LA GUARDIA CIVIL SOLIDARIZANDOSE CON LOS MINEROS EN HUELGA, ¡AGUA!
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La cosa es cuando menos para tocar madera. Que la Cadena SER, que como grupo financiero es tan alimaña depredadora de la sociedad como cualquier otro, llámese como se llame, haya entrevistado en uno de sus programas de máxima audiencia a un guardia civil para preguntarle cómo andan las cosas con los mineros en huelga prácticamente en toda España, y especialmente por los asturianos, que son los que con más vehemencia está defendiendo la única fuente de ingresos que tienen para ellos y sus familias: el salario, es algo que no debería pasarnos desapercibido, porque es uno más de los muchos síntomas evidentes que nos vienen a indicar que el sistema socio político actual, basado en las relaciones de producción capitalistas, sencillamente, no puede seguir funcionando, y no por ocurrencia mía, sino porque objetivamente no lo puede seguir haciendo, fallándole ya hasta la “suspensión ideológica”.
Y lo que es más, caso de que pudiera tener algún tipo de solución, está no llegaría de la mano ni del sistema político actual ni de ninguno de sus farruquitos lideres que ayer decían una cosa (sin saber lo que decían, y a las pruebas me remito), que dicen hoy otra (sin saber lo que dicen, y a las pruebas me remito, porque no se trata de ver quien hila más palabras por minuto y a ver que tal suenan y a ver cual es la reacción subjetiva social que causan, sino de manejar nuevos conceptos, porque la situación es nueva en el sentido que el sistema está imposibilitado para autogenerar “soluciones” como ocurrió en el pasado) contraria a la de ayer, pero con el mismo efecto práctico de seguir haciendo lo mismo y, mañana veremos que dicen. Mañana veremos de qué lado viene el viento.
Preguntaba el entrevistador, muy conocido por cierto, al guardia civil, que los mineros qué tal, a lo que vino a responder el entrevistado (que se mostró ducho desde el punto de vista comunicativo moderno: condicionar a la opinión pública en función de determinados intereses, aun cuando estos intereses sean objetivamente contrarios a los de la propia opinión pública a la que se dirige la comunicación, muy bien), que muy bien. Los mineros muy bien, a lo que añadió también que la Guardia Civil por ser unos trabajadores más se solidarizaba con los mineros, que ellos, la Guardia Civil, lo único que hacía era mantener el orden y, que ojalá, se produjera el diálogo con el gobierno, ¡Agua!, La Guardia Civil promoviendo el dialogo entre gobierno y mineros.
Desde luego que lo que tiene que prevalecer es el orden social, pero el orden social no lo alteran los mineros por muchos contenedores y cubiertas de automóvil quemadas que nos muestre la televisión para dar la sensación de que efectivamente, los mineros son unos vándalos con tendencia innata a la quema de contenedores y ruedas de automóvil en vez de trabajar.
Donde verdaderamente se perturba el orden social, y además muy calculada y meditadamente, es en los despachos de los dirigentes de las grandes corporaciones multinacionales que mandan a los banqueros a que manden a su vez a los gobiernos que hagan. Y los gobiernos, representantes del Estado y no del pueblo, hacen.
Dígase lo que se diga o se quiera decir, es el Estado el que monopoliza la violencia y es el gobierno el que en su nombre queda autorizado para el ejercicio de la misma, siendo la Guardia Civil uno de los cuerpos represivos al servicio del Estado español que su gobierno aplica, cuya misión como cuerpo represor al servicio del Estado no consiste en mantener el orden social (esto pertenece a la estricta semántica política) sino el orden político establecido por el Estado, que perfectamente podría ser injusto.
Aplicar la ley no significa necesariamente aplicar la justicia, porque puede haber una ley perfectamente antisocial e injusta, como por ejemplo, podrían ser todas las leyes donde se sustentan y mantienen los paraísos fiscales, leyes que son mantenidas y salvaguardadas cuando es preciso por los cuerpos represivos al servicio del Estado, entre otros, la Guardia Civil. Al igual que una ley legalmente establecida puede ser incumplida por las propias instancias del Estado sin que se produzca intervención alguna de los cuerpos represivos al servicio del mismo a fin de impedirlo o restaurar el orden legal, como sucedió al rebajar los salarios de los funcionarios del Estado un cinco por ciento (también los de la Guardia Civil).
