Corrupción,
política y 24-M
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24.06.2015
Corrupción y 24-m
(19/05/2015)
En esta
introducción para El Hurón del artículo sobre las elecciones municipales y
autonómicas del pasado 24-M, nos enfrentamos a uno de los análisis más
complejos y difíciles de realizar sobre los resultados globales, y sobre los
particulares de las negociaciones, pactos y repartos posteriores, que es, sin
duda, el de la influencia política de la corrupción, el de calibrar con alguna
aproximación cuánto voto han podido perder la dos grandes fuerzas políticas en
el Estado español debido a la corrupción. Intentaremos analizar muy brevemente
qué posibles influencias ha podido tener en dichos resultados la corrupción
estructural que caracteriza al capitalismo español y a su Estado.
Una de las
razones que explican esa dificultad, probablemente la fundamental, estriba en
que la corrupción normalizada no es mal vista en el Estado, y menos en lo que
se denomina «mundo empresarial», tal como hemos expuesto en artículos
anteriores. Esto hace que sólo sea cuantificable y calificable en sus expresiones
manifiestas, pero apenas en la anodina vida cotidiana.
Otra de las
razones es que la llamada «ciencia social», la sociología, para entendernos, no
está capacitada para estudiar las corrupciones por dos obstáculos cualitativos
insuperables para esta llamada «ciencia social»: uno, que la raíz de la
corrupción es la misma que la raíz de la economía mercantil desde sus orígenes
históricos; y otra, que esta raíz se entrelaza rápidamente con otras
motivaciones sociopolíticas formando una totalidad, cuyo estudio exige recurrir
al método dialéctico, algo también imposible para el mecanicismo positivista y
neokantiano de la sociología que, con su célebre «cuantofrenia» denunciada por
Sorokin, absolutiza el individualismo metodológico burgués.
Resultado de
ello es que la sociología ni quiere ni puede prestar atención a la unidad entre
economía y política, unidad que tiene en las corrupciones uno de los engranajes
de influencia recíproca más efectivos. Si la sociología intentase profundizar
en las relaciones político-económicas tendría que hacer un doble esfuerzo:
superar sus propias limitaciones pero también las de la contabilidad de la
economía capitalista. La entera estructura conceptual de la economía política
está diseñada para negar u ocultar lo más posible la explotación asalariada, el
proceso de extracción de plusvalía mediante la explotación burguesa de la
fuerza de trabajo. La ignorancia sociológica al respecto es involuntaria solo
en parte, frecuentemente es consciente: estricta voluntad de no saber qué es y
cómo funciona el modo de producción capitalista.
Ahora bien, la
cuantificación sí sirve para descubrir algunos efectos externos que nacen de
las internas contradicciones del capitalismo. Permite saber, por ejemplo, que
la corrupción supone aproximadamente el 1% del PIB de la UE; que las mafias
ganan alrededor de 5.500 millones-€ anuales con tráfico de personas de África a
Europa y de Nuestra América a EE.UU., y que han obtenido no menos de 15.700
millones-€ en los últimos quince años con el tráfico humano entre África y la
UE; que el narcotráfico y la prostitución suponen el 0,85% del PIB del Estado
español; que en 2014 aproximadamente el 33% de la clase obrera del Estado
trabajase en «negro», con el demoledor impacto que ello supone para la
recaudación fiscal, ya de por sí muy debilitada por las «amnistías» fiscales,
prebendas, ventajas y descuentos legales que el Estado burgués concede a las
grandes fortunas, mientras que casi 1.300.000 pequeños ahorradores han sido
estafados en menos de diez años mediante las «ofertas preferentes» de la banca.
Todo esto y más
puede descubrir la contabilidad económica siempre que tenga medios adecuados y
sobre todo voluntad política, lo que depende de las disputas entre las
fracciones de la burguesía, las presiones del reformismo y la fuerza de masas
de la izquierda, cuestión sobre la que nos extenderemos en otros escritos. A
pequeña escala también es difícil luchar contra la corrupción en talleres,
bares, restaurantes y comercios, aunque se incoen expedientes a algo más de un
centenar de talleres de coches en la Comunidad de Madrid; o como en el caso de
la Comunidad Autónoma Vasca se «descubra» que el 90% de los bares y
restaurantes tienen contabilidad B: casi al instante han respondido
asociaciones de pequeños empresarios poniendo en solfa o minimizando el asunto
incluso con argumentos legales basados en las ambiguas lagunas de la
jurisprudencia al respecto. De cualquier modo, una doble contabilidad bien
manipulada deja un beneficio extra aún después de haber pagado la multa siempre
que la ley vaya por detrás de la trampa.
