viernes, 6 de noviembre de 2020

Y es que son ellos o nosotros, es decir, es el capital o el trabajo. Eso sí, oiga, que yo en política no me meto, ni soy de izquierdas ni de derechas ni soy de aquí ni soy de allá y tal, y hasta canto el Resistiré si se tercia, así que, yo, china, chana, china, chana, a lo mío, por lo tanto no soy una radical de estos que se radicaliza radicalizándose por cualquier radicalidad sin ningún radical a resolver (me estoy refiriendo a la raíz cuadrada, no me vaya a confundir nadie con cosas de política). Pero ya que estamos, pongamos por poner un servicio social, por ejemplo, por ejemplo…, por ejemplo, ¡el cuidado a una persona jubilada que viva sola! Yo ya sé que ustedes no son personas, ni jubiladas ni ná de ná, y en consecuencia ni están jubiladas ni tienen por qué jubilarse, pero que yo lo digo por decir, por un casual. Pongamos, como digo, que ese servicio social tiene un costo objetivo de 100 y que lo presta un Ayuntamiento o cualquier otra institución pública. Como ese servicio social no tiene que dar ningún beneficio económico a nadie el Ayuntamiento o la institución pública que lo preste a través del mecanismo que sea cobrará 100. Si ese mismo servicio social lo presta La Mangurrina&Estercolada, también llamada empresa privada, cobrará lo que cuesta que es 100 más su beneficio que si es 20 cobrará 120 por lo que cuesta 100. De modo que privatizar un servicio público, el que sea, supone irremisiblemente empeorarlo por medio de una o de las dos siguientes vías: subiendo el precio para mantener la misma calidad, o pagando menos a sus trabajadores para que ese menos que paga quedárselo en concepto de beneficio.

 

Colau adjudica la mitad de la atención domiciliaria a un fondo radicado en un paraíso fiscal



 Kaos. Països Catalans  / 5 Nov, 2020

Como ocurre con prácticamente todos los servicios públicos municipales, el gobierno de Ada Colau, en lugar de municipalizarlos para que dejen de ser fuente de beneficio privado, ha adjudicado para el Servicio de Atención Domiciliaria (SAD) un millonario contrato de 96’3 millones por dos años a Servisar, filial del grupo DomusVi, cuyo principal accionista es el fondo de inversión Intermediate Capital Group. La matriz del fondo se encuentra en la isla de Jersey (Canal de la Mancha), un paraíso fiscal según la Agencia Tributaria española.

El gobierno de Ada Colau ha adjudicado un millonario contrato para el Servicio de Atención Domiciliaria (SAD) a Servisar, filial que pertenece a la multinacional francesa DomusVi, que tiene como principal accionista al fondo de inversión Intermediate Capital Group. La matriz se encuentra en la isla de Jersey (Canal de la Mancha), un paraíso fiscal para España. El contrato a Servisar asciende a 96,3 millones por dos años, según informa el digital Metrópoli Abierta.

Según el citado medio fuentes municipales habrían asegurado que la empresa cumple con todos los requisitos legales y que no se la podía excluir del concurso porque Jersey no figura en el listado de paraísos fiscales de la Unión Europea. Esta información no se corresponde con la lista publicada por la Agencia Tributaria española, donde sí aparece Jersey como paraíso fiscal.

Actualmente, el SAD atiende a unas 24.000 personas. El precio total de la licitación es de 199’3 millones de euros. Servisar se hizo con los lotes 2 y 4, correspondientes al Eixample y Gràcia (lote 2) y a Sant Martí y Sant Andreu (4). Tras el nuevo contrato, han quedado fuera las empresas Valoriza y Clece, de los grupos Sacyr y ACS, respectivamente.

Los otros dos lotes (1y 3) han ido a parar a manos de Suara, una empresa cooperativa que gestionará la atención domiciliaria en el resto de distritos de la ciudad por dos años con coste de 99 millones de euros.

La Federación de Asociación de Vecinos de Barcelona (FAVB) ha puesto el grito en el cielo por la adjudicación. Hay que recordar que DomusVi está en entredicho por su gestión de residencias en la crisis sanitaria del coronavirus, con decenas de muertos y equipamientos intervenidos. En abril, Infolibre publicó que acumulaba más de 150 fallecimientos en ocho centros. DomusVi está siendo investigada, además, por un presunto maltrato a mayores.

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