Y en algo tan grave como es la garantía de independencia del propio Estado, tampoco intervienen los cuerpos represivos (que con lenguaje estrictamente político denominan fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado) ante el descarado ultraje e injerencia de Estados extranjeros en asuntos del propio Estado español, como podría ser el Estado alemán o USA que de forma cada vez más clara y sin tapujos son los que dictan la política económica nacional, tampoco hacen nada.
Por tanto, los guardias civiles sí son trabajadores, sin duda, pero con la nítida e indiscutible diferencia con respecto de los trabajadores asalariados por cuenta ajena, de que son estos los agentes productores directos de cuanta riqueza existe, cuya vocación no es la de quemar contenedores, ni la de cortar carreteras o líneas de ferrocarril, ni romper cristales para alterar el orden social, sino la imperiosa necesidad de procurarse un salario digno (QUE NADIE LES REGALA) como única fuente de ingresos para la subsistencia propia y la de su familia, en tanto que el trabajo del guardia civil (también para el sustento propio y el de su familia) consiste en mantener el orden social establecido por el Estado, que no siempre resulta necesariamente justo.
El análisis y no la frase simplona o el slogan ramplón y tergiversado de los medios de comunicación denominados grandes, acerca de los disturbios sociales efectivamente creados en Asturias, nos llevaría (y debe llevarnos) en primer lugar al cuestionamiento del modo de producción capitalista, dada la imposibilidad histórica de que pueda seguir funcionando, y a continuación, buscar el nuevo orden económico y social que lo pueda sustituir.
En consecuencia, los “desordenes” sociales en Asturias (y en León y en Aragón, etc.) no hay que buscarlos en los mineros, sino en los consejos de administración de las grandes corporaciones multinacionales; en el Fondo Monetario Internacional (FMI); en el Banco Central Europeo (BCE, que actúa más que como auténtico Banco Central como delegación y grupo de presión política a favor de los grupos capitalistas dominantes en Alemania, y por consiguiente a costa y en contra de todos los trabajadores y los pequeños y medianos empresarios, incluidos los alemanes) y en la VI Cumbre del denominado G 20 México-UE, donde lo que se viene a tratar es el aseguramiento de la tasa de beneficio de los grandes capitales y las posibles formas y métodos de llevarlo a la práctica, sin modificar, porque ningún sistema se destruye a sí mismo conscientemente, el origen del problema de todos lso problemas actuales que hunden sus raíces en la acumulación y concentración de capitales, inherente al modo de producción capitalista.
La solución, pues, a los desordenes no consiste en aporrear a los mineros ni a nadie, sino en detener para que sean debidamente juzgados los componentes personales de esos consejos de bancos y grandes corporaciones que son los que originan y promueven tales desordenes.
La solidaridad, si bien queda encerrada en una frase, a la que no se le puede negar la belleza sonara que contiene , no es sin embargo una frase, sino que implica la defensa de los intereses del otro como si fueran propios, es decir, que si la Guardia Civil en este caso concreto con los mineros de Asturias se plantea la solidaridad con ellos, lo que tendría que hacer es no colaborar con el “orden” social que determina la inminente amenaza de dejarlos sin la única fuente de ingresos que tienen para la subsistencia propia y la de sus familias: el salario, y por tanto, no intervenir implícitamente en la lucha política que están desarrollando los mineros contra la política económica del gobierno dictada desde la UE, el FMI y el BCE.