La corrupción
estructural en lo económico se materializa en lo sociopolítico mediante
complejos y múltiples canales a través de los que se redistribuyen parte de los
beneficios legales e ilegales, también «grises», que siempre nos remiten a
alguna forma de ganancia directa y/o indirectamente material: dinero, regalos,
sexo, poder, influencias, etc. Más aun, en las intrincadas redes relacionales
cotidianas, siempre dependientes del reparto de estos y otros beneficios y
lubricadas por este mismo reparto, laten los embriones de formas micro mafiosas
de acción económica y sociopolítica: que no lleguen a dar el salto a pequeñas
organizaciones que bordean la ilegalidad puede ser debido a muchas razones.
Lo fundamental
es que estas corruptelas de baja intensidad de la que ya hemos hablado en
alguna ocasión y a las que tendremos que volver en otros comentarios por su
enorme importancia, son extremadamente difíciles de cuantificar y menos en los
resultados electorales porque su masiva penetración cotidiana está asentada y
asegurada por la quíntuple función del dinero como medida del valor; medio de
circulación; medio de acumulación; medio de pago y como dinero mundial. La
totalidad de la vida social está determinada por esta quíntuple función del
dinero, determinación tanto más omnipotente cuanto que además está
desmaterializada por el perverso y reaccionario efecto del fetichismo de la
mercancía.
La normalidad
cotidiana con la que se acepta y practica esta «pequeña» corrupción surge de la
imbricación de los factores expuestos dentro de la vida más o menos precaria,
pero siempre precaria, que sufre la población explotada que vive de salario
directo, social, público, diferido, indirecto. La burguesía tiene otra forma de
ver y practicar la corrupción. Solamente cuando la amarga experiencia acumulada
durante varios años en los que, junto a los efectos empobrecedores de la
crisis, las masas van viendo que la corrupción y la podredumbre generalizadas
multiplican su malestar a la vez que enriquecen a la minoría en el poder, sólo
entonces empiezan a notarse los directos efectos políticos que causa la podrida
realidad corrupta, pero no siempre sucede así.
La sociología
no está preparada para investigar --ni tampoco quiere hacerlo-- las
concatenaciones entre los procesos socioeconómicos y psicopolíticos que, bajo
la presión de las corrupciones múltiples, terminan influyendo en los resultados
electorales. En los últimos años han emergido a la prensa tantas corrupciones
soterradas durante tiempo que han sido uno de los detonantes del drástico
agravamiento de la crisis internacional del nacionalismo español. Nos
encontramos ante la clásica sinergia de contradicciones parciales que generan
una compleja contradicción cualitativamente superior cuyo estudio exige el
empleo del método dialéctico, verdadero «satán bolchevique» para el
academicismo neokantiano de la sociología «neutral», subvencionada por empresas
privadas y burocracias estatales. A pesar de la innegable actualidad e
influencia sociopolítica y económica de la corrupción estructural, multiplicada
en los últimos años, es extremadamente difícil encontrar investigaciones serias
realizadas desde la sociología.
Nuestra
búsqueda ha dado muy pocos resultados, exceptuando los cuatro textos que
citamos, y el cursillo de verano sobre la corrupción política organizado en
Donostia por la fiel UPV, utilizado por el PNV, en representación y defensa de
la burguesía vasca, para emborronar el problema. Los cuatro textos son: F.
Gordillo, J.M. Arana, L. Mestas y J. Salvador: «Compatibilidad
y confianza entre votante y candidato ¿Es posible un sistema de votación más
justo?». Psicología Política, Valencia, Nº 45, 2012, pp.
27-41. R.F. González; L.F. García y Barragán y F. Laca Arocena: «Validación de
una batería para identificar el papel de la ideología en las decisiones
electorales» Psicología Política, Valencia, Nº 49, 2014, pp. 59-82.
Sandro Giachi: «Dimensiones sociales del fraude fiscal: confianza y moral
fiscal en la España contemporánea». Revista Española de Investigaciones
Sociológicas, Madrid Nº 145, 2014, pp. 73-98. Y J. Mª García Blanco: «
Burbujas especulativas y crisis financieras. Una aproximación
neofuncionalista», Revista Española de Investigaciones
Sociológicas, Madrid Nº 150, 2015, pp. 71-88.
