táctica del grupo de fuerzas Vostok infligieron una compleja derrota a las unidades de las Fuerzas Armadas de Ucrania en las áreas de los asentamientos de Ugledar y Shevchenko, donde las pérdidas enemigas ascendieron a 45 soldados, dos vehículos de combate de infantería y tres camionetas.

Además, un depósito de municiones de las Fuerzas Armadas de Ucrania fue destruido cerca del pueblo de Chervonoe, en la región de Zaporozhie.

En la dirección de Kherson

Cerca del pueblo de Tokarevo, fue atacado un depósito de municiones.

Asimismo, la aviación operacional-táctica y las fuerzas de misiles y artillería golpearon a 93 unidades de artillería en posiciones de tiro y 162 posiciones militares.

A su vez, los sistemas de defensa aérea derribaron seis cohetes HIMARS y ocho vehículos aéreos no tripulados ucranianos.

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Manifiesto 28F: impulsando la unidad de la izquierda andaluza

 

Manifiesto 28F: impulsando la unidad de la izquierda andaluza

TERCERAINFORMACION / 01.03.2023

El próximo 2 de marzo a las 12:30 en el Salón de Grados de la Facultad de Ciencias de la Educación de Málaga, Bulevar Louis Pasteur, 25, se presentará el “Manifiesto 28F: impulsando la unidad de la izquierda andaluza”.



Más de 200 personas se han autoconvocado el día 4 de marzo para apoyar un manifiesto que quiere contribuir a la unidad de la izquierda andaluza.

Aurora León (abogada laboralista), María Márquez (profesora universitaria), Francisco Sierra (profesor universitario) y Rafa Rodríguez (Paralelo36Andalucía) presentarán el “Manifiesto 28F: impulsando la unidad de la izquierda andaluza”  , que han firmado, por ahora, más de 200 personas.

Esta presentación será el próximo 4 de marzo a partir de las 11,00 horas en el Centro Cultural “La Térmica” de la ciudad de Málaga, para celebrar el 43 aniversario del triunfo en el referéndum del 28F y debatir la perspectiva de construir juntas un nuevo proyecto de país.

Los firmantes consideran “que impulsar la unidad de la izquierda andaluza es más necesaria que nunca ante la involución que el gobierno del PP en la Junta de Andalucía está provocando en la sociedad andaluza, sin políticas a favor de la sostenibilidad, de la justicia social o del desarrollo de nuestro autogobierno, con un programa caduco de neoliberalismo centrado en la privatización de los servicios públicos a los que, día a día, deteriora, mientras baja los impuestos a los grandes patrimonios.”

En el manifiesto se destaca “la necesidad de un nuevo proyecto de país sustentado en la justicia social y climática, en la participación ciudadana y la transparencia; que incorpore la agenda feminista y el valor de la sororidad; que cuide nuestras ciudades y pueblos, el campo, la pesca y el entorno natural; que sea solidario con las personas que sufren y que luche contra toda forma de discriminación; que mejore la vertebración interior de nuestra Comunidad con medios de transportes públicos sostenibles, proteja a las comarcas vaciadas de Andalucía y sea un lugar de encuentro con África y el Mediterráneo.”

Entre los apoyos al manifiesto hay destacados profesores universitarios como José Luis Villacañas, María Márquez, Francisco Sierra, Ángel Duarte, Diana Farzaneh, José Luís Moreno Pestaña,  Carlos Arenas,  Miguel López Melero; Antonio Jiménez Millán, Rafael Arredondo;  abogadas como Aurora León; dirigentes y activistas políticos como Sebastián Martín Recio, Sergio Pascual, José Antonio Jiménez, Toni Valero, Ernesto Alba, María José Torres Gómez,  José Antonio Pino, Andrés Lozano, Mar González o Blas Rueda.

Todos ellos creen que “la unidad de la izquierda en este 28F de 2023, tiene el compromiso de movilizar, como hace 43 años, a una mayoría social para conformar gobiernos municipales de progreso que puedan crear empleo, combatir el cambio climático, contribuir a erradicar la pobreza, gestionar servicios públicos de calidad, avanzar en la conquista de la plena igualdad o potenciar la cultura potenciando la participación ciudadana como motores del cambio.”