Que es una lucha política la de los mineros contra la política económica del gobierno, aun cuando aparentemente reviste caracteres económicos (no hay ni puede haber economía sin política ni política sin economía), lo vienen a demostrar los siguientes hechos concretos:
En primer lugar, los grandes medios de comunicación han retrasado cuanto han podido “información” de lo que acontecía en Asturias con los mineros, y la que daban iba siempre por detrás de la que podía ser obtenida por otros medios. Y en cualquier caso, los aspectos destacados en esas “informaciones” eran los que hacían alusión a la violencia material, sin entrar demasiado en que los mineros si hacen huelgas es debido a que no disponen de ningún otro medio efectivo de defenderse de las agresiones arbitrarias en injustas por parte del gobierno, y en concreto contra las previsiones para el cierre de minas que estaban previstas por el propio gobierno para el año 2018 y las adelanta unilateralmente para seis años antes (2012) y sin ninguna explicación (la implícita y dentro del contexto general de la “crisis” los grandes grupos de capitales le están exigiendo al gobierno que este les adelante la tasa de beneficios para obtener la acumulación de capitales prevista para 2018) mediante unos recortes presupuestarios para la minería del 64 por ciento, que en la práctica significa adelantar en seis años el cierre de las explotaciones mineras no rentables (la electricidad tampoco sería rentable para las grandes compañías si no fueran subvencionadas con nuestros dineros y asegurado el mercado con un “seguro” de preciso políticos, y ningún empresario, por grande que fuera, ni por mucho dinero que tuviera pondría hoy una central eléctrica si la tuviera que financiar con dinero de su bolsillo o prestamos con garantías reales y avales de familiares. Tampoco es nada rentable las investigaciones en todos los campos que han realizado las universidades públicas con nuestros dineros, cuyos resultados cuando resultan rentables pasan a manos del gran capital que las explota en su beneficio particular, pero también con financiación pública de una u otra manera para su explotación y a través de mecanismos complejos, entre los que se puede contar la política fiscal).
No sabemos nada, o muy poco, de los mineros encerrados en sus minas o en instituciones públicas ni de sus familias desde hace casi un mes. Y sobre todo, poco o nada se nos ha dicho acerca de las intenciones de algunos de los mineros encerrados que han declarado no dejar sus encierros hasta que el problema que ha originado las movilizaciones y huelgas no esté solucionado, lo que podría implicar que algún caso de los mineros encerrados acabara en tragedia.
Y, desde luego, falta con carácter general y no solamente particular acerca del sector económico de la minería, un análisis objetivo y profundo de las condiciones de funcionamiento de la formación capitalista, para llegar a la conclusión segura de que la crisis del capitalismo declarada y aceptada formalmente por todos hace ya cuatro años (2.008), incluso por los mismos que la han creado (banqueros, grandes corporaciones transnacionales, instituciones y gobiernos y sindicatos a sus respectivos servicios), no es una crisis, sino la manifestación evidente y generalizada de que el modo de producción capitalista en pleno siglo XXI es históricamente inviable, imposible de mantenerse en pie, y que por tanto, todas las presumibles medidas económicas y políticas que se han venido tomando y que se siguen tomando no conducen a ningún fin de salida de crisis alguna, sino que están y van a estar dirigidas a detraer de todas las clases sociales, incluidos pequeños y medianos empresarios no vinculados al gran capital, todas las rentas para ponerlas en mano del cada vez más reducido grupo de grandes corporaciones transnacionales con el fin de poder alcanzar como complemento las tasas de beneficios previstas y necesarias para esos reducidos grupos de empresas transnacionales con el fin de sustituir y complementar el beneficio que no puede ser extraído directamente el sistema productivo por haber alcanzado ya su máximo nivel de desarrollo.
Si aceptáramos el término de crisis, podríamos concluir diciendo que todas las medidas que se han tomado y que se plantean tomar contra la crisis, son medidas que contribuyen a la profundización y extensión de la crisis, pero no a su solución.
En segundo lugar, el hecho mismo del guardia civil entrevistado en un espacio radiofónico de máxima audiencia, en el que reconoce personalmente ser un trabajador lo mismo que cualquier minero con el que solidariza (hace no mucho el mayor sindicato de la policía española también se solidarizaba con las reivindicaciones sindicalistas y al respecto publicó un comunicado. Bien es verdad que implícitamente se solidarizaban con UGT y CCOO, que dicho sea de paso ni son todos los sindicatos españoles ni defienden mejor que ningún otro los intereses de los trabajadores), pero que no obstante, él tiene que cumplir con su deber, cual es el mantenimiento del orden legalmente establecido (y este orden bien podría ser el origen del desorden que pretende sofocar) y, que además, manifiesta abiertamente su deseo de que se restablezca el diálogo entre gobierno y mineros, viene a probar una vez más, que incluso por el lado más fuerte subjetivamente del capitalismo, el ideológico, que es el instrumento político a través del cual se justifica para hacerlo aceptable socialmente , y en el extremo de la simpleza para hacerlo aceptable socialmente como algo dado por la madre naturaleza y por tanto inamovible, también se rescabraja y para reforzarla necesita echar mano incluso del guardia civil, para que intente poner rostro “humano” a una situación que en el fondo no es sino estrictamente política.
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