Dejando de lado
otras críticas comunes a los cuatro artículos que nos remiten a lo arriba
expuesto sobre las limitaciones de la «ciencia social», sí hay que decir que
aunque sus temáticas tienen relaciones estrechas y hasta muy estrechas con la
corrupción, y a pesar de que han sido escritos en unos años en los que la
corrupción y las elecciones están en primera plana mediática por razones
obvias, pese a ello las corrupciones no están presentes. Como si no existieran.
Semejante vacío impide conocer una de las motivaciones ideológicas y
psicopolíticas que están determinando el ciclo electoral en el que estamos
inmersos.
Antes de seguir
debemos advertir que una cuestión muy importante a tener siempre en cuenta es
el tipo de elecciones que analicemos –municipales, forales y autonómicas,
estatales y/o europeas-, diferencia que en determinados contextos y coyunturas,
y sobre todo realidades de naciones oprimidas, pueden llegar a ser
determinantes. Pero ahora, en este texto y por exigencias de espacio y tiempo
ya que sólo podemos analizar tendencias muy generales, nos vemos en la
necesidad de soslayar tales diferencias recordándolas cuando sea
imprescindible.
Conviene
recordar que durante los años de burbuja financiero-inmobiliaria y de aparente
«progreso económico», aumentó el endeudamiento de las clases trabajadoras
debido a las políticas de los gobiernos del PP desde 1996 potenciando un
irracional y suicida consumismo que reforzaba la sensación de «libertad». En
esta coyuntura, las noticias sobre la corrupción apenas generaban efectos
político-electorales si los comparamos con los actuales: en 2000 el PP obtuvo
el 44,5% del censo, casi seis puntos más que en 1996. Con semejante apoyo
masivo la burguesía desplegó triunfante su cínica doble moral: rezar y corromper.
Pero un rosario de escándalos, manipulaciones y desprecios --Prestige, Foto de
las Azores, manipulación de los atentados islamistas en Madrid, etc.-- dieron
la victoria en 2004 al PSOE con el 42,64%, mientras que el PP se desplomaba al
37,33%.
A finales de
2004 el llamado «milagro español» parecía tener visos de eterna realidad y el
sistema político no prestó atención ninguna a las crisis internacionales que
desde la mitad de los ’90, si no antes, anunciaban la proximidad de una debacle
que ya para 2006 aparecía como inminente. Al calor de la ficción, el PSOE
volvió a ganar en 2008 subiendo incluso al 43,87% quedándose el PP en el
39,94%. Los primeros datos de la Gran Crisis aparecieron en EEUU a finales de
2006 y estallando en 2008, momento en el que las ya endeudadas clase
trabajadora, «clase media» y pequeña burguesía de los pueblos oprimidos por el
Estado empezaron a cerciorarse de que sus deudas eran cada vez más pesadas, que
se hundía la capacidad de compra, que ascendía el paro, que el gobierno no
sabía qué hacer, y que la corrupción además de generalizada arruinaba a muchos
y enriquecía a pocos.
Se había
gestado la «tormenta perfecta»: durante 2010 se agudizaron estas y otras
certidumbres agravadas por los primeros recortes sociales aplicados por el PSOE
y sobre todo por el PP de Madrid con sus salvajes ataques a servicios públicos
básicos como sanidad, educación, transporte…, precisamente en la ciudad más
endeudada del Estado debido a la mezcla explosiva de corrupción, neoliberalismo
e ineficacia del PP. En la primavera de 2011 surge la indignación y las mareas
sociales como síntesis de una interacción entre espontaneidad y grupos,
colectivos y asociaciones de base organizadas activas muchas de ellas desde las
protestas contra la invasión de Irak en 2003; en ese verano se reforma el
artículo 135 de la Constitución por presiones exteriores, y en noviembre el
PSOE pierde el gobierno al hundirse en el infierno del 28,73% y el PP toca el
cielo con el 44,62%. En la Comunitat Valenciá, emporio de podredumbre, el PP
obtuvo la friolera del 48,61%. En el Principat Catalá las toleradas corruptelas
de CiU no impidieron que ganase en 2010 con el 38,43%, varios puntos más que en
2006.
La aplastante
victoria del PP en 2011 y en ascenso de CiU en 2010 significaba que la
corrupción todavía no era un problema grave para una amplia masa de votantes.
Dentro de las mareas sociales, de los indignados, del 15M, de otras luchas
obreras y populares aumentaba rápidamente la conciencia crítica sobre el
terrible efecto de las corrupciones y su conexión interna con la debacle
socioeconómica y la incapacidad política, pero aún era una conciencia
restringida a sectores intelectualmente formados y combativos. Iba a hacer
falta la fusión en la malvivencia cotidiana de empobrecimiento masivo,
represión creciente, reivindicaciones nacionales, corrupción ostentosa, crisis
galopante y avance organizativo de las luchas populares, entre otras
condiciones, para que la «tormenta perfecta» se transformase en «crisis
perfecta» del bipartidismo.