El manifiesto denuncia la utilización que quiere hacer el actual presidente de la Junta, Moreno Bonilla, del andalucismo y del ecologismo para dar una imagen de moderación con la que ocultar sus políticas neoliberales en favor de los poderes económicos, privatizando los servicios públicos y bajando los impuestos a los grandes patrimonios.

Por último, hacen un llamamiento a todas las personas, movimientos sociales y fuerzas políticas comprometidos con el cambio progresista en Andalucía para firmar este manifiesto y participar en el acto.

Comisión organizadora del Encuentro.

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Pedir lo imposible

 

Pedir a los oprimidos no ser violentos es un imposible que pretende ignorar la historia. Los amos piden una y otra vez que los de abajo destierren la violencia mientras utilizan todo lo que tienen a su alcance –no siempre legal– para ejercerla.


Pedir lo imposible

 

Justin Podur

El Viejo Topo

2 marzo, 2023 

 


En enero de 2023, después de que cinco agentes de policía asesinaran a Tyre Nichols, el presidente Joe Biden emitió rápidamente una declaración en la que pedía a los manifestantes que se mantuvieran no-violentos. “Mientras los estadounidenses lloran, el Departamento de Justicia lleva a cabo su investigación y las autoridades estatales continúan su trabajo. Me uno a la familia de Tyre en el llamado a la protesta pacífica”, dijo Biden. “La indignación es comprensible, pero la violencia nunca es aceptable. La violencia es destructiva y va contra la ley. No tiene cabida en las protestas pacíficas en busca de justicia”.

En junio de 2022, cuando el Tribunal Supremo anuló el caso Roe contra Wade, Biden hizo el mismo llamado a los manifestantes. “Hago un llamado a todo el mundo, independientemente de lo mucho que les importe esta decisión, para que todas las protestas sean pacíficas. Pacíficas, pacíficas, pacíficas”, dijo Biden. “Sin intimidación. La violencia nunca es aceptable. Las amenazas y la intimidación no son formas de expresión. Debemos oponernos a la violencia en cualquiera de sus formas, independientemente de sus motivos”.

Es un espectáculo curioso que el jefe de un Estado, teniendo a su disposición todos los instrumentos del poder, no los utilice para resolver un problema, sino que ofrezca consejos a los impotentes sobre cómo protestar contra él y contra el maltrecho sistema de Gobierno. Biden, sin embargo, no se mostró tan reacio a utilizar esos instrumentos del poder en contra de los manifestantes. Durante las protestas de Black Lives Matter (las vidas negras importan) tras el asesinato de George Floyd en 2020, cuando Biden era candidato presidencial, dejó claro lo que quería que les ocurriera a quienes no hicieran caso del llamado a la no-violencia: “Nunca deberíamos dejar que lo que se hace en una marcha por la igualdad de derechos supere cuál es la razón de la marcha. Y eso es lo que están haciendo estas personas. Y deberían ser arrestados: encontrados, arrestados y juzgados”.

Ante la acción asesina de la policía, Biden pidió a los manifestantes que fueran “pacíficos, pacíficos, pacíficos”. Ante manifestantes no-violentos, Biden pidió a la policía que se asegurara de que los manifestantes fueran “encontrados, detenidos y juzgados”.

¿Se exige a los manifestantes en los Estados Unidos (y quizá en otros países donde la cultura de la protesta es especialmente fuerte, como Canadá) un estándar imposible de alcanzar? De hecho, otros países occidentales no parecen exigir estas cosas a sus manifestantes: pensemos en Christophe Dettinger, el boxeador que golpeó a un grupo de policías antidisturbios franceses blindados y con casco hasta que estos desistieron de golpear a otros manifestantes durante las protestas de los chalecos amarillos en 2019. Dettinger fue a la cárcel pero, para algunos, se convirtió en un héroe nacional. ¿Cuál habría sido su destino en los Estados Unidos? Lo más probable es que hubiera sido maltratado en el acto, como sugieren los registros gráficos del comportamiento de la policía estadounidense hacia personas mucho más pequeñas y débiles que Dettinger durante las protestas de 2020. Si hubiera sobrevivido al encuentro con la policía estadounidense, Dettinger se habría enfrentado a críticas desde dentro del movimiento por no utilizar métodos pacíficos.