Que algo sí
empezaba a cambiar se pudo intuir en el retroceso de CiU del 38,43% de 2010 al
30,68% en diciembre de 2012: un retroceso incomprensible si no tenemos en
cuenta la diferencia cualitativa que impone la opresión nacional española que
agudizaba el ascenso soberanista e independentista, pero que, en cuanto
sociedad con uno de los mayores niveles de corrupción del Estalo, sí podía
expresar el creciente rechazo social de esas prácticas, como se comprueba con
el retroceso de CiU al 21,49% en 2015, aun admitiendo que la derecha
catalanista tiende a bajar en las municipales para recuperarse en las
autonómicas y estatales.
Otros indicios
sobre movimientos de fondo los encontramos en las elecciones europeas de 2014 y
en las autonómicas andaluzas de comienzos de 2015. Comparando las europeas de
2009 con las de 2014, salvando también todas las distancias, vemos las
espectaculares caídas del PP del 42,12% en 2009 al 26,06% y del PSOE del 38,78%
al 23%, y la irrupción de Podemos con el 7,97%. En cuanto a las andaluzas se
repite el desinfle del PP que en 2012 tuvo el 40,66% bajando al 26,72% en las
adelantadas de 2015, mientras que el PSOE retrocedió del 39,52% al 35,43%,
apareciendo podemos con 14,84%. Pensemos una cosa: si al 9,28% de C,s le
sumamos lo del PP tenemos que la derechas más españolista obtuvo el 36% en
Andalucía. Resulta significativo que en su conjunto el bipartidismo en
Andalucía -PSOE y PP/C,s- baje por igual, poco más de cuatro puntos, teniendo
en cuenta la enorme corrupción político-sindical.
En las
municipales estatales de 2007 el PP tuvo el 36,1%, en 2011 el 37,53% y en 2015
el 27,05%. Por su parte la evolución del PSOE ha sido el 35,31%, 27,79% y
25,02%, respectivamente. Sumando los resultados entre los dos grandes partidos,
vemos que en las municipales del 2007 llegaron al 71,41% del censo, bajando al
65,32% en 2011 y cayendo al 52,07% en 2015; es decir, el bipartito ha perdido
el 19,34%. Como venimos diciendo, es muy difícil cuantificar con alguna
exactitud la influencia de la corrupción en este retroceso. Sabemos que C,s,
con su demagógica campaña de «limpieza», ha obtenido un muy magro 6,55% a pesar
de los altibajos del apoyo mediático. Si sumamos PP y C,s vemos que el
nacionalismo español más reaccionario ha obtenido el 33,60% comparado con el
37,53% de las municipales de 2011, sólo un 3,93% menos: poco castigo
«limpiador» para tanta corrupción.
Es más
arriesgado hacer estas mismas cuentas entre el PSOE y Podemos e IU y otras
candidaturas surgidas recientemente, porque la mayoría no existían en las
municipales de 2011. A todo esto hay que añadir un dato muy significativo: la
participación ha sido del 63,27% en 2007, el 66,23% en 2011, y el 64,93% en
2015, o sea, que la abstención ha aumentado un 1,30% en medio de la «crisis
perfecta», lo que ha ido sobre todo en detrimento de la derecha, pero no en
forma de oposición frontal a su política y a su corrupciones, sino como llamada
de atención dentro del mismo bloque reaccionario.
Resumiendo,
todo indica que los efectos de la corrupción han hecho más daño al centrismo
reformista de PSOE-Podemos, y a las fuerzas de izquierda que le han apoyado o
se han presentado por su cuenta, que al bloque de centro derecha hegemonizado
por el PP. Las encuestas de intención de voto para las próximas elecciones generales
de noviembre de 2015 realizadas tras el 24-M sugieren, hasta ahora, una
relativa tendencia a la recuperación del PP y del PSOE a costa de un
estancamiento de C,s y Podemos, respectivamente. De confirmarse esta dinámica
de recuperación se validaría la tesis de que no debemos sobrevalorar el efecto
concienciador de las corrupciones en la lucha por democratizar la política
estatal ya que, en realidad, está arraigado en lo más hondo del nacionalismo
español, lo que resulta muy preocupante, muy preocupante, como iremos viendo.