Se da aquí una paradoja. Los Estados Unidos, el país con casi 800 bases militares en todo el mundo, el país que lanzó la bomba nuclear sobre ciudades civiles y el país que gasta más que todos sus rivales militares juntos, espera que sus ciudadanos se atengan a normas más estrictas durante las protestas en comparación con cualquier otro país. Staughton y Alice Lynd, en la segunda edición de su libro Nonviolence in America (La no-violencia en los Estados Unidos), publicado en 1995, escribieron que “Los Estados Unidos ha sido más veces el maestro que el alumno del ideal no-violento”. Los Lynds son citados con desaprobación por el escritor anarquista Peter Gelderloos en su libro How Nonviolence Protects the State (Cómo la no-violencia protege al Estado), un llamado a los manifestantes no-violentos de principios de la década de 2000, que se encontraban en las calles con anarquistas que no compartían su compromiso con la no-violencia. Gelderloos pedía solidaridad a los activistas no-violentos, rogándoles que no permitieran que el Estado dividiera el movimiento en “manifestantes buenos” y “manifestantes malos”. Ese movimiento llamado “antiglobalización” se desvaneció ante la guerra contra el terrorismo posterior a 2001, por lo que el debate nunca se resolvió realmente.

Para los Estados Unidos, el Reino Unido y muchos de sus aliados, el debate sobre la violencia política se remonta quizás a los pacifistas blancos que aseguraban a sus hermanos blancos, aterrorizados por la Revolución Haitiana –que terminó en 1804– que el abolicionismo no significaba animar a los esclavizados a rebelarse o a luchar. Aunque soñaban con un futuro sin esclavitud, los pacifistas abolicionistas del siglo XIX comprendieron –al igual que sus compatriotas esclavizadores– que el papel de las personas esclavizadas era sufrir como buenos cristianos y esperar la liberación de Dios en lugar de rebelarse. Aunque poco a poco fue cambiando de opinión, el abolicionista y pacifista del siglo XIX William Lloyd Garrison insistió inicialmente en la no-violencia contra los esclavistas. Aquí se cita a Garrison en el libro del difunto comunista italiano Domenico Losurdo La cultura de la No violencia: “Por mucho que deteste la opresión ejercida por el esclavista sureño, es un hombre, sagrado ante mí. Es un hombre, que no debe ser dañado por mi mano ni con mi consentimiento”. Además, añadió, “no creo que las armas de la libertad hayan sido nunca, o puedan ser nunca, las armas del despotismo”. A medida que la crisis se agravaba con la Ley del Esclavo Fugitivo, argumentaba Losurdo, a los pacifistas como Garrison les resultaba cada vez más difícil pedir a los esclavizados que se entregaran a sus esclavizadores sin oponer resistencia. En 1859, Garrison incluso se vio incapaz de condenar la incursión del abolicionista John Brown en Harpers Ferry.

El lingüista, filósofo y activista político Noam Chomsky reconoció la complejidad moral de la no-violencia en el movimiento antibelicista durante un debate de 1967 con la filósofa política Hannah Arendt y otros. Chomsky –aunque defendió la no-violencia en el debate– llegó a la conclusión de que la no-violencia era, en última instancia, una cuestión de fe:

“La reacción más fácil es decir que toda violencia es aborrecible, que ambos bandos son culpables, y mantenerse al margen conservando la propia pureza moral y condenarlos a ambos. Esta es la respuesta más fácil y en este caso creo que también está justificada. Pero, por razones bastante complejas, también hay argumentos reales a favor del terror del Vietcong, argumentos que no pueden descartarse a la ligera, aunque no creo que sean correctos. Uno de los argumentos es que este terror selectivo –matar a ciertos funcionarios y atemorizar a otros– sirvió para salvar a la población de un terror gubernamental mucho más extremo, el terror continuo que existe cuando un funcionario corrupto puede hacer cosas que están dentro de su poder en la provincia que controla”.

“También está el segundo tipo de argumento… que creo que no puede abandonarse a la ligera. Se trata de la cuestión fáctica de si tal acto de violencia libera al nativo de su complejo de inferioridad y le permite entrar en la vida política. A mí mismo me gustaría creer que no es así. O, al menos, me gustaría creer que la reacción no-violenta podría lograr el mismo resultado. Pero no es muy fácil presentar pruebas de ello; sólo se puede argumentar a favor de aceptar este punto de vista por motivos de fe”.

Varios escritos han alertado de que la doctrina de la no-violencia ha causado daños a los oprimidos. Entre ellos se encuentran Pacifism as Pathology (Pacifismo como patología) de Ward Churchill, How Nonviolence Protects the State (Como la no-violencia protege al Estado) y The Failure of Nonviolence (El fracaso de la no-violencia) de Peter Gelderloos, La cultura de la No violencia de Domenico Losurdo, y la serie “Change Agent: Gene Sharp’s Neoliberal Nonviolence” (Agente del cambio: La no-violencia neoliberal de Gene Sharp) de Marcie Smith.

Incluso las victorias históricas de las luchas no-violentas tuvieron un elemento armado entre bastidores. Trabajos académicos recientes han revisado la historia de la no-violencia en la lucha por los derechos civiles en los Estados Unidos. Entre los textos clave se encuentran The Deacons for Defense (Los Diáconos para la Defensa), de Lance Hill, We Will Shoot Back (Devolveremos los disparos), de Akinyele Omowale Umoja, y This Nonviolent Stuff’ll Get You Killed (Esto de la no-violencia hará que te maten), de Charles E. Cobb Jr. Estas historias revelan la continua resistencia, incluida la autodefensa armada, de los negros en los Estados Unidos.

Incluso antes de estas historias recientes, tenemos la notable y breve autobiografía de Robert Williams escrita en el exilio, Negroes With Guns (Negros armados). Williams fue expulsado de la NAACP por decir, en 1959: “Debemos estar dispuestos a matar si es necesario. No podemos llevar ante los tribunales a esta gente que comete injusticias contra nosotros … En el futuro tendremos que juzgar y condenar a esta gente in situ”. Señaló amargamente que mientras “los talleres no-violentos están surgiendo en todas las comunidades negras ni uno solo se ha establecido en las comunidades blancas racistas para frenar la violencia del Ku Klux Klan”.

Cuando se desplazaban por las zonas rurales del Sur para llevar a cabo sus campañas de desegregación, los activistas no-violentos del movimiento por los derechos civiles a menudo se encontraban –sin que ellos lo pidieran– con protección armada contra la policía excesivamente celosa y los vigilantes racistas: abuelas que vigilaban por la noche en los porches con rifles en el regazo mientras los activistas no-violentos dormían; Diáconos para la Defensa que amenazaban a la policía con un tiroteo si se atrevían a lanzar mangueras de agua contra los estudiantes no-violentos que intentaban desegregar una piscina. Mientras tanto, los logros legislativos conseguidos por el movimiento no-violento incluían a menudo la amenaza o la realidad de disturbios violentos. En mayo de 1963, en Birmingham, Alabama, por ejemplo, tras la represión de una marcha no-violenta, se produjeron disturbios con 3.000 personas. Finalmente se consiguió un pacto de desegregación el 10 de mayo de 1963. Un observador afirmó que “cada día de disturbios valía por un año de manifestaciones por los derechos civiles”.

Como sostiene Lance Hill en Los diáconos para la defensa:

“Al final, la segregación cedió a la fuerza tanto como a la persuasión moral. La violencia en forma de disturbios callejeros y autodefensa armada desempeñó un papel fundamental en el desarraigo de la segregación y la discriminación económica y política entre 1963 y 1965. Sólo después de que surgiera la amenaza de la violencia negra, la legislación sobre derechos civiles pasó al primer plano de la agenda nacional”.

Los constantes llamados de Biden a la no-violencia por parte de los manifestantes mientras condona la violencia de la policía son pedir lo imposible y lo ahistórico. En los momentos cruciales de la historia de los Estados Unidos, la no-violencia siempre ha cedido ante la violencia.

Fuente:  Globetrotter

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